Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01984-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01984-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01984-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
26 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01984-00
Accionante: ANDRÉS GUZMÁN CABALLERO
Autoridad: GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO–PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA-Requisitos generales y especiales de procedencia. ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Figura
desarrollada jurisprudencialmente por la Corte Constitucional. ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-La
declaratoria y seguimiento de medidas estructurales ha sido asumida por la Corte Constitucional.
SUBSIDIARIEDAD-No se agotaron los medios de defensa procedentes.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Andrés Guzmán Caballero contra
Gustavo Francisco Petro Urrego–Presidente de la República-, el Ministerio de
Defensa Nacional, la Dirección General de la Policía Nacional, la Dirección Nacional
de Inteligencia y el Ministerio de Justicia y del Derecho.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
Andrés Guzmán Caballero, actuando en nombre propio, formuló acción de tutela con
el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida, igualdad,
intimidad y buen nombre, petición, debido proceso administrativo, trabajo, seguridad
personal, libertad de expresión y libre circulación, que consideró vulnerados por
Gustavo Francisco Petro Urrego–Presidente de la República-, el Ministerio de
Defensa Nacional, la Dirección General de la Policía Nacional, la Dirección Nacional
de Inteligencia y el Ministerio de Justicia y del Derecho; con ocasión de las
actuaciones y omisiones que, a su juicio, han propiciado el desmantelamiento de las
unidades anticorrupción de la Policía Nacional y la consecuente ausencia de una
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01984-00
Accionante: Andrés Guzmán Caballero
Acción de tutela–Primera instancia
protección adecuada frente al riesgo excepcional que afirma enfrentar, situación que
lo llevó incluso a trasladar su domicilio de Cartagena a Bogotá y a suspender sus
columnas de opinión por razones de seguridad.
En virtud de la acción de tutela, el accionante solicitó textualmente:
«1. DECLARAR la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en materia
de integridad institucional y seguridad ciudadana de la Policia Nacional,
caracterizado por la purga sistemática de funcionarios anticorrupción y el
consiguiente aumento de los índices de inseguridad y homicidio.
2. ORDENAR la suspensión inmediata de todos los traslados, retiros o
modificaciones de las condiciones de servicio de oficiales de la Policía Nacional
que tengan relación directa o indirecta con investigaciones activas sobre
corrupción, narcotráfico o crimen organizado, mientras el Despacho no verifique
su conformidad constitucional.
3. ORDENAR a la Dirección General de la Policía Nacional y a la UNP el
restablecimiento inmediato de todos los esquemas de seguridad y protección de
los investigadores con amenazas documentadas, en particular los nueve (9)
investigadores del caso Papá Pitufo, la Coronel Ruiz Solórzano, el TC Mora
Cortés y el TC Peñaranda.
4. ORDENAR al Gobierno Nacional que, en el término de noventa (90) días,
expida una política pública reglamentaria de traslados, comisiones y retiros en la
Policía Nacional, con criterios objetivos, verificables y no discriminatorios,
sometida a control previo de la Procuraduría General de la Nación y la CNSC.
5. ORDENAR al Ministerio de Defensa, a la Dirección General de la Policía y a
la CNSC que, en el término de sesenta (60) días, realicen una revisión técnica e
integral de todos los retiros ejecutados entre el 12 de agosto de 2022 y la fecha
de esta sentencia, con intervención de la Procuraduría General de la Nación, y
que se restablezca la carrera de los oficiales retirados en contravía del debido
proceso.
6. ORDENAR la reconstitución y dotación de las unidades especializadas en
investigación anticorrupción de la DIJIN y la DIPOL, con el personal técnico
removido arbitrariamente, garantizando su autonomía funcional e independencia
de las estructuras político-administrativas del Gobierno.
7. VINCULAR a la Fiscalía General de la Nación para que, en el término de treinta
(30) días, informe al Despacho sobre el estado actual de las investigaciones
relativas a la obstrucción del caso Papá Pitufo, las amenazas contra
investigadores policiales y la presunta instrumentalización del DNI.
8. CONCEDER amparo transitorio e inmediato a favor de todos los oficiales
identificados en esta acción que se encuentran en riesgo vital documentado,
ordenando al Gobierno Nacional y a la UNP su protección física efectiva e
inmediata mientras se tramita la presente acción.»
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01984-00
Accionante: Andrés Guzmán Caballero
Acción de tutela–Primera instancia
2. Hechos relevantes
El señor Andrés Guzmán Caballero es ciudadano colombiano y abogado en ejercicio,
con trayectoria en la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción
y el crimen organizado. Manifestó haber desarrollado una intensa actividad pública y
profesional como columnista y analista en estos temas, circunstancia que, en su
criterio, lo expone a un riesgo diferencial y excepcional.
El accionante dirigió la acción de tutela contra el señor Gustavo Francisco Petro
Urrego–Presidente de la República-, el Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección
General de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y el Ministerio
de Justicia y del Derecho, al considerar que las actuaciones y omisiones atribuibles
a dichas autoridades han propiciado el desmantelamiento progresivo de las unidades
anticorrupción de la Policía Nacional y un escenario de inseguridad estructural que
compromete sus derechos fundamentales a la vida, igualdad, intimidad y buen
nombre, petición, debido proceso administrativo, trabajo, seguridad personal, libertad
de expresión y libre circulación.
El actor sostuvo que, desde el año 2022, se ha configurado un patrón sistemático de
retiros y traslados de funcionarios vinculados a labores de investigación y lucha
contra la corrupción al interior de la Policía Nacional, situación que, a su juicio, ha
debilitado las capacidades institucionales para enfrentar estructuras criminales y ha
generado un incremento de los riesgos para quienes desarrollan actividades de
denuncia y visibilización de estos fenómenos.
Igualmente, señaló que su condición de defensor de derechos humanos y de experto
en asuntos relacionados con corrupción y crimen organizado ha sido reconocida en
diferentes escenarios nacionales e internacionales. En particular, indicó que fue
designado Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de
Expresión de la República de El Salvador y que sus actividades profesionales han
sido objeto de amplia difusión en diversos medios de comunicación.
Asimismo, afirmó que, debido a las denuncias públicas y a las actividades
profesionales relacionadas con corrupción y crimen organizado, solicitó medidas de
protección. Señaló que las medidas otorgadas por el Estado resultaron insuficientes
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01984-00
Accionante: Andrés Guzmán Caballero
Acción de tutela–Primera instancia
y que, una vez expiradas, no fueron renovadas, circunstancia que lo obligó a
trasladar su residencia de Cartagena a Bogotá y a suspender la publicación de
columnas de opinión por razones de seguridad.
Finalmente, expuso que se encuentra incluido en el Registro Único de Víctimas por
los hechos victimizantes de desplazamiento forzado y amenaza, circunstancia que,
en su criterio, satisface los requisitos para acceder a medidas de protección y
evidencia la necesidad de una intervención judicial inmediata frente a la vulnerac ión
de los derechos fundamentales cuya protección reclama.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante sostuvo que el Presidente de la República, los Ministros de
Defensa Nacional y de Justicia y del Derecho, el Director General de la Policía
Nacional y el Director de la Dirección Nacional de Inteligencia vulneraron sus
derechos fundamentales a la vida, igualdad, intimidad y buen nombre, petición,
debido proceso administrativo, trabajo, seguridad personal, libertad de expresión y
libre circulación, con ocasión del desmantelamiento sistemático de las capacidades
institucionales de lucha contra la corrupción y el crimen organizado al interior de la
Policía Nacional y la consecuente desprotección estatal frente a las amenazas
derivadas de su actividad profesional y de las denuncias públicas que ha formulado
en tales materias.
En relación con la seguridad personal, afirmó que se encuentra expuesto a un riesgo
excepcional que no tiene el deber jurídico de soportar, en atención a su condición de
defensor de derechos humanos, a su actividad como abogado ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y a las publicaciones y denuncias realizadas
en torno a estructuras de corrupción y crimen organizado. Indicó que, pese a haber
solicitado medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección, el Estado
únicamente dispuso medidas preventivas que consideró insuficientes y que, una vez
expiradas, no fueron renovadas, circunstancia que lo obligó a trasladar su residencia
de Cartagena a Bogotá y a modificar sustancialmente sus condiciones de vida.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01984-00
Accionante: Andrés Guzmán Caballero
Acción de tutela–Primera instancia
En cuanto a la libertad de expresión, manifestó que la ausencia de un esquema de
seguridad adecuado y el temor derivado de las amenazas y del contexto de violencia
denunciado lo llevaron a suspender la publicación de sus columnas de opinión sobre
corrupción y crimen organizado. En su criterio, dicha autocensura no obedeció a una
decisión libre y espontánea, sino al incumplimiento del deber estatal de brindarle una
protección adecuada, situación que, además, comprometió el ejercicio efectivo de su
derecho a la libre circulación, en la medida en que las condiciones de inseguridad
limitaron su movilidad y la de su familia.
Asimismo, sostuvo que las actuaciones de las autoridades accionadas han
propiciado un patrón sistemático de retiros y traslados de funcionarios encargados
de combatir la corrupción y el crimen organizado, fenómeno que, a su juicio,
constituye un Estado de Cosas Inconstitucional-ECI- en materia de integridad
institucional y seguridad ciudadana de la Policía Nacional. En ese sentido, afirmó
que el debilitamiento de las capacidades operativas de las unidades especializadas
de investigación redujo la capacidad del Estado para proteger a quienes, como él,
ejercen actividades de denuncia y defensa de los derechos humanos.
Finalmente, como sustento adicional, adujo que la situación expuesta desconoce los
estándares constitucionales e internacionales de protección de los defensores de
derechos humanos y el contenido del bloque de constitucionalidad, en particular las
garantías judiciales y el derecho a la protección efectiva reconocidos en instrumentos
internacionales, los cuales imponen a las autoridades el deber de adoptar medidas
idóneas y proporcionales frente a riesgos extraordinarios que amenacen la vida, la
integridad y el ejercicio de las libertades fundamentales.
4. Trámite procesal
El 24 de marzo de 2026, se inadmitió la acción de tutela 1 y se devolvió la demanda
al accionante para que aclarara y precisara la relación directa entre las actuaciones
atribuidas a las autoridades accionadas y la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados, con la advertencia de que, en caso de no corregir la
demanda, esta sería rechazada de plano.
1
Cfr. SAMAI, índice 4.
6
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01984-00
Accionante: Andrés Guzmán Caballero
Acción de tutela–Primera instancia
Posteriormente, el 7 de abril de 2026, el actor presentó escrito de aclaración y
subsanación 2 , en el que indicó que la acción constitucional obedecía a la
desprotección estatal frente a las amenazas derivadas de su ejercicio profesional y
de las denuncias públicas relacionadas con corrupción y crimen organizado.
El 4 de mayo de 2026, admitió la acción de tutela 3 y se ordenó notificar al accionante
y a las autoridades accionadas. Asimismo, se vinculó a la Fiscalía General de la
Nación, a la Unidad Nacional de Protección, a la Procuraduría General de la Nación,
a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Contraloría General de la República
en calidad de accionadas. Finalmente, se negó la medida provisional solicitada por
el actor.
En su escrito de contestación, el Ministerio de Justicia y del Derecho 4 solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que no existe una
vulneración concreta y específica atribuible a dicha cartera ministerial, pues el
accionante pretende obtener una protección abstracta de derechos y atribuye al
Ministerio una supuesta omisión relacionada con la expedición de una
reglamentación sobre retiros y traslados en la Policía Nacional, sin demostrar de qué
manera dicha circunstancia afectó directamente sus derechos fundamentales.
Agregó que las competencias del Ministerio se encuentran delimitadas por la
Constitución y la ley y que la acción de tutela no procede para resolver situaciones
generales o con efectos erga omnes, sino para proteger derechos fundamentales
concretos con efectos inter partes.
La Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional 5 contestó
la acción de tutela y solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por
pasiva y la improcedencia del amparo, por cuanto las funciones de valoración del
riesgo, recomendación e implementación de medidas de protección corresponden a
la Unidad Nacional de Protección, de conformidad con el Decreto 1066 de 2015.
Sostuvo, además, que el accionante no hace parte de la población objeto del
2
Cfr. SAMAI, índice 8.
3
Cfr. SAMAI, índice 10.
4
Cfr. SAMAI, índice 16.
5
Cfr. SAMAI, índice 17.
7
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01984-00
Accionante: Andrés Guzmán Caballero
Acción de tutela–Primera instancia
programa de protección a cargo de esa dependencia y que carece de legitimación
para actuar en representación de otros funcionarios de la Policía Nacional, pues la
acción de tutela produce efectos inter partes y no generales.
La Procuraduría General de la Nación 6 contestó la acción de tutela oponiéndose a
las pretensiones y solicitando que se declarara su falta de legitimación en la causa
por pasiva y la improcedencia del mecanismo constitucional por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, toda vez que el accionante no acreditó haber elevado
previamente solicitud, queja o requerimiento alguno ante esa entidad ni demostró
una actuación u omisión imputable a la Procuraduría relacionada con la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales. Asimismo, señaló que carece de
competencia para adoptar las decisiones pretendidas y que sus funciones
constitucionales se circunscriben a la vigilancia de la conducta oficial y a la
intervención en procesos judiciales y administrativos.
La Dirección de Inteligencia Policial–DIPOL7 contestó la acción de tutela, solicitando
su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al sostener que
las actividades de inteligencia y contrainteligencia asignadas legalmente a dicha
dependencia no comprenden la evaluación del riesgo, la asignación de medidas de
protección ni la reevaluación de estas, funciones que corresponden exclusivamente
a la Unidad Nacional de Protección. En consecuencia, afirmó que no tiene
competencia respecto de las pretensiones formuladas por el actor relacionadas con
su seguridad personal y la adopción de esquemas de protección.
En su escrito de contestación 8, la Comisión Nacional del Servicio Civil–CNSC-
solicitó ser desvinculada de la presente acción de tutela por falta de legitimación en
la causa por pasiva, al considerar que las pretensiones del accionante se refieren a
decisiones relacionadas con la política de protección, los retiros y traslados en la
Policía Nacional, asuntos que escapan a sus competencias constitucionales y
legales. Indicó que su función se limita a adelantar los procesos de selección para
proveer cargos de carrera administrativa y que no tiene competencia funcional ni
material para pronunciarse sobre las actuaciones y omisiones atribuidas a las demás
6
Cfr. SAMAI, índice 18.
7
Cfr. SAMAI, índice 19.
8
Cfr. SAMAI, índice 20.
8
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01984-00
Accionante: Andrés Guzmán Caballero
Acción de tutela–Primera instancia
entidades accionadas, razón por la cual no puede ser considerada responsable de
las presuntas vulneraciones alegadas.
La Dirección Nacional de Inteligencia–DNI9 contestó la acción de tutela, solicitando
su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al señalar que su
misión consiste exclusivamente en desarrollar actividades de inteligencia estratégica
y contrainteligencia para la protección del Estado y que no adelanta labores dirigidas
al mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana o la protección individual
de personas determinadas. Sostuvo que la evaluación del riesgo y la prestación del
servicio de protección corresponden a la Unidad Nacional de Protección, que la
entidad no tiene relación jerárquica o funcional con el Ministerio del Interior, el
Ministerio de Defensa o la Fuerza Pública y que las presuntas vulneraciones de los
derechos a la seguridad personal, la libertad de expresión y la libre circulación
invocadas por el actor no guardan relación alguna con las funciones constitucionales
y legales asignadas a la DNI.
En el escrito de contestación, la Presidencia de la República 10 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela y, subsidiariamente, negar las pretensiones, por
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva frente a los hechos
expuestos por el accionante. Señaló que las solicitudes formuladas se encuentran
dirigidas a obtener actuaciones que corresponden a otras entidades y que la
declaratoria de un estado de cosas inconstitucional constituye una competencia
exclusiva de la Corte Constitucional. Asimismo, indicó que las eventuales
irregularidades relacionadas con los actos administrativos de nombramiento, retiro y
traslado en la Policía Nacional cuentan con mecanismos judiciales ordinarios
idóneos, como la acción de nulidad, y que no se acreditó un daño concreto ni la
existencia de una actuación u omisión atribuible al Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República que hubiera generado la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, por lo que la tutela persigue una protección abstracta sin
fundamento en hechos específicos.
9
Cfr. SAMAI, índice 21.
10
Cfr. SAMAI, índice 22.
9
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01984-00
Accionante: Andrés Guzmán Caballero
Acción de tutela–Primera instancia
La Contraloría General de la República 11 contestó la acción de tutela, solicitando
ser exonerada de cualquier efecto derivado del fallo y ser desvinculada del trámite,
al sostener que, conforme a la Constitución y al marco normativo vigente, carece de
funciones administrativas o de intervención directa sobre las decisiones adoptadas
por las entidades sujetas a su vigilancia y que el control fiscal es posterior,
excepcional y no implica coadministración. En consecuencia, afirmó que no tiene
competencia para pronunciarse sobre las pretensiones orientadas al
restablecimiento de medidas de seguridad a cargo de la Unidad Nacional de
Protección y de la Policía Nacional ni sobre la adopción de medidas relacionadas
con los traslados y retiros de funcionarios de esa institución, por lo que no puede
atribuírsele responsabilidad alguna respecto de los hechos materia de la acción
constitucional.
La Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación 12
contestó la acción de tutela indicando que no ha vulnerado los derechos
fundamentales del señor Andrés Guzmán Caballero y que sus actuaciones se han
ajustado al marco normativo que regula sus competencias. Señaló que, conforme al
Decreto Ley 016 de 2014 y la Resolución 0-0205 de 2024, no tiene competencia para
pronunciarse sobre los procesos penales en curso ni para adoptar medidas de
protección respecto del accionante, pues en 2016 se determinó que no cumplía con
el requisito de conexidad exigido por la normativa vigente y se sugirió remitir el caso
a la Unidad Nacional de Protección. En consecuencia, sostuvo que la eventual
adopción o mejora de medidas de seguridad corresponde a la UNP y no a esa
dependencia de la Fiscalía.
La Unidad Nacional de Protección–UNP 13 contestó la acción de tutela y solicitó su
desvinculación del trámite constitucional, al considerar que los hechos y pretensiones
formulados por el actor se encuentran dirigidos principalmente contra la Presidencia
de la República y otras autoridades, en cuanto persiguen la declaratoria de un estado
de cosas inconstitucional y la adopción de medidas relacionadas con los traslados y
retiros de funcionarios de la Policía Nacional. No obstante, sostuvo que la entidad ha
sido garante de los derechos fundamentales del accionante, pues verificó la
11
Cfr. SAMAI, índice 23.
12
Cfr. SAMAI, índice 24.
13
Cfr. SAMAI, índice 25.
10
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01984-00
Accionante: Andrés Guzmán Caballero
Acción de tutela–Primera instancia
existencia de una solicitud de protección presentada por este y le brindó respuesta
mediante comunicación electrónica del 27 de mayo de 2025, en la cual le indicó la
documentación necesaria para dar inicio al correspondiente estudio de nivel de
riesgo. Asimismo, explicó que, de conformidad con el Decreto Ley 4065 de 2011 y el
Decreto 1066 de 2015, la asignación, mantenimiento o revaluación de las medidas
de protección exige la realización previa de un estudio técnico especializado
encaminado a determinar si el solicitante se encuentra expuesto a un riesgo
ordinario, extraordinario o extremo, procedimiento que comprende la intervención del
Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información–CTAR y del Comité de
Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas–CERREM. En ese sentido,
señaló que la valoración del riesgo constituye la herramienta idónea para establecer
la procedencia de las medidas de protección y que, conforme a la jurisprudencia
constitucional, dicha labor corresponde a las autoridades especializadas y no al juez
de tutela. En consecuencia, afirmó que no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados por el actor y que sus actuaciones se han ajustado al procedimiento y a
las competencias asignadas por el ordenamiento jurídico.
La Policía Nacional, a través de la Secretaría General 14, contestó la acción de tutela
y sostuvo que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el
accionante, además de proponer la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, al considerar que las pretensiones relacionadas con la evaluación del
riesgo y la adopción de esquemas de protección corresponden a la Unidad Nacional
de Protección. No obstante, indicó que, una vez el señor Andrés Guzmán Caballero
puso en conocimiento las situaciones de amenaza que lo afectaban, la Policía
Metropolitana de Cartagena activó la ruta institucional correspondiente, socializó
medidas de autoprotección y, mediante comunicación del 23 de junio de 2025,
dispuso como medida preventiva la realización de rondas policiales en su lugar de
residencia por un término de cuatro (4) meses. Asimismo, señaló que mediante oficio
del 7 de julio de 2025 remitió la solicitud del accionante a la Unidad Nacional de
Protección para que adelantara el correspondiente estudio de nivel de riesgo y
adoptara las medidas que estimara pertinentes. En ese sentido, afirmó que las
amenazas denunciadas por el actor no guardan relación de causalidad con las
decisiones administrativas adoptadas respecto del personal de la institución y que,
14
Cfr. SAMAI, índice 27.
11
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01984-00
Accionante: Andrés Guzmán Caballero
Acción de tutela–Primera instancia
en todo caso, la Policía Nacional cumplió con las actuaciones que le correspondían
en garantía de la vida e integridad del accionante, razón por la cual solicitó declarar
la improcedencia del amparo.
La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación 15
contestó la acción de tutela e informó que, aunque existe una actuación relacionada
con los hechos mencionados por el accionante respecto del denominado caso “Papá
Pitufo”, esta no versa sobre investigaciones por obstrucción a la justicia. Indicó que,
para acceder a información sobre las actuaciones adelantadas, el actor debe
acreditar previamente su legitimación, dado el carácter reservado de la información.
Asimismo, sostuvo que no se encuentra demostrada una vulneración de derechos
fundamentales atribuible a la Fiscalía, que el accionante no acreditó legitimación en
la causa y que existen otros mecanismos idóneos para obtener la información
requerida, como el derecho de petición, razón por la cual no se cumple el requisito
de subsidiariedad de la acción de tutela.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si hay lugar a declarar la
existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en materia de integridad
institucional y seguridad ciudadana de la Policía Nacional, con ocasión del presunto
desmantelamiento de las capacidades de lucha contra la corrupción y el crimen
organizado denunciado por el accionante.
En segundo lugar, corresponde establecer si se vulneraron los derechos
fundamentales a la vida, igualdad, intimidad y buen nombre, petición, debido proceso
administrativo, trabajo, seguridad personal, libertad de expresión y libre circulación
del señor Andrés Guzmán Caballero, por la presunta ausencia de medidas de
protección adecuadas frente a las amenazas derivadas de su actividad profesional y
de las denuncias públicas relacionadas con corrupción y crimen organizado.
15
Cfr. SAMAI, índice 33.
12
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01984-00
Accionante: Andrés Guzmán Caballero
Acción de tutela–Primera instancia
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
Estado de Cosas Inconstitucional
Al desarrollar la figura del Estado de Cosas Inconstitucional, la Corte Constitucional
sostuvo que:
«La Corte Constitucional tiene el deber de colaborar de manera armónica con
los restantes órganos del Estado para la realización de sus fines. Del mismo
modo que debe comunicarse a la autoridad competente la noticia relativa a la
comisión de un delito, no se ve por qué deba omitirse la notificación de que un
determinado estado de cosas resulta violatorio de la Constitución Política. El
deber de colaboración se torna imperativo si el remedio administrativo oportuno
puede evitar la excesiva utilización de la acción de tutela. Los recursos con que
cuenta la administración de justicia son escasos. Si instar al cumplimiento
diligente de las obligaciones constitucionales que pesan sobre una determinada
autoridad contribuye a reducir el número de causas constitucionales, que de otro
modo inexorablemente se presentarían, dicha acción se erige también en medio
legítimo a través del cual la Corte realiza su función de guardiana de la integridad
de la Constitución y de la efectividad de sus mandatos. Si el estado de cosas
que como tal no se compadece con la Constitución Política, tiene relación directa
con la violación de derechos fundamentales, verificada en un proceso de tutela
por parte de la Corte Constitucional, a la notificación de la regularidad existente
podrá acompañarse un requerimiento específico o genérico dirigido a las
autoridades en el sentido de realizar una acción o de abstenerse de hacerlo. En
este evento, cabe entender que la notificación y el requerimiento conforman el
repertorio de órdenes que puede librar la Corte, en sede de revisión, con el objeto
de restablecer el orden fundamental quebrantado. La circunstancia de que el
estado de cosas no solamente sirva de soporte causal de la lesión
iusfundamental examinada, sino que, además, lo sea en relación con situaciones
semejantes, no puede restringir el alcance del requerimiento que se formule16.»
Asimismo, ha mencionado que, «dentro de los factores valorados por la Corte para
definir si existe un estado de cosas inconstitucional, cabe destacar los siguientes: (i)
16
Corte Constitucional. Sentencia SU-559 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01984-00
Accionante: Andrés Guzmán Caballero
Acción de tutela–Primera instancia
la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta
a un número significativo de personas; (ii) la prolongada omisión de las autoridades
en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos; (ii) la adopción
de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como
parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; (iii) la no expedición
de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la
vulneración de los derechos. (iv) la existencia de un problema social cuya solución
compromete la intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto
complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un
esfuerzo presupuestal adicional importante; (v) si todas las personas afectadas por
el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus
derechos, se produciría una mayor congestión judicial.»17
Por otro lado, en las sentencias SU-122 de 2021 y SU 546 de 2023, la Sala Plena
reiteró que «es competencia de la Corte Constitucional declarar la existencia de un
estado de cosas inconstitucional (ECI) cuando constata vulneraciones generalizadas
de derechos fundamentales y cuyas causas corresponden a fallas estructurales en
el cumplimiento de los deberes del Estado social de derecho»18
Unidad Nacional de Protección
El Artículo 2.4.1.2.1. del Decreto 1066 de 2015 prevé que el objeto de la Unidad
Nacional de Protección–UNP, consiste en organizar el Programa de Prevención y
Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de
personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo
extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades
o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón del ejercicio de
su cargo, en cabeza de la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y el
Ministerio del Interior.
17
Corte Constitucional. Sentencia T-925 del 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
18
Corte Constitucional. Sentencia SU-546 de 2023. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
14
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01984-00
Accionante: Andrés Guzmán Caballero
Acción de tutela–Primera instancia
La Corte Constitucional ha mencionado los deberes mínimos que deben cumplir las
autoridades para la protección:
«i) Identificar el riesgo extraordinario que se cierne sobre una persona, familia o
grupo de personas, así como advertir el modo oportuno y claro sobre su
existencia a los afectados. ii) Valorar, con base en un estudio cuidadoso cada
situación individual, la existencia, las características y el origen o fuente del
riesgo que se ha identificado. iii) Definir oportunamente las medidas y medios de
protección específicos, adecuados y suficientes para evitar que el riesgo
extraordinario identificado se materialic. iv) Asignar tales medios y adoptar
dichas medidas, también de manera oportuna y en forma ajustada a las
circunstancias de cada caso, en forma tal que la protección sea eficaz. v) Evaluar
periódicamente la evolución del riesgo extraordinario, y tomar las decisiones
correspondientes para responder a dicha evolución. vi) Dar una respuesta
efectiva ante signos de concreción o realización del riesgo extraordinario, y
adoptar acciones específicas para mitigarlo o paliar sus efectos; y, finalmente,
vii) la prohibición de adoptar decisiones que creen un riesgo extraordinario para
las personas.»19
Subsidiariedad
El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591
de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que
esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa
no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados 20.
Si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para
solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados,
se debe recurrir a ellos y no a la acción de tutela. En consecuencia, una persona que
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que debe conocer dentro del marco estructural de la
19
Corte Constitucional. Sentencia T-107 del 2025. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.
15
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01984-00
Accionante: Andrés Guzmán Caballero
Acción de tutela–Primera instancia
administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su
competencia 21.
Caso concreto
Andrés Guzmán Caballero promovió acción de tutela contra el señor Gustavo
Francisco Petro Urrego–Presidente de la República-, el Ministerio de Defensa
Nacional; la Dirección General de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de
Inteligencia y el Ministerio de Justicia y del Derecho, así como contra la Unidad
Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de
la Nación, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Contraloría General de la
República, al considerar que las actuaciones y omisiones atribuibles a dichas
autoridades vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, igualdad, intimidad y
buen nombre, petición, debido proceso administrativo, trabajo, seguridad personal,
libertad de expresión y libre circulación, en el marco del presunto desmantelamiento
de las capacidades de lucha contra la corrupción y el crimen organizado al interior
de la Policía Nacional y de la alegada insuficiencia de las medidas de protección
frente a las amenazas derivadas de su actividad profesional y de las denuncias
públicas realizadas sobre dichas materias.
En primer lugar, la sala advierte la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Presidente de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección General
de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Justicia
y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la
Nación, la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Contraloría General de la
República, pues la presunta vulneración alegada por el accionante se concreta en la
falta de renovación de las medidas de protección que le habían sido otorgadas. En
ese sentido, la Unidad Nacional de Protección–UNP, vinculada mediante el auto
admisorio de la acción de tutela, sería la entidad legitimada en la causa por pasiva,
en atención a sus competencias relacionadas con la evaluación del nivel de riesgo y
la adopción, modificación y finalización de las medidas de protección. En
consecuencia, respecto de las demás autoridades accionadas se declarará la falta
de legitimación en la causa por pasiva.
21
Corte Constitucional. Sentencia T-373 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Betancur.
16
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01984-00
Accionante: Andrés Guzmán Caballero
Acción de tutela–Primera instancia
Por otro lado, se observa que, como uno de los fundamentos principales de la acción
de tutela, el accionante sostiene que desde el año 2022 se ha presentado un proceso
de desmantelamiento de las capacidades de lucha contra la corrupción y el crimen
organizado al interior de la Policía Nacional, materializado, a su juicio, en el retiro y
traslado sistemático de funcionarios vinculados a dichas labores, situación que
habría generado un escenario de inseguridad estructural y de desprotección para
quienes, como él, desarrollan actividades de denuncia y visibilización de estos
fenómenos, razón por la cual solicitó la declaratoria de un Estado de Cosas
Inconstitucional y la adopción de órdenes estructurales dirigidas a distintas entidades
estatales.
La Sala advierte que la solicitud de declaratoria de un Estado de Cosas
Inconstitucional formulada no puede ser decidida en esta instancia, toda vez que
dicha figura constituye una construcción jurisprudencial desarrollada por la Corte
Constitucional, Corporación que, en ejercicio de su función de guarda de la integridad
y supremacía de la Constitución, ha estructurado y desarrollado jurisprudencialmente
declarando y realizando el seguimiento de este tipo de medidas.
La Sala advierte que la figura del ECI fue desarrollado por la Corte Constitucional a
partir de la Sentencia SU-559 de 1997, providencia en la que la Corte sostuvo que,
cuando un estado de cosas incompatible con la Constitución Política guarde relación
directa con la vulneración de derechos fundamentales verificada en un proceso de
tutela, podrá impartir requerimientos específicos o generales encaminados al
restablecimiento del orden constitucional. Asimismo, precisó que la configuración de
un ECI supone la acreditación de una vulneración masiva y generalizada de
derechos fundamentales que afecte a un número significativo de personas, la
prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus deberes
constitucionales, la inexistencia de medidas legislativas, administrativas o
presupuestales suficientes para superar la situación, así como la existencia de una
problemática estructural cuya solución demande la intervención coordinada de varias
entidades estatales y la adopción de acciones complejas y de largo alcance.
17
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01984-00
Accionante: Andrés Guzmán Caballero
Acción de tutela–Primera instancia
En ese sentido, se observa que, la declaratoria de un Estado de Cosas
Inconstitucional constituye una herramienta excepcional de creación jurisprudencial,
concebida por la Corte Constitucional para hacer frente a situaciones estructurales
de vulneración masiva y generalizada de derechos fundamentales, así como para
impartir y efectuar el seguimiento de las órdenes complejas y coordinadas necesarias
para superar tales situaciones. Por consiguiente, es dicha Corporación la que, en
ejercicio de su función de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución,
ha asumido el conocimiento y la declaratoria de este tipo de medidas estructurales.
Al respecto, se advierte que la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU-546
de 2023, declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional frente a la
situación de seguridad de la población líder y defensora de derechos humanos, por
lo que la problemática planteada por el accionante ya fue objeto de estudio por parte
de esa Corporación. Asimismo, en las sentencias SU-122 de 2021 y SU-546 de 2023,
la Sala Plena reiteró que «es competencia de la Corte Constitucional declarar la
existencia de un estado de cosas inconstitucional (ECI) cuando constata
vulneraciones generalizadas de derechos fundamentales y cuyas causas
corresponden a fallas estructurales en el cumplimiento de los deberes del Estado
social de derecho».
Asimismo, de la revisión del Reglamento Interno del Consejo de Estado, contenido
en el Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, se observa que ni las atribuciones
asignadas a la Sala Plena de la Corporación ni las funciones especiales conferidas
a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y a las distintas Secciones que la
integran comprenden la declaratoria de un Estado de Cosas Inconstitucional ni el
seguimiento de órdenes estructurales encaminadas a la superación de situaciones
de esa naturaleza. En efecto, el referido reglamento establece de manera expresa
las atribuciones de la Sala Plena del Consejo de Estado y dispone que la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo ejercerá las funciones especiales señaladas en la
Constitución Política y en la ley, sin prever dentro de ellas la adopción de este tipo
de medidas, las cuales han sido desarrolladas jurisprudencialmente por la Corte
Constitucional en el marco de la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01984-00
Accionante: Andrés Guzmán Caballero
Acción de tutela–Primera instancia
Por otro lado, el señor Andrés Guzmán Caballero promovió acción de tutela al
considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales como consecuencia
de la presunta insuficiencia de las medidas de protección frente a las amenazas
derivadas de su actividad profesional y de las denuncias públicas relacionadas con
corrupción y crimen organizado.
La Corte Constitucional ha señalado que las autoridades encargadas de la protección
tienen el deber de identificar y valorar los riesgos extraordinarios que se ciernen
sobre las personas, definir y asignar oportunamente las medidas específicas de
protección, evaluar periódicamente la evolución del riesgo y adoptar las acciones
necesarias para evitar su materialización. No obstante, tales deberes deben
cumplirse a través de los procedimientos y mecanismos institucionales previstos para
ello, en el marco de una valoración individualizada y técnica de cada situación
particular, de manera que corresponde, en primer lugar, a las autoridades
especializadas adelantar las actuaciones necesarias para determinar la existencia,
características y nivel del riesgo, así como la procedencia de las medidas de
protección a que haya lugar.
De acuerdo a lo anterior, la Sala encuentra que el ordenamiento jurídico prevé un
mecanismo idóneo y eficaz para la valoración del riesgo y la eventual adopción,
mantenimiento o revaluación de las medidas de protección. En efecto, de
conformidad con el Decreto 1066 de 2015, la Unidad Nacional de Protección, con la
participación del Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información–CTAR y
del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas–CERREM, es
la autoridad encargada de adelantar el procedimiento dirigido a establecer si el
solicitante se encuentra expuesto a un riesgo ordinario, extraordinario o extremo y,
en consecuencia, determinar las medidas de protección a que haya lugar.
Así las cosas, el accionante cuenta con la posibilidad de acudir ante la Unidad
Nacional de Protección y agotar el procedimiento ordinario previsto para la
evaluación y eventual asignación o revaluación de medidas de protección.
De hecho, dicha entidad, en escrito de contestación de la presente acción, acreditó
que dio respuesta a la solicitud formulada por el actor mediante comunicación
electrónica del 27 de mayo de 2025, en la que le indicó los requisitos y documentos
necesarios para continuar con el trámite correspondiente. Sin embargo, no obra en
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01984-00
Accionante: Andrés Guzmán Caballero
Acción de tutela–Primera instancia
el expediente prueba que permita establecer que el accionante hubiera atendido
dicho requerimiento, aportado la documentación solicitada o culminado la ruta
administrativa prevista en el Decreto 1066 de 2015. Tampoco se acreditó la
existencia de una decisión definitiva de la Unidad Nacional de Protección ni la
ocurrencia de alguna circunstancia atribuible a las autoridades accionadas que
hubiera impedido la continuación del procedimiento.
En ese orden, no se satisface el requisito de subsidiariedad que gobierna la acción
de tutela, pues el actor dispone de un mecanismo ordinario y especializado para
plantear las solicitudes relacionadas con la valoración de su nivel de riesgo y la
eventual adopción de medidas de protección, sin que se advierta, además, una razón
que justifique el desplazamiento de las competencias técnicas atribuidas a las
autoridades encargadas de dicha función.
De acuerdo a lo expuesto, la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela impone a
la parte actora la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha
los medios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección
de las garantías fundamentales que estima vulneradas. Así las cosas, para acudir a
la acción de tutela, la parte accionante debe actuar con suma diligencia en tales
procedimientos. La falta injustificada de agotamiento de los recursos ordinarios o
extraordinarios a que haya lugar, deviene por completo en la improcedencia del
mecanismo tuitivo establecido en el artículo 86 superior 22.
De otra parte, no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara
el amparo como mecanismo transitorio. El accionante tuvo a su disposición medio
judiciales previstos por la ley, sin que se demostrara una afectación grave y actual
de sus derechos fundamentales que hiciera procedente la intervención del juez
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-037 de 2009 [fundamento jurídico 5.1]
20
Expediente nº. 11001-03-15-000-2026-01984-00
Accionante: Andrés Guzmán Caballero
Acción de tutela–Primera instancia
RESUELVE:
PRIMERO: ABSTENERSE de pronunciarse sobre la declaratoria de Estado de
Cosas Inconstitucional solicitado por el señor Andrés Guzmán Caballero, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Andrés Guzmán Caballero contra la Unidad Nacional de Protección–UNP, por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad.
TERCERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva frente a las
demás entidades accionadas.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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