Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01987-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01987-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01987-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01987-00
Accionante: Carmen Helena Mosquera Marmolejo
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Negar el amparo porque no se demostraron los defectos alegados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela presentada por la señora Carmen Helena Mosquera Marmolejo,
quien actúa por conducto de apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y el Juzgado Treinta y Tres
Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, por la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al «debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, principio de prevalencia del derecho sustancial y al principio pro actione»,
con ocasión de la providencia expedida el 23 de octubre de 2025, que confirmó la
providencia del a quo de fecha 1 de agosto de la misma anualidad que declaró la
caducidad de la acción dentro del medio de control de reparación directa seguido
bajo el radicado 11001-33-36-033-2025-00286-00 /01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela1 y del expediente, se colige que el 26 de marzo de 2023
se presentó un incendio2 de gran magnitud en el casco urbano del municipio de Alto
Baudó (Chocó), que destruyó la vivienda y los enseres de la señora Carmen Helena
Mosquera Marmolejo y su núcleo familiar.
3. En consideración a estos hechos y previo a interponer una acción de
reparación directa, la parte actora en conjunto con otros afectados presentaron una
solicitud de conciliación3 extrajudicial el día 26 de febrero de 2025. En desarrollo del
trámite fue realizada la audiencia correspondiente el día 22 de mayo de 2025, sin
ánimo conciliatorio, siendo expedida la constancia de la diligencia el 5 de junio de
esa anualidad.
1
Presentada el 11 de marzo de 2026
2
Que afectó varios bienes muebles e inmuebles de distintos pobladores del lugar.
3
La cual, de acuerdo con la parte accionante, fue presentada ante el «Procurador de Bogotá» siendo remitida luego por
competencia a la Procuraduría 41 Judicial II Administrativa de Quibdó y a la que fueron convocadas la Nación Ministerio del
Interior, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD, la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia,
el Departamento del Chocó y el Municipio del Alto Baudó.
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4. La parte tutelante sostuvo que, pese a que insistió de manera repetida en que
se le expidiera la constancia de la actuación, la misma solo le fue remitida hasta el
18 de junio de 2025. Adicionalmente, expuso que, una vez contó con el referido
documento, instauró una demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa el 17 de julio de 2025 pretendiendo el resarcimiento de perjuicios tras los
hechos acaecidos el 26 de marzo de 2023.
5. En sede de primera instancia, el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del
Circuito de Bogotá, Sección Tercera, mediante auto del 1 de agosto de 20254,
rechazó de plano la demanda por configurarse el fenómeno de caducidad del medio
de control.
6. En consideración a lo anterior, los demandantes en el proceso de reparación
directa interpusieron un recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el
auto citado. El a quo negó el primero5 de ellos, pero concedió el segundo en el efecto
suspensivo, el cual fue de conocimiento del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que, mediante auto del 23 de
octubre de 2025, confirmó6 la decisión de primera instancia.
2.2. Fundamento jurídico
7. La parte actora consideró que se trasgredieron sus derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al principio de
prevalencia del derecho sustancial y al principio pro actione.
8. En primer lugar, la tutelante sostuvo que las autoridades judiciales incurrieron
en un defecto sustantivo, pues en su sentir, estas aplicaron de manera irrazonable
el artículo 56 de la Ley 2220 de 2022, al considerar que la suspensión del término de
caducidad cesa automáticamente al cumplirse los tres meses referidos en la
normativa, aun cuando el trámite conciliatorio ya se había surtido dentro de dicho
lapso. Al respecto, afirmó que esta lectura desconocía la finalidad de la norma, que
era evitar que el requisito de procedibilidad afecte el ejercicio del derecho de acción.
4
Índice 4 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-36-033-2025-00286-00. - La autoridad judicial sostuvo que la demanda de
reparación directa fue presentada el 17 de julio de 2025 contra varias entidades públicas por presuntas omisiones frente al
incendio ocurrido el 26 de marzo de 2023 en Alto Baudó (Chocó). Señaló en primer lugar, que, al analizar la caducidad del
medio de control, verificó que el término de dos (2) años debía contarse desde el 27 de marzo de 2023 hasta el 27 de marzo
de 2025. Indicó que, pese a que la solicitud de conciliación extrajudicial presentada el 26 de febrero de 2025 suspendía dicho
término conforme al artículo 56 de la Ley 2220 de 2022, la normativa referida también establecía que esa suspensión operaba
por un máximo de tres (3) meses, independientemente de que la audiencia se hubiera realizado el 22 de mayo de 2025 y la
constancia se hubiera expedido el 5 de junio de 2025. En ese sentido, concluyó que la suspensión no se extendía hasta la
expedición o entrega de la constancia, sino hasta el límite legal de tres meses, razón por la cual el término de caducidad se
prorrogó solo hasta el 27 de junio de 2025. Por tanto, al haberse presentado la demanda el 17 de julio de 2025, se configuró
su extemporaneidad. Con fundamento en lo anterior, el Juzgado rechazó de plano la demanda.
5
Ibidem, índice 8.
6
Índice 8 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-36-033-2025-00286-01.- El Tribunal precisó que el problema jurídico consistía
en determinar el momento a partir del cual se reanudaba el término de caducidad del medio de control, a la luz de la solicitud
de conciliación extrajudicial. Estableció que dicho término inició el 27 de marzo de 2023 y, en principio, vencía el 27 de marzo
de 2025, siendo suspendido el 26 de febrero de 2025, cuando restaban treinta (30) días para su expiración. A partir de la
interpretación sistemática de los artículos 56 y 96 de la Ley 2220 de 2022, la Sala concluyó que la suspensión del término de
caducidad cesa cuando ocurra el primero de los eventos previstos en la norma: la suscripción del acta, la expedición de la
constancia o el vencimiento del término de tres (3) meses. En el caso concreto, determinó que el evento que primero tuvo
ocurrencia fue el vencimiento de dicho término el 26 de mayo de 2025, razón por la cual desde el día siguiente se reanudó el
cómputo, extendiéndose el plazo hasta el 27 de junio de 2025. Bajo ese entendido, el ad quem desestimó el argumento de la
parte actora según el cual la reanudación debía contabilizarse desde la remisión de la constancia de no conciliación, al no estar
dicho supuesto contemplado en la normativa aplicable al asunto. Asimismo, indicó que el requisito de procedibilidad se
entendía satisfecho desde la celebración de la audiencia fallida, lo que habilitaba el acceso a la jurisdicción sin
necesidad de esperar la entrega material del documento. En consecuencia, al verificarse que la demanda fue presentada
el 17 de julio de 2025, esto es, por fuera del término legalmente establecido, el Tribunal concluyó que operó el fenómeno de la
caducidad y, en tal virtud, confirmó la decisión de primera instancia que dispuso el rechazo de la demanda.
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9. Igualmente, señaló que la interpretación adoptada era del todo inadecuada,
pues desde su perspectiva, se le estaba exigiendo implícitamente el ejercicio de la
acción sin contar con la constancia de no conciliación, documento que adujo
indispensable para acreditar el requisito de procedibilidad.
10. En tal sentido, argumentó que se le impuso una interpretación formalista que
sacrificó el derecho de acceso a la administración de justicia y desconoció el principio
pro actione. Aunado a lo anterior, consideró que el salvamento de voto era un elemento
estructural que acreditaba en su sentir la configuración del defecto sustantivo y excluía
la simple discrepancia interpretativa con la decisión.
11. En segundo lugar, la parte actora, señaló que las autoridades judiciales
también incurrieron en un exceso ritual manifiesto por la imposición de una “carga
procesal imposible”, al exigir la presentación de la demanda dentro del término, aun
sin contar con la constancia de no conciliación, requisito que alegó indispensable
para acreditar el cumplimiento de la procedibilidad.
12. Afirmó que dicha exigencia desconoció la realidad del trámite conciliatorio y
sometió el ejercicio del derecho de acción a una formalidad desproporcionada, pues
colocó al demandante en una disyuntiva irrazonable: demandar sin cumplir requisitos
legales o esperar su expedición y asumir la caducidad, lo cual alegó, vulnera el
debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.
13. Finalmente, adujo que se incurrió en una violación directa de la Constitución
pues consideró que se restringió de manera desproporcionada el derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia al optar por la interpretación más restrictiva del
régimen de caducidad, pese a existir, desde su perspectiva, alternativas interpretativas
que permitían admitir la acción y estudiar de fondo el asunto.
14. En síntesis, reiteró lo planteado en los defectos anteriores, respecto a que las
decisiones desconocieron el principio pro actione, al no privilegiar una interpretación que
favoreciera el ejercicio del derecho de acción, produciendo la extinción definitiva del
medio de control por razones ajenas a la diligencia del actor, lo cual afectaba el núcleo
esencial del debido proceso y del acceso efectivo a la administración de justicia.
2.3. Pretensiones
15. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo siguiente:
«PRIMERO. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva de la parte
accionante, vulnerados por el Auto No. MTHG-2025-00255 del 23 de octubre de
2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO. Que se declare que la providencia cuestionada incurrió en: - Defecto
sustantivo, por interpretación restrictiva e irrazonable de las normas que regulan la
suspensión del término de caducidad con ocasión de la conciliación extrajudicial. -
Exceso ritual manifiesto, al privilegiar una interpretación formal del término procesal
sobre la garantía material del derecho de acción. - Desconocimiento del principio
pro actione y del derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia.
TERCERO. Consecuencia del amparo concedido, se deje sin efectos el Auto No.
MTHG-2025-00255 del 23 de octubre de 2025, en lo relacionado con la declaratoria
de caducidad y el rechazo del medio de control.
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CUARTO. Ordenar a los accionados proferir una nueva decisión en la que se realice
una interpretación sistemática, razonable y conforme a la Constitución de las
normas que regulan la suspensión del término de caducidad, garantizando el debido
proceso y el acceso a la administración de justicia, para continuar el trámite del
medio de control, con el correspondiente estudio de admisión.
QUINTO. Subsidiariamente, y en caso de considerarlo procedente, se ordene la
admisión de la demanda presentada dentro del medio de control de reparación
directa, al encontrarse presentada dentro del término legal si se aplica una
interpretación constitucionalmente adecuada del régimen de suspensión por
conciliación extrajudicial.
SEXTO. Que se confirme la medida provisional solicitada en el acápite anterior,
consistente en la suspensión de los efectos jurídicos de la providencia cuestionada,
hasta tanto se adopte decisión definitiva en la presente acción de tutela.» (Sic en
toda la cita)
2.4. Intervenciones
16. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 12 de
marzo de 20267 a través del cual se ordenó notificar como accionados a la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
al Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección
Tercera y como terceros interesados en el resultado del proceso a la Nación –
Ministerio del Interior, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Dirección
Nacional de Bomberos de Colombia, Gobernación del Chocó – municipio del Alto
Baudó Chocó y los señores (as) Carmen Helena Mosquera Marmolejo, María Nubia
Agualimpia, y a los demás demandantes y vinculados al proceso de reparación
directa.
17. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado para lo de su competencia, se reconoció personería al apoderado de la parte
actora y no se decretó la medida provisional solicitada por la señora Mosquera
Marmolejo.
2.4.1 El Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá, Sección Tercera8
señaló que la demanda fue presentada por la parte actora el 17 de julio de 2025 y se
rechazó de conformidad con la normativa aplicable mediante auto del 1.º de agosto
de 2025 por configurarse la caducidad del medio de control, dado que el término
legal para su interposición vencía el 27 de junio de 2025, incluso con la suspensión
máxima de tres (3) meses derivada del trámite de conciliación extrajudicial conforme
al artículo 56 de la Ley 2220 de 2022.
18. Precisó que su decisión fue confirmada al resolver el recurso de reposición el
5 de septiembre de 2025 y posteriormente ratificada en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante providencia del 23 de octubre de
2025, que fue acatada por ese despacho judicial el 28 de noviembre de 2025.
19. Finalmente, sostuvo que no incurrió en vulneración alguna de derechos
fundamentales ni en los defectos alegados por el actor, toda vez que las decisiones
cuestionadas fueron adoptadas con plena observancia del debido proceso, el
derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia. En tal sentido, afirmó
que la acción de tutela resultaba improcedente, por cuanto no podía ser utilizada
7
Índice 4 del aplicativo SAMAI
8
Índice 11 del aplicativo SAMAI
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como una tercera instancia frente a providencias judiciales adoptadas dentro de un
proceso que agotó válidamente las dos instancias previstas por la ley.
2.4.2. La Gobernación del Chocó9 sostuvo que no se encontraba legitimada en la
causa por pasiva al no haber dictado las decisiones judiciales objeto de reproche en
sede constitucional por lo que solicitó ser desvinculada de esta y negar cualquier
pretensión en su contra.
20. El ente territorial adujo que la responsabilidad respecto a la prestación del
servicio de bomberos correspondía a cada municipio, de conformidad con la Ley
1575 de 201210, y que lo alegado por la parte actora no era de recibo, toda vez que
el término máximo para presentar la demanda, luego de presentar la solicitud de
conciliación, feneció el 27 de junio de 2025, por lo que operó el fenómeno de la
caducidad.
21. En ese entendido, reprochó que la solicitud de amparo pretendía utilizarse
como una tercera instancia desconociendo el carácter excepcional y restrictivo de la
acción de tutela y el principio de seguridad jurídica que revestía las decisiones
adoptadas por los jueces naturales de la causa, máxime cuando la parte actora no
ejerció de manera oportuna la acción de reparación directa.
2.4.3. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)11
solicitó que se negaran las pretensiones de la accionante.
22. Sostuvo que no era cierto que la falta de la "constancia física" de no
conciliación impidiera demandar, toda vez que la jurisprudencia de esta corporación
era clara respecto a permitir la radicación de la demanda informando el agotamiento
del requisito, para luego aportar el documento, por lo que la parte accionante permitió
que transcurrieran casi dos meses desde la celebración de la audiencia (22 de mayo)
hasta la radicación de la demanda (17 de julio), configurándose la caducidad.
23. Adujo que la parte accionante pretendía que el juez constitucional impusiera
una interpretación subjetiva sobre el régimen de caducidad, cuando el Tribunal
reprochado actuó conforme a lo dispuesto por la normativa al aplicar legítimamente
el artículo 56 de la Ley 2220 de 202212 garantizando con ello el principio de seguridad
jurídica, sin advertirse una interpretación arbitraria o caprichosa, máxime cuando las
reglas de caducidad son de orden público.
2.4.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A guardó silencio.
2.4.5. El Ministerio del Interior13 solicitó ser desvinculado de la acción
argumentando que no estaba legitimado en la causa por pasiva. Adicionalmente
sostuvo que no trasgredió los derechos fundamentales de la parte actora y que, con
relación a las actuaciones de la Dirección Nacional de Bomberos Colombia la cartera
ministerial no tenía responsabilidad alguna, toda vez que la citada Dirección contaba
con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio.
9
Índice 22 del aplicativo SAMAI.
10
“Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia.”
11
Índice 24 del aplicativo SAMAI.
12
“Por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones.”
13 Índice 26 del aplicativo SAMAI
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2.4.6. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
25. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 201914 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De las solicitudes de desvinculación
26. La Gobernación del Chocó y el Ministerio del Interior solicitaron ser
desvinculadas de la acción al considerar que no están legitimadas en la causa por
pasiva. No obstante, la Sala advierte que al haber sido entidades demandadas en el
proceso de reparación directa y haber sido vinculadas como terceros a la presente
acción, les asiste interés directo en el asunto y se hace necesario garantizar su
derecho de defensa, por lo que se negarán sus solicitudes.
3.2.2. De la providencia objeto de análisis
27. Si bien la presente acción de tutela se dirige contra el Juzgado Treinta y Tres
Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera y el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, la Sala centrará su análisis en la
providencia del 23 de octubre de 2025 proferida por este último, que puso fin al
proceso, en tanto confirmó el auto del a quo del 1.º de agosto de 2025 que rechazó
la demanda por caducidad dentro del medio de control de reparación directa con
radicado 11001-33-36-033-2025-00286-00/01.
3.2.3. Del estudio de los defectos alegados
28. En atención a que los defectos sustantivo, procedimental por exceso ritual
manifiesto y por violación directa de la Constitución endilgados por la parte actora a
la providencia se encuentran estrechamente interrelacionados, al derivar de una
misma controversia jurídica relativa a la interpretación del régimen de caducidad y
sus efectos frente al trámite de conciliación extrajudicial, y por razones de coherencia
argumentativa y economía procesal, la Sala procederá a abordarlos de manera
conjunta y sucinta, a fin de ofrecer un análisis integral, sistemático y congruente de
los cargos formulados.
3.3. Problema jurídico
29. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales de la
acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, con ocasión de su providencia del
14 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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23 de octubre de 2025 que confirmó el auto dictado por el a quo el 1 de agosto de la
misma anualidad que rechazó la acción por operar el fenómeno de la caducidad,
incurrió en los defectos: sustantivo, por exceso ritual manifiesto y por violación directa
de la Constitución y si con ello presuntamente vulneró los derechos fundamentales
invocados por la señora Carmen Helena Mosquera Marmolejo.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
30. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
31. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
32. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí
que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
33. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable;
(iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que
la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
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actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional el
11 de marzo de la presente vigencia se realizó dentro de un lapso «razonable y
proporcionado», pues no habían transcurrido más de seis meses desde la ejecutoria
de la providencia judicial cuestionada15, esto es, el 28 de octubre de 2025.
3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que se
centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al «debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, al principio de prevalencia del derecho
sustancial y al principio pro actione», como consecuencia de los defectos: sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto y por violación directa de la Constitución,
los cuales se encuentran fundamentados razonablemente.
3.4.1.5. Adicionalmente, se alega una irregularidad procesal que, eventualmente,
tendría un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna, pues se
alega un indebido rechazo de la demanda de reparación directa por haber operado
la caducidad del medio de control.
3.4.1.5. Finalmente, la acción de tutela no se interpone en contra de una decisión
proferida en el marco de otra de la misma naturaleza.
34. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto procedimental como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
35. En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el juez o
la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen
del procedimiento judicial establecido16. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto
procedimental absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto17.
36. En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es) de justicia:
«[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento establecido legalmente para el
15
De fecha 23 de octubre de 2025, notificada el día 27 del mismo mes y anualidad con acuse de recibo de la notificación el día
28, luego del salvamento de voto presentado el 24 de octubre de 2025 por el magistrado Juan Carlos Garzón Martínez- índice
14 del aplicativo SAMAI-, cuya ponencia fue derrotada previamente por la Sala Mayoritaria- índice 9 del aplicativo SAMAI.
16
Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
17
Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
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trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite
completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n]
etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho
de defensa y contradicción de una de las partes del proceso” 18 o porque iii) “pasa[n]
por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho
de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o
comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente
negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos
fundamentales”19 […]».
37. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un error
procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el
fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no
se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la
irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la
situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren
derechos fundamentales20.
3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
38. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación
de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto
sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al caso
concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que
orientan al sistema jurídico»21.
39. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables
en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación
indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de
las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el
mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.
18
Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
19
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
20
Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014.
21
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a
las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de
una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial
para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que, si bien es cierto que los
jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia
judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún
caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido
y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al
actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el
juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse
en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii)
porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa
a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se
le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador» 22.
40. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.
3.7. El defecto por violación directa de la Constitución
41. La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que este defecto
que se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de velar por el
cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4 de la Carta Política según el
cual «la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales.»23
42. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que este defecto
se configura cuando se omite la aplicación de un precepto ius fundamental necesario
para la decisión, lo que puede ocurrir cuando: “(a) en la solución del caso se dejó de
interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional,
(b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c) el juez en sus
resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de
interpretación conforme con la Constitución24”.
43. Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que esta causal específica de
procedencia de la acción de tutela se concreta cuando el juez da aplicación a una
22
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
23
SU-336 de 2017, Corte Constitucional
24
Al respecto, ver entre otras, las Sentencia T-199 de 2005, T-590 de 2009 y SU-198 de 2013 y T-809 de 2010.
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disposición de rango legal contraria a la Carta Política y no utiliza la figura de la
excepción de inconstitucionalidad25.
4. Análisis de los presuntos defectos sustantivo, procedimental por exceso
ritual manifiesto y por violación directa de la Constitución en el caso concreto
44. La Sala advierte de entrada que los cargos formulados por la parte accionante
respecto a la existencia de los defectos: sustantivo, procedimental por exceso ritual
manifiesto y por violación directa de la Constitución se estructuraron sobre un mismo
supuesto fáctico y jurídico, consistente en la interpretación del término de suspensión
de la caducidad con ocasión del trámite de conciliación extrajudicial y la alegada
imposibilidad de presentar la demanda sin la constancia de no conciliación.
45. En tal medida, como se expuso en la cuestión previa, esta Subsección
abordará su análisis de manera conjunta, en tanto todos convergen en cuestionar la
razonabilidad de la decisión judicial que declaró la caducidad del medio de control.
46. Ahora bien, contrario a lo planteado por la parte actora, del análisis de la
providencia reprochada no se advierte la configuración de los defectos alegados. En
ese entendido, la autoridad judicial accionada realizó una interpretación razonable y
jurídicamente admisible del artículo 56 de la Ley 2220 de 2022, al aplicar el término
máximo de suspensión de tres (3) meses como límite objetivo para la reanudación
del cómputo de la caducidad, en consonancia con el carácter de orden público de
dicha institución.
47. Dicha interpretación, en manera alguna resulta arbitraria o caprichosa, sino
que responde a una lectura plausible de la norma, orientada a garantizar la seguridad
jurídica y la certeza en el ejercicio de las acciones judiciales, sin que le sea dado al
juez constitucional sustituirla por una alternativa hermenéutica distinta, por lo que el
defecto sustantivo alegado deviene inexistente.
48. En igual sentido, la tesis de la parte accionante, según la cual la suspensión
debía extenderse hasta la expedición o entrega de la constancia de no conciliación,
carece de sustento normativo, pues introduce una condición no prevista por el
legislador y desconoce el carácter perentorio de los términos de caducidad. La
norma es clara al fijar un límite temporal máximo, el cual no puede quedar supeditado
a actuaciones administrativas posteriores, como los tiempos de expedición o
remisión de constancias, sin afectar gravemente la seguridad jurídica.
49. Por otro lado, la Sala considera que la existencia de un salvamento de voto
que refleja una opinión diferente a la decisión de la Sala mayoritaria no prueba la
inconstitucionalidad de la decisión, sino que, por el contrario, confirma que existió un
debate jurídico profundo donde prevaleció la tesis de la aplicación estricta de los
términos legales de caducidad, máxime cuando se evidenció del plenario que una
ponencia previa presentada por el magistrado que presentó el salvamento fue
derrotada26.
25
Sentencia SU-198 de 2013.
26
El Salvamento de voto fue presentado el 24 de octubre de 2025 por el magistrado Juan Carlos Garzón Martínez- índice 14
del aplicativo SAMAI. Su ponencia fue derrotada previamente por la Sala Mayoritaria- índice 9 del aplicativo SAMAI.
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50. De otra parte, no se configuró un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, toda vez que no se advierte la imposición de una “carga procesal
imposible”. Así las cosas, contrario a lo sostenido por la accionante, el
ordenamiento jurídico permite la presentación de la demanda informando el
agotamiento del requisito de procedibilidad. En ese sentido, la ausencia inicial del
documento no constituía un obstáculo insuperable para el ejercicio oportuno del
derecho de acción.
51. Adicionalmente, el argumento citado en el párrafo precedente de la supuesta
“carga imposible” también deviene frágil, si se tiene en cuenta que el artículo 56 en
concordancia con el 94 de la Ley 2220 de 2022, habilitaban a la parte actora para
presentar la demanda una vez vencido el término de tres (3) meses a partir de la
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial, sin necesidad de aportar la
constancia de no conciliación.
52. Por lo expuesto, la situación alegada no obedece a una exigencia
desproporcionada del ordenamiento, sino a un riesgo procesal asumido por la propia
parte interesada, quien contaba con mecanismos jurídicos idóneos para evitar la
configuración de la caducidad.
53. En ese orden de ideas, el que se haya configurado el fenómeno referido, no
puede atribuirse a una actuación irrazonable de la autoridad judicial, sino a la
inactividad o falta de diligencia de la parte actora en el ejercicio oportuno de la acción,
toda vez que la caducidad, como institución de orden público, impone cargas claras
a los interesados, cuyo incumplimiento no puede ser subsanado a través de la acción
de tutela.
54. Finalmente, tampoco se configuró una violación directa de la Constitución ni
una trasgresión del principio pro actione, en la medida en que la decisión cuestionada
no restringió de manera desproporcionada el acceso a la administración de justicia,
sino que aplicó una regla legal clara dentro de un margen legítimo de interpretación
judicial. En ese entendido, el principio citado por la parte actora no puede ser
interpretado como un mecanismo para desconocer los términos perentorios
establecidos por el legislador, ni para revivir oportunidades procesales fenecidas.
55. Por las razones expuestas, la Sala advierte que aceptar la postura de la
accionante implicaría afectar gravemente el principio de seguridad jurídica, al
supeditar el cómputo de los términos procesales a circunstancias variables y ajenas
al control jurisdiccional, como los tiempos administrativos de expedición de
constancias, lo que generaría incertidumbre en la aplicación de la caducidad y abriría
la puerta a su flexibilización indebida, contrariando su naturaleza de límite temporal
estricto para el ejercicio de las acciones.
56. Así las cosas, lo que se observa es que la decisión cuestionada se ajustó al
ordenamiento jurídico y no se configuró vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados en esta sede constitucional.
57. En consecuencia, la Sala procederá a negar el amparo constitucional
reclamado por la parte accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
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Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la solicitud de desvinculación de la acción presentada por la
Gobernación del Chocó por las razones expuestas en el numeral 3.2. de la presente
providencia.
Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora
Carmen Helena Mosquera Marmolejo en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y del Juzgado Treinta y Tres
Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, por conducto de apoderado,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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