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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01995-00

Fecha
13 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01995-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

13 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01995-00 (2997)
Accionante: Carmen Yanira Cañas Romero
Accionados: Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: ajuste salarial docente. Subtema 3:
defectos sustantivo y fáctico.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la señora Carmen Yanira Cañas Romero
contra la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia.

1. Síntesis del caso

La señora Carmen Yanira Cañas Romero, a través de apoderado, presentó acción
de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, así como el
principio de favorabilidad, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del
29 de octubre de 2025 proferida por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 05001-33-33-033-
2024-00196-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1.
A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

Radicado:11001-03-15-000-2026-01995-00 (2997)
Accionante: Carmen Yanira Cañas Romero
Accionado: Sala Séptima de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia

2. La señora Carmen Yanira Cañas Romero es educadora oficial ubicada en la
categoría 2A del escalafón docente, conforme al régimen establecido en el Decreto
Ley 1278 de 2002.

3. La accionante, mediante sendos escritos radicados en la Secretaría de
Educación de Antioquia y en el Ministerio de Educación Nacional, solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos
que, a su juicio, fueron «desiguales e injustificados decretados para el año 2011, en
el cual se favoreció a docentes de la categoría 3AM» en detrimento de quienes,
como ella, se encontraban en el escalafón 2A.

4. La entidad territorial y el Ministerio de Educación Nacional, a través de los
oficios ANT2024EE004130 del 22 de febrero de 2024 y 2024EE053589 del 27 de
febrero siguiente, respectivamente, negaron el requerimiento de la tutelante.

5. La señora Carmen Yanira Cañas Romero presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Secretaría de Educación de Antioquia y la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que: i) se inaplicara por ilegal
el Decreto 284 de 2024, que definió el ajuste salarial del año 2024, ii) se dejaran sin
efecto los referidos actos administrativos y, en su lugar, iii) se ordenara pagar a su
favor la diferencia salarial de los incrementos porcentuales establecidos por el
Gobierno nacional durante el año 2011, conforme el valor reconocido para los
docentes pertenecientes al escalafón 3AM, dado que el aplicado al nivel 2A, al que
pertenece, fue inferior. Asimismo, pidió el respectivo ajuste de sus prestaciones
sociales desde el 2011 en adelante.

6. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Medellín, mediante sentencia del
17 de junio de 20251, negó las pretensiones de la demanda al considerar que no
existió vulneración del derecho a la igualdad toda vez que el diseño del escalafón
docente se estructura sobre parámetros meritocráticos que buscan incentivar la
formación y la excelencia profesional, además de que son dos escalafones distintos,
con bases salariales diferentes, por lo que no son comparables.

7. También, reprochó que no fueron demandados los actos que establecieron las
diferencias porcentuales en el 2011. Por último, agregó que no se afectaron los
principios de favorabilidad y de progresividad toda vez que el escalafón 2A siembre
ha ido incrementando anualmente de cara a la pérdida del poder adquisitivo. Esta
decisión fue apelada.

8. En segunda instancia, la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Antioquia, a través de providencia del 29 de octubre de 20252, confirmó el fallo
de primera instancia.

1 Samai, expediente núm. 05001-33-33-033-2024-00196-00, índice 25, certificado 4478AC8E2FD47A95
4E663D6E5E23DF9C 767762E09B8A2B39 1FF0A47E2B38F5E0.
2 Samai, expediente núm. 05001-33-33-033-2024-00196-01, índice 10, certificado 1B2F0779477827F1

443EFFAE6E687396 C4A8DAB947D5FDD6 CE6254D2C5397FD3.

2

Radicado:11001-03-15-000-2026-01995-00 (2997)
Accionante: Carmen Yanira Cañas Romero
Accionado: Sala Séptima de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia
proferida el día 29 de octubre de 2025, en el expediente radicado bajo el número
05001333303320240019601, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) CARMEN
YANIRA CAÑAS ROMERO, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable
al caso y, el material obrante en el proceso ordinario.

Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiere una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular
del (la) docente CARMEN YANIRA CAÑAS ROMERO a la luz de los argumentos
planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate
jurídico3.

10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en defecto sustantivo
porque no efectuó una interpretación adecuada de los postulados normativos que
regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se apartó de los lineamientos
constitucionales y legales que rigen la materia.

11. Explicó que la autoridad accionada desconoció de manera arbitraria el alcance
del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002,
en tanto justificó un trato desigual en los incrementos salariales de los docentes de
las categorías 2A y 3 AM, que se realizó en el año 2011, cuando la diferencia carecía
de sustento objetivo y produjo una afectación permanente en la base salarial de los
docentes de la categoría 2 A.

12. Resaltó que para el Tribunal las diferencias en los incrementos salariales del
año 2011 entre las categorías 2A (5%) y 3AM (11.3%) respondían a criterios
razonables previstos en la normativa, tales como la formación académica, la
experiencia y la ubicación en el escalafón docente; sin embargo, no tuvo en cuenta
los principios de igualdad y progresividad que regulan los aspectos salariales.

13. Asimismo, indicó que la sentencia de segunda instancia incurrió en una
omisión sustancial al no incorporar ni analizar el precedente constitucional contenido
del fallo C-1064 de 2001, en el cual se establece que los tratos diferenciados en
materia salarial se deben soportar en una justificación objetiva y suficiente, por lo
que la igualdad en el trabajo no se reduce a la igualdad matemática ni permite
incrementos que generen brechas irrazonables sin fundamento técnico o normativo.

14. Por otra parte, indicó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico
porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del

3 Se transcribe incluso con errores.

3

Radicado:11001-03-15-000-2026-01995-00 (2997)
Accionante: Carmen Yanira Cañas Romero
Accionado: Sala Séptima de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia

derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 2A y
3AM.

2.3. Trámite procesal

15. El despacho ponente, mediante auto del 16 de marzo de 20264, admitió la
solicitud de amparo; vinculó al trámite, como terceros con interés, al Juzgado Treinta
y Tres Administrativo de Medellín, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional y
al departamento de Antioquia; requirió el expediente ordinario objeto de
controversia; tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda; y
ordenó las notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones

16. La Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia sintetizó
las actuaciones del proceso ordinario y manifestó que no se cumplió con el requisito
de relevancia constitucional, pues la tutelante pretende que se discuta de nuevo
sobre la nulidad de los actos administrativos demandados, asunto que ya fue
resuelto en la sentencia reprochada. Indicó que no incurrió en los defectos
sustantivo y fáctico, para lo cual expuso los argumentos que sustentaron el fallo del
29 de octubre de 2025. Solicitó que se declare improcedente el amparo5.

17. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Medellín contestó que la solicitud
de tutela no superó el requisito de relevancia constitucional pues planteó el caso
como si se tratara un recurso de apelación6.

18. El Ministerio de Educación Nacional contestó que la tutela propone una
controversia de naturaleza estrictamente económica que involucra intereses
privados, asunto que excede la competencia del juez constitucional. Destacó la
independencia y autonomía de la función judicial, arguyó su falta de legitimación por
pasiva y solicitó que se declare improcedente la acción7.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

19.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la señora Carmen Yanira Cañas
Romero contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

4
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01995-00, índice 5, certificado 9338B423400FCA82
BA22A7740D2A93C7 D5AD680D9B49D69C E380C6581703DAF0.
5 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01995-00, índice 11, certificado CC1D16701C8C972F

F3A42FDA826392BA 3C0DAF9A6F668543 181550F5F2715098.
6 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01995-00, índice 12, certificado 8199E1D5397C57B0

36A845C4A04DD2EA BAE73F13FF9B4326 2FD6AD4D1DAC30A4.
7 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01995-00, índice 13, certificado 451AFF3D46B0F565

B607E9140E471B89 CDC0A4B5FDE74B71 ACBA4031F8340AD6.

4

Radicado:11001-03-15-000-2026-01995-00 (2997)
Accionante: Carmen Yanira Cañas Romero
Accionado: Sala Séptima de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia

3.2. Legitimación en la causa

20. La legitimación en la causa por activa de la señora Carmen Yanira Cañas
Romero está acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

21. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sala
Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, debido a que fue la
autoridad que profirió la sentencia objeto de tutela.

22. Por otro lado, se advierte que el Ministerio de Educación Nacional solicitó su
desvinculación, al considerar que no estaba llamada a responder por la vulneración
de los derechos fundamentales de la parte accionante.

23. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad actuó como parte demandada dentro del proceso ordinario en el
que fue expedida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión
que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se
negará su solicitud.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

24. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 8 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional9.

25. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

5

Radicado:11001-03-15-000-2026-01995-00 (2997)
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26. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

27. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

28. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

29. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
30. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

31. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia de la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
fue proferida el 29 de octubre de 2025 y la demanda de tutela se presentó el 10 de
marzo de 202613, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional14 y del Consejo de Estado15 como razonable.

32. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada.

10
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
11 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06486-00 índice 1.
14 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
15Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela,
sino que se dictó dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

33. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y sustantivo por
desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo
en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

34. La Sala debe determinar si ¿la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y
al principio de favorabilidad de la accionante?

35. En particular, deberá establecer si ¿la autoridad accionada incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico al proferir la sentencia del 29 de octubre de 2025 que
confirmó el fallo que negó las pretensiones de la demanda promovida por la
accionante contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el departamento
de Antioquia, relacionadas con el ajuste de la diferencia salarial entre su escalafón
2A con respecto al grado 3AM.

3.4.1. El defecto sustantivo

36. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado16.

37. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta
que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

38.
La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para

16 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.

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determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]17.

39. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía
de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

40. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).18

3.4.2. El defecto fáctico

41. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»19. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión20» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

42. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»21. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»22.

43. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se

17 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
20 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

8

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abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso 23.

44. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial24, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»25.

45. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera
genérica, por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar
si la decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar
las pruebas en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]26.

3.5. Caso concreto

46. En el asunto bajo estudio, la señora Carmen Yanira Cañas Romero presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Secretaría de Educación de Antioquia, con el fin de que se
dejaran sin efectos los oficios ANT2024EE004130 del 22 de febrero de 2024 y
2024EE053589 del 27 de febrero siguiente y, en consecuencia, se ordenara pagar
la diferencia salarial existente entre el grado que ostenta como educadora ubicada
en la categoría 2A y el nivel 3AM del escalafón nacional docente.

23 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
24 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
25 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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Accionado: Sala Séptima de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia

47. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Medellín profirió sentencia el 17
de junio de 2025 en la que negó las pretensiones de la demanda. Apelada la anterior
decisión, la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia emitió
fallo el 29 de octubre de 2025, en el que confirmó la providencia recurrida.

48. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo del 29 de octubre de 2025,
incurrió en defecto sustantivo, por cuanto no realizó una interpretación adecuada de
los postulados normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto
se apartó de los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia,
especialmente los principios de igualdad y progresividad.

49. Precisó que la autoridad accionada desconoció el alcance del artículo 13 de la
Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, en tanto justificó un
trato desigual en los incrementos salariales de los docentes de las categorías 2A
(5%) y 3AM (11.3%), que se realizó en el año 2011, cuando la diferencia carecía de
fundamento objetivo y produjo una afectación permanente en la base salarial de los
docentes de la categoría 2A.

50. Asimismo, indicó que la sentencia de segunda instancia incurrió en una
omisión sustancial al no incorporar ni analizar el fallo C-1064 de 2001, en el cual se
establece que los tratos diferenciados en materia salarial se deben soportar en una
justificación objetiva y suficiente, por lo que la igualdad en el trabajo no se reduce a
un aspecto matemático ni permite incrementos que generen brechas
desproporcionadas sin fundamento técnico o normativo.

51. De otro lado, refirió que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico
porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran de decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 2A y
3AM.

52. Al respecto, se observa que la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en atención a la pretensión de la demandante, efectúo
un análisis del asunto a partir del contenido del Decreto Ley 1278 de 2002, en el
que se establece el Estatuto de Profesionalización Docente, que regula aspectos
como el acceso, la permanencia, los nombramientos y los ascensos dentro de la
carrera docente oficial.

53. Así pues, indicó que el decreto plantea una estructura del escalafón docente
con base en tres grados, cada uno compuesto por cuatro niveles salariales (A, B, C
y D), que dependen de la formación académica del educador. De este modo, el
ingreso a la carrera y la ubicación dentro del escalafón se hace conforme el título
académico y los ascensos o reubicaciones requieren una evaluación de
competencias, el cumplimiento de requisitos y un tiempo mínimo de permanencia o
experiencia.

54. De igual manera, aclaró que existen 3 tipos de evaluación: «la del periodo de

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prueba, la ordinaria periódica de desempeño anual y la evaluación de
competencias»; con la finalidad de velar por la idoneidad de los docentes y para
estimular su buen desempeño. Citó jurisprudencia del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional sobre la nivelación salarial y expuso que:

[Las] razones admisibles de diferenciación salarial, entre otras, [son:] (i) la aplicación
de criterios objetivos de evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura
institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se
muestran prima facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los empleos públicos,
a partir de la cual se generan diferentes escalas salariales, que responden a
cualificaciones igualmente disímiles para el acceso a dichos empleos.
[…]
[Cuando] se pretende la nivelación salarial o el pago de la diferencia salarial y
prestacional respecto de dos empleos no basta con asegurar y demostrar el
cumplimiento de hecho de funciones equivalentes a las del cargo contrastado, sino
que además deben comprobarse otros elementos de juicio objetivos como i) que
ejecutan la misma labor, ii) que tienen la misma categoría, iii) que cuentan con la
misma preparación, iv) que coinciden en el horario, v) que las responsabilidades son
iguales, entre otras cosas

55. Más adelante, destacó que, en el año 2011, para el grado 3AM se incrementó
en 11,3% y para el 2A fue de 5,7%, variación con efecto en el futuro porque el
aumento se efectúa anualmente con base en el salario anterior. Sin embargo, en el
caso concreto, el Tribunal accionado consideró que:

La labor probatoria dentro del expediente fue escasa y deficiente, no existente dentro
del proceso documento alguno que permita comparar de fondo lo presupuestos para
realizar el juicio de igualdad deprecado en la demanda, así, no hay dentro del plenario
documento alguno que permita determinar si un docente grado y nivel salarial 3AM
realiza las mismas funciones que uno escalonado 2A. No puede pretender la parte
actora que dicha ponderación se realice en abstracto y solo teniendo en cuenta que
ambos docentes están dentro del mismo nivel salarial A, ello por cuanto la
jurisprudencia exige para la aplicación del principio de igualdad salarial, que se
demuestre la diferencia remuneratoria real respecto de quien la alega para con un
compañero suyo que realiza la misma labor, tiene la misma categoría, igual
preparación, con igualdad de horario y responsabilidades.

56.
La autoridad accionada reiteró que en el proceso ordinario no se aportaron las
pruebas necesarias, útiles y conducentes que demostraran los elementos
requeridos para efectuar un juicio de igualdad entre los grados 3AM y 2A, como las
funciones, condiciones salariales, el horario de trabajo, la preparación académica y
las responsabilidades para cada uno.

57. En todo caso, la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia explicó lo siguiente:

Al respecto encuentra la Sala, que es potestad del Gobierno Nacional el expedir los
decretos que fijan los incrementos salariales del personal docente y para ello es
necesario tener en cuenta el estatuto que rige el escalafón de cada maestro teniendo
en cuenta su fecha de ingreso, al caso los docentes regulados por el Decreto 1278
de 2002, encuentran que su asignación salarial depende tanto del grado como del

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nivel salarial, siendo congruente con la norma, que un docente escalafonado 3AM
tenga una asignación mayor a uno escalafonado 2A en la medida que los requisitos
para acceder al primero, son mucho más exigentes que los exigidos para el segundo.

Entonces, en la medida que dicha distinción se debe a factores objetivos que
pretenden el mejoramiento del servicio educativo nacional a través del reconocimiento
de incentivos y salarios a los docentes académicamente mejor preparados y con
mejor desempeño laboral, es potestad del Gobierno realizar cuando lo considere
necesario, aumentos salariales porcentualmente mayores a los docentes mejor
escalafonados, lo cual no implica necesariamente que ese mayor aumento deba
realizarse todos los años.

58. En este orden de ideas, de cara a los cargos de tutela, se observa que la
sentencia del 29 de octubre de 2025 realizó un análisis razonable y adecuado de la
normativa y los documentos aportados al proceso, lo que le permitió concluir que la
diferencia salarial existente entre los docentes ubicados en los niveles 2A y 3AM del
escalafón nacional se justificaba en criterios objetivos definidos por el legislador
(Decreto Ley 1278 de 2002), relacionados con la capacitación y el nivel educativo.

59. En efecto, se advierte que el Tribunal analizó el Decreto Ley 1278 de 2002
para verificar la trazabilidad con la que el Gobierno nacional realizó los incrementos
salariales durante dichas anualidades para los grados 2A y 3AM y las condiciones
que llevaron a definir los valores respectivos.

60. Así pues, el estudio normativo y jurisprudencial desarrollado por la autoridad
accionada le permitió constatar que la diferencia salarial establecida para los
docentes en los grados 2A y 3AM, además de tener una justificación válida, tampoco
es contraria al principio de progresividad y no regresividad en materia salarial, dado
que no se demostró una desmejora económica para los educadores ubicados en el
grado 2A.

61. En este punto, cabe aclarar que el porcentaje que la tutelante aduce fue
reconocido para los docentes ubicados en el grado 2A, en el año 2011, no fue
inferior al IPC certificado por el DANE27 para esa anualidad, por lo que no se puede
advertir que el valor otorgado represente un acto inequitativo o regresivo frente a
sus derechos salariales.

62. Dicho esto, para la Sala no es posible inferir la configuración de los defectos
sustantivo y fáctico como lo plantea la parte tutelante, pues las razones y motivos
que dieron origen a la fijación discriminada del salario entre los grados 2A y 3AM
tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002, el
cual faculta al ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de los educadores
en los siguientes términos:

El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de
acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad
con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados

27 El IPC (Índice de Precios al Consumidor) de Colombia para el año 2011 tuvo una variación anual del 3,7%.

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en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones
adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el
tamaño de la institución educativa que dirijan.

63. De acuerdo con lo anterior, se observa que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Antioquia de ninguna manera realizó una interpretación sesgada
de la normativa aplicable y de los criterios jurisprudenciales que rigen el caso
sometido a estudio; por el contrario, lo que se advierte es que los argumentos
desarrollados en la providencia objeto de tutela atienden las pautas establecidas
por el legislador sobre la forma de definir los incrementos salariales de los docentes.

64. Adicionalmente, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la
autoridad judicial accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u
omisión, lo que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al
contenido de los documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es
posible inferir que la decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es
que el Tribunal no le haya otorgado el valor probatorio que la tutelante pretendía
que se les atribuyera a los medios de prueba allegados al proceso.

65. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»28.

66. En este caso, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien la providencia
objeto de tutela no resultó favorable a la tutelante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales.

67. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda
hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con
el fin de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.

4. Conclusión

68. Por lo expuesto, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia no vulneró los derechos fundamentales invocados por
la parte actora, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, o
caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que

28 Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.

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constituya una vía de hecho por los defectos sustantivo y fáctico, que exija la
intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo
invocada por la accionante.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de
Educación Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por la señora Carmen Yanira Cañas
Romero contra la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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