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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02005-00

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02005-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, frente al amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02005-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-02005-001
Accionante : Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina
Accionado : Consejo Superior de la Judicatura
Acción : Tutela
Tema : Petición
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina contra el Consejo Superior de la Judicatura,
por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición en conexidad con los
derechos de libertad de conciencia, debido proceso y acceso a la administración de
justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por

el actor frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia
de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las
pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

2. El 11 de marzo de 2026, el señor Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina, quien actúa

en nombre propio, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la
protección de su derecho fundamental de petición en conexidad con los derechos de
libertad de conciencia, debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura.

3. Por consiguiente, solicitó:

1. TUTELAR mis derechos fundamentales al Derecho de Petición, a la Libertad de
Conciencia, al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia.

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02005-00
Accionante: Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura

2. ORDENAR al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura que, en un término de 48
horas, emita una respuesta de fondo a mi petición presentada desde el 14 del mes décimo
de 2.025.

3. ORDENAR la adecuación técnica de la Ventanilla Virtual "Recepción Tutela en Línea"
[…] permitiendo que la casilla de juramento sea opcional para quienes poseemos objeción
de conciencia.

1.3 Hechos2

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el
accionante, se puede evidenciar que, el señor Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina,
el 14 de octubre de 2025, presentó petición ante el Consejo Superior de la Judicatura,
por medio del cual solicitó la «adecuación técnica de la ventanilla virtual "Recepción Tutela en
Línea"».

5. Explicó que dicha solicitud tenía por objeto eliminar la obligatoriedad de la «casilla» de

juramento previo para la radicación electrónica de acciones de tutela, con fundamento
en su objeción de conciencia. Precisó que esa exigencia desconoce su libertad de
conciencia y constituye «un doble juramento innecesario y discriminatorio», en la medida en que
el Decreto 2591 de 1991 ya prevé que esa manifestación conste en el escrito de tutela.
Por lo tanto, tal circunstancia se convierte en una «barrera de acceso digital» a la
administración de justicia.

6. Finalmente, sostuvo que para la fecha de presentación de la tutela el Consejo Superior

de la Judicatura no había brindado respuesta alguna a su petición ni había «procedido con
la adecuación tecnológica solicitada», situación que, a su juicio, vulnera sus derechos
fundamentales invocados.

II. TRÁMITE PROCESAL

7. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 16 de

marzo de 2026, admitió la presente acción de tutela y ordenó notificar al Consejo
Superior de la Judicatura.

2.1 Contestación de la acción

8. 2.1.1 El Consejo Superior de la Judicatura3 manifestó que el accionante presentó

petición el 14 de octubre de 2025, la cual fue remitida por competencia a la Unidad de
Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,

2
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico, índice 2.
3
Visible a índice 9 de SAMAI.

2

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Accionante: Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura

en aplicación del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, por ser la dependencia encargada
del aplicativo «tutela en línea». Agregó que dicha remisión fue informada al tutelante a
través del correo electrónico dispuesto para tal fin. En ese sentido, sostuvo que en el
asunto se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida en
que la actuación señalada como vulneradora del derecho fundamental ya cesó.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

9. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud

de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.

3.2 La acción

10. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico

11. Se contrae a determinar si el Consejo Superior de la Judicatura ha vulnerado el
derecho fundamental de petición en conexidad con los derechos de libertad de
conciencia, debido proceso y acceso a la administración de justicia del señor Leodégar
Lorenzo Segundo Rois Reina, al no dar respuesta a la solicitud presentada el 14 de
octubre de 2025; o si, por el contrario, en el presente asunto se configura una carencia
actual de objeto por hecho superado.

3.4 Carencia de objeto por hecho superado

12. Se ha pregonado con acierto que la acción de tutela se encuentra orientada a
garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de las personas, cuando ellos

3

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Accionante: Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina
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sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública 4; sin
embargo, si la circunstancia que dio origen a la trasgresión desaparece, se configura el
fenómeno que se conoce como hecho superado, el cual da como resultado una carencia
de objeto para decidir de fondo el asunto. Al respecto, la Corte Constitucional5 ha definido
este fenómeno jurídico en los siguientes términos:

4.4.1. La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha señalado que
la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de amparo, la orden del
juez de tutela no tendría efecto alguno o “caería en el vacío”6. Al respecto se ha establecido
que esta figura procesal, por regla general, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar
un daño consumado o un hecho superado.

4.4.2. El hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de
tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez
respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al
objetivo de protección previsto para el amparo constitucional 7. En este supuesto, no es
perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales
cuya protección se demanda, salvo “si considera que la decisión debe incluir observaciones
acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la falta de
conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su
ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones
pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es
que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del
momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”8 (Subrayado por fuera del
texto original).

4.4.3. Precisamente, en la Sentencia T-045 de 20089, se establecieron los siguientes
criterios para determinar si en un caso concreto se está o no en presencia de un hecho
superado, a saber:

“1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca
de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del
accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.

2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción
que generó la vulneración o amenaza haya cesado.

3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una
prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede
considerar que existe un hecho superado.” [Énfasis propio].

13. Conforme a lo anterior, es necesario analizar si la presunta vulneración de los
derechos fundamentales deprecados en el caso sub examine aún persiste o si, por el
contrario, la pretensión planteada para procurar su defensa ha sido satisfecha, esto es,
si se configuró el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado.

4
Artículo 86 de la Carta Política.
5
Corte Constitucional, sentencia T-59 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
6
Sentencia T-235 de 2012, M.P. Humberto Sierra Porto, en la cual se cita la Sentencia T-533 de 2009, M. P. Humberto Sierra Porto.
7
Sentencia T-678 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao, en donde se cita la Sentencia SU-540 de 2007, M. P. Álvaro Tafur Galvis. Al
respecto, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa
o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
8
Sentencia T-685 de 2010, M. P. Humberto Sierra Porto.
9
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

4

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Accionante: Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina
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14. En el sub lite, el tutelante solicita que se ordene a la autoridad judicial accionada dar

respuesta de fondo a la petición presentada el 14 de octubre de 2025, mediante la cual
solicitó:

15. Ahora bien, del material probatorio allegado al proceso, la Sala encuentra que el

Consejo Superior de la Judicatura, el 25 de marzo de 2026, en aplicación del artículo 21
de la Ley 1755 de 2015, trasladó la solicitud formulada por el accionante a la Unidad de
Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y remitió copia de dicha actuación al correo electrónico llsrr@hotmail.com. Al respecto,
se observa:

16. En tal contexto, la Sala considera que en el presente asunto se configura una carencia

actual de objeto por hecho superado, pues, durante el trámite de la acción el Consejo

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Superior de la Judicatura, al advertir que no era el competente para resolver lo pedido
por el actor, remitió la solicitud a quien considero competente para que resolviera lo
pertinente. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, e informó
de ello al tutelante. En consecuencia, ha cesado la conducta que se consideraba como
vulneradora de los derechos fundamentales invocados, respecto del Consejo Superior
de la Judicatura

IV. DECISIÓN

17. Por las razones expuestas, y comoquiera que los hechos que han dado lugar al

ejercicio de la acción de tutela han desaparecido durante este trámite constitucional, se
impone declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

18. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, frente al
amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Leodégar Lorenzo
Segundo Rois Reina, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02005-00
Accionante: Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

7

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