Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02005-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02005-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02005-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
6 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02005-01
Demandante: Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02005-01
Demandante: Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Temas: Derecho de petición. Carencia actual de objeto por hecho
superado
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada, en nombre propio, por el señor Leodégar
Lorenzo Segundo Rois Reina contra la providencia del 20 de abril de 2026, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que resolvió:
«PRIMERO. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, frente al
amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Leodégar Lorenzo
Segundo Rois Reina, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia».
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 11 de marzo de 2026, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al
debido proceso, a la libertad de conciencia, de petición y de acceso a la administración
de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. TUTELAR mis derechos fundamentales al Derecho de Petición, a la Libertad de
Conciencia, al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia.
2. ORDENAR al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura que, en un término de
48 horas, emita una respuesta de fondo a mi petición presentada desde el 14 del mes
décimo de 2.025.
3. ORDENAR la adecuación técnica de la Ventanilla Virtual "Recepción Tutela en Línea",
siguiendo el precedente del Consejo de Estado, permitiendo que la casilla de juramento
sea opcional para quienes poseemos objeción de conciencia».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina presentó, el 14 de octubre de 2025,
un derecho de petición ante el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual
solicitó la adecuación técnica de la ventanilla virtual «Recepción Tutela en Línea», con
el fin de que la casilla «Acepto manifestación» dejara de ser un requisito obligatorio
para radicar acciones de tutela. Por lo que dicha solicitud tenía por objeto eliminar la
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Demandante: Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina
obligatoriedad de la casilla de juramento previo para la radicación electrónica de
acciones de tutela.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte accionante promovió la presente acción de tutela al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad de conciencia, de petición
y de acceso a la administración de justicia. Sostuvo que el Consejo Superior de la
Judicatura omitió dar respuesta de fondo al derecho de petición presentado el 14 de
octubre de 2025 y mantuvo una exigencia tecnológica que desconoce su objeción de
conciencia.
Afirmó que la obligación de aceptar electrónicamente una manifestación bajo la
gravedad del juramento constituye un juramento doble, toda vez que el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 ya exige dicha manifestación en el escrito de tutela. En ese
sentido, consideró que imponer una aceptación adicional mediante la plataforma
constituye un exceso ritual manifiesto, al establecer una formalidad carente de
sustento legal que se convierte en una barrera de acceso a la administración de
justicia.
Sostuvo que la exigencia de aceptar electrónicamente una manifestación bajo la
gravedad del juramento desconoce su libertad de conciencia, por cuanto sus
convicciones religiosas le impiden prestar juramento, de conformidad con la
enseñanza contenida en el «Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 33-37 de las
Sagradas escrituras». En ese sentido, adujo que la obligatoriedad de dicha casilla le
impide acceder a la administración de justicia sin contrariar sus creencias.
Indicó que la autoridad accionada desconoció el principio de igualdad y la unidad de
la Rama Judicial, al mantener una exigencia que el Consejo de Estado ya había
eliminado de la plataforma SAMAI para la radicación de acciones de tutela.
En consecuencia, solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y que
se ordenara al Consejo Superior de la Judicatura emitir una respuesta de fondo al
derecho de petición presentado el 14 de octubre de 2025, así como adecuar la
ventanilla virtual «Recepción Tutela en Línea» para que la casilla «Acepto
manifestación» fuera opcional para quienes invoquen objeción de conciencia.
4. Trámite previo
El 16 de marzo de 2026, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionante y a la autoridad
accionada.
5. Oposiciones
El Consejo Superior de la Judicatura solicitó declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado. Explicó que, aunque el accionante presentó un derecho de
petición el 14 de octubre de 2025, la solicitud fue remitida, por competencia, a la
Unidad de Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por ser la dependencia encargada de administrar el aplicativo
«Tutela en Línea» y de resolver de fondo la petición.
Agregó que dicho traslado fue comunicado al peticionario mediante correo electrónico
remitido a la dirección llsrr@hotmail.com, en el que se le informó que la petición había
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sido enviada a la dependencia competente para su respuesta. Indicó que esa
actuación se realizó en aplicación del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, por lo que
consideró que cualquier orden que impartiera el juez de tutela carecería de efectos
prácticos.
6. Sentencia de primera instancia
El 20 de abril de 2026, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
profirió sentencia de tutela de primera instancia y declaró la carencia actual de objeto
por hecho superado. Consideró que, durante el trámite de la acción de tutela, el
Consejo Superior de la Judicatura trasladó la petición presentada por el accionante a
la Unidad de Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por ser la dependencia competente para resolverla, en
aplicación del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015.
Asimismo, advirtió que dicha actuación fue comunicada al accionante mediante correo
electrónico remitido a la dirección registrada por este. En consecuencia, concluyó que
había cesado la conducta que se consideraba vulneradora de los derechos
fundamentales invocados frente al Consejo Superior de la Judicatura y, por tanto,
cualquier orden de tutela resultaba inocua.
7. Impugnación
El accionante impugnó la decisión de primera instancia al considerar que el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, incurrió en un error al declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado. Sostuvo que la sola remisión de su derecho de
petición a otra dependencia no fue suficiente para garantizar su derecho fundamental
de petición, pues lo que reclamaba era una respuesta de fondo sobre la adecuación
técnica de la ventanilla virtual «Recepción Tutela en Línea».
Afirmó que el traslado de la petición fue extemporáneo, toda vez que se realizó más
de 5 meses después de su radicación, en contravía de lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 1755 de 2015. Agregó que, al momento de presentar la impugnación,
ninguna autoridad había emitido una respuesta suficiente, efectiva y congruente frente
a su solicitud, razón por la cual la vulneración del derecho de petición persistía.
Asimismo, sostuvo que la sentencia de primera instancia omitió pronunciarse sobre la
vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia y de acceso a la
administración de justicia. Reiteró que la exigencia de aceptar electrónicamente la
manifestación bajo la gravedad del juramento desconoce sus convicciones religiosas
y constituye una barrera para acceder a la administración de justicia.
Finalmente, señaló que existía una contradicción entre la actuación del Consejo
Superior de la Judicatura y el precedente fijado por el Consejo de Estado, pues este
último adecuó la plataforma SAMAI para hacer opcional la casilla de juramento,
mientras que el Consejo Superior de la Judicatura mantuvo dicho requisito. En
consecuencia, solicitó revocar la sentencia impugnada, conceder el amparo y ordenar
tanto la emisión de una respuesta de fondo como la adecuación técnica de la ventanilla
virtual «Recepción Tutela en Línea».
8. Trámite en segunda instancia
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Demandante: Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina
El 17 de julio de 2026, mientras el expediente se encontraba al despacho para proferir
sentencia de segunda instancia, el despacho sustanciador ordenó la vinculación de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Transformación Digital e
Informática, en calidad de tercero con interés, para que (i) se pronunciara sobre los
hechos y las pretensiones de la acción de tutela y (ii) rindiera informe sobre el estado
del trámite impartido al derecho de petición presentado por el accionante el 14 de
octubre de 2025, el cual le fue remitido por el Consejo Superior de la Judicatura.
En respuesta al requerimiento, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Unidad de Transformación Digital e Informática informó que, mediante correo
electrónico del 24 de julio de 2026, emitió respuesta de fondo al derecho de petición
presentado por el accionante el 14 de octubre de 2025.
Explicó que la plataforma «Tutela en Línea» funciona únicamente como una ventanilla
para la recepción de acciones constitucionales y que la exigencia de aceptar la
manifestación bajo la gravedad del juramento se fundamenta en lo dispuesto en el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, por lo que su incorporación en el aplicativo
obedece al cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, precisó que sus
competencias son de naturaleza eminentemente técnica y se limitan a brindar soporte
y apoyo respecto de los aplicativos administrados por la Rama Judicial.
Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la petición fue atendida de manera clara,
completa y congruente, razón por la cual solicitó declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado, al considerar que desaparecieron los supuestos fácticos y
jurídicos que dieron origen a la presente acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
A la Sala le corresponde determinar si el Consejo Superior de la Judicatura vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad de conciencia, de petición
y de acceso a la administración de justicia invocados por el accionante, al no emitir
una respuesta de fondo al derecho de petición presentado el 14 de octubre de 2025,
mediante el cual solicitó la adecuación técnica de la ventanilla virtual «Recepción
Tutela en Línea» para que la casilla de juramento fuera opcional para quienes alegan
objeción de conciencia.
La Sala anticipa que confirmará la decisión adoptada en primera instancia.
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Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá: (i) al derecho fundamental de petición
y (ii) al análisis del caso concreto.
(i) Derecho fundamental de petición
En el marco del artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución.
Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de la Carta.
La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.
El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional. De acuerdo con esta
última, son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho: (i) que la resolución
sea pronta; (ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara,
precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la decisión adoptada
se le notifique al peticionario1.
Como derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido de
la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición. Por esto, se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que «existe una diferencia entre
el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido»2. Aun así, la Corte
Constitucional ha aclarado que «una respuesta es suficiente cuando resuelve
materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante»3.
Para que la respuesta sea efectiva debe ser expedida oportunamente, resolver de
fondo la petición de manera clara y congruente con lo solicitado y debe ser notificada
al peticionario. El incumplimiento de estos requisitos implica la vulneración del derecho
fundamental de petición.
(ii) Del caso concreto
De entrada, se advierte que el accionante promovió la presente acción de tutela al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad de
conciencia, de petición y de acceso a la administración de justicia, por cuanto el
Consejo Superior de la Judicatura no emitió una respuesta de fondo al derecho de
petición presentado el 14 de octubre de 2025, mediante el cual solicitó la adecuación
técnica de la ventanilla virtual «Recepción Tutela en Línea», con el fin de que la casilla
de juramento fuera opcional para quienes alegan objeción de conciencia.
Durante el trámite de la presente acción constitucional, el Consejo Superior de la
Judicatura informó que la autoridad competente para pronunciarse sobre dicha
solicitud era la Unidad de Transformación Digital e Informática de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, por ser la dependencia encargada de administrar
1
Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
2
Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
3
Corte Constitucional. Sentencias T-561 de 2007 y T-556 de 2013.
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el aplicativo «Tutela en Línea». En consecuencia, remitió el derecho de petición a esa
dependencia, en aplicación del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, e informó de dicha
actuación al accionante.
No obstante, como la entidad accionada informó que la autoridad competente para
resolver de fondo la petición era la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Unidad de Transformación Digital e Informática, y esta no había intervenido en el
presente trámite constitucional, mediante auto del 17 de julio de 2026 esta Sala
dispuso su vinculación, con el fin de que se pronunciara sobre los hechos y las
pretensiones de la tutela y rindiera informe acerca del trámite impartido al derecho de
petición presentado por el accionante.
En cumplimiento de dicho requerimiento, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Unidad de Transformación Digital e Informática informó que, mediante
correo electrónico del 24 de julio de 2026, dio respuesta de fondo al derecho de
petición formulado por el actor. En dicha respuesta explicó que la plataforma «Tutela
en Línea» constituye una herramienta tecnológica destinada a facilitar la recepción de
acciones constitucionales y que la aceptación de la manifestación bajo la gravedad
del juramento encuentra sustento en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y tiene
como finalidad prevenir la presentación simultánea de acciones de tutela con identidad
de partes, hechos y pretensiones.
Asimismo, precisó que la incorporación de dicho requisito en el aplicativo obedece al
cumplimiento de la normativa vigente y que esa dependencia no tiene competencia
para modificar el contenido de dicha manifestación, por tratarse de un mandato legal,
sino únicamente para brindar soporte y apoyo técnico respecto de los aplicativos
informáticos administrados por la Rama Judicial. Finalmente, acreditó que esa
respuesta fue remitida al accionante mediante correo electrónico llsrr@hotmail.com,
dirección que el propio accionante suministró para efectos de las notificaciones dentro
de esta acción de tutela.
Así las cosas, la Sala observa que, durante el trámite de la presente acción
constitucional, el accionante obtuvo la respuesta de fondo que reclamaba,
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circunstancia que permite concluir que cesó la vulneración alegada respecto de su
derecho fundamental de petición.
La carencia actual de objeto se caracteriza por hacer que la orden impartida por el
juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, resulta intrascendente que el
juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales.
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia
actual de objeto se materializa en las siguientes circunstancias: el daño consumado 4,
el hecho superado5 y el acaecimiento de una situación sobreviniente6. En lo que aquí
interesa, el hecho superado exige que la pretensión de tutela se satisfaga sin que
medie orden judicial, tal como sucede en el caso objeto de estudio, en tanto durante
el trámite de la presente acción constitucional la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Unidad de Transformación Digital e Informática emitió y notificó al
accionante una respuesta de fondo al derecho de petición presentado el 14 de octubre
de 2025.
En relación con los reparos formulados por el accionante en el escrito de impugnación,
la Sala reitera que el derecho fundamental de petición garantiza una respuesta de
fondo, clara, congruente y motivada dentro del ámbito de competencia de la autoridad,
sin que su núcleo esencial comprenda el resultado de lo solicitado, pues existe una
diferencia entre el derecho a pedir y el derecho a obtener lo pedido.
Ahora bien, en cuanto a la pretensión encaminada a que se ordene la adecuación
técnica de la ventanilla virtual «Recepción Tutela en Línea» para hacer opcional la
casilla de juramento, se observa que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
– Unidad de Transformación Digital e Informática, en la respuesta emitida al derecho
de petición del accionante, explicó las razones por las cuales no era posible acceder
a dicha solicitud.
En efecto, indicó que la aceptación de la manifestación bajo la gravedad del juramento
encuentra fundamento en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, responde al
cumplimiento de la normativa vigente y tiene como finalidad prevenir la presentación
simultánea de acciones de tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones.
Asimismo, precisó que esa dependencia no tiene competencia para modificar el
contenido de dicha manifestación, por tratarse de un mandato legal y no de una
determinación de carácter técnico.
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Daño consumado. Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción
de tutela, de tal manera que el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que
se materialice el peligro. Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento
del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la Corte ha indicado que, por regla general, la acción constitucional
es improcedente cuando se ha consumado la vulneración, pues esta acción fue concebida como preventiva mas no
indemnizatoria.
Ver, sentencia SU-225 de 2013 de la Corte Constitucional.
5
Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se
evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción o abstención) y, por tanto,
terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental
alguno, pues ya la accionada los ha garantizado.
Ver, entre otras, las sentencias: T-970 de 2014, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-021 de 2017, T-382 de 2018.
6
Se presenta en aquellos casos en que tiene lugar una situación sobreviniente, que, a diferencia del escenario anterior, no debe
tener origen en una actuación de la accionada, y que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el
accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho.
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-038 de 2019.
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Frente a los reparos relacionados con la presunta vulneración de la libertad de
conciencia y la disparidad tecnológica respecto de la plataforma SAMAI, la Sala
advierte que tales argumentos constituyeron el fundamento de la solicitud elevada por
el accionante. Al dar respuesta al derecho de petición, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Unidad de Transformación Digital e Informática explicó las
razones jurídicas y técnicas por las cuales no era posible acceder a la modificación
solicitada de la plataforma «Tutela en Línea», con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y en el alcance de sus competencias.
Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 20 de abril de 2026, al encontrar
acreditada la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de las
pretensiones formuladas, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta
decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de la
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 20 de abril de 2026, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, objeto de impugnación, conforme a lo expuesto en
la parte considerativa de la providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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