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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02011-00

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02011-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Rosa Ángel Ariza Coronado contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02011-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02011-00
Accionante: ROSA ÁNGEL ARIZA CORONADO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedente porque no se reúnen los
requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por la señora Rosa Ángel Ariza
Coronado, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 del 20211.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 10 de marzo de 2026, la señora Rosa Ángel Ariza Coronado, mediante
apoderado, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia2, los cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cesar.

Pretensiones

2. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal con posibles errores
incluidos):

1.- Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en sentencia
del 4 de septiembre de 2025 proferida dentro del medio de control identificado
con No. 20-001-33-33-004-2023-00579 01 transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE de la
señora ROSA ÁNGEL ARIZA CORONADO.

2.- Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y proferir una nueva decisión con fundamento en el
precedente jurisprudencial establecido por el Máximo Órgano de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

1 Que ingresó al despacho para fallo el 27 de marzo de 2026.
2 También invoca la tutela judicial efectiva y el derecho pro homine.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02011-00
Accionante: Rosa Ángel Ariza Coronado
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Fundamentos de la demanda de tutela

3. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

4. La señora Rosa Ángel Ariza Coronado instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación-Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, y el Municipio de
Valledupar, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto que
negó la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria, originada en el
pago tardío de las cesantías parciales reconocidas mediante la Resolución
VALLER2022000001 del 19 de enero de 2022. A título de restablecimiento del
derecho solicitó que se ordenara el reconocimiento de la sanción moratoria
establecida en la Ley 1071 de 2006, debidamente actualizada, más los intereses de
mora que se causaran a partir de la ejecutoria de la sentencia. El proceso se identificó
con el radicado 20-001-33-33-004-2023-00579-00.

5. En primera instancia, el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar, a través de
sentencia de 27 de junio de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Para ello, tuvo en cuenta que la demandante solicitó el reconocimiento y
pago de sus cesantías, el 6 de septiembre de 2001, y la autoridad territorial en
Resolución VALLER2022000001 del 19 de enero de 2022 la reconoció, de forma
parcial; sin embargo, el dinero se puso a disposición de la interesada el 28 de febrero
de 2022. Adicionalmente, señaló que el 28 de junio de 2023, la accionante pidió a la
Secretaría de Educación Territorial y al FOMAG el pago de la sanción moratoria
prevista en el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006, ante lo cual la Secretaría guardó
silencio. Estimó que se incurrió en mora de 72 días, e impuso la condena al Municipio
de Valledupar, Secretaría de Educación, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1955 de
2019.

6. El apoderado del municipio de Valledupar interpuso recurso de apelación contra
esa decisión, para que se revocara en su totalidad, por considerar que la docente no
tiene el derecho concedido, dado que no existe medio de prueba alguno que acredite
que se acogió voluntariamente al régimen anualizado de cesantías.

7. En sentencia de 4 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar
revocó la decisión de primera instancia, tras determinar que: (i) la docente se vinculó
a la docencia oficial el 31 de octubre de 1995, es decir, antes de que entrara en vigor
la Ley 344 de 1996; (ii) en el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías
se hizo referencia al histórico de anticipos y pagos de cesantías, lo que es propio del
régimen retroactivo de cesantías; (iii) no se allegó al plenario medio de prueba alguno
que acredite que la educadora se hubiera acogido de forma expresa y voluntaria al
régimen de liquidación anual de cesantías estipulado en la Ley 50 de 1990, en el
cual, es propio el reconocimiento y pago de la sanción moratoria reclamada.

8. La accionante considera que el Tribunal incurrió en el defecto de
desconocimiento del precedente, dado que inaplicó la jurisprudencia del Consejo
de Estado que ha establecido como regla, que el reconocimiento de la sanción
moratoria originada en el pago tardío de las cesantías, previsto en las Leyes 244 de

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02011-00
Accionante: Rosa Ángel Ariza Coronado
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

1995 y 1071 de 2006 a favor de los docentes, es procedente independientemente
del régimen de cesantías (anualizado o retroactivo) que los ampare, dado que
cuando el legislador no distingue, no le es dable al intérprete hacerlo.

9. Citó las siguientes providencias:

➢ Sentencia del 5 de noviembre de 2020, proferida por la Subsección A, Sección
Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Rafael
Francisco Suárez Vargas, dentro del radicado 76001-23-33-000-2016-00773-
01(0871-18);
➢ Sentencia del 10 de julio de 2024, emitida por la Subsección B, Sección
Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Juan enrique
Bedoya Escobar, dentro del radicado 25000-23-42-000-2018-02066-01(6673-
2022);
➢ Sentencia del 27 de febrero de 2025, emitida por la Subsección A, Sección
Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Luís Eduardo
Mesa Nieves, dentro del radicado 13001-23-33-000-2018-00569-01 (3291-
2022).

10. Así mismo, estima que la providencia cuestionada adolece del defecto
sustantivo, en tanto dejó de aplicar disposiciones que rigen la materia y que resultan
aplicables para dirimir la controversia planteada en el proceso de origen, tales como
la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, que establecen el derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías,
sin distinguir el régimen de cesantías al que esté afiliado el docente.

Trámite impartido

11. Mediante auto de 16 de marzo de 2026 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión al Tribunal Administrativo del Cesar, como autoridad
accionada y, como tercero con interés, se vinculó al Ministerio de Educación
Nacional, Fomag3 y al Municipio de Valledupar, Secretaría de Educación.

12. También se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.

Intervenciones

13. El Tribunal Administrativo del Cesar intervino para señalar que reitera y acoge
la totalidad de argumentos de orden constitucional y legal señalados en la
providencia del 4 de septiembre de 2025.

14. El Ministerio de Educación Nacional, Fomag señaló que no tiene legitimación
en la causa por pasiva para atender las pretensiones de amparo planteadas por la
parte actora, dado que no profirió la sentencia a la que se le atribuye la vulneración
de los derechos fundamentales invocados.

3 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02011-00
Accionante: Rosa Ángel Ariza Coronado
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

15. Aunado a lo anterior, manifestó que la tutela es improcedente porque no cumple
el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la discusión planteada tiene
una connotación meramente económica.

16. Por último, se refirió a la autonomía e independencia de los jueces.

17. La Gobernación del Cesar, Secretaría de Educación solicitó que se declare
su falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que no profirió la
sentencia judicial censurada.

18. En todo caso, indicó que no incurrió en vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados y que la acción es improcedente porque se pretende
utilizar como instancia adicional del proceso ordinario y no expone con claridad los
defectos que vician la providencia censurada, que dan lugar a la supuesta violación
alegada.

19. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se pronunció en esta
ocasión.

CONSIDERACIONES

Competencia

20. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

Problema Jurídico y metodología de la decisión

21. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, en especial los de
subsidiariedad y relevancia constitucional.

22. En caso de encontrar superados los requisitos generales de procedibilidad, se
debe examinar si la decisión censurada, proferida por la autoridad judicial accionada,
incurrió en violación del derecho fundamental al debido proceso.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

23. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20054, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

4 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02011-00
Accionante: Rosa Ángel Ariza Coronado
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

24. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar5: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia
de tutela6, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional7 o el Consejo de Estado8, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP9; (iii) que se cumpla
con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un plazo
razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos
que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si existió la
posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con
el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los
medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación
de un perjuicio irremediable10 o los medios de defensa judicial existentes no sean
idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente
relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango
constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una
irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial
cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión
hubiese sido sustancialmente distinto.

Análisis de la Sala

Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad

25. Legitimación en la causa. La señora Rosa Ángel Ariza Coronado se encuentra
legitimada para interponer la acción de tutela, toda vez que es el titular de los
derechos fundamentales que considera vulnerados, en su condición de demandante
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20-001-33-33-
004-2023-00579-00/01. Allí se adoptó la decisión cuestionada.

26. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Tribunal Administrativo del Cesar, fue la autoridad judicial que profirió la sentencia
de segunda instancia a la que se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante.

27. Inmediatez. Se cumple con este requisito, toda vez que la sentencia objeto de
censura fue proferida el 4 de septiembre de 2025 y notificada el 9 de septiembre
siguiente, mientras que la tutela se instauró el 10 de marzo de 2026, es decir, dentro
de un término razonable.

5 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la

SU-215 de 2022.
6 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
7 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
8 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,

SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
10 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02011-00
Accionante: Rosa Ángel Ariza Coronado
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

28. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela, un tipo de
decisión que, por regla general, no admite cuestionamientos mediante otra acción de
la misma naturaleza11. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de
inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad12, ni de sentencias
interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación del Tribunal para la
Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de
dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y
abstracto».

29. Relevancia constitucional. El cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que
se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de
amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este
instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el
legislador.

30. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.

31. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,
en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance
de un derecho fundamental.

32. Para la Subsección, la tutela de la referencia deviene improcedente porque no
supera el requisito de relevancia constitucional13. En efecto, la discusión tiene un tinte

11 En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Si la

acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la
sentencia de tutela ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando (…) se esté ante el fenómeno de
la cosa juzgada fraudulenta (…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior]
a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o
vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí
procede, (…). Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si
se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite
del incidente de desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera excepcional».
12 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022,

SU 114 y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional.
13 En sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional recordó que la acción de tutela no es

procedente cuando el asunto gira en torno a un debate fundamentalmente económico, y no jurídico
sobre el contenido, alcance o goce de los derechos fundamentales invocados como vulnerados, o

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netamente económico, máxime si se repara en que la supuesta inaplicación de las
normas y la jurisprudencia invocadas desemboca en la inconformidad de la parte
actora por no haber obtenido el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
pretendida, la cual no tiene el rango de derecho constitucional.

33. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia SU-041 de 202014,
señaló:

3.3.2. Con todo, interesa precisar que en el asunto en cuestión no es
procedente la acción de tutela para establecer si las entidades accionadas
desconocieron el reconocimiento y pago de la prestación económica invocada
por los accionantes, ya que, por un lado, la sanción moratoria por el pago tardío
de cesantías no es un derecho de rango fundamental susceptible de ser
protegido vía recurso de amparo, y, por otro lado, para reclamar dicha
prestación, los docentes tienen a su alcance varios mecanismos
administrativos o judiciales (…).

34. Así las cosas, la controversia legal suscitada por la parte actora, escapa a la
órbita de conocimiento del juez constitucional, lo que fuerza la improcedencia de la
acción de tutela por ausencia del requisito general de relevancia constitucional.

35. Sumado a lo dicho, para la Sala es evidente que a través de la acción
constitucional de la referencia la señora Ariza Coronado pretende revivir el debate
suscitado en el proceso de origen, toda vez que los argumentos expuestos en la
demanda no evidencian la vulneración de una garantía fundamental, sino, más bien,
su inconformidad con la decisión adoptada, que se fundamenta en los mismos
aspectos que motivaron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
habida consideración de que la controversia aquí analizada, igualmente, gira en torno
al reconocimiento o no de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías,
de conformidad con lo señalado en el la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006,
bajo las reglas establecidas por el Consejo de Estado en la sentencia CE-SUJ2-012-
18 de 18 de julio de 2018.

36. En ese orden, la solicitud de amparo incumple la exigencia de relevancia
constitucional, no solo porque la discusión es meramente económica, sino también
porque a todas luces, la controversia propuesta es una reiteración de un debate ya
surtido ante el juez natural de la causa.

37. Subsidiariedad. El requisito de subsidiariedad exige que se hayan agotado
todos los medios disponibles para garantizar la protección de los derechos que se
estiman vulnerados, de modo que la tutela solo será procedente cuando el interesado
no disponga de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la

cuando se utiliza para reabrir un debate legal decidido al interior de un trámite ordinario. Sostuvo,
además, que «no toda incorrección en la aplicación de normas legales o en la valoración de los
hechos envuelve una violación del debido proceso susceptible de ser planteada mediante la acción
de tutela. Es imprescindible que dicha incorrección pueda ser traducida en un debate iusfundamental
concreto -no genérico o inespecífico- de manera tal que la intervención de la Corte sea indispensable
para precisar el alcance de la carta de derechos».
14 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo
impetrado.

38. La subsidiariedad busca impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e
idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

39. En el caso que se analiza, la parte actora invoca el desconocimiento del
precedente porque estima que el Tribunal Administrativo del Cesar, en la providencia
del 4 de septiembre de 2025, inaplicó la jurisprudencia del Consejo de Estado, según
la cual el reconocimiento de la sanción moratoria originada en el pago tardío de las
cesantías, previsto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 es procedente para
todos los docentes, por el hecho de ser servidores públicos, independientemente del
régimen de cesantías al que se encuentren afiliados (retroactivo o anualizado).

40. Para la Subsección, aunque la parte actora no lo señale expresamente, la
discusión planteada, en realidad versa sobre la indebida aplicación de la sentencia
de unificación CE-SUJ2-012-18 de 18 de julio de 2018, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en tanto señaló:

193. En tal virtud, la Sala dicta las siguientes reglas jurisprudenciales:
3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para
señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley
244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el
pago tardío de sus cesantías.

41. En ese orden, el error cometido, según la accionante, finalmente obedeció a la
inaplicación de la sentencia de unificación aludida, porque el Tribunal accionado no
tuvo la calidad de servidor público del personal docente, como criterio suficiente para
reconocer el derecho reclamado (sanción moratoria), tal y como lo señaló el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18 de 18 de julio de 2018;
sino que diferenció entre los docentes amparados por el régimen retroactivo de
cesantías y los afiliados al régimen anualizado, para señalar que los primeros no
tiene derecho a la sanción moratoria, distinción que no hizo el órgano de cierre.

42. Como se observa, la inconformidad de la demandante, en realidad, reside en una
inaplicación de las reglas de unificación sentadas por el Consejo de Estado. Ese
reproche podía ser planteado a través del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia.

43. En efecto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 256 y siguientes del
CPACA, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede, entre
otros, contra las sentencias de segunda instancia proferidas por los tribunales
administrativos en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter
laboral, sin consideración a la cuantía, «cuando la sentencia impugnada contraríe o

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02011-00
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se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado», que es
precisamente el supuesto que se cuestiona en esta acción de tutela.

44. Ahora bien, es cierto que puede flexibilizarse la regla de la subsidiariedad
cuando se advierte la existencia de un perjuicio irremediable o cuando la situación
amerita la intervención urgente del juez de tutela, caso en el cual procede la acción
como mecanismo transitorio.

45. El perjuicio irremediable es un riesgo cierto y real de daños provenientes de la
amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de producirse no
tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera
indemnización del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e
inmediata del juez de tutela, pero siempre que ese perjuicio se note sin justificación,
es decir, que provenga de acciones manifiestamente contrarias a la Constitución o
a la ley, al punto de ser atentados a los derechos fundamentales.

46. En el caso que se analiza, no se está ante un perjuicio irremediable o una
situación que requiera la intervención inmediata del juez constitucional para
salvaguardar derechos de raigambre constitucional, más aún si se recuerda que la
sanción moratoria es una penalidad de carácter económico que no alcanza la
naturaleza de derecho laboral. Al respecto, en la sentencia de unificación CE-SUJ2-
012-18 de 18 de julio de 2018, esta Corporación indicó:

184. De ahí que, en materia de sanción moratoria sea necesario distinguir su
naturaleza de la voluntad legislativa de orientar que el empleado fuera su
beneficiario, y en ese panorama concluir que se trata de un derecho; pues
contrario a ello, no se erige como una prerrogativa prestacional en la medida
que no busca proteger al trabajador de las eventualidades a las que puede
verse sometido durante una relación laboral, sino que se instituye como una
penalidad económica contra el empleador por su retardo en el pago de la
prestación social de las cesantías y en favor del servidor público.

185. En tal sentido, al no tratarse de un derecho laboral, sino de una penalidad
de carácter económica que sanciona la negligencia del empleador en la
gestión administrativa y presupuestal para reconocer y pagar en tiempo la
cesantía, no es procedente ordenar su ajuste a valor presente, pues, se trata
de valores monetarios que no tienen intención de compensar ninguna
contingencia relacionada con el trabajo ni menos remunerarlo.

47. En suma, la solicitud de amparo no satisface los requisitos de relevancia y de
subsidiariedad, pues, de una parte, se trata de una controversia netamente
económica que, además, reitera un debate resuelto por el juez natural, y de otra,
porque no se agotó la vía judicial dispuesta para debatir la supuesta desatención de
ciertas reglas establecidas por esta Corporación en una sentencia de unificación.

48. Bajo ese entendimiento, se declarará la improcedencia de la acción de tutela
instaurada por la señora Rosa Ángel Ariza Coronado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02011-00
Accionante: Rosa Ángel Ariza Coronado
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Rosa Ángel Ariza Coronado contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por
lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito,
de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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