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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02015-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02015-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por hecho superado en la acción de tutela presentada por la parte accionante, por las razones expuestas en esta providencia TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02015-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 02015 00
Accionante: Narda Natalia Vargas Rey
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Acción: Acción de tutela
Tema: Mora judicial
Decisión: Declara la carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por la señora Narda Natalia Vargas Rey, en
contra del Tribunal Administrativo del Meta.

1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Narda Natalia Vargas Rey, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela en contra de la citada autoridad judicial, y para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:

1. Que se ordene impulsar de manera inmediata y preferente el presente proceso,
evitando cualquier dilación injustificada.

2. Que se ordene reconocer la condición de prioridad procesal derivada de mi
enfermedad catastrófica grave.

3. Que se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva
de mis derechos fundamentales a la vida, la salud y la dignidad humana, fundados
en el principio de solidaridad y debilidad manifiesta para ordenar la prioridad
procesal porque la actora padece enfermedad grave.

4. Esta acción de tutela es interpuesta pidiendo el amparo y protección de mis
derechos fundamentales de petición; al debido proceso, al mínimo vital, a la vida,
en conexidad con la salud vulnerados por la accionada, con ocasión de: i) la mora
en la determinación del recurso de apelación y en la fijación de fecha de audiencia
de fallo, lo cual implícitamente conlleva a la mora en proferir un pronunciamiento
de fondo respecto del recurso de alzada. Y, la falta de respuesta a mi petición
escrita de impulso y prelación de fallo con sustento en su situación de debilidad
manifiesta por mi estado de salud. [Negrilla del texto original de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante manifestó que atraviesa una delicada situación de salud, al padecer
enfermedades profesionales de orden psiquiátrico y una enfermedad «catastrófica»
consistente en cáncer de mama, diagnosticado como C509.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2026 02015 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 02015 00
Accionante: Narda Natalia Vargas Rey
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta

Señaló que, como consecuencia de esta patología, se encuentra sometida a un
tratamiento prolongado de quimioterapia por un período de cinco años a través de la EPS
Sanitas.

Indicó que “se presenta un retraso injustificado en expedición de la sentencia de segunda
instancia dentro del Proceso Administrativo De Narda Natalia Vargas Rey V/S Fiscalía
General De La Nación. MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE
DERECHO. Con RADICADO: No. 50-001-33-33-006-2022-00003-01”2.

Expuso que, en atención a su condición médica y con fundamento en el principio de
solidaridad, el 13 de mayo de 2025 elevó una petición formal ante el magistrado del
Tribunal Administrativo del Meta, Carlos Enrique Ardila Obando, la cual fue remitida a los
correos institucionales correspondientes, sin que a la fecha haya recibido respuesta, pese
a haber esperado un término prudencial.

Aseveró que, otros servidores en situaciones similares obtuvieron sentencias favorables
en segunda instancia dentro de procesos adelantados contra la Fiscalía General de la
Nación, incluso, sin haber invocado condiciones de salud, ni solicitado celeridad del
proceso, configurándose así un trato desigual frente a su caso.

Alegó que la demora injustificada en la expedición de la sentencia de segunda instancia
en el citado proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelanta contra la
Fiscalía General de la Nación, vulnera sus derechos fundamentales a la vida, a la salud,
a la dignidad humana, al debido proceso, al mínimo vital y a la igualdad.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 10 de marzo de 20263 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 16 de marzo de 20264 la admitió y dispuso notificar5 al Tribunal
Administrativo del Meta, como parte accionada; así como vincular6, a la Fiscalía General
de la Nación, como tercero con interés directo en el proceso constitucional.

De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Meta, para que allegara copia
digital del expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, identificado con radicado núm. 50001 33 33 006 2022 00003 00/01.

3.2. El magistrado del Tribunal Administrativo del Meta, a cargo del proceso ordinario en
cuestión, rindió informe7 en el que realizó un recuento detallado del trámite del proceso,
destacando que este fue objeto de actuaciones ordinarias, incluido un trámite de

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2026 02015 00.
3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02015 00.
4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02015 00.
5 Esta orden se cumplió el 19 de marzo de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02015 00.
6 Esta orden se cumplió el 19 de marzo de 2026. Visto en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02015 00.
7
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02015 00.
2

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 02015 00
Accionante: Narda Natalia Vargas Rey
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta

impedimento resuelto por el Consejo de Estado, y que actualmente se encuentra en etapa
de fallo desde el 31 de enero de 2025.

Agregó que no ha existido mora judicial injustificada, pues el proceso ha seguido etapas
previstas por la ley y se encuentra dentro del turno ordinario de decisión, en un despacho
que cuenta con una elevada carga laboral. Precisó, además, que la solicitud de
priorización no fue presentada por los canales oficialmente habilitados y que la
accionante no adelantó actuaciones posteriores de impulso procesal. Sin embargo, indicó
que, dada la existencia de una línea jurisprudencial clara sobre el asunto, el proceso será
decidido de manera anticipada al turno que le corresponde.

3.3. La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación allegó escrito8
en el que sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, al no tener
competencia ni capacidad para incidir en los tiempos de decisión del Tribunal
Administrativo del Meta por lo que solicitó la desvinculación del presente trámite tutelar.

Finalmente, con fundamento en normas constitucionales y jurisprudenciales, solicitó que
no se profiera orden alguna en su contra, al no existir relación de causalidad entre su
actuación y la presunta vulneración de los derechos fundamentales accionados.

3.4. El 23 de abril de 2026, el consejero ponente manifestó su impedimento al considerar
que se encontraba incurso en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal.

De igual manera, el 30 de abril de 2026, los consejeros Nubia Margoth Peña Garzón y
Germán Eduardo Osorio Cifuentes también manifestaron su impedimento para conocer
del asunto, con fundamento en la misma causal.

3.5. Mediante auto del 12 de mayo de 2026, el consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta
advirtió la necesidad de completar el quórum decisorio, para lo cual ordenó a la Secretaría
General de la Corporación realizar el sorteo de tres conjueces. Como resultado, fueron
designados los doctores Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Alfredo Beltrán Sierra y la
doctora Isabel Cristina Jaramillo Sierra.

3.6. Por auto del 28 de mayo de 2026, se resolvieron los impedimentos formulados,
declarándolos infundados al considerarse que el objeto de la presente acción de tutela
no implica analizar la aplicabilidad de la prima especial de servicios prevista en el artículo
14 de la Ley 4 de 1992.

3.7. El expediente ingresó nuevamente al despacho el 12 de junio de 20269.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 10 y el artículo

8 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02015 00.
9
Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 02015 00.
10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”

3

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2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,11 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201913, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:

4.2.1. La señora Narda Natalia Vargas Rey, actuando por conducto de apoderada,
interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General
de la Nación, con el fin de que se declarara la nulidad de varios actos administrativos
proferidos por dicha entidad, entre ellos el Oficio núm. 30900-S-340 del 18 de diciembre
de 2019, la Resolución núm. 013 del 20 de enero de 2020 y los Oficios núms. 30900-145
del 29 de marzo de 2021 y 30900-281 del 12 de julio de 2021.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a la entidad
demandada a reconocer y pagar la suma de $142.755.669, correspondiente a la
reliquidación y pago de la prima especial de servicios, equivalente a un incremento del
30 % sobre el salario básico o asignación mensual, dejada de percibir entre el 25 de
octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2020, pese a haberse presentado oportunamente
la reclamación administrativa en los términos del artículo 6 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social, el 25 de octubre de 2018.

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado 404 Administrativo Transitorio
del Circuito Judicial de Villavicencio que, en sentencia del 17 de abril de 2024 accedió
parcialmente a las pretensiones.

4.2.3. Inconforme con la anterior decisión, la entidad accionada interpuso recurso de
apelación y el asunto fue repartido el 6 de junio de 2024 y actualmente está en
conocimiento del despacho núm. 2 del Tribunal Administrativo del Meta.

4.2.4. La señora Narda Natalia Vargas Rey presentó derecho de petición el 13 de mayo
de 2025 dirigido al magistrado Carlos Enrique Ardila Obando, mediante el cual solicitó la
priorización y celeridad procesal en el trámite del proceso de su interés, con el fin de que
se profiera de manera pronta la sentencia de segunda instancia, en atención a su delicada
condición de salud.

4.2.5. El 16 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia de
segunda instancia que confirmó la sentencia proferida el 17 de abril de 2024.

11 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
12 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
14 Visto en los índices 2 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

50001 33 33 006 2022 00003 00/01.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 02015 00
Accionante: Narda Natalia Vargas Rey
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4.3. CUESTIÓN PREVIA

La Sala se pronunciará sobre la solicitud por falta de legitimación en la causa por pasiva
formulada por la Fiscalía General de la Nación

Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Corte Constitucional en sentencia T-416
del 28 de agosto de 1997 señaló lo siguiente:

[…] 2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha
calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe
entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al
demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor
le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

(…)

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución
como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se
promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por
la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de
las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto. (Subrayas fuera del texto
original).

En ese sentido, la Sala advierte que la Fiscalía General de la Nación, manifiesta su falta
de legitimidad por pasiva del presente asunto, aduciendo que los hechos que fueron
esbozados en la petición de amparo no eran atribuibles a esa entidad.

Sin perjuicio de lo anterior, es menester señalar que tal y como quedó constancia en el
auto admisorio de la demanda, la vinculación de esta entidad al presente asunto es
consecuencia del interés que le puede asistir en las resultas del proceso, toda vez que
intervino en el proceso identificado con el radicado núm. 50001 33 33 006 2022 00003
00/01, objeto de reproche en el presente trámite tutelar. De ahí que no sea posible
acceder a la solicitud de desvinculación.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

La acción de tutela fue establecida por la Constitución Política de 1991 con la finalidad
de que toda persona, mediante un procedimiento preferente y sumario, solicite la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública; “en ocasiones, sin
embargo, la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
presunta vulneración de los derechos, conlleva a que la acción de amparo pierda su razón
de ser como mecanismo extraordinario de protección judicial”15.

15 Corte Constitucional. Sentencia SU – 522 del 5 de noviembre de 2019. M.P.: Diana Fajardo Rivera.

5

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La Corte Constitucional ha indicado que la carencia actual de objeto se configura “cuando
la orden del juez constitucional no tendría efecto alguno o “caería al vacío” 16 y puede
presentarse bajo las categorías de (i) daño consumado, (ii) hecho superado, (iii) situación
sobreviniente o (iv) sustracción de materia.

En cuanto al hecho superado, se presenta cuando:

[…] entre la interposición de la acción y la emisión de la decisión cesan las
circunstancias que dieron lugar a la solicitud de amparo, de modo que “la amenaza
o violación del derecho no existen al momento de proferir el fallo, salvo que los
hechos que configuran una u otra persistan y sean actual y ciertamente percibidas
por el juez”. Significa ello que el hecho superado se consolida cuando la materia
de decisión se sustrae, o lo que en algunas ocasiones es lo mismo, cuando todas
las pretensiones fueron satisfechas al punto en que la amenaza sobre los
derechos cesó y ésta no reclama intervención judicial alguna (ultra o extra petita)
[…]17.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha explicado lo siguiente:

[…] la ocurrencia de un hecho superado se asocia principalmente a la desaparición
de “los motivos que (…) originaron” la formulación de la acción. Estos motivos son
concebidos desde dos puntos de vista distintos pero complementarios. De una
parte, hay un enfoque que liga los motivos de la interposición de la acción a los
presupuestos fácticos o situaciones de hecho que llevaron al actor a percibir una
amenaza para sus derechos y que, al mismo tiempo, constituyen el marco de
decisión del juez de tutela; y de otra, la motivación se entiende en función de las
pretensiones hechas en el escrito de tutela, de modo que cuando “la pretensión
instaurada en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, el
instrumento constitucional pierde eficacia y por tanto, su razón de ser […]18.

Descendiendo al caso concreto, se advierte que la señora Narda Natalia Vargas Rey
promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad humana, al
debido proceso, al mínimo vital y a la igualdad, debido a que, al momento de la radicación
de la acción de tutela, dicha autoridad judicial no había proferido fallo de segunda
instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con
radicado núm. 50001 33 33 006 2022 00003 00/01

Al revisar el expediente en SAMAI del citado proceso, la Sala advierte que el 16 de abril
de 2026 el Tribunal Administrativo del Meta profirió fallo de segunda instancia, que
confirmó la sentencia del 17 de abril de 202419.

En este contexto, la Sala concluye que se configura una carencia actual de objeto por
hecho superado, toda vez que, al haberse proferido el fallo de segunda instancia, los
motivos que dieron lugar a la presentación de la acción de tutela se encuentran
satisfechos por parte de la autoridad accionada durante el curso del presente trámite
constitucional.

16 Corte Constitucional. Sentencia T-086 del 2 de marzo de 2020. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-213 del 1 de junio de 2018. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
18 Ibidem.
19
Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
50001 33 33 006 2022 00003 01
6

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 02015 00
Accionante: Narda Natalia Vargas Rey
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta

En consecuencia, como la situación fáctica que dio lugar a la presentación de la solicitud
de amparo ya fue atendida por la autoridad judicial accionada en el trámite de la tutela,
la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Fiscalía General de
la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por hecho superado en
la acción de tutela presentada por la parte accionante, por las razones expuestas en esta
providencia

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 25 de
junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

7

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