Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02017-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02017-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02017-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
7 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02017-00
Demandante: Fabio José Urrego Yáñez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 7 de mayo de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02017-00
Demandante: FABIO JOSÉ URREGO YÁÑEZ
Demandado: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA
Temas: Acción de tutela contra acto administrativo. Edad de retiro forzoso.
Carencia actual de objeto por hecho sobreviniente
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Fabio José Urrego Yáñez contra el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 7 de noviembre de 20251, en ejercicio de la acción de tutela, el señor Fabio José Urrego
Yáñez pidió la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso,
seguridad social en salud y vida digna.
A juicio del demandante, la vulneración se presenta con ocasión de la Resolución 96 del
23 de octubre de 2025, por la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta
decretó la cesación definitiva de funciones del señor Urrego Yáñez en el cargo de Juez
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta, a partir del 31
de octubre de 2025, por haber llegado a la edad de retiro forzoso.
2. Pretensiones
El actor formuló las siguientes pretensiones:
Peticiones.
Con fundamento en los hechos y consideraciones antecedentes, solicito al juez colegiado de
tutela, que se me conceda el amparo de mis derechos constitucionales fundamentales al mínimo
vital y móvil, al debido proceso, a la seguridad social en salud y a la vida digna, vulnerados por el
Tribunal Superior de Santa Marta, con ocasión de la expedición y aplicación inmediata de la
resolución 096 del 23 de octubre de 2.025 (23 de octubre), notificada a mi correo institucional el
29 de octubre; en consecuencia:
Como petición principal, que se ordene al Tribunal Superior de Santa Marta, que deje sin efecto
la mencionada resolución y que en su lugar expida una nueva, concediéndome la prórroga
solicitada el 6 de octubre de 2.025 ante la Presidencia del Tribunal, hasta tanto se corrija la historia
laboral y se me expida la Resolución de pensión de vejez, ya que he laborado en diversos cargos
en la Rama Judicial desde el 11 de enero de 2.000 hasta el 31 de octubre de 2.025, --los últimos
10 años ininterrumpidamente como juez--, fecha en que se expidió la resolución 096 que decretó
la cesación de mis funciones como juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad
de Santa Marta.
1 La tutela se radicó inicialmente en la Corte Suprema de Justicia con el número STP21784-2025.
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Demandante: Fabio José Urrego Yáñez
Petición especial:
Solicito, de conformidad con lo señalado en el artículo 7.º del Decreto Ley 2591 de 1991 y con el
fin de que cese de inmediato la vulneración de mis derechos constitucionales fundamentales,
materializada con la expedición y aplicación inmediata, de la Resolución 096 del 23 de octubre
de 2.025, desde el pasado 31 de octubre, y se ordene al Tribunal Superior de Santa Marta, como
tutela provisional, que deje sin efecto la mencionada resolución y que en su lugar se me conceda
la prórroga solicitada el 6 de octubre de 2.025 ante la Presidencia del Tribunal, y se me restituyan
las función como Juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Santa Marta.
Petición Subsidiaria.
Subsidiariamente solicito que, de no accederse a las anteriores peticiones y en aras de
salvaguardar mi derecho al mínimo vital, seguridad social y dignidad humana, se vincule y ordene
a Colpensiones se sirva corregir mi historial laboral y proceda a expedir acto administrativo de
reconocimiento pensional de conformidad al tiempo de servicio que se ha certificado por parte de
mi empleador.
3. Hechos
Del escrito de tutela y del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El señor Fabio José Urrego Yáñez nació el 31 de octubre de 1955 y se desempeñó en
diferentes empleos en la Rama Judicial desde el 11 de enero de 2000, y para octubre de
2025 fungía como Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en
Santa Marta.
El 1.º de octubre de 2025, el accionante radicó ante Colpensiones una petición de
corrección del récord laboral, por considerar que sus semanas de cotización reportadas
se encontraban incompletas.
El 6 de octubre de 2025, el actor puso la anterior situación en conocimiento del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y solicitó no aplicar el retiro forzoso del
servicio, teniendo en cuenta las particularidades de su caso.
Por Resolución 96 del 23 de octubre de 2025, la Sala Plena del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Marta decretó la cesación de funciones del señor Fabio José
Urrego Yáñez como Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Santa Marta, a partir del 31 de octubre de 2025, por haber llegado a la edad de retiro
forzoso.
4. Fundamentos de la acción de tutela
El señor Fabio José Urrego Yáñez alegó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Marta vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso,
seguridad social en salud y vida digna, al retirarlo del servicio sin tener en cuenta que si
bien existen medidas estatales para proteger la garantía al mínimo vital para quienes son
separados de su cargo, como ocurre con la pensión de vejez, o en menor medida con las
herramientas de asistencia y protección del Estado para las personas de la tercera edad,
la jurisprudencia constitucional también ha establecido que la desvinculación de un
funcionario por alcanzar la edad de retiro forzoso, no puede operar de manera objetiva o
automática, ya que se requiere, en todos los casos, de un análisis de las particularidades
del asunto sometido a consideración, en especial en lo que tiene que ver la protección al
mínimo vital de los adultos mayores.
El actor citó las sentencias T-296 de 2024 y T-374 de 2024 de la Corte Constitucional,
que, según dijo, en casos similares, ha garantizado la estabilidad laboral de los servidores
prepensionados que cumplen la edad de retiro forzoso.
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5. Trámite procesal
La demanda de tutela fue presentada y repartida a la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, que profirió fallo de 18 de noviembre de 2025; sin embargo, al
conocer de la impugnación propuesta, en auto de 4 de marzo de 2026, la Sala de
Casación Civil de esa Corporación declaró la nulidad de todo lo actuado y ordenó remitir
la acción de tutela a esta Corporación, de conformidad con la regla de reparto contenida
en el numeral 8 del artículo 1.° del Decreto 333 de 2021.
El 11 de marzo de 2026, el proceso ingresó al despacho para decidir sobre la admisión.
Por auto del 20 de marzo de 2026, el Despacho Sustanciador admitió la demanda,
denegó la medida provisional solicitada2 y, entre otras cosas, ordenó notificar en calidad
de demandados a los magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Marta. Adicionalmente, vinculó en calidad de terceros con interés a la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Santa Marta y al juez primero de ejecución de penas y
medidas de seguridad de Santa Marta.
Asimismo, se requirió a Colpensiones para que remitiera la historia laboral actualizada
del accionante, así como las peticiones relacionadas con el reconocimiento pensional, y
a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta para que certificara
todas las vinculaciones del actor con la Rama Judicial.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 25 y 27 de marzo
de 2026.
6. Intervenciones
La presidenta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta solicitó que
se declarara improcedente la acción de tutela. Informó que se estudió la situación del
accionante a la luz de los postulados legales como el artículo 1 de la Ley 1821 de 2016,
el concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública dentro del radicado
20246000000791 de 2024 y los parámetros jurisprudenciales establecidos por la Corte
Constitucional en distintas decisiones como la T-024-2025 y la T-118-2025.
Indicó que la valoración probatoria se circunscribió a lo aportado por el actor, así como a
su situación económica particular como juez de la República, su tiempo de servicio y los
valores que fueron consignados ante su fondo de cesantías, así como la expectativa de
acceder al retroactivo correspondiente una vez se le reconociera la pensión de vejez.
Agregó que se logró comprobar que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Santa Marta citó en varias oportunidades desde el 2023 al accionante a los
talleres encaminados a preparar a los servidores para la desvinculación laboral; sin
embargo, el actor no inició las gestiones para definir su situación pensional, máxime
cuando la Corporación lo requirió seis meses antes del cumplimiento de la edad de retiro
forzoso, para los efectos pertinentes.
Como consecuencia de lo anterior, consideró que no se vulneraron los derechos
fundamentales invocados, comoquiera que el análisis realizado de la situación estuvo
acorde a los principios constitucionales. Durante el trámite y el análisis final se materializó
en todo momento la salvaguarda a las prerrogativas invocadas, sin desconocer la
jurisprudencia de la Corte Constitucional que rige la materia.
2 El actor solicitó como medida provisional la que se decretara la suspensión de la resolución 096 de 23 de octubre de
2025.
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Demandante: Fabio José Urrego Yáñez
Resaltó que ese tribunal no aplicó de manera automática la causal de desvinculación del
servicio por cumplimiento de la edad de retiro forzoso, sino que estudió las
particularidades del caso, para lo cual se siguió lo expuesto por la Corte Constitucional
en sentencias como la T-118-25.
El apoderado de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta
manifestó que comparecía en calidad de tercero y que en tal medida solo se limitó a
remitir la certificación laboral del accionante.
El Juzgado Primeroo dEjecuciónón dPenasas Medidasas dSeguridadad de Santa
Marta, guardó silencio pese a haber sido debidamente notificado de la presente acción.
La Administradora Colombiana de Pensiones contestó el requerimiento e informó que
se notificó al demandante que sus tiempos de servicios cotizados estaban corregidos y
su historia laboral, y además indicó que a la fecha ya se hizo el reconocimiento pensional
al tutelante por medio de la Resolución SUB-51584 de 13 de febrero de 2026.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Fabio José Urrego Yáñez para cuestionar la Resolución 096 del 23 de octubre de 2025,
por la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta decretó la cesación
definitiva de funciones del actor en el cargo de Juez Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Santa Marta a partir del 31 de octubre de 2025, por haber
llegado a la edad de retiro forzoso.
La Sala anticipa que, si bien se cumplen los requisitos excepcionales previstos por la
Corte Constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos de retiro, lo que, en principio, habilitaría el estudio de fondo del asunto,
se declarará la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i)
generalidades de la acción de tutela, (ii)a edad como causal de retiro del servicio y a las
pautas que ha creado la Corte Constitucional para que la desvinculación se haga de
manera razonable y en atención a las circunstancias especiales de cada caso, (iii) la
carencia actual de objeto, (iv) análisis del caso concreto.
2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga el demandante.
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3. La edad como causal de retiro forzoso. Pautas jurisprudenciales sobre la
desvinculación3
El artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 establecía que todo empleado que cumpla 65
años sería retirado del servicio. Esa regla tenía como fundamento la expectativa de vida
de los colombianos, que, para la época, era de 61,83 años para las mujeres y 58,33 años
para los hombres.
Luego, el artículo 1° de la Ley 1821 de 2016 actualizó la regla sobre retiro forzoso a 70
años. La ley se expidió con el fin de que la permanencia de las personas en cargos
públicos guarde correspondencia con las actuales tablas de longevidad y para retener a
favor del servicio público la experiencia de las personas mayores.
Sobre el aumento en la edad de retiro forzoso, la Corte Constitucional, en sentencia C-
084 de 20184, concluyó que “el señalamiento de una nueva edad de retiro forzoso se justificó
en criterios objetivos, en los que se tuvo en cuenta el aumento en la expectativa promedio de vida
de la población, el mayor envejecimiento de la misma, la necesidad de incluir su experiencia
dentro de las fuerzas productivas del país, la posibilidad de aumentar la cobertura en el acceso
del derecho a la pensión de jubilación, los ahorros a favor de la sostenibilidad financiera del
sistema pensional y la alternativa de contar con recursos adicionales para atender mandatos de
solidaridad”.
Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que las normas
que establecen el retiro forzoso como causal de desvinculación deben aplicarse de
manera razonable y que se deben valorar las circunstancias especiales de cada caso, en
aras de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los adultos mayores.
Justamente por lo anterior, en la sentencia T-376 de 2016, la Corte Constitucional reiteró
algunas pautas que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir sobre el retiro, según
la situación en la que se encuentre el interesado. Esas pautas son las siguientes:
(i) En aquellos casos en los que el trabajador retirado del servicio ya cumple los requisitos para
acceder a la pensión de vejez, pero esta no ha sido reconocida por demora del Fondo de Pensiones
o por negligencia del empleador en adelantar los trámites o mora en el pago de cotizaciones a su
cargo, la Corte ha ordenado el reintegro de la persona hasta tanto tenga lugar el reconocimiento
de la pensión y su inclusión en la respectiva nómina de pensionados. 5
(ii) Cuando está probado que al trabajador en edad de retiro forzoso le falta un corto tiempo para
cumplir el tiempo de cotizaciones, ha ordenado su reintegro hasta completar las cotizaciones y se
produzca el reconocimiento efectivo de la pensión de vejez 6. En estos casos, si bien la Corte ha
precisado que las normas sobre retén social (Ley 790 de 2002), que establecen estabilidad laboral
reforzada para los servidores públicos a quienes les falte un máximo de tres años para cumplir los
requisitos para pensionarse, fueron previstas solo para trabajadores de empresas estatales en
liquidación, pueden no obstante ser empleadas como parámetro de interpretación para determinar
cuál es el plazo razonable para mantener vinculado al servidor que alcanza la edad de retiro forzoso
sin haber completado el tiempo de cotizaciones necesario para obtener el reconocimiento de una
pensión.7
3 La Sala reitera las consideraciones expuestas en la sentencia del 30 de marzo de 2023, dictada en el proceso de
tutela 70001-23-33-000-2023-00016-01, M.P. Wilson Ramos Girón. También la sentencia de 22 de febrero de 2024
dictada en el proceso de tutela 11001-03-15-000-2024-00200-00, M.P. Wilson Ramos Girón.
4 En el mismo sentido ver las sentencias C-135 de 2018 y C-426 de 2020.
5 Cita original de la sentencia: “Tal ha sido la decisión adoptada, entre otras, en las sentencias T-012 de 2009 (MP.
Rodrigo Escobar Gil), T-685 de 2009 (MP. Jorge Iván Palacio), T-007 de 2010 (MP. Jorge Ignacio Pretelt), T-487 de
2010 (MP. Juan Carlos Henao) y T-154 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva)”.
6 Cita original de la sentencia: “Es el caso de la sentencia T-495 de 2011 (MP. Juan Carlos Henao. AV. Gabriel Eduardo
Mendoza), donde se resuelve el caso de un trabajador desvinculado del cargo por haber alcanzado la edad de retiro
forzoso, y a quien le faltaban sólo dos meses y medio para cumplir con el tiempo de cotizaciones requerido para
acceder a la pensión de vejez”.
7 Cita original de la sentencia: “Este criterio interpretativo fue fijado en la sentencia T-495 de 2011 (MP. Juan Carlos
Henao. AV. Gabriel Eduardo Mendoza). Cabe señalar que, en una decisión anterior, adoptada en la sentencia T-496
de 2010 (MP. Jorge Ignacio Pretelt, SV. Humberto Sierra Porto), la Corte resolvió la tutela interpuesta por una persona
a quien le faltaban menos de dos (2) años de servicios para que se le reconociera su derecho a la pensión de vejez.
En aquella ocasión la Corte estableció que la peticionaria tenía derecho a ser reintegrada y a que la entidad accionada
no la desvinculara hasta que manifestara si seguiría cotizando al sistema hasta cumplir con el número de semanas
exigidas para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez, caso en el cual la entidad no estaría obligada a
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(iii) Cuando exista controversia o vacíos probatorios sobre el tiempo cotizado por el trabajador en edad
de retiro forzoso, de modo tal que no se logre establecer si cumple los requisitos para acceder a la
pensión de vejez, se ha concedido la tutela como mecanismo transitorio, ordenando el reintegro
del peticionario y confiriéndole un plazo para interponer las acciones correspondientes ante la
jurisdicción ordinaria.8
(iv) Finalmente, en casos de personas de edad avanzada que no lograron cumplir los requisitos para
acceder a la pensión de vejez, pero si satisfacen las condiciones para obtener la pensión de retiro
por vejez,9 la Corte amparó su derecho ordenando el reconocimiento inmediato de esta última
prestación.10
En términos generales, y atendiendo a las circunstancias específicas de cada caso, la
Corte Constitucional ha venido reiterando las pautas antes mencionadas, como puede
constatarse en las sentencias T-326 de 2014, T-643 de 2015, T-638 de 2016 y T-413 de
2019.
En el mismo sentido, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en auto del
20 de septiembre de 201911, se refirió a las excepciones a la causal de retiro forzoso por
la edad desde el punto de vista jurisprudencial de la Corte Constitucional, para concluir
que es necesario determinar al momento de su desvinculación si el funcionario había
logrado el reconocimiento de una pensión que garantizara su derecho al mínimo vital y
tampoco contara con otra fuente de ingresos que permitiera satisfacer sus necesidades
básicas.
A partir de decisiones de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, también sostuvo que, además de verificarse que la pensión no se
reconociera por mora en el fondo de pensiones, pese a cumplir con los requisitos para
recibir la pensión o que le faltare un corto periodo de tiempo para completar el número
de semanas de cotización requeridas para acceder a la pensión de vejez, debían tenerse
en cuenta los siguientes criterios para la valoración de la afectación al mínimo vital:
(i) Criterio económico. Consiste en evaluar (a) si el salario es el único ingreso del trabajador; (b) si
éste tiene bienes o propiedades que puedan servirle para satisfacer sus necesidades básicas; (c) si
su salario permite proyectar unos ahorros razonables mientras el trabajador obtiene su pensión; (d)
si los ingresos actuales permiten o no sufragar los gastos del núcleo familiar y (e) si el trabajador
tiene deudas contraídas tiempo atrás.
(ii) Criterio laboral. Consiste en evaluar (a) cuál es el vínculo laboral que tiene el empleado con la
entidad (empleado de carrera, libre nombramiento y remoción, etc.) y (b) cuál es la profesión o trabajo
que desempeña el accionante, pues el juez debe considerar prima facie las probabilidades de que
el trabajador vuelva a ingresar al mercado laboral”
En consecuencia, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, indicó que
solo en el evento en que se cumplan las condiciones anteriormente referidas, era posible
mantenerla en el cargo, o si optaría por solicitar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez, evento en el cual la entidad sólo podría desvincularla hasta que la administradora de fondos de pensiones le
reconociera y pagara dicha prestación, con el fin de asegurar la protección de su mínimo vital. Sin embargo, el
magistrado Humberto Antonio Sierra Porto salvó su voto por considerar que “no darle la orden a la entidad demandada
de mantener a la accionante en el cargo que venía desempeñando, en caso de escoger la primera opción que se le
da en la parte resolutiva de la sentencia, es tanto como negarle la oportunidad de acceder a la pensión de vejez, pues
difícilmente será contratada por otra entidad para poder continuar cotizando los dos años que le faltan para adquirir el
derecho pensional”.
8 Cita original de la sentencia: “Sentencia T-174 de 2012 (MP. María Victoria Calle)”.
9 Cita original de la sentencia: “Prevista en el artículo 29 del Decreto 3135 de 1968 como una prestación sucedánea
para aquellos empleados públicos o trabajadores oficiales que alcancen la edad de retiro forzoso sin cumplir los
requisitos para obtener la pensión de vejez”.
10 Cita original de la sentencia: “Tal fue la decisión adoptada en las sentencias SU-189 de 2012 (MP. Gabriel Eduardo
Mendoza, SV. Juan Carlos Henao, María Victoria Calle y Luis Ernesto Vargas), respecto de un docente de 74 años de
edad, quien no obstante haber prestado servicios por más de 1200 semanas, no había alcanzado a cotizar el número
de semanas requerido, pues buena parte de su labor docente la había cumplido como miembro de una comunidad
religiosa, razón por la cual no se efectuaron las respectivas cotizaciones. Por su parte, en la sentencia T-067 de 2013
(MP. Jorge Ignacio Pretelt), la Corte ordenó el reconocimiento de la pensión de retiro por vejez a una persona de 100
años de edad, quien desde sus 79 años, cuando fue retirado del servicio, había solicitado en vano el reconocimiento
de dicha pensión”.
11 Proceso No. 05001-23-33-000-2018-01750-01. M.P. Sandra Lisset Ibrra Vélez.
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Demandante: Fabio José Urrego Yáñez
ordenar de manera excepcional el reintegro del servidor público al cargo que
desempeñaba o a uno equivalente, pese a haber alcanzado la edad de retiro forzoso
prevista en la ley.
En pronunciamientos más recientes12, la Corte Constitucional ha agregado las siguientes
precisiones sobre la procedencia del retiro por cumplimiento de la edad de retiro forzoso:
116. En ese orden de ideas, la jurisprudencia constitucional ha enfatizado que la desvinculación de un
funcionario por alcanzar la edad de retiro forzoso, “no puede operar de forma objetiva o automática, ya
que se requiere, en todos los casos, de un análisis de las particularidades del asunto sometido a
consideración, especialmente, en lo relativo a la protección del mínimo vital de los adultos mayores”. En
la sentencia T-495 de 2011, se sostuvo lo siguiente:
“En suma, la Corte ha precisado que la desvinculación de un funcionario por alcanzar la edad de
retiro forzoso no puede llevarse a cabo de manera objetiva y automática, sin analizar antes las
particularidades de cada caso, debido a que como la decisión implica privar de un ingreso a una
persona de la tercera edad, ello puede tener consecuencias transgresoras de garantías
fundamentales que pueden ir desde el derecho al mínimo vital hasta el derecho a la salud. En otras
palabras, la desvinculación de los trabajadores por el motivo de alcanzar la edad de retiro forzoso,
sin haber alcanzado a cumplir los requisitos para obtener su pensión, debe hacerse con base en
argumentos razonables y medidas de proporcionalidad entre la posibilidad legal del empleador de
tomar dicha decisión, y la situación de desprotección en que pueda quedar el trabajador; ello porque
la omisión del empleador en evaluar las circunstancias particulares del adulto mayor, puede devenir
en vulneración de los derechos al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas.”
117. Lo expuesto fue reiterado en la sentencia T-360 de 2017, en donde la Corte identificó una regla
según la cual, la aplicación de las normas que establecen la edad de retiro forzoso, como causal de
desvinculación del servicio, debe hacerse de forma razonable, valorando las circunstancias particulares
y especiales de cada caso, para evitar la vulneración de derechos fundamentales, como el mínimo vital
y la vida digna. Además, en la referida providencia, esta Corporación señaló que las condiciones que
deben verificarse para no aplicar automáticamente el retiro forzoso son:
(i) Que no haya sido reconocida la pensión al funcionario por la demora en el fondo de pensiones,
por inconsistencias en la historia laboral, o por otra circunstancia similar a las expuestas, pese a
cumplir con los requisitos para recibir la pensión de vejez; o, en su lugar,
(ii) Que al servidor le falte un corto período de tiempo para completar el número de semanas
requeridas para acceder a la pensión, exigencia que tradicionalmente se ha vinculado con la
acreditación de la condición de prepensionado[
(...)
119. Así bien, es claro que la regla general es que la administración debe retirar del servicio a los
funcionarios públicos que cumplen la edad de retiro forzoso, y sólo excepcionalmente, conforme con la
jurisprudencia constitucional, es posible proceder con su inaplicación, cuando de por medio se encuentra
alguno de los dos supuestos previamente señalados, y siempre que la desvinculación tenga la capacidad
de comprometer sus derechos fundamentales.
120. En ese orden, y con miras a preservar el alcance de la citada regla general, es claro que, en las
hipótesis excepcionales advertidas por la jurisprudencia, no es posible dar aplicación objetiva a la causal
de retiro forzoso por cumplir una cierta edad (hoy en día establecida a los 70 años, (i) cuando la entidad
pública conozca o haya debido conocer, situaciones que puedan conllevar a una vulneración de los
derechos fundamentales del servidor público a desvincular, o (ii) cuando tales situaciones hayan sido
alegadas por el trabajador, especialmente en lo relacionado con la protección de sus derechos a la
seguridad social, a la salud y al mínimo vital. Por consiguiente, para establecer la razonabilidad de la
medida, se debe recurrir al examen de las condiciones de subsistencia del trabajador desvinculado, (a)
a efectos de determinar si cuenta con ahorros suficientes para asegurar sus condiciones de vida y las de
su familia, en consonancia con sus ingresos y gastos actuales y futuros; (b) así como al análisis de las
afectaciones al derecho a la seguridad social, y a la posibilidad de acceder a una pensión, atendiendo a
la posible dificultad que, por su edad o por su estado de salud, tenga para reintegrarse a la vida laboral,
a partir de su profesión u oficio
121. Finalmente, en aquellos eventos en los que se evidencia una vulneración a los derechos
fundamentales del servidor público retirado del cargo, por no aplicar de forma razonable la edad de retiro
forzoso, por regla general, la Corte ha ordenado el reintegro al mismo puesto que venía desempeñando
o a otro similar, hasta tanto le sea reconocida a la persona afectada la pensión de vejez y sea incluida
12 Sentencia T-521 de 2024. Tesis reiterada en las sentencias T-296/24, T-042/25, y T-024/25
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Demandante: Fabio José Urrego Yáñez
en nómina. Esta medida se justifica, al entender que el amparo busca que la persona pueda encontrar
un medio de subsistencia, al producirse su retiro definitivo del servicio.
4. La carencia actual de objeto
El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: «Si, estando en curso la tutela, se
dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la
actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes».
El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que
la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales.
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual
de objeto puede presentarse a partir de tres eventos que sugieren consecuencias
distintas: el hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente.
En lo que aquí interesa, el hecho sobreviniente se configura cuando por cualquier
circunstancia diferente al hecho superado y el daño consumado, la orden del juez de
tutela no surtiría ningún efecto. A manera de ilustración, la Corte Constitucional ha
declarado un hecho sobreviniente cuando: «(i) el actor mismo es quien asume la carga que
no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y
a la entidad demandada- ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental;
(iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad
demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la Litis».
5. Análisis del caso concreto
En el presente asunto, el actor alega que la Resolución 096 de 23 de octubre de 2025,
dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, vulneró los derechos
fundamentales al mínimo vital, debido proceso, seguridad social en salud y vida digna.
Eso quiere decir que, en principio, el demandante podría acudir a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. Sin embargo, a partir de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional que se reseñó en el capítulo anterior, la Sala considera que en el presente
asunto la acción de tutela sería procedente para cuestionar los actos administrativos que
decretaron la cesación definitiva de funciones del actor en el cargo de Juez Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta a partir del 31 de octubre
de 2025, por haber llegado a la edad de retiro forzoso, por cuanto a el actor le faltaban
menos de tres años para cumplir el requisito de semanas de cotización y según informó
en la acción de tutela, el salario era su única fuente de ingreso, si no fuera porque en el
informe rendido por Colpensiones como consecuencia del requerimiento efectuado por
el despacho sustanciador al momento de admitir la acción de tutela, se logró establecer
que mediante Resolución SUB 51584 de 13 de febrero de 2026, se reconoció la pensión
a favor del demandante y se dispuso la inclusión en nómina de la prestación a partir de
marzo de 2026.
En consecuencia, es claro que con la actuación de un tercero (Colpensiones), se
garantizó la protección del derecho fundamental al mínimo vital del accionante, el cual
era el propósito de la presente acción de tutela, de manera que no resulta necesario
analizar si es procedente ordenar su permanencia en el cargo de Juez Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta como se pretende.
Como quiera que en el presente caso resulta inane cualquier pronunciamiento de fondo
por parte del juez de tutela, se declarará la carencia actual de objeto por hecho
sobreviniente de la acción de tutela interpuesta por el señor Fabio José Urrego Yáñez.
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Demandante: Fabio José Urrego Yáñez
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente de la acción de tutela
presentada por el señor Fabio José Urrego Yáñez.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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