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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02025-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02025-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Óscar Javier Martínez Romero contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F por falta del requisito de inmediatez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02025-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02025-00
Accionante: Óscar Javier Martínez Romero
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho

Decisión: Declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de
tutela1 presentada por el señor Óscar Javier Martínez Romero, quien actúa por
intermedio de apoderado contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo; así como los
principios de primacía de la realidad sobre las formas, razonabilidad y
proporcionalidad jurídica, ocurrida con ocasión de la expedición de la sentencia del 29
de julio de 2025, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-35-026-2022-00449-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Oscar Javier Martínez Romero en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho solicitó que se declarara la nulidad del acto
administrativo por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de las
acreencias laborales derivadas de la relación laboral encubierta que existió entre las
partes entre el 1° de junio de 2011 hasta el 15 de enero de 2018.

3. El proceso correspondió al Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá,
autoridad judicial que mediante providencia del 21 de octubre de 2024 resolvió negar
las pretensiones de la demanda, al considerar que no se acreditaron los elementos
constitutivos de una relación laboral, particularmente el de subordinación.

4. Ensede de apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F revocó dicha decisión. En consecuencia, accedió de manera

1 Acción de tutela presentada el 11 de marzo de 2026.

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Acción De Tutela
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Accionante: Óscar Javier Martínez Romero

parcial a las pretensiones de la demanda porque encontró acreditados los elementos
constitutivos del vínculo laboral, esto es, prestación personal, remuneración y
subordinación, pero declaró la caducidad frente al pago de salarios y prestaciones
sociales derivados de la declaratoria de la relación laboral encubierta porque el acto
administrativo que se pretendía dejar sin efectos se notificó el 21 de febrero de 2018
y la demanda la presentó el 14 de enero de 2019.

5. Sin embargo, no fue así respecto del reconocimiento de los aportes pensiones,
puesto que ordenó a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
realizar los aportes de seguridad social en pensiones al fondo que corresponda, en el
porcentaje que correspondía al empleador.

6. Sobre el particular, indicó que la entidad demandada se extralimitó en su facultad
de coordinación sobre las actividades para las cuales se contrató al accionante, pues
empleó un poder de dirección para exigirle el cumplimiento de órdenes e instrucciones
propias del rol de un empleador; además ejecutó su labor con recursos físicos del
Hospital sin autonomía, cumplía un horario y percibía una remuneración mensual por
sus servicios.

2.2. Fundamento jurídico

7. La parte actora indicó que el Tribunal incurrió en un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, toda vez que aplicó la caducidad de manera «automática,
rígida y descontextualizada», lo que, «sacrifica el derecho sustancial».

8. En ese sentido, insistió en que en el asunto bajo estudio se debe privilegiar el
derecho de acceso a la justicia minimizando el fenómeno de la caducidad de la acción,
puesto que con la radicación de la reclamación ante la entidad se interrumpió el
término de prescripción, de que trata el artículo 151 del C.P. del T.

9. Así como también, la decisión cuestionada adolece de un defecto sustantivo por
«desnaturalización del artículo 53 constitucional», toda vez que reconoció una relación
laboral, pero negó el reconocimiento del pago de salarios y prestaciones sociales
derivados de la declaratoria de dicho vínculo.

10. Finalmente alegó un desconocimiento de precedente contenido en las
sentencias de la Corte Constitucional «SU-44816, SU-817/20, SU-484/24, C-154/97,
C1110/01, T-366/23, T-495/24, T-029/25». Así como también, las sentencias de
unificación del Consejo de Estado «25-08-2016 y 09-09-2021»

2.3. Pretensiones

11. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
Por todo lo expuesto, solicito a su despacho amparar mis derechos fundamentales,
dejando sin efectos la sentencia cuestionada y ordenando la emisión de una nueva
decisión conforme a la Constitución y al precedente vinculante. (…)»

2.4. Intervenciones

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12. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 13 de marzo de
2026 en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F como accionado y al Juzgado Veintiséis
Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Subred Integrada de Servicios Sur E.S.E
como terceros interesados en el resultado del proceso.

13. El Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá después de hacer
un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario manifestó que
la sentencia cuestionada se encuentra debidamente fundamentada en referentes
normativos y jurisprudenciales aplicables para el caso concreto, por tanto, no vulneró
los derechos fundamentales invocados en protección.

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F remitió link del proceso, pero no rindió informe al respecto.

15. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

16. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

17. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar
si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, al
proferir la sentencia del 29 de julio de 2025, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo y a los principios de
primacía de la realidad sobre las formas, razonabilidad y proporcionalidad jurídica, al
incurrir en los defectos sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

18. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue
creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas,
cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por
particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado,
siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer
tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o
subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

19. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos

2 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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Accionante: Óscar Javier Martínez Romero

fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios
y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que
la Carta le impone.

20. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus
derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial,
los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio
entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces
para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.

3.4. Del requisito de inmediatez

21. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que la tutela
contra providencia judicial se ha interpuesto en un plazo razonable, respecto de lo cual
ha señalado:

«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos
de resolución de conflictos».

Además, como lo señaló la misma Corporación3, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela
ejercida en un plazo irrazonable4»; «da vigencia al principio de seguridad
jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra
ella»5; y previene el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo
constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la
agencia de los derechos»6.

22. Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia del amparo
constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo razonable,
pues la tutela es un medio excepcional de protección pronta y eficaz de derechos, por
lo que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.

23. En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de
agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados a partir

3 Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013.
4 Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de 2006, T-

1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
5 Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-

1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre otras.
6 Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-1009

de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.

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de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la
acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente» 6.

3.4. Caso concreto

24. De conformidad con los antecedentes descritos, la Sala procede a determinar si se
cumplen la totalidad de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales para discutir la providencia del 29 de julio de 2025.

25. De las piezas procesales que reposan en el expediente digital se observa lo
siguiente:

26. El señor Óscar Javier Martínez Romero promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Subred Integrada de Servicios Sur E.S.E, con
el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos por medio de los
cuales negó el reconocimiento de una relación laboral encubierta o subyacente.

27. Con ocasión de lo anterior, el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de
Bogotá mediante providencia del 21 de octubre de 2024 resolvió negar las
pretensiones de la demanda. Sin embargo, en sede apelación el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F mediante
sentencia del 29 de julio de 2025 revocó dicha decisión para, en su lugar, acceder de
manera parcial a las súplicas de la demanda.

28. Decisión que fue notificada a las partes por correo electrónico el 11 de agosto de
2025, razón por la que cobró ejecutoria el 19 de ese mismo mes y año, conforme con
lo preceptuado en el artículo 302 del CGP, disposición normativa que prevé:

«ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia adquieren
ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.

No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo
quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.

Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días
después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.»

29. En ese sentido, la Sala entiende que la decisión cuestionada en esta sede cobró
ejecutoria el 19 de agosto de 2025, comoquiera que no se presentó solicitud de adición
o aclaración. Sin embargo, la acción de tutela la presentó el 11 de marzo de 2026, es
decir, 6 meses y 20 días después de que adquirió ejecutoria la decisión cuestionada.

30. Así las cosas, la Sala considera que en el presente asunto no se acredita el
requisito de inmediatez porque el señor Óscar Javier Martínez Romero, quien actúa
por conducto de apoderado judicial interpuso la acción de tutela cuando había
transcurrido 6 meses y 20 días desde la ejecutoria de la providencia que se pretende
dejar sin efectos, esto es, la sentencia del 29 de julio de 2025.

31. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la carga de la
argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a la
distancia temporal que existe entre la presentación de la acción de tutela y el momento

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en que se consideró vulnerado un derecho, pues, en ausencia de justificación, el paso
del tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los efectos
de la sentencia7.

32. Sin embargo, la parte accionante no expuso ningún argumento que justifique la
tardanza en la interposición del amparo, por lo que es importante reiterar que el juez
constitucional parte de la presunción que si se está ante una vulneración de derechos
fundamentales que requiere medidas urgentes, inaplazables e inmediatas el titular del
derecho afectado debe procurar su protección lo antes posible; contrario sensu, la
demora excesiva e injustificada para controvertir una decisión judicial pone en tela de
juicio la urgente necesidad de la protección constitucional que se puede obtener vía
acción de tutela y, antes bien, revela una afectación al principio de seguridad jurídica
en caso de existir un derecho reconocido a una contraparte procesal.

33. En ese orden de ideas, la Sala procederá a declarar improcedente la acción de
tutela porque no cumple el requisito de inmediatez, lo que la releva de analizar los
demás presupuestos de procedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Óscar
Javier Martínez Romero contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F por falta del requisito de inmediatez, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

7 Corte Constitucional, sentencia T-581 de 2012. Asimismo, pueden verse las sentencias T-491 de 2009 y T-189

de 2009.

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