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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02026-00

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02026-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 9 Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02026-00 Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y otros PRIMERO. DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SOBREVINIENTE en la acción de tutela presentada por el señor Orlando de Jesús Giraldo Tobón contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02026-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintidós (22) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-02026-001
Accionante : Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionado : Consejo Superior de la Judicatura y Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia, Despacho 002
Vinculado : Manuel José Mejía Cardona y Martín Emilio Botero Duque
Acción : Tutela
Tema : Vigilancia administrativa por mora judicial
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por Orlando de Jesús Giraldo Tobón contra el Consejo Superior de la
Judicatura y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, Despacho
002, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a
la dignidad humana, a la seguridad jurídica y al acceso a la administración de
justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por el actor frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la
procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en torno
a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

2. El señor Orlando de Jesús Giraldo Tobón, quien actúa en nombre propio,
interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, acceso a la administración de justicia, a la
dignidad humana y a la seguridad jurídica, presuntamente vulnerados por el

1 Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02026-00
Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y otros

Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y el Consejo Superior de la
Judicatura.

3. Por consiguiente, solicitó lo siguiente:

«Que se suspenda de manera provisional las resoluciones Nros. CSJANTR26-194
del 28 de enero del 2026 y CSJANTR26-850 del 6 de marzo del 2026, mientras esta
acción constitucional queda en firme, se le ordene al Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia se me conceda la Vigilancia Judicial Administrativa al
[radicado] 2023-12200.

Seguidamente le solicito de considerarlo necesario se vincule al despacho 002 por
pasiva, asimismo se solicite el expediente íntegro al [radicado] 20230012200, que dan
fe de la mora judicial en el despacho 002 en dictar sentencia en derecho, donde hay
tardanza en haber sentencia y que no es capricho del suscrito.» .
2

1.3 Hechos3.

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por

el accionante, se puede evidenciar que, el Veinticinco (25) de Enero del Dos Mil
Veintitrés (2023) el accionante interpuso queja disciplinaria contra el abogado
Manuel José Mejía Cardona, el cual, le correspondió al despacho 002 de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia (exp. 050012502000-
2023-00122-00).

5. Entre los actos procesales relatados, se destaca que, mediante auto del
Dieciocho (18) de Junio de Dos Mil Veinticuatro (2024) la citada Comisión
Seccional dispuso la terminación del trámite disciplinario y su consecuente
archivo; decisión que, previo recurso, fue revocada parcialmente por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial en providencia de Siete (7) de Febrero de Dos Mil
Veinticinco, y, consecuencialmente, dispuso que, se debía continuar la
investigación en contra del abogado por los cargos relacionados con la falta de
capacitación al representar los intereses de sus clientes, uso de intermediarios,
maltrato al cliente, entre otros.

6. En cumplimiento de lo anterior, durante el año 2025 se realizaron varias
audiencias en las que se practicaron los testimonios decretados, oportunidades
en las que, el accionante insistió en la convocatoria del señor Roberto Mejía

2
Escrito de subsanación visible en el índice 00008 del expediente SAMAI.
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
2

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Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y otros

Vásquez, sin que ello se hubiera logrado.

7. Ahora bien, el accionante expone que, la autoridad disciplinaria ha incurrido en

mora judicial porque, no ha contactado ni convocado en debida forma al testigo
Mejía Vásquez, ni ha emitido el fallo que en rigor corresponde.

8. De manera que, adujo que el Dieciséis (16) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco

(2025) realizó una solicitud de vigilancia administrativa ante el Consejo Seccional
de la Judicatura de Antioquia, por la situación de mora denunciada.

9. Señaló que, la solicitud fue resuelta el Cinco (5) de Febrero de esta anualidad 4

por la Comisión Seccional (rad. 2025-5398), en el sentido de abstenerse de
continuar con la medida, al no evidenciar un problema de mora judicial
injustificada.

10. Inconforme con la decisión, propuso recurso de reposición y en subsidio
apelación, decisión que se mantuvo incólume mediante Resolución No.
CSJANTR26-850 del Seis (6) de Marzo de este año. No obstante, insiste en que,
es necesaria la vigilancia administrativa en atención a la mora judicial en la que
incurre la autoridad disciplinaria en emitir el veredicto en el asunto 050012502000-
2023-00122-00.

II. TRÁMITE PROCESAL

11. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de

Diecisiete (17) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), admitió la presente acción de
tutela. En dicha decisión se ordenó notificar al Despacho 002 de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y al Consejo Superior de la Judicatura,
en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 19915.

2.1 Contestaciones de la acción.

4 Resolución CSJANTR26-194
5 Índice 00011, Samai

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02026-00
Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y otros

12. 2.1.1 El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia6 allegó memorial

en el que, se pronunció respecto de los hechos que motivaron la acción de tutela,
pese a no haber sido vinculado de manera directa en el auto admisorio.

13. En ese orden, defendió la legalidad y constitucionalidad de su actuar, pues,

indicó que el trámite de la vigilancia judicial administrativa se agotó con apego a lo
reglado en el Acuerdo Superior No. PSAA11-8716 de 2011, sin que, se hayan
transgredido los derechos fundamentales del accionante.

14. La autoridad administrativa refirió que, la acción de tutela solo es procedente

cuando los medios ordinarios no son idóneos ni efectivos para evitar un perjuicio
irremediable, situación que, no acontece en el presente asunto, de modo que, el
tutelante debe acudir ante el juez natural para cuestionar la legalidad o no de su
acto administrativo.

15. 2.1.2. El Consejo Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia 7 allegó el

informe ordenado, en el que, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, pues,
estima que su actuar se ajusta a derecho.

16. Para dicho cometido, la accionada hizo un recuento procesal de las actuaciones

surtidas, del cual se resalta que, en principio, no consideró de utilidad el testimonio
del señor Roberto Antonio Mejía Vásquez, a quien se identificó como un testigo de
los actos constitutivos de falta de respeto; sin embargo, ante las directrices de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial se decretó esta prueba.

17. En consecuencia, se fijó el Veintiséis (26) de Marzo de esta calenda, para
adelantar la vista pública en la que recibiría el testimonio, sin que, llegado el día
hubiese asistido, de manera que, procedió en esa misma fecha a la calificación de
la conducta y emisión de cargos disciplinarios contra el abogado Mejía Cardona.

18. La autoridad disciplinaria formuló cargos «[…] por el presunto desconocimiento del deber

profesional previsto en el numeral 6° del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, y la consecuente y
presunta incursión en la falta prevista en el artículo 33, numeral 10 a título de dolo; en concurso
material heterogéneo con el presunto desconocimiento de los deberes previstos en los numerales
4° y 8° del artículo 28 ibídem, y la probable incursión en la falta descrita en el artículo 34 literal i)

6 Índice 00016, Samai
7 Índice 00017, Samai

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02026-00
Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y otros

ibidem». Así mismo, dispuso la terminación anticipada de la actuación por la presunta

utilización de intermediarios para la obtención de poderes y el presunto maltrato
hacia el cliente, decisión que fue objeto de apelación por el quejoso.

19. Refirió que, dispuso la ruptura de la unidad procesal para que, en cuerda
procesal separada se tramitara la alzada, y así, continuar con el procedimiento
respecto de los demás cargos.

20. En tal medida, previa recepción de los alegatos, el Treinta (30) de Abril de Dos

Mil Veintiséis (2026), se profirió sentencia que finiquitó la instancia, para lo cual,
declaró disciplinariamente responsable al abogado Manuel José Mejía Cardona e
impuso sanción de cuatro (4) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión.

21. Finalmente, adujo que la decisión que puso fin al procedimiento fue apelada tanto

por el quejoso como por el disciplinado.

22. 2.1.3. El Consejo Superior de la Judicatura 8 se pronunció en el sentido de

precisar que, no es la autoridad que profirió el acto administrativo mediante el cual
se dispuso archivar la vigilancia judicial administrativa9.

23. Aunado a lo anterior, aseveró que, la presente acción constitucional no supera

el requisito de subsidiariedad, puesto que, el accionante cuenta con los medios de
control previstos en la Ley 1437 de 2011 para controvertir la legalidad de la
Resolución objeto de queja.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

24. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2. Problema jurídico.

8 Índice 00018, Samai
9 Resolución CSJANTR26-194 del 28 de enero de 2026

5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02026-00
Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y otros

25. Se contrae a determinar si en el presente asunto se configura la carencia actual

de objeto por hecho superado, con la emisión de la sentencia de Treinta (30) de
Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Antioquia (exp. 05001250200020230012200).

3.3 La acción.

26. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.4 Carencia actual de objeto por hecho sobreviniente

27. La acción de tutela se encuentra orientada a garantizar la efectividad de los derechos

fundamentales de las personas, cuando ellos sean vulnerados o amenazados por la acción
u omisión de una autoridad pública10; sin embargo, si la circunstancia que dio origen a la
trasgresión desaparece, se configura el fenómeno que se conoce como hecho superado,
el cual da como resultado una carencia de objeto para decidir de fondo el asunto. Al
respecto, la Corte Constitucional11 ha definido este fenómeno jurídico en los siguientes
términos:

«35. La carencia actual de objeto en los trámites de tutela. La carencia actual de objeto es
un fenómeno jurídico que se presenta cuando la causa que motivaba la solicitud de amparo
se extingue o “ha cesado” 12 y, por lo tanto, el pronunciamiento del juez de tutela frente a las
pretensiones de la acción de tutela se torna innecesario, dado que “no tendría efecto alguno”
o “caería en el vacío”13. Este fenómeno puede configurarse en tres hipótesis: (i) daño
consumado, el cual tiene lugar cuando “se ha perfeccionado la afectación que con la tutela
se pretendía evitar, de forma que (…) no es factible que el juez de tutela dé una orden para
retrotraer la situación”14; (ii) hecho sobreviniente, el cual se presenta cuando acaece una
situación que acarrea la “inocuidad de las pretensiones” 15 y que no “tiene origen en una

10
Artículo 86 de la Carta Política.
11
Corte Constitucional, sentencia T-70 del 24 de febrero de 2022, M. P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
12
Corte Constitucional, sentencias T-033 de 1994, T-285 de 2019 y T-060 de 2019.
13
Corte Constitucional, sentencia T-533 de 2009.
14
Corte Constitucional, sentencia SU- 522 de 2019.
15
Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2011.
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Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
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actuación de la parte accionada dentro del trámite de tutela” 16; y (iii) hecho superado, que
ocurre cuando la “pretensión contenida en la acción de tutela” se satisfizo por completo por
un acto voluntario del responsable 17. La Corte Constitucional ha aclarado que el hecho
superado se configura cuando la satisfacción del derecho parte de ‘una decisión voluntaria y
jurídicamente consciente del demandado18, por razones ajenas a la intervención del juez
constitucional19. El cumplimiento de los fallos de tutela de los jueces de instancia no configura
la carencia actual de objeto en sede de revisión»

28. Una de las variables que se puede presentar bajo este supuesto, consiste en que, los

elementos fácticos del proceso han variado de manera tal que no pueda entenderse que
existe el mismo conflicto que cuando la tutela fue planteada, frente a ello la Corte
Constitucional ha señalado que:

«36. El hecho sobreviniente, por su parte, ha sido diseñado más recientemente para cubrir
situaciones que no encajan en las categorías originales, de daño consumado y hecho
superado. Se configura cuando las circunstancias fácticas que originan una acción de tutela
cambian, bien sea porque i) el actor asume directamente una carga que no le correspondía,
ii) un tercero logra satisfacer la pretensión principal, iii) es imposible proferir una orden para
cumplir las pretensiones y iv) el accionante ha perdido interés en el resultado del proceso. Es
esta última circunstancia es importante advertir que, si la vulneración de los derechos cesa
en cumplimiento de una orden judicial, es preciso que se trate de una decisión ajena al
proceso de tutela que se debate»20.

3.5 Caso concreto

29. En el presente asunto, la Sala observa que, la inconformidad del accionante se

concreta en la presunta vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión
de las Resoluciones CSJANTR26-194 del Veintiocho (28) de enero del Dos Mil
Veintiséis (2026)21 y CSJANTR26-850 del Seis (6) de marzo siguiente22, proferidas
por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, de suerte que, solicita que,
se ordene dar trámite a la vigilancia judicial administrativa pretendida «[…] hasta que
finalice mejor dicho quede en firme la decisión al [radicado] 2023-0012200 […] debido a
que existe una mora por pare del despacho 002 para emitir sentencia […]».

16
Corte Constitucional, sentencias T-149 de 2018 y SU-440 de 2021. Ver también, Corte Constitucional, sentencia SU-522
de 2019. “El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión. Es
una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho
sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo
solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”. No se trata entonces de una
categoría homogénea y completamente delimitada. A manera de ilustración, la jurisprudencia ha declarado un hecho
sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación
vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada- ha logrado que la pretensión de la tutela se
satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad
demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la Litis”.
17
Corte Constitucional, sentencias T-321 de 2016 y T-154 de 2017.
18
Corte Constitucional, sentencia T-344 de 2019. En el mismo sentido se encuentra la sentencia T-104 de 2020.
19
Corte Constitucional, sentencia T-321 de 2016. En el mismo sentido se encuentran las sentencias T-154 de 2017, T-715
de 2017 y T-104 de 2020.
20
Corte Constitucional, sentencia T 016 del 2023.
21 Por medio de la cual se dispuso no continuar con el trámite de la vigilancia judicial respecto del expediente

20230012200 conocido por el Despacho 002 de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia.
22 A través del cual, se resolvió el recurso de reposición propuesto por el accionante.

7

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30. En primera medida, es menester anotar que, al consultar los actos objeto de

queja constitucional se observa que, el Consejo Seccional convocado se abstuvo
de continuar con el trámite de la vigilancia administrativa dado que, no advertía la
existencia de una mora judicial injustificada que afecte la oportuna y eficaz
administración de justicia. Para dicho cometido, la autoridad verificó el expediente
disciplinario objeto de solicitud y encontró que la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Antioquia había dado adecuado impulso al procedimiento disciplinario
de su conocimiento (exp. 05001250200020230012200), al realizar los actos
procesales pertinentes dentro de los términos legales. En ese orden, véase que, la
determinación adoptada estuvo precedida del análisis de la actuación del Despacho
censurado, sin que la decisión luzca arbitraria e irrazonable.

31. Ahora bien, el accionante insiste en que el Despacho 002 de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia incurrió en mora, por lo que, debe
ampararse sus garantías y ordenarse a la accionada que conozca de la vigilancia
administrativa hasta tanto, sea decidido de fondo el procedimiento disciplinario.

32. Durante el curso de la acción de tutela la referida Comisión profirió la sentencia

de Treinta (30) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), en el que finiquitó la instancia
del trámite disciplinario seguido contra el abogado Manuel José Mejía Cardona, en
cuya parte resolutiva dispuso (i) declarar la responsabilidad del togado23 y (ii)
sancionar con la suspensión de cuatro (4) meses en el ejercicio de la profesión de
abogado.

33. Dicha decisión fue objeto de apelación, tanto por el disciplinado como por el aquí

accionante. No obstante, en providencia del Veintidós (22) de Mayo pasado, se
rechazó la concesión del recurso respecto a este último sujeto, dado que, en el
diseño procedimental no se previó que el quejoso pudiera apelar la sentencia,
según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 66 de la Ley 1123 de 2007.

34. En ese orden de ideas, es claro que, el proceso disciplinario que el actor
denuncia que se incurrió en mora judicial y por el cual, debía darse el trámite a la
vigilancia administrativa, ya culminó con sentencia de primera instancia.

23
Por la comisión en la faltas contenidas en los artículos 33, numeral 10 y 34, literal i), de la Ley 1123 DE 2007, y faltar a
los deberes contenidos en los numerales 4, 6 y 8 ibidem.
8

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35. En tal medida, téngase en cuenta que, el interés del accionante al pedir la
suspensión de los actos administrativos censurados se concretaba en que, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia diera trámite a la vigilancia
administrativa hasta tanto se emitiera la respectiva decisión. Por lo que, al haberse
proferido la citada sentencia, el accionante ya no tendría expectativa en sus
resultas, pues las pretensiones disciplinarias ya fueron atendidas.

36. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que, la situación fáctica que

originó la solicitud de amparo desapareció, en tanto que, después de radicada la
acción de tutela, la Comisión de Disciplina Judicial de Antioquia emitió sentencia en
el proceso con radicado 05001250200020230012200, mismo respecto del cual, el
accionante pretendía se adelantara una vigilancia administrativa por no haberse
emitido, precisamente, dicha decisión. Así las cosas, se configura la carencia actual
de objeto por hecho sobreviniente.

37. Además, huelga anotar que, cualquier decisión adoptada en esta sede
constitucional resultaría inane, pues al haberse cumplido la función de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, así mismo, se agotó la competencia
del Consejo Seccional de la Judicatura de la misma sede territorial para vigilar la
oportuna y eficaz administración de justicia, según lo normado en el Acuerdo No.
PSAA11-8716 de Octubre Seis (6) de Dos Mil Once (2011).

38. Por lo tanto, al haberse configurado el fenómeno de carencia actual de objeto en

su modalidad de hecho sobreviniente, deberá negarse el amparo deprecado.

IV. DECISIÓN

39. Por las razones expuestas, la Sala considera que, el presente asunto se ha

configurado la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, por tal motivo, se
negará el amparo rogado.

40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02026-00
Accionante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Accionado: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y otros

PRIMERO. DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SOBREVINIENTE en la acción de tutela presentada por el señor Orlando de Jesús
Giraldo Tobón contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito,
en la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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