Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02045-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02045-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02045-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02045-00
Accionante: Luis Fernando Jiménez Nieto
Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia – Reiteración
La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por el señor Luis
Fernando Jiménez Nieto en contra de la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2025
por el Tribunal Administrativo del Quindío.
SÍNTESIS1
El accionante cuestiona la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se confirmó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho llevada a cabo contra el Ministerio de Educación Nacional
y el Departamento del Quindío con el fin de que se le reconocieran y pagaran las
diferencias salariales causadas con ocasión al incremento salarial decretado por el
Gobierno Nacional. Se declara la improcedencia de la demanda de tutela, por cuanto
no se superó el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 11 de marzo de 2026, el señor Luis Fernando Jiménez Nieto, mediante apoderada
judicial, presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva, los cuales a su juicio, fueron
vulnerados por la sentencia del 11 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, que confirmó la decisión de primera instancia del 5 de marzo
de 2025, emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 63001-3333-007-2024-00283-01,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO en la sentencia
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Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia / Relevancia constitucional / Escalafón
docente.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02045 00
Accionante: Luis Fernando Jiménez Nieto
Se declara la improcedencia de la demanda
proferida el día 11 de septiembre de 2025, en el expediente radicado bajo número 63001-
3333-007-2024-00283- 01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) LUIS
FERNANDO JIMENEZ NIETO, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al
caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al
debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente
LUIS FERNANDO JIMENEZ NIETO a la luz de los argumentos planteados en la demanda
ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.
B. Hechos
3.El señor Luis Fernando Jiménez Nieto es docente oficial ubicado en la categoría 3BM
del escalafón docente regulado por el Decreto 1278 de 20022.
4. El Gobierno Nacional decretó aumentos porcentuales diferenciados para la
asignación básica salarial del personal docente. De manera que, para los años 2008 y
2009, el grado 3DM recibió un incremento acumulado del 52,56%, mientras que la
categoría 3BM obtuvo un aumento del 29,37%.
5.El señor Luis Fernando Jiménez Nieto interpuso reclamación administrativa ante la
Nación – Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental
del Quindío con el fin de que se le reconocieran y pagaran las diferencias salariales
causadas con ocasión de los incrementos dispuestos para los años 2008 y 2009.
6.Tales solicitudes fueron atendidas desfavorablemente mediante los oficios núm.
2024-EE-059783 y QUI2024EE000590, expedidos por el Ministerio de Educación
Nacional y el Departamento del Quindío, respectivamente.
7. El señor Luis Fernando Jiménez Nieto presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y el Departamento del Quindío, con el fin de que (i) se inaplicara el
Decreto núm. 284 de 2024, (ii) se declarara la nulidad de los actos administrativos que
negaron su reclamación administrativa y (iii) se reconociera y pagara las diferencias
salariales causadas en los últimos tres años anteriores a la reclamación administrativa,
con ocasión de las diferencias salariales decretadas para los años 2008 y 2009.
8. Mediante sentencia del 5 de marzo de 2025, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Armenia negó las pretensiones de la demanda, tras advertir que no hubo una
discriminación salarial, ya que tales ajustes obedecieron a parámetros objetivos y
razonables.
9. El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, mediante el cual cuestionó las diferencias salariales e indicó que tal trato
desigual no persigue un fin legítimo ni se sustentó en un criterio razonable, razón por la
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Presidente de la República de Colombia. Decreto 1278 de 2002. “Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalización Docente”
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02045 00
Accionante: Luis Fernando Jiménez Nieto
Se declara la improcedencia de la demanda
cual solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, y en su lugar, se
accedieran a las pretensiones de la demanda.
10. El 11 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Quindío confirmó la
sentencia del 5 de marzo de 2025, tras determinar, entre otros, que las diferencias
salariales en la asignación docente se encuentran ajustadas a derecho, ya que el
Gobierno Nacional no se encuentra obligado a incrementar el mismo porcentaje a todos
los docentes del escalafón, por el contrario, cuenta con una amplia facultad para fijar la
escala salarial siempre que se limite a lo dispuesto en la Ley 4° de 1992, tal como ocurrió
en el caso concreto. Además, de acuerdo con la estructura del escalafón docente, no
se puede predicar la igualdad entre las categorías 3BM y 3DM, debido a que no gozan
de las mismas características y requisitos.
C. Fundamentos de la vulneración
11. El accionante indicó que la sentencia del 11 de septiembre de 2025 incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico, razón por la cual se transgredieron sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela
justicia efectiva y el principio de favorabilidad.
12. Sobre el defecto sustantivo, manifestó que el Tribunal realizó una interpretación
abiertamente irrazonable y desproporcional del marco normativo aplicable al caso
concreto, en particular, frente al artículo 13 de la Constitución Política, la Ley 4 de 19923
y el Decreto 1278 de 2002.
13. Señaló que la conclusión a la que arribó la autoridad judicial accionada desconoció
que la discusión no giraba en torno a la diferencia estructural y permanente entre los
grados del escalafón, sino a un trato diferenciado respecto los incrementos porcentuales
decretados para los años 2008 y 2009, diferencia que afectó la base salarial y que no
fue compensada en años posteriores.
14. Alegó que la sentencia cuestionada desconoce el alcance normativo del principio
de igualdad y el mandato de progresividad, ya que la decisión adoptada se limitó a
realizar una comparación abstracta entre los grados del escalafón, sin verificar la
existencia de criterios objetivos y constitucionalmente válidos para sustentar los
incrementos salariales desiguales dispuestos para categorías que, si bien son
diferentes, tienen la misma fuente de regulación.
15. Además, adujo que el Tribunal inaplicó la sentencia C-1064 de 2001 de la Corte
Constitucional, mediante la cual se exige una justificación objetiva para otorgar tratos
diferenciados en materia salarial.
16. Respecto el defecto fáctico argumentó que el Tribunal desplegó una indebida
valoración probatoria frente a la discusión planteada, ya que no se allegó prueba alguna
que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran la decisión
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Congreso de Colombia. Ley 4 de 1992. “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que
debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las
prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02045 00
Accionante: Luis Fernando Jiménez Nieto
Se declara la improcedencia de la demanda
administrativa, lo que compromete la legalidad y desnaturaliza los fines del servicio
educativo.
17. Destacó que hay una falta de justificación legal y técnica, pues si bien pueden existir
diferencias en las asignaciones salariales, tal decisión debe fundamentarse en
requisitos objetivos y claros, lo cual no ocurrió en el caso concreto, por el contrario, la
autoridad judicial accionada desestimó las pretensiones de la demanda bajo el supuesto
de la corrección de una brecha salarial, sin embargo, tal aspecto no fue acreditado en
el proceso ordinario, así la decisión se adoptó con fundamento en meras conjeturas.
18. Destacó que el Tribunal redujo la controversia planteada a una comparación
abstracta entre los grados y las categorías del escalafón docente, desconociendo el
principio de progresividad en materia laboral y convalidando una medida regresiva, la
cual se encuentra prohibida de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 25, 53 y 93 de
la Constitución Política, así como por los tratados internacionales ratificados por
Colombia en materia laboral.
D. Trámite procesal
19. Mediante auto del 16 de marzo de 20264, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Quindío y, en calidad de terceros con
interés, al Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia, a la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al
Departamento del Quindío, para que, rindieran un informe sobre los hechos objeto de la
demanda de tutela.
E. Oposiciones e intervenciones
20. El Ministerio de Educación Nacional5 (tercero con interés) solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela y alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que la controversia recae exclusivamente sobre una sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Quindío y no sobre actuaciones atribuibles al Ministerio.
Indicó que la tutela contra providencias judiciales tiene carácter excepcional, residual y
subsidiario, y que el accionante no acreditó los requisitos generales y específicos
exigidos por la jurisprudencia constitucional para su procedencia. También argumentó
que el asunto carece de relevancia constitucional por tratarse de una controversia de
naturaleza eminentemente económica y privada, relacionada con incrementos salariales
docentes, y que la tutela no puede convertirse en una instancia adicional para reabrir
debates ya decididos por el juez natural, pues ello desconocería la autonomía e
independencia judicial y la cosa juzgada.
21. La Secretaría de Educación Departamental del Quindío6 (tercero con interés) solicitó
que se “niegue por improcedente” la demanda de tutela y sostuvo que el accionante
pretende reabrir un debate estrictamente legal y económico ya resuelto por la
jurisdicción contencioso-administrativa. Argumentó que no se vulneraron los derechos
fundamentales, pues los incrementos salariales cuestionados fueron establecidos por el
4
Índice 5 del expediente digital disponible en Samai.
5
Índices 15 y 17 del expediente digital disponible en Samai.
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Índice 13 del expediente digital disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02045 00
Accionante: Luis Fernando Jiménez Nieto
Se declara la improcedencia de la demanda
Gobierno Nacional en ejercicio de facultades legales y conforme a la estructura del
escalafón docente prevista en la Ley 1278 de 2002. Señaló además que las diferencias
salariales entre categorías docentes responden a distintos niveles de formación,
experiencia y escalafón, por lo que no existe trato discriminatorio. Igualmente, afirmó
que la tutela carece de relevancia constitucional, persigue únicamente efectos
económicos y pretende convertir el amparo en una tercera instancia, sin acreditar
arbitrariedad judicial ni la configuración de defectos específicos de procedencia contra
providencias judiciales.
22. El Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia7 (tercero con interés) solicitó que se
abstenga de impartir órdenes o declarar responsabilidad alguna en su contra dentro de
la acción de tutela. Expuso que durante el trámite ordinario respetó plenamente las
garantías del debido proceso, el derecho de defensa y las formas procesales previstas
en el CPACA y el Código General del Proceso, resaltando que admitió la demanda,
corrió traslado, decretó pruebas y profirió sentencia de primera instancia negando las
pretensiones, decisión posteriormente confirmada por el Tribunal Administrativo del
Quindío.
23. El Tribunal Administrativo del Quindío, pese a ser debidamente notificado, no rindió
informe.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
24. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de tutela interpuesta por el señor Luis Fernando Jiménez Nieto
contra el Tribunal Administrativo del Quindío, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y
en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
H. Cuestión previa
25. La Sala negará la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Educación Nacional, toda vez que dicha autoridad fue vinculada al proceso de la
referencia en calidad de tercero con interés en vista de que fue la autoridad demandada
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
I. Sentido de la decisión – Reiteración
26. La Sala, en consonancia con decisiones recientes de naturaleza similar8, declarará
la improcedencia de la demanda de tutela, por cuanto no se satisfizo el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que la controversia planteada por el accionante
corresponde a la reiteración de los argumentos expuestos en sede de apelación en el
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Índice 12 del expediente digital disponible en Samai.
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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. radicados
núm. 11001-03-15-000-2025-08198-00; 11001-03-15-000-2025-07052-01; 11001-03-15-000-2026-00234-
00; 11001-03-15-000-2026-01070-00; 11001-03-15-000-2025-07187-00; 11001-03-15-000-2026-01685-00
y 11001-03-15-000-2026-01648-00.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02045 00
Accionante: Luis Fernando Jiménez Nieto
Se declara la improcedencia de la demanda
proceso ordinario y se circunscribe a un asunto de mera legalidad y de naturaleza
exclusivamente económica.
27. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se verificarán
los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela9.
J. El requisito de relevancia constitucional
28. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.10 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada11, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.
29. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.12
En la sentencia SU-215 de 202213, la Corte Constitucional estableció, entre otros14, que
9
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
10
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
11
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
12
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de
2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto
Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
14
La Corte Constitucional identificó los siguientes criterios de análisis para establecer si la demanda de
tutela contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional: (i) el caso debe
involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras,
el asunto debe ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política o
para la determinación del alcance de un derecho fundamental, (ii) se deben plantear argumentos
suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental, entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental y (iii) el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02045 00
Accionante: Luis Fernando Jiménez Nieto
Se declara la improcedencia de la demanda
la demanda en ejercicio de la acción de tutela contra una providencia judicial no debe
limitarse a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico.
En ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates meramente legales y la solicitud debe trascender
la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;
K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
30. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.
31. En el sub iudice, el accionante cuestiona la sentencia del 11 de septiembre de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, porque, a su juicio, incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico. A continuación, la Sala describirá las características y
elementos de los defectos alegados, con el propósito de determinar el objeto de la litis
y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales.
32. El defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.
33. Por su parte, el defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o
valoración del material probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en
esencia, se configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”15.
L. Análisis del caso concreto – tesis reiterada
34. El accionante cuestiona la sentencia del 11 de septiembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, porque, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico
y sustantivo, sin embargo, la Sala advierte que la discusión planteada por el accionante
carece de relevancia constitucional.
35. Se evidencia que la demanda de tutela, más allá de procurar el amparo a los
derechos fundamentales invocados, está orientada a reabrir un debate de mera
legalidad a partir de los argumentos expuestos en el proceso ordinario con el fin de que
se tome una determinación favorable respecto el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales derivadas de los incrementos porcentuales desiguales decretados
por el Gobierno Nacional.
36. Así, en el recurso de apelación y en la demanda, el accionante alegó, entre otros,
que hubo una falta de justificación frente a las asignaciones salariales, lo que configuró
un trato discriminatorio y conllevó a la transgresión de los derechos fundamentales de
los docentes y los principios de equidad, igualdad, legalidad y proporcionalidad. En
15
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02045 00
Accionante: Luis Fernando Jiménez Nieto
Se declara la improcedencia de la demanda
particular, se destacan los siguientes argumentos:
[…] se evidencia la ilegalidad de los actos administrativos sometidos a control jurisdiccional,
es claro que para el presente asunto y partiendo del principio de favorabilidad, se deben
aplicar los incrementos salariales anuales, a todos los docentes de una misma forma, pues
no es dable como para unos se realizan más incrementos porcentuales que para los otros,
pues esto claramente es una vulneración al principio constitucional de favorabilidad
estipulado en el artículo 53 de la Constitución Política por parte del Ministerio de Educación
Nacional y la Entidad Territorial Demandada, circunstancia que desdibuja claramente los
argumentos del acto administrativo demandado y por lo cual debe ser declarado nulo y
acceder a las súplicas de la demanda, con debido restablecimiento del derecho, dado que
mi representado aún se encuentra vinculado al magisterio oficial.
[…] es claro que para el presente asunto y partiendo del principio de favorabilidad, se deben
aplicar los incrementos salariales anuales, a todos los docentes de una misma forma, pues
no es dable como para unos se realizan más incrementos porcentuales que para los otros,
pues esto claramente es una vulneración al principio constitucional de favorabilidad
estipulado en el artículo 53 de la Constitución Política por parte del Ministerio de Educación
Nacional y la Entidad Territorial Demandada.
[…] La ilegalidad de los actos administrativos demandados, PROVIENE PRECISAMENTE
DE ESO, que un docente en la categoría 3BM, si el Gobierno pretenda realizar un
incremento superior a alguna de las 2 categorías, debería haber efectuado un juicio de los
principios de igualdad, transparencia, objetividad, méritos y buen servicio, circunstancia que
no aconteció y por ende los actos administrativos no fueron expedidos conforme a las
normas en que debería haberse fundado.
37. Del mismo modo, en el escrito de tutela, el accionante reiteró, en términos similares,
los argumentos expuestos en el trámite del proceso ordinario para sustentar los defectos
invocados, en específico el accionante indicó:
[…] la acumulación de las decisiones adoptadas en los años 2008 y 2009 demuestra que
la categoría 3DM del escalafón docente recibió un incremento salarial total del 52,56%,
mientras que la categoría 3BM apenas obtuvo un 29,37%, con una diferencia en contra de
esta última de 23,19 puntos porcentuales, es decir que, la providencia judicial impugnada,
al negar el reconocimiento de este desbalance y desatender el precedente vinculante,
perpetúa una situación de desigualdad y vulnera directamente la Constitución, lo que
refuerza el carácter estrictamente constitucional del asunto debatido.
[…] esta conclusión [la de la sentencia cuestionada] desconoce que la controversia no
giraba en torno a la diferencia estructural y permanente entre grados del escalafón, sino a
un trato desigual en los incrementos porcentuales aplicados en los años 2008 y 2009, en
donde se concedió un 52,56% de aumento a la categoría 3DM frente a un 29,37% para la
3BM, diferencia que proyectó efectos permanentes sobre la base salarial y que no fue
compensada en los años posteriores
38. No obstante, tal discusión ya fue resuelta mediante la sentencia del 11 de
septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Quindío, tras concluir:
[…] es claro que la situación reprochada como desigual, no colma las primeras exigencias
de comparación, dado que, se identifica un trato disímil, pero a sujetos distintos y en
condiciones diferentes, así sean ambos docentes profesionales (son servidores a los que
se les exige distinta cualificación – evaluación y experiencia), el grado 3DM es el nivel
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02045 00
Accionante: Luis Fernando Jiménez Nieto
Se declara la improcedencia de la demanda
máximo de docentes con maestría y experiencia, lo que, desde ya, supone la validez de la
existencia de tratos diversos a diferentes sujetos30 . Además, la parte demandante
pretende equiparar el grado 3BM con el grado 3DM profesional, sin tener en cuenta que
uno y otro reciben una remuneración de asiento al momento de la reglamentación distinta,
razón por la cual, no son dos situaciones comparables de uno y otro servidor.
[…] de las disposiciones en estudio, se detecta una interpretación constitucional plausible
o que resguarda un argumento constitucional válido, lo cual, descarta la afirmación de la
demanda que aludió a que la forma en que se decretaron dichos incrementos en las
anualidades descritas es posible identificar una manifiesta, palmaria y flagrante
contradicción con las normas superiores invocadas en la demanda. En efecto, no se colma
la exigencia jurisprudencial para que se aplique la figura de inaplicación normativa, porque
no se aprecia un antagonismo ostensible entre la norma inferior reprochada con las de
rango constitucional, o por lo menos, surgen interpretaciones jurídicas sólidas que impiden
la operatividad de la figura en mención, de este modo el cimiento de derecho que sustenta
los demás actos acusados al no ser resquebrajado o permanecer intacto, no es factible
derivar la prosperidad de las demás pretensiones.
39. Así las cosas, es claro que el accionante se limita a reiterar los argumentos
expuestos en el proceso ordinario para sustentar la supuesta configuración de los
defectos fáctico y sustantivo, sin advertir una discusión novedosa que trascienda la mera
inconformidad del accionante respecto la interpretación y decisión adoptada por la
autoridad judicial accionada.
40. En ese sentido, la Sala advierte que la discusión presentada corresponde a un
asunto de mera legalidad, por cuanto pretende que el juez de tutela realice,
nuevamente, el análisis de los elementos de prueba que obran en el expediente y el
marco normativo que regula el régimen salarial docente, aun cuando tal discusión ya
fue agotada con suficiencia por parte del Tribunal Administrativo del Quindío.
41. Aunado a lo anterior, el debate que propone el accionante corresponde a un asunto
exclusivamente económico, ya que no se plantean argumentos suficientemente dirigidos
a demostrar que la providencia judicial cuestionada afectó de manera grave las
garantías iusfundamentales invocadas, por el contrario, el objeto de la solicitud de
amparo se circunscribe a que se reconozcan y paguen las diferencias salariales
causadas con ocasión del incremento porcentual fijado para los años 2008 y 2009 por
el Gobierno Nacional.
42. En suma, la Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela, por cuanto
no se superó el requisito de relevancia constitucional, ya que la controversia que
presentó la parte accionante (i) corresponde a un asunto de mera legalidad en el cual
se busca una tercera instancia para cuestionar la decisión adoptada por el juez natural
del asunto, (ii) se limita a un asunto predominantemente económico y (iii) se reduce a
los argumentos expuestos en sede de apelación en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02045 00
Accionante: Luis Fernando Jiménez Nieto
Se declara la improcedencia de la demanda
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito
de relevancia constitucional
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Educación Nacional.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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