RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02050-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02050-00

Fecha
27 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02050-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo de los derechos fundamentales invocados por Esteban Camilo Páez Argüello, José Antonio Páez Argüello, Paula Geraldine Páez Urueña y Miguel Ángel Páez Urueña, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 7 Radicado: 11001-03-15-000-2026-02050-00 Accionante: Carolina Gutiérrez Estrada Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. De no ser impugnada, y una vez quede ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02050-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-02050-001
Accionante : Esteban Camilo Páez Argüello, José Antonio Páez Argüello,
Paula Geraldine Páez Urueña y Miguel Ángel Páez Urueña
Accionado : Tribunal Administrativo del Magdalena
Vinculados Nación - Rama Judicial - Dirección Seccional de Administración
Judicial de Santa Marta
Acción : Tutela
Tema : Mora judicial, solicitud de dictar sentencia anticipada
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada

por Esteban Camilo Páez Argüello, José Antonio Páez Argüello, Paula Geraldine Páez
Urueña y Miguel Ángel Páez Urueña contra el Tribunal Administrativo del Magdalena por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por

los accionantes frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará la procedencia de la
acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda respecto de las
pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

3. Los señores Esteban Camilo Páez Argüello, José Antonio Páez Argüello, Paula
Geraldine Páez Urueña y Miguel Ángel Páez Urueña interpusieron el presente recurso
de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el
Tribunal Administrativo del Magdalena.

4. Por consiguiente, solicitaron ordenar a la entidad accionada que, «[…] en un término no

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02050-00
Accionante: Carolina Gutiérrez Estrada
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

superior a diez (10) días hábiles, contadas a partir de la notificación de este proveído, proceda a emitir fallo
de segunda instancia dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho promovido por
MIGUEL ANGEL PAEZ TOVAR (Q.E.P.D) en contra de la NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, distinguido con la radicación descrita en líneas anteriores».

1.3 Hechos2

5. El 2 de julio de 2024 el señor Miguel Ángel Páez Tovar presentó una demanda de

nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Rama Judicial. El asunto fue
inicialmente asignado al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta,
bajo el radicado 47001-33-33-007-2020-00079-02. El proceso enfrentó diversos
impedimentos por parte de autoridades judiciales en Santa Marta y Valledupar durante
los años 2020 y 2021.

6. En vista de ello, el Juzgado 403 Administrativo Transitorio de Valledupar avocó el

conocimiento y admitió la demanda el 18 de abril de 2023. Esa misma autoridad dictó
sentencia de primera instancia el 18 de julio de 2023. En contra de dicha decisión, las
partes interpusieron un recurso de apelación en agosto de 2023. Así las cosas, el
expediente arribó al Tribunal Administrativo del Magdalena el 15 de noviembre de 2023.

7. Los magistrados de la corporación accionada manifestaron sendos impedimentos en

enero de 2024. El Consejo de Estado resolvió dichas manifestaciones y ordenó el sorteo
de conjueces para el 24 de junio de 2024. El proceso fue asignado a la Conjuez Aracely
Riveira Vizcaíno, quien admitió el recurso de apelación el 18 de octubre de 2024.

8. Debido al fallecimiento del demandante, los señores Esteban Camilo Páez Arguello,

José Antonio Páez Arguello, Paula Geraldine Páez Urueña y Miguel Ángel Páez Urueña
solicitaron el reconocimiento como sucesores procesales el 15 de enero de 2025. El
apoderado judicial radicó memoriales de impulso procesal en diciembre de 2025 y enero
de 2026 ante la falta de una decisión definitiva, pero, a la fecha de la presentación de la
acción de tutela, no se había proferido fallo de segunda instancia.

II. TRÁMITE PROCESAL

9. Por satisfacer los requisitos formales, el despacho sustanciador, mediante auto del 25

de marzo de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se ordenó

2
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico, índice 2.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02050-00
Accionante: Carolina Gutiérrez Estrada
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

notificar a la Nación - Rama Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial de
Santa Marta.

2.1 Contestación de la acción

2.1.1 Tribunal Administrativo del Magdalena 3 pidió que se deniegue el amparo o se
declare la carencia actual de objeto por hecho superado. El despacho informó que el 9
de abril de 2026 profirió un auto que admitió el recurso de apelación y resolvió la sucesión
procesal de los interesados. Respecto a la mora alegada, la autoridad justificó el tiempo
transcurrido en la elevada congestión judicial, pues, contaba con un inventario de 344
procesos activos al cierre del año 2025. En ese lapso, la Corporación reportó la emisión
de 140 sentencias ordinarias y 42 fallos constitucionales, junto con la expedición de 225
autos interlocutorios. Además, explicó que el trámite enfrentó incidencias extraordinarias
vinculadas a impedimentos de magistrados y a remisiones al Consejo de Estado. Por
último, defendió el cumplimiento del orden cronológico de los turnos para fallar, a fin de
preservar la autonomía administrativa de su despacho judicial.

2.1.2 La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial - Santa Marta4
solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva y, en
consecuencia, la improcedencia de la acción. Argumentó que las funciones de la
dependencia son estrictamente administrativas y de apoyo a la gestión judicial. Así las
cosas, la entidad afirmó que carece de facultades jurisdiccionales para intervenir en la
adopción de decisiones o en los términos de resolución de los procesos. Bajo esa
premisa, precisó que la mora judicial alegada recae exclusivamente en el despacho de
conocimiento.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

10. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud

de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.

3.2 Problema jurídico
11. Se contrae a determinar si el Tribunal Administrativo del Magdalena ha vulnerado los

3
Visible a índice 13 de SAMAI.
4
Visible a índice 14 de SAMAI.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02050-00
Accionante: Carolina Gutiérrez Estrada
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

derechos fundamentales invocados por los accionantes, por la supuesta mora judicial al
no haber proferido sentencia que termine el proceso.

3.3 La acción

12. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por

los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite
a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite
preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten
amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de
los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo
transitorio.

3.4 La acción de tutela frente a la mora judicial

13. El derecho fundamental al acceso a la administración de justicia comporta la facultad

de toda persona de acudir ante los jueces de la República, en aras de resolver las
controversias que vulneran o amenazan sus derechos.

14. Dicha atribución constitucional no solo se refiere a la posibilidad de poner en
funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado, sino también a la de recibir una
pronta solución al conflicto, para lo cual las autoridades cuentan con la facultad de
adoptar las medidas coercitivas previstas en el sistema normativo.

15. Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales no actúan dentro de los términos fijados

en las normas procesales, se configura la mora judicial, que constituye un «fenómeno
multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la
administración de justicia, pero que muchas veces una buena parte de la misma es el resultado de
acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo
cargo se encuentra la solución de los procesos»5.

16. No obstante, el mero retraso en las actuaciones judiciales no vulnera el derecho

fundamental que ahora se estudia, por cuanto debe mediar una tardanza injustificada por
parte de los funcionarios para quebrantar esa garantía, en cuyo caso será susceptible
de protección mediante la solicitud de amparo.

5
Corte Constitucional, Sentencia T-945 de 1998, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02050-00
Accionante: Carolina Gutiérrez Estrada
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

6
17. Resulta oportuno advertir que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado
que, como regla general, el juez de tutela no debe inmiscuirse en el trámite de los
procesos judiciales debido a que podría desconocer el principio de autonomía judicial.
Sin embargo, cuando se evidencia que, la tardanza no obedece a cuestiones
relacionadas con carga de trabajo, problemas estructurales o complejidad de los asuntos
que se conocen, la acción de tutela resulta procedente para proteger el derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia; Por tanto, para establecer la
prosperidad de la acción de tutela en los casos de mora judicial, se deben analizar las
particularidades de cada situación en concreto con el fin de determinar si el retardo es
justificado o no.

3.5 Caso concreto

18. En el caso sub examine, los accionantes solicitan al Tribunal Administrativo accionado

que se pronuncie sobre la solicitud de dictar sentencia que ponga fin al proceso de
radicado 47001-33-33-007-2020-00079-02. Para definir dicha solicitud, el despacho
revisará las actuaciones existentes en SAMAI.

19. De lo anterior, la Sala observa que, desde su ingreso al Tribunal Administrativo del

Magdalena, el proceso ha sido impulsado en las etapas correspondientes.

20. En efecto, se observa que expediente ingresó al despacho el 15 de noviembre de

20237 para que el Tribunal se pronunciara sobre la apelación interpuesta contra la
sentencia de primera instancia. Posteriormente, el 12 de febrero de 2024, se incorporó
al índice 4 la manifestación de impedimento suscrita por el magistrado Adonay Ferrari
Padilla. El Consejo de Estado resolvió dicha declaración mediante la providencia que
decidió el incidente y ordenó el reintegro del proceso8.

6
Sentencia T-258 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
7
Índice 1 del expediente judicial en SAMAI dentro del radicado 47001-33-33-007-2020-00079-02 visible en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=470013333007202000079024700123
8
Ibidem, índice 11.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02050-00
Accionante: Carolina Gutiérrez Estrada
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

21. Una vez resuelto el impedimento, el expediente retornó al Tribunal Administrativo. El

27 de junio de 2024, el magistrado ponente emitió un auto de Obedézcase y cúmplase,
acatando la decisión de confirmar el impedimento emitida por el Consejo de Estado.
Pocas semanas después, el 10 de julio de 2024, hubo un cambio de ponente debido al
impedimento9. De esta manera, el 18 de octubre de 2024 se dictó el auto que ordenó fijar
fecha para el sorteo de conjueces10. Estos hechos desvirtúan la hipótesis de una omisión
durante el año 2024, dado que el asunto mantuvo una gestión activa.

22. Posteriormente, el 9 de abril de 2026, se profirió una providencia destinada a sanear

el procedimiento y a definir la situación de los recurrentes. En dicho auto, se decidió dejar
sin efectos el impedimento que la Sala Plena había manifestado en enero de 2024, se
admitieron los recursos de apelación interpuestos por las partes y se reconoció, de forma
genérica, a los herederos del señor Miguel Ángel Páez Tovar como sucesores
procesales. La razón principal de esta determinación radicó en la constatación de que
las causas que originaron el impedimento de 2024 ya no resultaban aplicables al objeto
del litigio. De igual manera, el despacho fundamentó el reconocimiento genérico de los
sucesores en la ausencia de un proceso de sucesión concluido, lo que impuso la
protección de los derechos de la masa hereditaria para evitar la paralización del trámite.

23. Finalmente, el 21 de abril de 2026, el magistrado ponente dictó un nuevo auto en el

que resolvió dejar sin efectos la decisión del 9 de abril. El fundamento de esta decisión
radicó en que el despacho advirtió que la providencia anulada pretendió revocar una
determinación adoptada originalmente por la Sala Plena de la corporación, por lo que el
ponente, individualmente considerado, carecía de la facultad de dejar sin efectos una
decisión colegiada. En consecuencia, se ordenó dejar sin valor ni efecto lo decidido, a
fin de preservar la legalidad del expediente.

24. Adicionalmente, el Tribunal accionado informó en su contestación que tiene una
elevada carga judicial, con 344 expedientes, de los cuales 225 corresponden a segunda
instancia y 119 a primera instancia. Desde esa perspectiva, el Reporte de Gestión del
Sistema Estadístico de la Rama Judicial reflejó una actividad constante. En el periodo
analizado, el despacho profirió 140 sentencias ordinarias. De esa cifra, 6
correspondieron a la primera instancia y 134 a la segunda. De igual forma, la autoridad
dictó 42 fallos de naturaleza constitucional y resolvió una impugnación de hábeas corpus.

9
Ibidem, índice 18.
10
Ibidem, índice 19.
6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02050-00
Accionante: Carolina Gutiérrez Estrada
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

A lo anterior se sumaron la expedición de 19 autos definitivos en procesos de amparo,
13 consultas sobre incidentes de desacato y 225 autos interlocutorios.

25. En vista de ello, la Sala encuentra que la falta de una decisión definitiva no obedece

a la desidia o a una omisión caprichosa de la autoridad. Por el contrario, la demora se
justifica por la congestión estructural del Tribunal y por la carga laboral que supera las
capacidades humanas del despacho. En consecuencia, el análisis de las pruebas
aportadas permite concluir que el Tribunal ha actuado con la diligencia debida y que los
términos procesales transcurrieron amparados por una justificación objetiva. De esta
manera, el despacho judicial ha cumplido sus funciones en la práctica operativa de la
administración de justicia.

26. Por último, se advierte que los accionantes no acreditan una situación de
vulnerabilidad o urgencia que justifique la ruptura del orden de turno. El artículo 63A de
la Ley 270 de 1996 estableció criterios de prelación legal para proferir sentencias
preferentemente. No obstante, el examen de las piezas procesales y del historial en el
sistema de gestión judicial no arrojó evidencia de que los accionantes se encuentren en
alguno de los supuestos de hecho previstos por el legislador. En vista de ello, la autoridad
judicial debe sujetarse al orden cronológico de llegada de los asuntos para asegurar el
derecho a la igualdad de todos los usuarios del sistema.

IV. DECISIÓN

27. Por las razones expuestas, y comoquiera que los accionante son lograron demostrar

la afectación alegada a sus derechos fundamentales, esta Sala procederá a negar las
pretensiones de la acción de tutela que nos ocupa.

28. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo de los derechos fundamentales invocados por
Esteban Camilo Páez Argüello, José Antonio Páez Argüello, Paula Geraldine Páez
Urueña y Miguel Ángel Páez Urueña, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02050-00
Accionante: Carolina Gutiérrez Estrada
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. De no ser impugnada, y una vez quede ejecutoriada esta providencia, como
lo prevé el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.