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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02054-00

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02054-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02054-00 (3083)
Accionante: Guilio Alberto Pomares Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: ajuste salarial docente. Subtema 3:
defectos sustantivo y fáctico.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Guilio Alberto Pomares Sánchez contra el
Tribunal Administrativo del Magdalena.

1. Síntesis del caso

El señor Guilio Alberto Pomares Sánchez, a través de apoderada, presentó acción
de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, así como el principio
de favorabilidad, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 9 de
septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado núm. 47001-33-33-010-2024-00225-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02054-00, índice 2, certificado 35E4422D07589E39 33413634E546676D
F42DEF19CDF5BE86 E767AF593189C390.

Radicado:11001-03-15-000-2026-02054-00 (3083)
Accionante: Guilio Alberto Pomares Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

2. El señor Guilio Alberto Pomares Sánchez es educador oficial y durante su
trayectoria laboral se ubicó en la categoría 2BE del escalafón docente, conforme al
régimen establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002.

3. El accionante, mediante sendos escritos radicados en la Secretaría de
Educación del Magdalena y en el Ministerio de Educación Nacional, solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos
que, a su juicio, fueron «desiguales e injustificados decretados para el año 2009, en
los cuales se favoreció a docentes de una categoría inferior (2AE)» en detrimento
de quienes, como él, se encontraban en el escalafón 2BE.

4. La entidad territorial y el Ministerio de Educación Nacional, a través de los oficios
MAG2024EE002462 del 21 de febrero de 2024 y 2024-EE-055607 del 27 de febrero
de 2024, respectivamente, negaron el requerimiento del tutelante.

5. El señor Guilio Alberto Pomares Sánchez presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Secretaría de Educación del
Magdalena y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que: i) se
inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024, que definió la escala salarial del
personal docente; ii) se dejaran sin efecto los referidos actos administrativos y, iii)
se ordenara pagar a su favor la diferencia salarial causada en los últimos 3 años de
servicio, con base en los incrementos porcentuales establecidos por el Gobierno
nacional durante el año 2009, conforme el valor reconocido para los docentes
pertenecientes al escalafón 2AE, dado que el aplicado al nivel 2BE, al que
pertenece, fue inferior. Asimismo, pidió el respectivo ajuste de sus prestaciones
sociales.

6. El Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta, mediante sentencia del 21
de marzo de 2025, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el grado
de escalafón 2BE no se encontraba en un plano de igualdad frente al grado de
escalafón 2AE, pues la diferencia se justificó en los niveles académicos y demás
criterios de preparación, mérito y experiencia que tenían dichos educadores, por lo
que existía un criterio objetivo para un trato distinto. Contra dicha decisión, la parte
actora presentó recurso de apelación.

7. El Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de providencia del 9 de
septiembre de 2025, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA en la
sentencia proferida el día 09 de septiembre de 2025, en el expediente radicado bajo
número 47-001-3333-010-2024-00225-01, transgredió los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a)
GUILIO ALBERTO POMARES SÁNCHEZ, por considerar que las razones de la

2

Radicado:11001-03-15-000-2026-02054-00 (3083)
Accionante: Guilio Alberto Pomares Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco
normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular
del (la) docente GUILIO ALBERTO POMARES SÁNCHEZ a la luz de los argumentos
planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate
jurídico2.

9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia del Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en defecto
sustantivo, porque no efectuó una interpretación adecuada de los postulados
normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se apartó de
los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia.

10. De esta manera, explicó que la autoridad accionada desconoció de manera
arbitraria el alcance del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto
Ley 1278 de 2002, en tanto otorgó un trato desigual a los incrementos salariales
aplicados a los docentes de las categorías 2 BE y 2 AE3, que se realizó en el año
2009, cuya diferencia carecía de sustento objetivo y produjo una afectación
permanente en la base salarial de los docentes de la categoría 2 BE.

11. Resaltó que para el Tribunal las diferencias en el incremento salarial del año
2009 entre las categorías 2 BE y 2 AE respondían a criterios razonables previstos
en la normativa, tales como la formación académica, la experiencia y la ubicación
en el escalafón docente; sin embargo, no tuvo en cuenta los principios de igualdad
y progresividad que regulan los aspectos salariales.

12. Por otra parte, indicó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico,
porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 2AE y
2BE.

13. Finalmente, puso en conocimiento que, en sentencia del 25 de marzo de 2025,
el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín accedió a las pretensiones de
una demanda de iguales fundamentos fácticos y jurídicos, postura reiterada por el
Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín.

2
Se transcribe incluso con errores.
3
En el año 2009 el incremento decretado por el Gobierno nacional fue del 15.61% para el grado 2 AE y de 7.67% para el
grado 2 BE.
3

Radicado:11001-03-15-000-2026-02054-00 (3083)
Accionante: Guilio Alberto Pomares Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

2.3. Trámite procesal

14. El despacho ponente, mediante auto del 19 de marzo de 20264, admitió la
demanda, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo del Magdalena, en su
calidad de autoridad accionada, y puso en conocimiento el escrito de tutela al
Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta, a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, al departamento de Magdalena, al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y a la Fiduprevisora S.A., en su condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

15. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público5 solicitó que se declare
improcedente o, en su defecto, se niegue la tutela, porque: (i) la providencia
cuestionada se fundamenta en una interpretación razonable del régimen jurídico
aplicable, en relación con el mecanismo de ajuste salarial de los docentes; (ii) no se
acredita una vulneración actual, cierta y concreta de derechos fundamentales; y
(iii) se pretende utilizar la tutela como un mecanismo para replantear un debate
procesal ya definido por el juez competente.

16. El Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta6 remitió, a esta corporación,
el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.

17. El Tribunal Administrativo del Magdalena7 manifestó que la sentencia del 9 de
septiembre de 2025 efectuó una valoración razonable de la normativa, la
jurisprudencia y las pruebas aportadas al proceso, lo cual permitió advertir que los
incrementos salariales para el personal docente no generaban un trato
discriminatorio, pues el Gobierno se encuentra facultado para fijar escalas
diferenciadas según criterios como el mérito, la experiencia y las políticas públicas.

18. Asimismo, indicó que la decisión acusada explicó que el principio de igualdad
permite diferencias razonables en salarios si se basan en criterios objetivos y
legítimos, de modo que las variaciones porcentuales no constituyen discriminación,
dado que, este tipo actuaciones pueden procurar equidad y mejorar condiciones de
empleados en niveles bajos, sin afectar negativamente a quienes están en escalas
superiores.

19. En concreto, argumentó que no se configuró el defecto sustantivo alegado, ya
que la providencia aplicó las normas correspondientes y realizó una interpretación
razonada, aunque el accionante no la comparta. Tampoco existe un defecto fáctico,
pues la decisión judicial se basó en un análisis jurídico y no omitió elementos
relevantes del expediente.

4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02054-00, índice 4, certificado 63F78FCDFFA8E946 A9ECA2EC453E82DE
4D4C171F8DFFE683 FFA5D4BE8D9F715B.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02054-00, índice 11, certificado 5F4D4121C4D3A666 A43047721681806E
91A70E26093E9D15 A8A80447344E7960.
6
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15A0EEAE099506D3 83E4338F2FC2C07B.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02054-00 índice 15 certificado E2D792ABDEFA7AD2 47D54868428A704A
98130174304F3719 67F85E4E8595DFE9.
4

Radicado:11001-03-15-000-2026-02054-00 (3083)
Accionante: Guilio Alberto Pomares Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

20. Por otro lado, advirtió que la inconformidad del accionante se centra en la
interpretación jurídica que se desarrolló en la providencia cuestionada, pero no
demostró una situación que derive en una vulneración de sus derechos
fundamentales, por lo que la tutela no puede emplearse como una instancia
adicional para reabrir debates jurídicos y probatorios, que ya fueron resueltos por el
juez competente, toda vez que ello desborda el carácter excepcional y subsidiario
del amparo constitucional.

21. Por lo expuesto, solicitó que se declare improcedente la tutela, debido a que no
se configura ninguno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional
en contra de la sentencia cuestionada.

22. El Ministerio de Educación Nacional8 consideró que carece de legitimación en
la causa por pasiva para responder por las pretensiones de la tutelante, toda vez
que su inconformidad se dirige en contra de una providencia judicial, en cuyo trámite
de expedición no tuvo injerencia alguna.

23. Adicionalmente, refirió que el asunto carece de relevancia constitucional, en la
medida que la parte tutelante no desarrolló una carga argumentativa y probatoria
encaminada a demostrar las posibles falencias probatorias en las que incurrieron
las autoridades judiciales accionadas. En consecuencia, pidió que se declare
improcedente la tutela.

24. Los demás vinculados guardaron silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Guilio Alberto Pomares Sánchez en
contra del Tribunal Administrativo del Magdalena.

3.2. Legitimación en la causa

26. La legitimación en la causa por activa del señor Guilio Alberto Pomares Sánchez
está acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

27. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Magdalena, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia,
objeto de tutela.

8
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-02054-00 índice 17 certificado 72BD4DE94FF5E03A 46E853418C8D78B6
C43B69D02BA67F79 9C48048D53DB50CA.
5

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Accionante: Guilio Alberto Pomares Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

28. Por otro lado, se advierte que el Ministerio de Educación Nacional solicitó su
desvinculación, al considerar que no estaba llamada a responder por la vulneración
de los derechos fundamentales de la parte accionante.

29. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad actuó como parte demandada dentro del proceso ordinario en el
que fue expedida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión
que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se
negará su solicitud.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

30. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional10.

31.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

32. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

33. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
6

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inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

34. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

35. Así pues, la Corte Constitucional14 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»15 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»16;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

36. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada fue proferida con desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
37. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

38. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 9 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena fue notificada el 7 de octubre siguiente17, y la demanda de tutela se

12
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Samai, exp. 47001-33-33-010-2024-00225-01, índice 11.
7

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presentó el 13 de marzo de 2026 18, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto
por la jurisprudencia constitucional19 y del Consejo de Estado20 como razonable.

39. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

40. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

41. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y fáctico y, en
ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.

3.4. Problema jurídico

42. Corresponde a la Sala determinar ¿si el Tribunal Administrativo del Magdalena
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a
la administración de justicia e incurrió en los defectos sustantivo y fáctico al proferir
la sentencia del 9 de septiembre de 2025, que confirmó decisión21, que negó las
pretensiones de la demanda promovida por el accionante contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Magdalena, relacionadas
con el ajuste de la diferencia salarial entre los escalafones que ocupó 2BE con
respecto al grado 2 AE?

43. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto sustantivo

44. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado22.

45.De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable

18
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02054-00 índice 1.
19
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
21
Sentencia del 21 de marzo de 2025, expedida por el Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
8

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interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

46. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]23.

47. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

48. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).24

3.4.2. El defecto fáctico

49. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»25. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión26» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

50. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»27. Por su parte, la dimensión

23
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
26
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
9

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negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»28.

51. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso29.

52. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial30, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»31.

53. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente
opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de
los materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

28
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
29
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
30
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
31
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
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Accionante: Guilio Alberto Pomares Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]32.

3.5. Caso concreto

54. En el asunto bajo estudio, Guilio Alberto Pomares Sánchez presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Magdalena, con el fin de que
se dejaran sin efectos los oficios 2024-EE-055607 del 27 de febrero de 2024 y
MAG2024EE002462 del 21 de febrero de 2024 y, en consecuencia, se ordenara
pagar la diferencia salarial existente entre el grado que ocupa como educador
ubicado en el nivel 2BE con respecto al 2AE del escalafón nacional docente.

55. En primera instancia, el Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta,
mediante providencia del 21 de marzo de 2025, negó las pretensiones de la
demanda. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Magdalena
emitió fallo el 9 de septiembre de 2025, en el que confirmó la providencia de primera
instancia.

56. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo del 9 de septiembre de 2025,
incurrió en defecto sustantivo, por cuanto no realizó una interpretación adecuada de
los postulados normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto
se apartó de los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia,
especialmente los principios de igualdad y progresividad.

57. De este modo, precisó que la autoridad accionada desconoció el alcance del
artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, en
tanto otorgó un trato desigual en los incrementos salariales de los docentes
ubicados en los niveles 2BE y 2AE, que se realizó en el año 2009, sin tener en
cuenta que la diferencia carecía de fundamento objetivo y produjo una afectación
permanente en la base salarial de los docentes de la categoría 2 BE.

58. Además, indicó que la decisión cuestionada contiene un defecto fáctico, porque
pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que
justificaran de decisión de la administración de otorgar distintos porcentajes de
incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 2BE y 2AE.

59. Al respecto, se observa que, el Tribunal Administrativo del Magdalena, en
atención a la pretensión del demandante, efectúo un análisis del asunto a partir del
contenido del Decreto Ley 1278 de 2002, en el cual se establece el Estatuto de
Profesionalización Docente, que regula aspectos como el acceso, la permanencia,
los nombramientos y los ascensos dentro de la carrera docente oficial.

60.Así pues, indicó que el decreto (artículos 19, 20 y 21) plantea una estructura del
escalafón docente con base en tres grados, cada uno compuesto por cuatro niveles

32
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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Accionante: Guilio Alberto Pomares Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

salariales (A, B, C y D), que dependen de la formación académica del educador. De
este modo, el ingreso a la carrera y la ubicación dentro del escalafón se hace
conforme el título académico y los ascensos o reubicaciones requieren una
evaluación de competencias, el cumplimiento de requisitos y un tiempo mínimo de
permanencia o experiencia.

61. Asimismo, se observa que el Tribunal accionado precisó que el Decreto 714 de
6 de marzo de 2008 introdujo modificaciones en la estructura de los grupos
salariales, al establecer asignaciones diferenciadas para los docentes del grado de
escalafón 2, según contaran o no con título de especialización, cuya modalidad se
mantuvo hasta el año 2011.

62. En este sentido, la autoridad judicial accionada efectuó un análisis del contenido
del Decreto 624 de 2008, modificado por el Decreto 714 de 2008, el Decreto 702
de 2009, modificado por el Decreto 1238 de 2009 y los decretos 1367 de 2010 y
1027 de 2011, con el fin de comparar los incrementos salariales asignados a los
docentes ubicados en los niveles 2BE y 2AE, lo cual le permitió concluir que durante
los años 2008, 2009 y 2011 los aumentos salariales no se distribuyeron de manera
homogénea entre los diferentes niveles del escalafón docente.

63. De este modo, el Tribunal concluyó que la diferenciación del incremento salarial
en la escala docente no implicaba una vulneración del derecho a la igualdad ni al
trabajo del demandante. Por el contrario, esta práctica estaba respaldada y
justificada por las mismas normas que regulan el régimen docente vigente.

64. En concreto, la providencia cuestionada se pronunció sobre los criterios de
diferenciación en los cuales se estructuró el escalafón docente en el Decreto Ley
1278 de 2002, con base en las siguientes consideraciones:

De este modo, el Decreto Ley 1278 de 2002 definió tres grados dentro del escalafón
docente, los cuales se determinan según el nivel de formación académica del
educador. Para acceder al Grado 1, es necesario ser normalista superior; para el Grado
2, se requiere ser licenciado en Educación o profesional con título distinto, siempre que
cuente con formación pedagógica o una especialización en educación; y para el Grado
3, se exige ser licenciado o profesional y acreditar un título de maestría o doctorado en
un área relacionada con la especialidad o el desempeño docente, o en una disciplina
clave para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.

Lo expuesto demuestra cómo se aplican los criterios para la profesionalización docente
mediante la organización del escalafón en grados crecientes según el nivel académico.
Así, el grado inicial está destinado a los normalistas superiores, mientras que el grado
máximo corresponde a licenciados o profesionales que cuentan con un título de
doctorado.

65. Adicionalmente, el Tribunal Administrativo del Magdalena mencionó que el
estatuto docente en su artículo 46 establece que el salario y las prestaciones del
personal educador es fijado por el Gobierno nacional, de acuerdo con el grado y el
nivel que acrediten en el escalafón, además de los parámetros definidos en el
artículo 2 de la Ley 4 de 1992.

66. Sobre el particular, la corporación judicial accionada puso de presente que la

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Accionante: Guilio Alberto Pomares Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

«sentencia C-313 de 2003, en la cual la Corte Constitucional, al examinar la
constitucionalidad del artículo 46 del Decreto 1278 de 2002, aclaró que el régimen
salarial de los empleados públicos, incluyendo a los docentes, es una atribución del
presidente de la República, quien debe ejercerla conforme a los lineamientos de la
Ley 4 de 1992. Esta función debe cumplirse respetando el principio de igualdad,
aunque ello no significa que se deba aplicar de forma rígida o automática»[sic].

67. Al respecto, el Tribunal destacó que la jurisprudencia constitucional ha
precisado que el principio de igualdad no exige un trato idéntico cuando hay razones
objetivas que fundamentan la diferencia, pues si bien los docentes pueden cumplir
funciones similares, las condiciones particulares de cada escalafón, como los
requisitos de ingreso, permanencia y ascenso, generan diferencias sustanciales que
justifican un trato diferenciado.

68. Con base en el referido contexto normativo y jurisprudencial, el Tribunal
Administrativo del Magdalena se pronunció, de manera particular, sobre el caso del
accionante, en los siguientes términos:

En el presente caso, la parte demandante cuestiona la diferencia establecida por el
Gobierno al determinar los incrementos salariales para los docentes en el año 2009,
donde se aplicaron porcentajes variados según el nivel del escalafón docente al que
pertenecen. Sin embargo, este Tribunal considera que dicha diferencia no constituye
una violación al derecho a la igualdad ni al derecho al trabajo de los docentes. Esto
se fundamenta en que, conforme a las normas previamente analizadas, el Gobierno
cuenta con plena facultad para establecer tales diferencias, según los criterios
establecidos en el estatuto docente y la Ley 4 de 1992. Por lo tanto, está permitido
aplicar aumentos distintos para cada grado del escalafón, con el fin de cumplir los
objetivos del marco normativo, entre los cuales se destaca el incentivo a la
profesionalización del ejercicio docente

Esto, en función de los objetivos del estatuto docente y la Ley 4 de 1992, como es
el fomento al mejoramiento profesional del magisterio. Cabe destacar que una
diferencia salarial solo se considera discriminatoria cuando carece de justificación
objetiva y razonable, es decir, cuando no responde a criterios válidos desde el punto
de vista constitucional. Esto no ocurre en el caso analizado, ya que el propio
ordenamiento jurídico otorga al Gobierno la competencia para fijar tanto el salario
como su incremento, permitiéndole establecer aumentos distintos según el grado y
nivel en el escalafón, con el propósito de incentivar la profesionalización docente.

Como se mencionó, el legislador estableció como criterios fundamentales para la
expedición del estatuto docente la implementación de incentivos para el
mejoramiento profesional, sistemas de ascenso y oportunidades para el desarrollo
académico de los docentes. Estos principios se reflejan, entre otras disposiciones,
en el artículo 46 del Decreto 1278 de 2002, que señala que los salarios deben
determinarse según el grado y nivel que cada docente posea en el escalafón. Esta
regulación está en consonancia con los lineamientos establecidos en el artículo 2
de la Ley 4 de 1992.

Por su parte, el análisis del principio de igualdad exige comparar situaciones
equivalentes, es decir, personas que desempeñen las mismas funciones, bajo las
mismas condiciones jurídicas y dentro del mismo régimen salarial y prestacional, por
lo que, la desigualdad salarial y el trato discriminatorio se configuran únicamente
cuando no existen razones objetivas y justificadas que las sustenten, y cuando la
diferencia no se basa en criterios constitucionalmente válidos que permitan un trato
distinto. Esto no ocurre en el presente caso, ya que, como se mencionó
anteriormente, el propio marco normativo faculta al Gobierno para establecer los
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Accionante: Guilio Alberto Pomares Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

salarios y sus incrementos para los docentes, permitiéndole aplicar aumentos
diferenciados según el grado y nivel, con el propósito de fomentar el mejoramiento
profesional del personal docente.

En ese orden de ideas, se advierte que el docente demandante se encuentra
escalafonado en la categoría 2BE, con título de especialización, y que su
inconformidad radica en que, a pesar de ocupar un grado avanzado en la carrera
docente, no recibió aumentos salariales proporcionales a los que fueron reconocidos
a otros grados como el grado 2AE especialmente en el año 2009, y que esa
diferencia se mantuvo con la expedición del Decreto 284 de 2024. Sin embargo, del
análisis normativo y de los antecedentes salariales se concluye que dicha situación
no constituye una discriminación inconstitucional ni una omisión normativa
reprochable, por cuanto las diferencias salariales entre grados responden a niveles
distintos de formación académica, conforme lo establece expresamente el artículo
21 del Decreto 1278 de 2002

Así, esta Sala no encuentra probado que el actor haya sido tratado de forma desigual
frente a sujetos en situación equivalente, ni que el sistema salarial aplicado le
imponga cargas injustificadas. Por el contrario, su salario obedece a la estructura
legal y reglamentaria vigente, en virtud de la cual se reconocen mayores beneficios
a quienes han alcanzado mayores niveles de formación, lo cual constituye una
medida idónea y razonable para promover la excelencia en el servicio educativo.

69. El Tribunal consideró que la diferencia en los incrementos salariales para los
educadores en el año 2009 estaba justificada por los objetivos del estatuto docente
y la Ley 4 de 1992. De manera que no se desconoció preceptos superiores como la
igualdad y el trabajo de la parte demandante, pues el Gobierno nacional se
encuentra facultado para establecer aumentos diferenciados según el escalafón.

70. En este sentido, la providencia cuestionada refirió que el artículo 46 del Decreto
1278 de 2002 es explicitó en establecer que los salarios deben fijarse según el grado
y nivel de cada docente, en coherencia con la Ley 4 de 1992.

71. Así pues, la autoridad judicial precisó que el principio de igualdad exige
comparar situaciones equivalentes. Por lo tanto, las diferencias salariales solo
serían discriminatorias si no tuvieran justificación constitucional o legal alguna, lo
que no sucedió en este asunto, pues el Gobierno está facultado para fijar salarios y
sus incrementos según el grado y nivel.

72. En este punto, la sentencia objeto de tutela destacó que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional33 y del Consejo de Estado34 ha indicado que, quien pretenda
la nivelación salarial, porque considera que la función que cumple resulta
equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor salario, debe
acreditar que: a) Realizaba las mismas funciones que éste, b) contaba con similar
preparación y c) acreditó los requisitos que exige el empleo.

73. En efecto, a juicio de la autoridad accionada, un ajuste salarial fundado en un
presunto trato discriminatorio entre dos servidores públicos solo puede ser objeto
de análisis cuando se demuestra que ambos se encuentran en condiciones
laborales y funcionales verdaderamente equivalentes. En tal sentido, no resulta

33
Corte Constitucional Sentencia C-078 de 2012
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de julio de 2024, radicado núm. 05001-23-33-000-
2019-02555-01.
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Accionante: Guilio Alberto Pomares Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

suficiente que desempeñen cargos con algunas características similares, sino que
debe acreditarse una coincidencia sustancial en cuanto a sus funciones,
responsabilidades y requisitos. De esta manera, debe evidenciarse que no existen
razones objetivas ni justificadas, de orden constitucional o legal, que respalden la
diferenciación en la remuneración.

74. Así las cosas, el Tribunal advirtió que el demandante, si bien cuenta con una
especialización y se encontraba en un grado avanzado del escalafón, lo cierto es
que recibió un incremento salarial similar al otorgado a otros docentes que, para el
año 2009, se hallaban en idénticas condiciones dentro del mismo escalafón. En
consecuencia, concluyó que dicha situación no configuraba un trato discriminatorio,
en la medida en que las diferencias remuneratorias se sustentan en el nivel de
formación académica, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1278 de 2002.

75. Con fundamento en lo anterior, la corporación judicial accionada concluyó que
en el caso del señor Guilio Alberto Pomares Sánchez no se demostró un trato
desigual ni cargas injustificadas, dado que su salario responde a la normativa
vigente, que reconoce mayores beneficios a quienes tienen mayor formación y
experiencia.

76. En este orden de ideas, se observa que la sentencia del 9 de septiembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, realizó un análisis
razonable y adecuado de la normativa, la jurisprudencia aplicable al asunto y los
documentos aportados al proceso, lo que le permitió concluir que la diferencia
salarial existente entre los docentes ubicados en los niveles 2 AE y 2 BE del
escalafón nacional docente se justificaba en criterios objetivos definidos por el
legislador (Decreto Ley 1278 de 2002), relacionados con la capacitación y el nivel
educativo del docente.

77. En efecto, se advierte que el Tribunal analizó el contenido del Decreto Ley 1278
de 2002 en conjunto con los decretos salariales 624 y 718 de 2008 y 702 y1238 de
2009 para verificar la trazabilidad con la que el Gobierno nacional realizó los
incrementos salariales durante dichas anualidades para los grados 2 AE y 2 BE y,
las condiciones que llevaron a definir los valores respectivos.

78. El estudio normativo y jurisprudencial desarrollado por la autoridad accionada
le permitió constatar que la diferencia salarial establecida para los docentes en los
grados 2 AE y 2 BE, además tener una justificación válida, tampoco es contraria al
principio de progresividad y no regresividad en materia salarial, dado que no se
demostró una desmejora económica para los educadores ubicados en el grado 2BE.

79. Cabe aclarar que el porcentaje que el tutelante aduce fue reconocido para los
docentes ubicados en el grado 2BE, en el año 2009, no fue inferior al IPC certificado
por el DANE35 para esa anualidad, por lo que no se puede advertir que el valor
otorgado represente un acto inequitativo o regresivo frente a sus derechos
salariales.

35
El IPC (Índice de Precios al Consumidor) de Colombia para el año 2009 tuvo una variación anual del 2.0%.
15

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Accionante: Guilio Alberto Pomares Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

80. Dicho esto, para la Sala no es posible inferir la configuración de un defecto
sustantivo y fáctico como lo plantea la parte tutelante, pues las razones y motivos
que dieron origen a la fijación discriminada del salario entre los grados 2 AE y 2 BE
tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002, el
cual faculta al ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de los educadores
en los siguientes términos:

«El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de
acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad
con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados
en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones
adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el
tamaño de la institución educativa que dirijan». [subrayado fuera de texto].

81. De acuerdo con lo anterior, se observa que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Magdalena de ninguna manera realizó una interpretación
sesgada de la normativa aplicable y de los criterios jurisprudenciales que rigen el
caso sometido a estudio; por el contrario, lo que se advierte es que los argumentos
desarrollados en la providencia objeto de tutela atienden las pautas establecidas
por el legislador sobre la forma de definir los incrementos salariales de los docentes.

82. Adicionalmente, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la autoridad
judicial accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo
que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible inferir que la
decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que el Tribunal no le
haya otorgado el valor probatorio que el tutelante pretendía que se les atribuyera a
los medios de prueba allegados al proceso.

83. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»36.

84. De otro lado, es preciso indicar que las decisiones emitidas por los Juzgados
Veintitrés Administrativo Oral de Medellín y Veintiocho Administrativo de Medellín
no son precedente vertical u horizontal obligatorio para el Tribunal Administrativo
del Magdalena, motivo por el cual no constituyen un criterio que deba ser acogido
por la autoridad accionada.

85. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de

36
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
16

Radicado:11001-03-15-000-2026-02054-00 (3083)
Accionante: Guilio Alberto Pomares Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien la providencia
objeto de tutela no resultó favorable al tutelante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales.

86. De esta manera, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el
debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento
que se acomode a sus intereses y pretensiones.

4. Conclusión

87. La providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena no vulneró
los derechos fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto no se
evidencia en su contenido un análisis arbitrario, o caprichoso, ajeno a preceptos
jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por
los defectos sustantivo y fáctico, que exija la intervención del juez de tutela. Por
tal motivo, se negará la solicitud de amparo invocada por el accionante.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de
Educación Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por Guilio Alberto Pomares Sánchez
en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

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Radicado:11001-03-15-000-2026-02054-00 (3083)
Accionante: Guilio Alberto Pomares Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace.

18

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