RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02055-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02055-00

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02055-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. - Negar la solicitud de desvinculación formulada por la Fiscalía General de la Nación. Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Luis Andrés Pérez, quien actúa a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones aquí expuestas. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.-En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02055-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02055-00
Accionante: LUIS ANDRES PÉREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
CALI

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de reparación directa
con pretensión de declarar la responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad. Requisito general de inmediatez

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Luis Andrés Pérez, quien actúa por conducto de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el
Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cali.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 13 de marzo de 2026, la parte actora solicitó al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia y a la igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades
judiciales accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“[sic a toda la nota] 1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del señor LUIS ANDRÉS PÉREZ.

2. Dejar sin efectos la Sentencia de Segunda Instancia de 30 de mayo de 2024 proferida por
la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del Rad. 2014-
00338-01.

3. Ordenar a la misma Sala que, en el término perentorio que fije el juez constitucional, dicte
una nueva sentencia que:

(i) aplique integralmente el estándar constitucional fijado por la Corte Constitucional en SU-
072/2018 (y su reiteración posterior), evaluando art. 90 C.P. la antijuridicidad del daño, la
corrección jurídica, razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento, así
como la eventual culpa grave/dolo del actor desde la óptica civil, y o (ii) valore de forma
completa y razonada la absolución (confirmada), la duración de la restricción y los impactos
acreditados, y o (iii) decida de nuevo sobre la responsabilidad y perjuicios conforme a
derecho. [corte const...nal.gov.co], [corteconst...nal.gov.co], [sisjur.bog...ica.gov.co]

4.- Que la Sentencia se cumpla previendo las consecuencias que al tenor del Decreto 2591 de
1991, puedan derivarse del hecho de sustraerse a los efectos jurídicos impuestos por el fallo”.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02055-00
Accionante: Luis Andrés Pérez

Medida provisional (art. 7º D. 2591/1991): de ser necesario, suspender los efectos de la
sentencia impugnada mientras se decide de fondo, para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable (caducidades, afectación al derecho a reparación) [corte cont...nal.gov.co]”.

2. Hechos

De la lectura del escrito de tutela y el expediente ordinario se observan los
siguientes hechos relevantes:

El señor Luis Andrés Pérez fue capturado el 18 de diciembre de 2007 por el
presunto delito de apoderamiento de hidrocarburos en concurso homogéneo y
sucesivo. El 19 de diciembre de 2007, el Juzgado 30 Penal Municipal de Cali
legalizó su captura, formuló imputación e impuso medida de aseguramiento
intramural, sustituida posteriormente por prisión domiciliaria.

El 24 de septiembre de 2010, el Juzgado Quinto Penal Especializado del Circuito
con Función de Conocimiento de Cali profirió la sentencia absolutoria núm. 28 por
no mediar certeza de materialidad o autoría por parte del imputado en los hechos
investigados.

El 25 de agosto de 2011, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali confirmó la decisión de primera instancia, en aplicación los principios de la
presunción de inocencia e in dubio pro reo.

El 30 de mayo de 2012, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia inadmitió cuatro recursos extraordinarios de casación.

El señor Luis Andrés Pérez, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, presentó demanda de reparación directa contra la Fiscalía General de la
Nación y la Rama Judicial que correspondió por reparto al Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Cali, despacho que tramitó el proceso bajo el
radicado núm. 76001-33-33-012-2014-00338-00.

El 23 de mayo de 2017, el precitado despacho judicial mediante sentencia núm. 71
accedió parcialmente a las pretensiones, declaró la privación injusta de la libertad,
condenó a la rama judicial y excluyó a la Fiscalía por falta de legitimación en la
causa por pasiva, reconociendo perjuicios materiales y morales. En concreto,
aplicó el régimen objetivo de responsabilidad por daño especial y concluyó que el
demandante no estaba obligado a soportar el daño antijurídico causado, pues
primaba la intangibilidad de la presunción de inocencia en el proceso penal, la cual
no había sido derrumbada.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial interpuso recurso de apelación,
que fue resuelto en sentencia de 30 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, a través de la cual revocó la decisión favorable
de primera instancia para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda, al
considerar conforme a las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018 que la
privación de la libertad del señor Luis Andrés Pérez no configuró un daño
antijurídico imputable al Estado, en tanto la medida de aseguramiento fue
impuesta con fundamento en elementos de convicción suficientes, dentro de los
parámetros legales y constitucionales vigentes para la etapa inicial del proceso
penal, sin que se evidenciaran actuaciones arbitrarias, desproporcionadas o
contrarias a derecho por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Rama
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02055-00
Accionante: Luis Andrés Pérez

Judicial. Precisó que la posterior absolución del procesado, incluso bajo el
principio de in dubio pro reo, no genera automáticamente responsabilidad estatal,
pues el juicio de responsabilidad penal se estructura en una fase probatoria
distinta y más exigente que la requerida para la imposición de medidas cautelares,
razón por la cual concluyó que la detención no fue injusta en los términos exigidos
por la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa.

El 30 de mayo de 2024, se notificó la decisión judicial de segunda instancia, sin
que obre en el Sistema para la Gestión Judicial –SAMAI-, actuación interlocutoria
posterior.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora sostuvo que la demanda cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial, concretamente sobre la
inmediatez, indicó que “se interpone dentro de un término razonable desde la
notificación de la sentencia de 30 de mayo de 2024, acorde con el estándar de la
SU-961 de 1999”.

Sobre los requisitos especiales alegó que la providencia objeto de tutela incurre
en desconocimiento del precedente constitucional1 y en defecto fáctico, lo que
comporta una vulneración a su derecho fundamental al debido proceso.

En cuanto al desconocimiento del precedente judicial mencionó que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció las sentencias SU-072 de
2018, SU-081 de 2024 y SU-126 de 2025, así como la línea que estas consolidan,
al negar la configuración de un daño antijurídico pese a la absolución del
procesado. Afirmó que el Tribunal adoptó una lectura excesivamente restrictiva de
dicho precedente sin agotar un examen al artículo 90 Constitución Política.

En ese sentido, reprochó que la decisión trasladara al afectado las cargas
derivadas de la incertidumbre probatoria y del funcionamiento de la administración
de justicia, desconociendo que, conforme a los pronunciamientos de unificación
más recientes, la absolución —especialmente cuando se funda en la duda—
impone un examen más estricto de proporcionalidad y de antijuridicidad del daño,
que no puede ser neutralizado únicamente con la constatación de que la medida
fue adoptada conforme a los requisitos legales en una etapa inicial del proceso.

Respecto del defecto factico manifestó que el Tribunal omitió ponderar de forma
integral varios aspectos tales como la absolución penal de 2010 y su confirmación
en 2011 por in dubio pro reo, la duración de la restricción de la libertad, los
impactos personales y familiares acreditados (divorcio, afectación económica y
psicológica) y la ausencia de elementos que revelaran culpa grave o dolo del
actor que hubiera dado lugar a la investigación y a la medida. Estos elementos
eran centrales para el juicio de antijuridicidad y para la aplicación del estándar de
la sentencia SU-072 de 2018.

Por último, explicó que en decisiones recientes de unificación de 2024 y 2025 se
refuerzan los estándares de control sobre defecto fáctico y la procedencia de la

1
El demandante también se refiere al defecto sustantivo, pero lo hace para reforzar la
caracterización del desconocimiento del precedente judicial.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02055-00
Accionante: Luis Andrés Pérez

acción de tutela contra providencias judiciales, incluso en el marco de procesos
de reparación directa, imponiendo al juez contencioso una carga de motivación
estricta y de análisis integral del estándar constitucional.

4. Trámite procesal

Por auto de 17 de marzo de 2026, el despacho del magistrado sustanciador
admitió la solicitud de tutela promovida por el señor Luis Andrés Pérez y ordenó
notificar al accionante y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

De igual modo, se vinculó a la Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y al
Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cali, como terceros interesados en el
resultado del proceso. Finalmente, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del
Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las correspondientes
notificaciones electrónicas de 19 de marzo de 2026, con el fin de dar cumplimiento
a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

El magistrado ponente de la sentencia objetada solicitó declarar la improcedencia
de la acción de tutela o, en su defecto, que sea negada, en razón a que no se
evidenció error alguno en la valoración de las pruebas.

Agregó que si bien la tutela es un medio para la protección de los derechos
fundamentales, incluso en escenarios judiciales, lo cierto es que en estos procede
de manera excepcional, pues no se puede utilizar como una tercera instancia
como se pretende, por haberse proferido una decisión adversa a los intereses de
la parte actora.

Aunado a ello, arguyó que el presente caso carece de relevancia constitucional,
en tanto no se evidencia que las decisiones judiciales incurran en graves falencias
que afecten derechos fundamentales o garantías superiores del accionante, pues
no media una actuación caprichosa o arbitraria por parte de esta instancia, por el
contrario, siempre se observaron las ritualidades propias de este juicio.

Sobre los defectos sustantivo y fáctico por indebida valoración probatoria de los
medios allegados al proceso, explicó que debe tenerse en cuenta que la Corte
Constitucional indica que el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser
ostensible, flagrante y manifiesto, el cual debe tener una incidencia directa en la
decisión adoptada, lo que no ocurre en este caso.

Puso de presente que en el expediente objeto de controversia se evidencia que
cada decisión se encuentra debidamente respaldada en aplicación de las normas
y pronunciamientos jurisprudenciales aplicables, de conformidad con lo que las
pruebas aportadas y recaudadas lograron acreditar, pues en efecto, en la
sentencia atacada, una vez analizadas las pruebas se evidenció que la Fiscalía
General de la Nación cumplió con la carga que le impone el artículo 306 del
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02055-00
Accionante: Luis Andrés Pérez

Código de Procedimiento Penal, en tanto la medida de aseguramiento estuvo
debidamente respaldada en aspectos como la determinación de los elementos de
conocimiento necesarios para su imposición y la urgencia de la misma.

Indicó que la tutela incumple el requisito de inmediatez, pues la sentencia se
notificó a la parte actora el 30 de mayo de 2024, y solo hasta el 13 de marzo de
2026, radicó la acción constitucional, esto es, más de 1 año y 9 meses después
de conocer su contenido.

Por último, remitió el enlace del expediente cargado en Sistema para la Gestión
Judicial SAMAI, dentro del proceso con radicado no. 76001333301220140033801,
archivos del expediente digital, que respalda probatoriamente la decisión
adoptada en sentencia de 30 de mayo de 20242.

5.2. Respuesta del Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cali

El titular del despacho judicial indicó que tramitó el proceso de reparación directa
con radicado 76001-33-33-012-2014-00338-00, cuya admisión se realizó el 16 de
octubre de 2014 y una vez cumplido todo el trámite procesal el 23 de mayo de
2017 dictó sentencia en la que concedió las pretensiones de la demanda, decisión
que fue apelada y el 30 de mayo de 2024 el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, la revocó.

Adicionalmente remitió el enlace del expediente digital en Samai para su
consulta3.

5.3. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos del ente
acusador sostuvo que no se configuraba vulneración alguna de derechos
fundamentales y planteó varios argumentos de defensa orientados a la
improcedencia del amparo. En primer lugar, alegó la falta de legitimación en la
causa por pasiva, al señalar que la decisión cuestionada fue proferida por una
autoridad judicial —el Tribunal Administrativo— y no por esa entidad, de modo
que no existía relación de causalidad entre su actuación y la presunta vulneración
invocada. En segundo término, afirmó que la acción de tutela no cumplía con el
requisito de inmediatez, pues fue presentada por fuera del término razonable —
superior a seis meses— contado desde la ejecutoria de la providencia atacada.

Adicionalmente, argumentó que la parte actora no acreditó adecuadamente las
causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales,
en tanto no demostró la existencia de defectos como el fáctico o el
desconocimiento del precedente judicial, incumpliendo la carga argumentativa
exigida por la jurisprudencia constitucional. También sostuvo la ausencia de
relevancia constitucional, al considerar que el asunto correspondía a una
2
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760013333012201400338017600123.
3
https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760013333012201400338007600133&alerta=
99

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02055-00
Accionante: Luis Andrés Pérez

controversia legal ya resuelta en la jurisdicción ordinaria, pretendiendo reabrir el
debate por vía de tutela.

Finalmente, aseveró que no se vulneró el derecho al debido proceso puesto que
las decisiones judiciales cuestionadas se adoptaron con respeto de las garantías
procesales, dentro del marco legal y con motivación suficiente, por lo que solicitó
declarar la improcedencia del amparo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Cuestión preliminar

En el escrito de contestación, la Fiscalía General de la Nación solicitó su
desvinculación por considerar que carece de competencia para atender las
súplicas de la demanda de tutela.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la
que al estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva ha explicado que
este requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se
dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del
derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte
demostrada” 6. Así las cosas, la Sala negará la solicitud presentada debido a que
su participación en este trámite constitucional se dio en calidad de tercero con
interés, por fungir como entidad demandada en el proceso de reparación directa
en el que se profirió la decisión objeto de reproche.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales contra providencia judicial y en caso
afirmativo, si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en los defectos
por desconocimiento del precedente judicial y fáctico, y si vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e
igualdad del actor, al revocar la sentencia favorable proferida por el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Cali dentro del proceso de reparación directa núm.
76001333301220140033800/01.

4. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora bien, aun
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02055-00
Accionante: Luis Andrés Pérez

cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo momento y lugar”, lo que
podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en cualquier
tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos vulnerados, lo
único cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en cada caso
concreto.

Sin embargo, la Corte Constitucional4 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un
término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida
en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que
ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una
persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de
los terceros afectados.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que
la acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que
se tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y
no un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza
en un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la negligencia o
indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 5

La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para
que el juez de tutela pueda determinar6, en cada caso, si se ha cumplido con el
requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de
20167, así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación
personal del peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la
exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que
se produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los
derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no
debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta
la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que
esta se prolongó; (iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta
un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los
derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la
demora en la presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de
derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se
dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la
inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria
de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis
debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y
(v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo

4
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis
5
Ibídem.
6
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006 M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
7
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02055-00
Accionante: Luis Andrés Pérez

que justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los
efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente”8.

En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-372 de 2024, reiteró los
anteriores criterios para analizar las particulares de cada caso en torno a la
presentación de la acción de tutela dentro de un término oportuno y recordó que
no toda manifestación de una circunstancia especial habilita la procedencia del
mecanismo constitucional, puesto que no basta con la simple afirmación de que el
interesado no pudo ejercer la solicitud de amparo en un plazo razonable. Al
respecto, sostuvo que “pretender establecer la inmediatez a partir de un hito diferente al
de la fecha de la sentencia de condena y su notificación, como es la respuesta negativa a
una solicitud de libertad, como lo hace el actor, carece de justificación, pues lo que
pretende cuestionarse es la condena y no la negativa de la libertad”.

Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9
estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse
en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la
sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que
también ha sido acogido por la Corte Constitucional10.

5. Estudio y solución del caso concreto

El señor Luis Andrés Pérez, por conducto de apoderado judicial, presentó acción
de tutela con el objeto de que el juez constitucional proteja sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e
igualdad, supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, al incurrir en los defectos fáctico y desconocimiento el precedente judicial
al revocar la sentencia favorable proferida por el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Cali en el proceso de reparación directa con radicado núm.
76001333301220140033801, cuya pretensión se encaminaba a la declaratoria de
responsabilidad extracontractual del Estado por la privación de la libertad de la
que fue objeto.

Previo a cualquier pronunciamiento, la Sala procede a verificar el cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, especialmente el
de inmediatez, en relación con la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

Conforme se extrae del proceso ordinario, la sentencia objetada fue proferida el 30
de mayo de 2024, y se notificó a las partes por correo electrónico enviado el 30 de
mayo de 2024, por lo que en virtud del numeral 2 del artículo 205 de la Ley 1437
de 2011 se entiende efectivamente notificada el 4 de junio de 2024, fecha a partir
de la cual se verificará el requisito de inmediatez.

En atención a lo que se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión,
el artículo 86 de la Constitución aclara que la acción de tutela debe procurar la
protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que resulten

8
Ibidem.
9
Expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
10
T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02055-00
Accionante: Luis Andrés Pérez

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública. Si
bien, la misma disposición establece que se podrá hacer uso de este mecanismo
constitucional en todo momento, ello no implica que no se deba interponer dentro
de un plazo razonable, pues ello está en consonancia con los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada, los cuales, prima facie, se deben resguardar.

Como la solicitud de amparo fue promovida el 13 de marzo de 2026,
transcurrió un (1) año, nueve (9) meses y 9 días entre el momento de la
notificación de la precitada sentencia y el de la interposición de la acción
constitucional, término que excede el límite razonable establecido
jurisprudencialmente por la Sala Contencioso Administrativa de esta Corporación,
como regla general, acogido igualmente por la Corte Constitucional.

Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional en diferentes
decisiones ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar
que el plazo razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término
fijo, puede entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe
analizarse en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las
condiciones del accionante y los derechos que subyacen en la
pretensión”9, respecto del cual ha precisado “que (…) ha entendido que seis
meses es un plazo razonable para satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello
signifique que dicho término es perentorio”10

En ese mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el juez
debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en riesgo la
seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses), lo cierto
es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su fijación se debe acudir a
criterios como el de razonabilidad y proporcionalidad en cuya valoración le corresponde al
11
juez tener en cuenta las circunstancias que caractericen al caso concreto” .

Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden
existir circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no
se haya presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o
la omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el
tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual. Sin embargo, cuando se trata
de cuestionar providencias judiciales la verificación de este presupuesto se torna
aún más exigente, por lo que no cualquier circunstancia lo excepcionaría cuando
se ha superado el plazo razonable de los seis meses, sino que en cada caso
concreto se deberá efectuar su estudio, siempre con el norte de preservar prima
facie los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
En el presente caso, no se presentaron circunstancias especiales, aunado al
hecho de que la parte actora solo se limitó a señalar que la acción de tutela
cumplía con los requisitos generales de procedencia contra providencias
judiciales, lo que no justifica la presentación de la solicitud de amparo sin el
cumplimiento del requisito de la inmediatez.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no
se cumple con el requisito de la inmediatez.

11
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02055-00
Accionante: Luis Andrés Pérez

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. - Negar la solicitud de desvinculación formulada por la Fiscalía General
de la Nación.

Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Luis Andrés Pérez, quien actúa a través de apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por las razones aquí expuestas.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.-En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.