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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02057-00

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02057-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la Asociación de Pescadores Artesanales (ASOPEZULIA), a través de su representante legal, conforme a la parte motiva de la providencia. Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Radicado: 11001-03-15-000-2026-02057-00 Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02057-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02057-00
Accionante: Asociación de Pescadores Artesanales (ASOPEZULIA)
Accionado: Tribunal Administrativo del Norte de Santander, Sala de Decisión
No. 02

Tema: Debido proceso, acceso a la administración de justicia, entre otros.
Tutela contra fallo de la misma naturaleza DECLARA
IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por la Asociación de
Pescadores Artesanales (ASOPEZULIA), en contra del Tribunal Administrativo del
Norte de Santander, con ocasión de la sentencia del 30 de octubre de 2025 proferida
en el proceso de tutela, al que le fue asignado el número de radicado 54-001-33-33-
015-2025-00213-00 [01].

ANTECEDENTES

La parte accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y mínimo vital.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

La asociación ASOPEZULIA, a través de su representante legal, manifestó que en
representación de sus afiliados, interpuso acción de tutela contra la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, por las omisiones en la identificación,
caracterización y gestión de un pasivo ambiental relacionado con el oleoducto Caño
Limón – Coveñas en el Río Zulia; que han generado un deterioro progresivo del
ecosistema hídrico, con la consecuente imposibilidad material de ejercer la pesca

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artesanal, que constituye la única fuente de ingreso y alimentación de las familias
representadas.

Que dicha acción de tutela fue conocida en primera instancia por el Juzgado 15
Administrativo del Circuito de Cúcuta, quien declaró la improcedencia del amparo
solicitado, al considerar que existían otros mecanismos judiciales idóneos para la
protección de los derechos invocados.

Expuso que dentro del trámite de impugnación, ASOPEZULIA aportó prueba
documental sobreviniente, consistente en una comunicación oficial de Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la cual se reconoce la necesidad de
intervención urgente frente al pasivo ambiental existente en el Río Zulia, así como
documentación relativa a pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre la relación entre el daño ambiental y la afectación de los derechos
fundamentales de las comunidades pesqueras.

Señaló que el proceso fue conocido en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo del Norte de Santander, Sala de Decisión No. 2, autoridad judicial
que mediante sentencia del 30 de octubre de 2025 confirmó la decisión, afirmó que
el argumento central «negar la legitimación por activa de la Asociación, aduciendo
que la vía correcta era la Acción Popular o la Nulidad y Restablecimiento del
Derecho» y que «se negó expresamente a valorar las pruebas sobrevinientes bajo
un rigorismo procedimental que él mismo justificó en criterios de oportunidad formal.
En ningún aparte de la providencia se referencia la Sentencia T-348 de 2012 de la
Corte Constitucional, norma jurisprudencial que resuelve precisamente el punto
central debatido.»

Afirmó que la providencia judicial cuestionada desconoció los derechos
fundamentales al imponer cargas formales desproporcionadas a una comunidad de
pescadores artesanales y al apartarse, sin justificación, del precedente
constitucional vinculante aplicable al caso1.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos fundamentales invocados; se deje sin efectos
la Sentencia del 30 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, Sala de Decisión No. 02, en el Expediente No. 54-001-33-33-
015-2025-00213-01 y se ordene al Tribunal Administrativo de Norte de Santander
que profiera una Sentencia de Reemplazo en la cual:

«A. Valore integralmente las pruebas sobrevinientes allegadas en impugnación,
en particular la comunicación oficial del Ministerio de Ambiente y los
pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

1 Sentencia T-348/12

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B. Aplique el precedente constitucional vinculante contenido en la Sentencia T-
348 de 2012 de la Corte Constitucional, reconociendo la plena legitimación por
activa de ASOPEZULIA. C. Declare la procedencia de la acción de tutela como
mecanismo de protección del mínimo vital de los pescadores artesanales afiliados
a ASOPEZULIA, y adopte las órdenes de protección que correspondan.»

ACTUACIÓN PROCESAL

El 16 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela; se vinculó a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales ANLA, al Cenit S.A.S, al Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible – Corporación Autónoma Regional de la Frontera
Nororiental CORPONOR, como terceros con interés y se corrió el traslado
respectivo.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Norte de Santander señaló que la acción de tutela
se dirige contra una sentencia de tutela proferida por dicha Corporación el 30 de
octubre de 2025, mediante la cual se confirmó la improcedencia del amparo
constitucional decretada en primera instancia, lo cual torna improcedente el nuevo
amparo constitucional, de conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional.

Indicó que la acción de tutela no procede contra fallos de tutela, salvo en el evento
excepcional de configurarse una situación de cosa juzgada fraudulenta, hipótesis
que exige la demostración clara y suficiente de un fraude determinante en la
expedición de la providencia cuestionada y, que la parte accionante no acreditó la
existencia de fraude alguno en la expedición de la sentencia de tutela, ni demostró
la configuración de una cosa juzgada fraudulenta que habilite el estudio excepcional
del amparo constitucional.

En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela
promovida por la Asociación de Pescadores Artesanales Río Zulia.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostuvo que la acción de tutela promovida
por la Asociación de Pescadores Artesanales Río Zulia – ASOPEZULIA se dirige
exclusivamente contra la sentencia de tutela proferida el 30 de octubre de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, providencia respecto de la cual
dicha Cartera Ministerial no tuvo intervención decisoria ni participación funcional
alguna, razón por la cual afirmó que no puede atribuírsele vulneración de derechos
fundamentales derivada de su expedición.

Precisó que, conforme al marco normativo vigente, en especial los Decretos 3570 y
3573 de 2011, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible carece de

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competencia técnica, administrativa y decisoria en relación con los actos y
actuaciones propias de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, así
como frente a la valoración judicial del material probatorio y la interpretación del
precedente constitucional efectuada por la jurisdicción contencioso- administrativa.

En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
frente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por ausencia de
legitimación en la causa por pasiva y por no configurarse vulneración directa de
derechos fundamentales atribuible a dicha entidad.

La representante legal de la asociación de Pescadores Artesanales
(ASOPEZULIA) presentó memorial el 19 de marzo de 2026, con el propósito de
corregir un «error material contenido en el escrito de la tutela primigenia y en el
escrito de impugnación», consistente en la identificación equivocada del número de
expediente ambiental tramitado ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, relacionado con el oleoducto Caño Limón – Coveñas y su incidencia
sobre el Río Zulia; que el radicado correcto corresponde al expediente LAM1082.

Los demás vinculados guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/05 2.

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Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).» (negrilla fuera de texto
original).

Frente al último requisito, la Corte Constitucional en la sentencia SU-1219 de 2001
estableció la regla jurisprudencial de no admitir el amparo constitucional contra las
sentencias de tutela3, pues de lo contrario se prolongaría indefinidamente la
resolución de conflictos en quebranto de la seguridad jurídica y el goce efectivo de
los derechos fundamentales4.

Sin embargo, en la sentencia SU-627 de 2015, la Corte consideró que en los
siguientes casos procede la acción de tutela contra estos fallos, veamos:

«cuando el fallo es proferido por un juez o tribunal diferente a esta
Corporación[25], se ha admitido de forma excepcional su procedencia,
cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que

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la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».

Así las cosas, por regla general no procede la acción de tutela contra sentencia de
tutela; empero, frente a esta regla existe la excepción de cosa juzgada fraudulenta,
la cual, por tratarse del cuestionamiento que se hace de una providencia judicial, es
preciso que el interesado la alegue y demuestre tal situación en la nueva solicitud
de amparo, satisfaciendo, en todo caso, y, en primer lugar, los demás requisitos de
procedibilidad establecidos en la jurisprudencia constitucional.

Análisis del caso concreto

En síntesis, la asociación de Pescadores Artesanales Río Zulia – ASOPEZULIA
sostiene que la sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Norte de Santander, Sala de Decisión No. 02, vulnera sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la igualdad; que incurrió en defecto fáctico, defecto procedimental y
desconocimiento del precedente constitucional. En su sentir, desconoció su
legitimación por activa, omitió valorar pruebas sobrevinientes y se apartó, sin
justificación, de la Sentencia T‑348 de 2012 de la Corte Constitucional.

En la sentencia cuestionada, la autoridad judicial confirmó la decisión que declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta contra la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA, radicado 54-001-33-33-015-2025-00213-00 al
considerar que el accionante contaba con otros medios de defensa judicial y
expresó que:

«...no resulta pertinente entrar a analizar la llamada prueba
sobreviviente aportada mediante el oficio radicado el 28 de octubre del
año en curso por la señora representante legal de la Asociación
accionante. Resta señalar, y sin perjuicio de lo expuesto anteriormente,
que aun cuando se aceptara que la presente acción de tutela pudiera
ser procedente para accederse a las pretensiones de la tutela, es
evidente que tampoco se podría emitir un pronunciamiento como el
pedido por la parte actora. Ello por cuanto a la conclusión de modificar
el Plan de Manejo Ambiental del expediente LAM1082, solamente se
puede llegar después de decretar y practicar pruebas técnicas, con
expertos en la materia, y con la participación del actuar titular de dicha
licencia para garantizarle el derecho de defensa y demás partes
interesadas, lo cual ciertamente resulta imposible a través de una acción
de tutela, reiterándose que el escenario procesal pertinente es el
respectivo proceso ordinario.»

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Al revisar los requisitos de procedencia de la tutela contra fallo de la misma
naturaleza, encuentra la Sala que:
La acción de tutela inicial se promovió contra la ANLA, mientras que la presente se
dirige contra el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, autoridad que
profirió la sentencia objeto de cuestionamiento.

La causa petendi tampoco es igual, porque el argumento para solicitar el amparo en
la acción anterior consistió en la inconformidad por la negativa de la ANLA a
modificar el Plan de Manejo Ambiental del expediente No. LAM1082.

Por lo anterior, se concluye que el primer presupuesto jurisprudencial se encuentra
satisfecho; sin embargo, el segundo requisito, esto es, que la decisión adoptada sea
producto de fraude, no se encuentra superado ya que el accionante no planteó
argumento alguno tendiente a alegar o probar la cosa juzgada fraudulenta, pues los
reparos que expuso se limitan a insistir sobre su desacuerdo con la decisión
adoptada por el juez constitucional, como si se tratara de una nueva etapa de la
acción anterior, sin que en ningún momento exponga sobre la existencia de dicho
fenómeno.
Adicionalmente, tampoco se evidencia que se haya configurado la misma, pues no
se advierte que la decisión se adoptara con fines ilegales ligados a una actuación
dolosa o con fraude a la ley, derivada de una interpretación normativa abiertamente
contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial.
Así las cosas, se declarará improcedente la acción de tutela contra de la sentencia
del 30 de octubre de 2025, por no acreditarse el presupuesto de la cosa juzgada
fraudulenta y no cumplirse el de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la
Asociación de Pescadores Artesanales (ASOPEZULIA), a través de su
representante legal, conforme a la parte motiva de la providencia.

Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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