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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02057-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02057-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 9 de abril de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02057-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02057-01
Accionante: ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES RÍO ZULIA
• ASOPEZULIA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Temas: Tutela contra fallo de la misma naturaleza. Reglas precisadas en la
jurisprudencia constitucional para su análisis. Improcedencia cuando
se ha surtido el trámite de selección y eventual revisión en la Corte
Constitucional y el asunto carece de relevancia constitucional por
carga mínima argumentativa y explicativa

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte demandante contra la sentencia de 9 de abril de 2026
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 13 de marzo de 2026, el demandante pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial
accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso, Acceso a la Administración
de Justicia e Igualdad de la Asociación de Pescadores Artesanales Río Zulia —
ASOPEZULIA — y de sus afiliados.

DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la Sentencia del 30 de octubre de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, Sala de Decisión No. 02, en el
Expediente No. 54-001-33-33-015-2025-00213-01.

ORDENAR al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que, en el término
perentorio de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia, profiera una Sentencia de Reemplazo en la cual:

a) Valore integralmente las pruebas sobrevinientes allegadas en impugnación, en
particular la comunicación oficial del Ministerio de Ambiente y los pronunciamientos de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

b) Aplique el precedente constitucional vinculante contenido en la Sentencia T-348 de
2012 de la Corte Constitucional, reconociendo la plena legitimación por activa de
ASOPEZULIA.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02057-01
Accionante: ASOPEZULIA

c) Declare la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de protección del
mínimo vital de los pescadores artesanales afiliados a ASOPEZULIA, y adopte las
órdenes de protección que correspondan”.

2. Hechos

La parte accionante interpuso acción de tutela contra la Agencia Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA, con fundamento en presuntas omisiones graves en
la identificación, caracterización y gestión del pasivo ambiental generado por el
Oleoducto Caño Limón–Coveñas en el río Zulia.

En dicha oportunidad, solicitó al juez constitucional que: (i) se dejara sin efectos la
parte resolutiva de la comunicación con radicado No. 20252300610151 y, en su
lugar, se ordenara el inicio del trámite administrativo para la modificación del Plan
de Manejo Ambiental (PMA) del expediente LAM1082; (ii) se dispusiera que dicha
modificación incluyera, de manera obligatoria para el titular de la licencia (CENIT
S.A.S.), la formulación y ejecución de un Estudio de Impactos Acumulativos y
Sinérgicos (EIAS) respecto de los derrames históricos de crudo en la cuenca del río
Catatumbo; y (iii) se ordenara a la ANLA garantizar la participación efectiva y
vinculante en la definición de los términos de referencia, la ejecución y la validación
de los resultados del mencionado estudio.

El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de
Cúcuta1, que mediante sentencia del 22 de septiembre de 2025, declaró
improcedente el amparo solicitado, al considerar que existían otros mecanismos
judiciales idóneos para la protección de los derechos invocados.

Contra dicha decisión, la parte accionante interpuso escrito de impugnación, el cual
fue resuelto por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, que mediante sentencia del 30 de octubre de 2025 confirmó la
decisión de primera instancia, con fundamento en la existencia de otros
mecanismos judiciales, como la acción popular y el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante sostuvo que la acción de tutela resulta procedente al cumplir
los requisitos generales de procedibilidad exigidos cuando se interpone contra
providencias judiciales, en particular la relevancia constitucional del asunto, en la
medida en que se encuentran comprometidos derechos fundamentales como el
mínimo vital, la seguridad alimentaria y el acceso a la administración de justicia de
una comunidad de pescadores artesanales en situación de vulnerabilidad.

Indicó que junto con el escrito de impugnación se aportó una prueba documental
sobreviniente de carácter determinante, consistente en una comunicación oficial del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la que se reconoce expresamente
la necesidad de una intervención urgente frente al pasivo ambiental existente en el
río Zulia. Asimismo, expuso que allegó documentación relativa a pronunciamientos
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la relación entre el daño
ambiental y la vulneración de derechos fundamentales de las comunidades

1 Radicado núm. 54-001-33-33-015-2025-00213-00.

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Accionante: ASOPEZULIA

pesqueras, los cuales constituyen parámetros obligatorios de interpretación
conforme al bloque de constitucionalidad.

Señaló que el argumento central del Tribunal tuvo como fundamento la existencia
de otros mecanismos de defensa idóneos como la acción popular y el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, alegó que dicha
autoridad judicial se negó expresamente a valorar las pruebas sobrevinientes
allegadas con el escrito de impugnación, con fundamento en un rigorismo
procedimental sustentado en criterios de oportunidad formal. Asimismo, resaltó que
en ningún apartado de la providencia se hace referencia a la Sentencia T-348 de
2012 de la Corte Constitucional, pese a que esta resuelve directamente el problema
jurídico planteado.

Sostuvo que el Tribunal accionado incurrió en defecto fáctico, en tanto omitió
valorar pruebas determinantes válidamente incorporadas al expediente. En
particular, la comunicación del Ministerio de Ambiente que constituía un
reconocimiento institucional de la urgencia de intervención sobre el pasivo
ambiental, demostrando la gravedad, actualidad y continuidad del daño, así como
la inacción de la ANLA.

De igual forma, consideró que se ignoró la relevancia de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la cual integra el bloque de
constitucionalidad y resulta obligatoria como criterio hermenéutico en materia de
protección de derechos fundamentales frente a daños ambientales.

Alegó la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
al exigir requisitos formales de legitimación y representación individual ajenos a la
naturaleza de la acción de tutela. Al respecto, indicó que la autoridad judicial
accionada impuso cargas desproporcionadas al requerir la acreditación
individualizada de la representación de cada afiliado, desconociendo los principios
de informalidad, celeridad y prevalencia del derecho sustancial sobre las formas que
rigen el mecanismo constitucional, así como la especial condición de vulnerabilidad
de los sujetos representados.

Finalmente, adujo que se desconoció el precedente constitucional, en particular
de las sentencias T-348 de 2012 y T-622 de 2016, en las cuales la Corte
Constitucional estableció que las asociaciones de pescadores artesanales cuentan
con plena legitimación por activa para interponer acción de tutela en defensa de sus
afiliados cuando un daño ambiental compromete su mínimo vital y su seguridad
alimentaria, así como reconoció la relación intrínseca entre las comunidades y los
ecosistemas hídricos y la consecuente obligación de garantizar una protección
reforzada de sus derechos fundamentales.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Norte de Santander

El magistrado ponente de la decisión cuestionada solicitó declarar la improcedencia
de la acción de tutela, al considerar que con ella se pretende controvertir un fallo de
la misma naturaleza. Asimismo, señaló que la parte actora omitió cumplir con la
carga argumentativa exigida en estos casos, en tanto no demostró la configuración

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de una actuación fraudulenta ni la existencia de una arbitrariedad manifiesta por
parte de la corporación al proferir la sentencia cuestionada.

4.2. Respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

El apoderado judicial de la entidad solicitó declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva, tras exponer el marco de competencias que rige al Ministerio y
señalar que a través del mecanismo constitucional se pretende controvertir una
decisión judicial respecto de la cual no se tiene injerencia ni participación.

4.3. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, Cenit S.A.S. y la
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR)
guardaron silencio dentro del trámite de la presente acción constitucional.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante fallo del
9 de abril de 2026, declaró improcedente la acción de tutela promovida por la
Asociación de Pescadores Artesanales – ASOPEZULIA.

Para adoptar dicha decisión, precisó que, como regla general, la acción de tutela es
improcedente contra providencias de la misma naturaleza, salvo que se configure
una situación de cosa juzgada fraudulenta, la cual debe ser alegada y demostrada
de manera clara y suficiente por la parte accionante.

En el caso concreto, concluyó que este presupuesto no se cumplió, toda vez que la
parte actora se limitó a reiterar su desacuerdo con la decisión judicial, sin acreditar
la existencia de fraude ni la configuración de un defecto que habilitara
excepcionalmente el control constitucional, pretendiendo reabrir el debate como si
se tratara de una instancia adicional.

Asimismo, destacó que si bien no existía identidad procesal entre las acciones, no
se probó que la sentencia cuestionada hubiera sido producto de una actuación
dolosa, fraudulenta o contraria a la buena fe, ni que hubiera incurrido en una
interpretación abiertamente contraria a la Constitución.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó su revocatoria, al
considerar que la decisión incurrió en un error jurídico estructural al evaluar la acción
bajo un estándar distinto al realmente invocado.

Sostuvo que el fallo impugnado analizó la procedencia de la tutela a partir del
precedente judicial contenido en la Sentencia SU-627 de 2015, relativo a la tutela
contra fallo de la misma naturaleza por cosa juzgada fraudulenta, y concluyó su
improcedencia. Sin embargo, precisó que dicho mecanismo nunca fue invocado por
la asociación accionante, ya que la solicitud de amparo se estructuró conforme al
estándar de la Sentencia C-590 de 2005, aplicable a la tutela contra providencias
judiciales.

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En ese sentido, afirmó que el fallo de primera instancia resolvió un problema jurídico
distinto al planteado, pues examinó un presupuesto que no era exigible en el caso
concreto, y omitió analizar los defectos realmente alegados, consistentes en: (i)
defecto fáctico por omisión de valoración de pruebas sobrevinientes; (ii) defecto
procedimental por exceso de ritual manifiesto y (iii) desconocimiento del precedente
constitucional, en particular de la Sentencia T-348 de 2012.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 9 de abril de 2026 de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela, y si
se debe acceder al amparo constitucional en los términos propuestos por la
accionante.

3. Improcedencia general de la acción de tutela contra providencias de la
misma naturaleza

La Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 20152, rectificó su jurisprudencia
e indicó que excepcionalmente, la acción de tutela procede contra sentencias de
tutela, cuando se adviertan casos de fraude, supuesto que se agrega a los dos que
habían sido contemplados por la jurisprudencia: irregularidad grave en el curso de
una acción de tutela e incidente de desacato, con la precisión que la improcedencia
absoluta, sin ninguna excepción, recae en las sentencias de tutela que dicte la Sala
Plena o las Salas de Revisión de esa Corporación. En esa ocasión, la Corte expresó:

“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o
posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus
Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de
nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de
la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional,

2
Sentencia de 1º de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
5

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cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la
decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en
la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a
los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de
tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de
desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional.”

Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T-313 de
20183, consideró que la acción de tutela es procedente contra la providencia que
rechaza la impugnación en un trámite de la misma naturaleza. Al respecto, sostuvo:

“En el asunto que se examina, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de
tutela, sino contra ciertos autos proferidos en el curso del trámite de amparo.
La Corte Constitucional unificó su jurisprudencia en la sentencia SU-627 de
2015, en la que consideró que la tutela sí era procedente frente a actuaciones
arbitrarias de los jueces de tutela, que se hubieran realizado antes o después
de proferir el fallo, por lo que este requisito de procedencia se encuentra
superado”.

El citado criterio jurisprudencial ha sido acogido por esta Sala, teniendo en cuenta
que la unificación realizada por la Corte Constitucional trasciende del caso concreto
y fija reglas de derecho que deben ser acatadas por todas las autoridades públicas.

De otra parte, en la sentencia T-322 de 20194, la Corte Constitucional resaltó que
previo a la verificación de la existencia de un fraude, es pertinente constatar si el
fallo de tutela reprochado ya fue objeto de la eventual revisión que le ha sido
atribuida a esa corporación judicial, pues de lo contrario tornaría improcedente la
solicitud de amparo.

Ahora bien, superada la revisión ante la Corte Constitucional, ya sea porque fue
seleccionado o, en su defecto, porque no se seleccionó, le corresponde a la parte

3
M.P. Carlos Bernal Pulido.
4
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
6

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accionante demostrar el fraude en la sentencia de tutela. Sobre este particular, la
Corte Constitucional en la referida sentencia T-322 de 20195, con el fin de identificar
los criterios seguidos por las diferentes Salas de Revisión, precisó de manera
indicativa en qué casos existe una situación de fraude, para lo cual elaboró el
siguiente cuadro:

Jurisprudencia constitucional y cosa juzgada constitucional fraudulenta

Improcedencia de la Procedencia de la acción de tutela
acción de tutela
• La acción de tutela Condiciones necesarias
no se soporta en Actuación prima facie dolosa o Decisión judicial Indicios de la existencia de una
hechos objetivos (T- gravemente culposa. evidentemente incorrecta situación de fraude.
951/13).
Esta calificación puede Esta calificación puede 81. Evidencia de que el
4 El fundamentarse fundamentarse fallo de tutela fue
accionante proferido sin que se
discrepa sobre 63 En la 73. En la verificaran las
una decisión de existencia de condiciones de
interpretación autoridad una procedibilidad de este
sustantiva competente interpretación mecanismo excepcional
o donde se declare normativa (T-218/12, T- 399/13, T-
probatoria (T- laconducta abiertamente 272/14 y T-073/19)
373/14,T- dolosa del juez contraria a los
093/18 y T- (T- 218/12) postulados 82. Ausencia de
470/18) constitucional certeza del derecho
64 En la esy a la reconocido (T-218/12, T-
5 Se apertura de buena fe 399/13)
incumple con la investigaciones judicial (T-
carga de disciplinarias o 073/19). 83. Protección de un
demostrar la penales acerca elevado número de
existencia de de la 74. En la peticionarios, cuya
fraudulenta (T- configuración afectación del situación individual no
072/18). del delito (T- patrimonio alcanza a ser
399/13) público (T- debidamente examinada
218/12, T- dentro del término de
65 En la 399/13, T- diez
materialización del 272/14 y T- (10) días del que dispone el juez para
dolo enla sentencia 073/19). decidir (T-272/14).
judicial (T-218/12,
T- 951/13, T- - Se presenta acción de tutela contra
373/14, T-427/17 y una entidad que, por estar sumida en
T- 470/18) un estado de cosas inconstitucional,
presenta una limitada capacidad para
ofrecer respuesta oportuna a las
demandas de sus afiliados y
beneficiarios (T-272/14).
• El cumplimiento del fallo de tutela
proferido en las circunstancias
descritas amenaza el goce efectivo de
derechos fundamentales de terceros
(T-272/14).

• El reconocimiento de una prestación
de forma manifiestamente ilegal.

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha considerado que quien pretenda la
revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional debido a su no selección, debe cumplir con una exigente carga
argumentativa dirigida a demostrar i) que el juez de tutela incumplió un deber básico
de conducta que se opone a los requerimientos medulares que se anudan a la tarea
de administrar justicia, manifiesta en una actuación dolosa o extremadamente
negligente y ii) que el fallo de tutela objetado no pueda ser admitido debido a que
resulta evidentemente incorrecto, implicando, además, una afectación grave del
patrimonio público.

Así mismo, “la parte interesada debe demostrar, con base en fundamentos claros, ciertos,
serios y coherentes la situación de fraude alegada, la incidencia en la decisión adoptada, la
evidente violación de un derecho fundamental y que la afectación sea significativa y
trascendental (trasgredir de manera grave el patrimonio público). En este sentido, no serán
de recibo razones o interpretaciones que obedezcan al disgusto o inconformismo del
solicitante por la sentencia atacada. Ese presupuesto tiene fundamento en el principio de
seguridad jurídica y cosa juzgada constitucional”.

Con todo, la jurisprudencia constitucional ha precisado las subreglas que
determinan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
5
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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que se dicten dentro de un trámite tutelar, a saber: (i) cuando la providencia acusada
haya sido proferida por otro juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional (ii) que
la decisión superó el trámite de la revisión ante esa corporación judicial, es decir,
que no hubiera sido seleccionada para revisión y (iii) que en ésta se configure el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, a partir de las particularidades
mencionadas en precedencia.

De este modo, se concluye que la jurisprudencia constitucional ha establecido las
subreglas que determinan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias que se dicten dentro de un trámite tutelar, a saber: (i) cuando la
providencia acusada haya sido proferida por otro juez o tribunal diferente a la Corte
Constitucional (ii) que la decisión superó el trámite de la revisión ante la mencionada
corte, es decir, que no fuese seleccionada para su revisión y (iii) que en ésta
configure el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta.

4. Estudio y solución del caso concreto

La parte accionante interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, con
ocasión de la sentencia de tutela de 30 de octubre de 2025, en la que se resolvió
confirmar la decisión que declaró improcedente la solicitud de amparo.

En consecuencia, el accionante solicitó que se deje sin efectos la decisión proferida
en la acción de tutela por considerar que incurrió en los defectos fáctico,
procedimental por exceso ritual manifiesto y por desconocimiento del precedente
judicial, al desconocer las pruebas aportadas con el escrito de impugnación, exigir
requisitos formales de legitimación y representación individual ajenos a la naturaleza
de la acción de tutela y no aplicar lo dispuesto en las sentencias T-348 de 2012 y T-
622 de 2016.

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia
de 9 de abril de 2026, declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar
que la parte actora se limitó a reiterar su desacuerdo con la decisión judicial, sin
acreditar la existencia de fraude ni la configuración de un defecto que habilitara
excepcionalmente el control constitucional.

En primer lugar, la Sala destaca que en el caso de la referencia la Corte
Constitucional excluyó del trámite de revisión eventual la acción de tutela núm. 54-
001-33-33-015-2025-00213-00 interpuesta por ASOPEZULIA contra la ANLA,
mediante la cual se profirió la sentencia de 30 de octubre de 2025, controvertida por
el accionante. Ello se evidencia en la siguiente imagen, tomada de la página web
de la Corte Constitucional:

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La información anterior resulta relevante, pues en la sentencia T-023 de 2023 la
Corte Constitucional estableció que, en principio, las acciones de tutela contra
decisiones de tutela son improcedentes mientras no se haya surtido el trámite de
selección y revisión eventual.

Por lo tanto, dado que la acción de tutela interpuesta por la parte accionante no fue
seleccionada por la Corte Constitucional para revisión eventual, se procederá a
analizar los demás requisitos de procedencia de la tutela frente a actuaciones dentro
de un proceso de tutela, conforme a lo establecido en la sentencia SU-627 de 2015,
la cual tiene carácter unificador en esta materia.

Así las cosas, se destaca que en la precitada decisión la Corte Constitucional unificó
su jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
emitidas en el marco de otra acción de la misma naturaleza. En dicha sentencia se
explicó la necesidad de distinguir entre dos supuestos: cuando la tutela se interpone
contra una sentencia de tutela y cuando se interpone contra una actuación anterior
o posterior a dicha providencia.

En el caso de acciones de tutela que impugnan fallos de tutela, como el presente,
la Corte Constitucional estableció que cuando la acción de tutela se interpone contra
una sentencia dictada por un juez de tutela (distinto a la Corte Constitucional), la
acción de amparo puede ser procedente de manera excepcional si se cumplen los
siguientes requisitos:

(i) El cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
(ii) La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada.
(iii) Se demuestre de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la
sentencia fue producto de una situación de fraude (cometida por una de las partes,
por las dos o, incluso, con anuencia del juez).
(iv) No exista otro mecanismo judicial eficaz para conjurar la situación.

De conformidad con lo anterior, la Sala precisa que comparte el análisis realizado
por el a quo al establecer que lo pretendido por la parte actora se torna
improcedente, debido a que en el caso no se advierte cumplido el requisito de la
relevancia constitucional por falta de carga argumentativa y explicativa, cuando se

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cuestiona una decisión de tutela, ámbito en el que este requisito se torna aún más
exigente, como pasa a explicarse.

La jurisprudencia ha reiterado que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está condicionada a que el asunto tenga una evidente
relevancia constitucional, con el fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, dado que los jueces de tutela no tienen competencia para
sustituir al juez natural del proceso ni para resolver la controversia que debe ser
dirimida mediante los procedimientos ordinarios o especiales, pues su función se
limita a proteger derechos fundamentales vulnerados y a emitir órdenes orientadas
a su restablecimiento.

Para determinar cuáles casos revisten relevancia constitucional y cuáles no, esta
Sala de Decisión ha adoptado, como guía, los criterios establecidos por la Sala
Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014
y por la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, entre otros:
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.

De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que la parte accionante afirmó que la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico y procedimental por
exceso ritual manifiesto, así como en el desconocimiento del precedente judicial, al
no valorar el documento expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible aportado con el escrito de impugnación, exigir requisitos formales de
legitimación y representación individual ajenos a la naturaleza de la acción de tutela
y desconocer lo dispuesto en las sentencias T-348 de 2012 y T-622 de 2016 de la
Corte Constitucional.

No obstante, la Sala advierte que no se evidencia una argumentación suficiente por
parte del accionante que permita demostrar una posible vulneración de derechos
fundamentales y la configuración del fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta. Por
el contrario, lo que se observa es una mera inconformidad con la decisión del 30 de
octubre de 2025, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia, al
concluir que para dirimir el debate planteado existían otros mecanismos de defensa
judicial, tales como la acción popular y el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En efecto, la decisión cuestionada no abordó el fondo del asunto, por considerar
que ello correspondía al juez natural competente, el cual podría variar dependiendo
del mecanismo que la parte actora decidiera ejercer.

Adicionalmente, la Sala reitera que la exigencia de una adecuada carga
argumentativa se justifica en el carácter excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la cual solo procede bajo los supuestos especiales
desarrollados por la jurisprudencia. Este carácter excepcional se torna aún más
estricto cuando se trata de una tutela dirigida contra una providencia dictada dentro
de otro trámite de tutela, como ocurre en el presente caso, pues la misma debe
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02057-01
Accionante: ASOPEZULIA

demostrar con suficiencia que se presenta el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta.

Así las cosas, la Sala concluye que la parte actora no sustentó de manera mínima
y razonable la relevancia constitucional de la acción de tutela frente a la supuesta
vulneración de sus derechos y la configuración de la cosa juzgada fraudulenta. En
consecuencia, se reitera que no basta con invocar la afectación de garantías
iusfundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad, sino que es
indispensable exponer de forma clara las razones de dicha vulneración, lo cual no
ocurrió en esta oportunidad.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión impugnada que declaró
la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia de 9 de abril de 2026, proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse en la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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