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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02060-00

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02060-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Guillermo Alberto Pérez Torres, de conformidad con las consideraciones hechas en esta providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02060-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-02060-00
Demandante GUILLERMO ALBERTO PÉREZ TORRES
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo,
fáctico y procedimental. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Moción de censura a secretario de
obras públicas del municipio de Yopal y su consecuente retiro del
servicio. Requisitos de procedencia de tutela contra providencia
judicial: la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por Guillermo Alberto Pérez Torres de
conformidad con lo dispuesto por los decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 13 de marzo de 20261, el señor Guillermo Alberto Pérez Torres, quien actúa en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Casanare y el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal por considerar que esas
autoridades judiciales vulneraron su derecho fundamental al debido proceso con las
sentencias de primera y segunda instancia del 18 de septiembre de 2025 y del 5 de
mayo de 2025, respectivamente, proferidas en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 85001-33-33-002-2019-00429-00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
acceso a la administración de justicia, y al principio de legalidad y tutela judicial efectiva.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia de segunda instancia del 18 de septiembre de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, así como la sentencia de primera
instancia del 5 de mayo de 2025 del Juzgado Segundo Administrativo de Yopal dentro del
medio de control nulidad y restablecimiento del Derecho.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Casanare proferir un nuevo fallo que
tenga en cuenta la realidad probatoria y normativa respecto a las funciones del Secretario de
Obras y el procedimiento de moción de censura».

2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Guillermo Alberto Pérez Torres fue nombrado en el empleo de
secretario de obras públicas del municipio de Yopal mediante el decreto
municipal 024 del 24 de enero de 2018.

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Escrito de tutela radicado a través del correo de tutelas en línea.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02060-00
Demandante: Guillermo Alberto Pérez Torres

2.2. El 4 de marzo de 2019 el Concejo Municipal de Yopal citó al señor Pérez
Torres a sesión plenaria con el fin de que rindiera informe en relación con un
cuestionario que le fue planteado.
El 11 de marzo de 2019, en su condición de secretario de despacho, el
accionante dio respuesta por escrito al cuestionario solicitado por el Concejo
Municipal de Yopal.
2.3. El 13 de marzo de 2019 el Concejo Municipal amplió el cuestionario dirigido al
actor lo que se atendió por el señor Guillermo Alberto Pérez Torres el 21 de
marzo de 2019.
2.4. En sesión llevada a cabo el 10 de abril de 2019 el Concejo Municipal de Yopal
revisó las respuestas dadas por el señor Pérez Torres al cuestionario
previamente formulado y solicitó adelantar proceso de moción de censura en
contra del actor.
2.5. El 15 de abril de 2019 se llevó a cabo sesión ordinaria por parte del Concejo
Municipal de Yopal y se siguió el procedimiento de moción de censura en el
que el señor Guillermo Alberto Pérez Torres presentó descargos.
2.6. En sesión ordinaria del Concejo Municipal del 20 de abril de 2019 se llevó a
cabo la votación de la moción de censura del actor y fue aprobada, lo que
quedó consignado en el acta 074 de esa fecha.
2.7. Mediante Decreto 1.000.97.099 del 24 de abril de 2019 el alcalde municipal de
Yopal ejecutó la decisión mencionada y, en consecuencia, retiró del servicio al
accionante.
2.8. Por lo anterior, el señor Guillermo Alberto Pérez Torres haciendo uso del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra
el municipio de Yopal y el Concejo Municipal de Yopal, con el fin de que se
declarara la nulidad del acta en la que quedó consignada la moción de censura
en su contra y del acto administrativo por el que fue retirado del servicio en
cumplimiento de la decisión de moción de censura aludida.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó ser reintegrado al empleo que
ocupaba sin solución de continuidad y el consecuente reconocimiento y pago
de los emolumentos salariales y prestacionales dejados de percibir.
2.9. El Juzgado Segundo Administrativo de Yopal (expediente 85001-33-33-002-
2019-00429-00) en sentencia del 5 de mayo de 2025 negó las pretensiones de
la demanda.
Luego del análisis probatorio llevado de cara al caso concreto, estimó el
Juzgado que se había seguido en debida forma el procedimiento por parte del
Concejo Municipal de Yopal para aplicar la moción de censura, se había
escuchado en descargos al actor, se habían decretado las pruebas solicitadas
por él y, se había votado en debida forma y en las sesiones ordinarias
correspondientes la decisión previo análisis en ejercicio del control político que
le asistía al Concejo a las funciones del accionante como secretario de obras
públicas del municipio de Yopal.
La decisión se apeló por la parte demandante.
2.10. Conoció en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Casanare que, en
sentencia del 18 de septiembre de 2025 (notificada a las partes por correo
electrónico el 22 de septiembre de 2025) confirmó la decisión del juzgado.

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Demandante: Guillermo Alberto Pérez Torres

Sostuvo el Tribunal que contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, el
actor no fue convocado a moción de observaciones, mecanismo contemplado
en el artículo 39 de la Ley 136 de 1994 ya que si bien esa figura estaba
prevista, entre otros, para los secretarios, la convocatoria que hiciera el
Concejo Municipal de Yopal fue conforme al numeral 11 del artículo 313 de la
Constitución Política, de acuerdo con lo consignado en el acta de sesión 064
del 10 de abril de 2019.
A continuación, consideró que de acuerdo con el material probatorio
recaudado era posible establecer el procedimiento de control político hecho al
actor en su condición de secretario de obras públicas del municipio y de la
votación que se alcanzó para aplicar la moción de censura.
Del procedimiento encontró ajustado el mismo a las normas, incluso en
relación con la facultad que le asistía al concejo para sesionar en días no
hábiles al tratarse de sesiones ordinarias y, de aspectos puestos de presente
en el recurso de alzada que no habían sido presentados en la demanda inicial
y aclaró que lo pretendido por el actor era proponer nuevos cargos de nulidad
lo que no era posible en esa instancia procesal.
3. Fundamentos de la acción

La parte actora alegó que las sentencias proferidas el 5 de mayo y el 18 de
septiembre de 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare, respectivamente, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 85001-33-33-002-2019-00429-00/01 incurrieron en los
defectos sustantivo, fáctico y procedimental. Las razones fueron las siguientes:
3.1. Defecto sustantivo: fundamentado en que tanto el Juzgado como el Tribunal
validaron una moción de censura basada en el Acuerdo 18 de 2013 que define
las funciones de la dependencia omitiendo que la responsabilidad
administrativa y disciplinaria era individual.
Dijo el accionante que, pese a lo anterior, las sentencias validaron la moción
de censura así declarada por el Concejo Municipal de Yopal, pasando por alto
que su responsabilidad personal se regía por el manual específico de
funciones contenido en el Decreto 01 de 2015 y agregó que fue sancionado
por hechos que de acuerdo con el referido manual correspondían al comité de
contratación y no a él.
3.2. Defecto fáctico: Consideró que las autoridades judiciales accionadas
omitieron valorar que la evaluación de ofertas en la licitación MYCA-SOP-LP-
014-2018 era de competencia del comité de contratación y no exclusiva del
secretario, posición que ocupaba en el ente territorial. Indicó que existían
pruebas documentales como las actas de mesas de trabajo que demostraban
la aprobación y trámite de las adendas 01 y 02, además, indicó que se pasó
por alto que finalmente el Contrato de Obra 0784 se firmó el 17 de abril de
2018 demostrando la eficiencia del servicio antes de la votación de la moción.
Consideró que el Concejo lo censuró por una supuesta negligencia en el
proceso licitatorio pero que en el expediente administrativo constaba que el
contrato se firmó tres días antes de la votación de la moción de censura, en
ese sentido afirmó que si los jueces hubieran valorado la existencia del
contrato firmado habrían concluido que la insuficiencia alegada por el Concejo
era inexistente, pues el fin de la función pública que era la contratación se
cumplió con éxito.
3.3. Defecto procedimental: Sostuvo que en la audiencia de moción de censura
no se decretaron ni practicaron las pruebas testimoniales solicitadas

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Demandante: Guillermo Alberto Pérez Torres

oportunamente, situación que en su criterio fue avalada por los jueces de
instancia bajo un rigorismo formal excesivo, sacrificando el derecho de
defensa.
Concretamente se refirió a la sesión del 20 de abril de 2019 en la que el
Concejo Municipal de Yopal negó la práctica de pruebas testimoniales y
documentales que había solicitado y que si bien se indicó por las autoridades
judiciales que la moción de censura era un acto político y por tanto el rigor
probatorio era menor, la Corte Constitucional había indicado que aunque se
tratara de un acto político, si conllevaba la pérdida de un cargo, debía
respetarse el núcleo esencial del debido proceso.

4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 24 de marzo de 2026 el despacho ponente: (i) admitió la acción
de tutela interpuesta por el señor Guillermo Alberto Pérez Torres contra el
Tribunal Administrativo del Casanare y el Juzgado Segundo Administrativo de
Yopal ;(ii) ordenó la notificación de las partes; (iii) negó la medida provisional
solicitada; (iv) como terceros con interés dispuso vincular al municipio de
Yopal y al Concejo Municipal de Yopal (entidades que actuaron como
demandadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho) y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público
(quienes fueron vinculados en el medio de control).

4.2. El Tribunal Administrativo de Casanare intervino por conducto de la
presidenta de la Corporación. Manifestó que no se cumplía con el requisito de
relevancia constitucional al entender la tutela como una instancia adicional,
pues consideró que el actor lo que estaba debatiendo era la legalidad de una
moción de censura aplicada en su contra que era justamente el debate jurídico
analizado en sede ordinaria, con lo que buscaba revivir el debate.
También se pronunció en relación con los defectos propuestos y encontró que
no se configuraban y enfatizó que se estaban discutiendo aspectos
relacionados con el actuar del Concejo Municipal de Yopal pero no en relación
con las providencias que cuestionaba a través de la presente acción.
4.3. El municipio de Yopal intervino por conducto de apoderado judicial. Indicó
que la tutela se estaba empleado como una instancia adicional para insistir en
los argumentos estudiados en su momento por el juez natural por lo que pidió
se declarara improcedente la presente acción. Y agregó que tampoco estaban
acreditados los defectos específicos de una tutela contra providencia judicial
por lo que pidió que se declarara la improcedencia de la tutela y de no ser así,
que se negaran las pretensiones propuestas por el actor.
4.4. El Concejo Municipal de Yopal, por conducto de apoderado judicial rindió
informe en el que manifestó que la tutela no cumplía con el requisito de
relevancia constitucional al estarse empleando la tutela como una instancia
adicional ya que los argumentos que se proponían eran los mismos que se
habían debatido en el proceso ordinario.
Manifestó que el proceso se llevó a cabo conforme al debido proceso
respetándose cada una de las etapas procesales y permitiendo al actor ejercer
su derecho de defensa, por lo que no podía hablarse de la vulneración de este
derecho fundamental. En consecuencia, pidió que se declarara la
improcedencia de la acción o, en su defecto, que se negaran las pretensiones
de la demanda de tutela.

4.5. El Juzgado Segundo Administrativo de Yopal allegó el enlace de acceso al
expediente ordinario; no se pronunció en relación con el fondo del asunto.

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4.6. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público,
no se pronunciaron en esta oportunidad pese a haber sido notificados de la
existencia de la presente acción.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991,2 fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias
judiciales exige una fundamentación reforzada del vicio que se le atribuye a la
sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos
debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en
el proceso.

3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico
Si bien la parte actora cuestiona la decisión de primera instancia emitida por el
Juzgado Segundo Administrativo de Yopal y la decisión de segunda instancia del
Tribunal Administrativo de Casanare, el estudio se centrará en la última providencia,
pues en relación con la decisión del juzgado la parte actora tuvo la oportunidad de
interponer recurso de apelación como en efecto ocurrió y fue lo que dio lugar a la
decisión de cierre.

2
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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Precisado lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de una tutela contra
providencia judicial deberá verificarse previamente el cumplimiento de los requisitos
de procedibilidad, concretamente el de la relevancia constitucional.
De estar acreditado, corresponderá a la Sala determinar si al emitir la providencia
del 18 de septiembre de 2025 en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho 85001-33-33-002-2019-00429-00/01, el Tribunal Administrativo de
Casanare incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y procedimental en los términos
propuestos por la parte actora.

4. Requisito de procedencia de la relevancia constitucional y su análisis en
el caso concreto
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esa
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso

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ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales6.

En línea con los dos últimos criterios de la relevancia constitucional,
corresponde al juez verificar que la tutela no se esté utilizando de un lado como
si fuera una instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia
atacada y de otra parte como un medio para proponer argumentos que no
fueron presentados al juez natural. Para tal propósito, le corresponde estudiar
si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la providencia
cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si estos
fueron resueltos integralmente por el juez natural, así como también si se
introducen nuevos argumentos frente a los que la autoridad judicial no hubiera
tenido la oportunidad de pronunciarse.

4.2. En el caso propuesto, encuentra la Sala que no se acredita este requisito de
procedibilidad, por las siguientes razones:

De una parte, en relación con el defecto sustantivo se reitera el mismo
argumento que en su momento se presentó en el recurso de apelación contra
la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, ahora a través de
la interposición de la presente acción al amparo de un defecto sustantivo con
lo que se pretende utilizar la tutela como una instancia adicional.

De otro lado, frente a los defectos fáctico y procedimental encuentra la Sala
que se trata de argumentos nuevos no expuestos ante el juez de segunda
instancia en el recurso de apelación y pretende traerlos ahora ante el juez
constitucional en busca de un pronunciamiento.

4.3. En relación con el primer supuesto, esto es, la falta de relevancia
constitucional por instancia adicional, se advierte que en el recurso de
apelación el señor Guillermo Alberto Pérez Torres se refirió, entre otros
argumentos, al siguiente:
«De entrada y de manera subjetiva el juzgado se casó directa y exclusivamente con la figura
de la moción de censura. Pero desde el inicio de la citación a control, no se citó para esta, sino
para un debate de control político relacionado con el manual de funciones, que pudo bien
haber concluido con una moción de observación. Como el secretario asistió puntualmente a
este debate que precluye, salvo que se decida votar una moción de observación.
Se quedó el juzgado en la teoría y no se percató ni auscultó a fondo lo que sucedió en la
práctica. Sustenta esta premisa el hecho que en la sentencia no se haya identificado, la
conclusión del debate informativo para el que fue citado el secretario; que desembocó en una
votación de moción de censura, de creación constitucional sin solución de continuidad y sin
determinar cargos para la proposición, solo por el prurito de cogobernar».

La providencia del 18 de septiembre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, hizo un comparativo en relación con las
diferencias existentes entre la moción de censura y la moción de observación
que, era en últimas el punto al que el recurrente quería llegar cuando afirmó
que la citación que fue hecha por el Concejo Municipal de Yopal lo fue para

6
Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-422 de 2018,
T- 715 de 2016, C-590 de 2005.

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Demandante: Guillermo Alberto Pérez Torres

un debate de control político en relación con el manual de funciones que pudo
haber quedado en una moción de observaciones y no en una moción de
censura.

Así, el Tribunal inició con un cuadro comparativo entre estas dos figuras, en
las que se refirió a los aspectos sobre los que versaba cada una de ellas, de
la siguiente manera:

Ley 136 de 1994, Constitución Política, Constitución Política,
Fuente normativa
artículo 39 artículo 313, numeral 11 artículo 313, numeral 12

Moción de censura y
Figura Moción de observaciones Moción de censura
moción de observaciones
Secretarios, jefes de
departamento
¿Contra quién se Secretarios del Despacho Secretarios del Despacho
administrativo y
dirige? del Alcalde del Alcalde
representantes legales de
entidades descentralizadas

Por asuntos relacionados
Información sobre con funciones propias del
Concurrencia de los
¿Sobre qué aspectos de asuntos cargo o por desatención a
funcionarios a las sesiones
asuntos versa? propios del cargo del los requerimientos y
del concejo
funcionario citaciones del Concejo
Distrital o Municipal

De acuerdo con este comparativo, el Tribunal indicó los asuntos sobre los que
recaía tanto la moción de observación como la moción de censura dejando
establecido que en relación con esta última se trataba de asuntos relacionados
con funciones propias del cargo, a diferencia de la moción de observación que
versaba sobre aspectos de asuntos propios del cargo. En esa línea, la
providencia concluyó frente a ese punto en concreto lo siguiente:
«8.4.5. No es cierto que el señor Guillermo Alberto Pérez Torres fue llamado o convocado bajo
moción de observaciones, del artículo 39 de la Ley 136 de 1994, porque, si bien esta figura se
prevé, entre otros, para secretarios, la convocatoria hecha por el concejo municipal de Yopal
obedeció al numeral 11 del artículo 313 de la Constitución Política, como se extrae del Acta
de sesión número 064 de 10 de abril de 2019: (…)
8.4.6. Si bien el anterior no es parte de los actos demandados, sí es importante destacar que
se cumplieron los requisitos de la norma constitucional para el ejercicio del control político,
descartando las premisas del recurrente, en primer lugar, porque la norma era la del artículo
313 y no la Ley 136 de 1994.
8.4.7. En segundo lugar, porque el recurrente confundió el alcance normativo, toda vez que,
en su parecer, era aplicable el inciso segundo del numeral 11 del artículo 313 de la Carta,
olvidando que, como se expuso en el comparativo, el objeto de este numeral es la obligación
de concurrencia de los Secretarios de Despacho del alcalde a sesiones del concejo y su
correlativa medida correctiva, que no es la moción de observaciones, por la sencilla razón de
que Yopal es capital de departamento y, por tanto, se aplica el inciso primero de la norma».

4.4. En el escrito de tutela, la parte actora insistió en los mismos argumentos al
amparo de un defecto sustantivo, indicando que se validó una moción de
censura basada en el Acuerdo 18 de 2013 que define las funciones de la
dependencia omitiendo que la responsabilidad administrativa y disciplinaria
era individual y que las sentencias validaron la moción de censura así
declarada por el Concejo Municipal de Yopal, «pasando por alto que su
responsabilidad personal se regía por el manual específico de funciones contenido en
el Decreto 01 de 2015» y agregó que fue sancionado por hechos que de acuerdo
con el referido manual correspondían al comité de contratación.

4.5. De acuerdo con lo resuelto por el tribunal en la decisión de cierre, se advierte
que en efecto, se hizo el análisis justamente en relación con las funciones
como secretario de obras del municipio y fue con ocasión de estas que se
llamó a control político y luego de llevadas a cabo las etapas respectivas, se

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votó con una mayoría considerable la moción de censura, como se verificó por
la autoridad judicial y quedó plasmado en la sentencia.

De modo que, no se trató como lo pretende hacer ver el actor de acogerse por
parte del tribunal a una u otra disposición, esto es al Acuerdo 18 de 2013 que
define las funciones de la dependencia o al Decreto 01 de 2015 por el que se
adoptó el manual de funciones, entre otras cosas porque eso correspondía al
cuerpo colegiado que dio curso al control político, esto es, al Concejo Municipal
de Yopal y no a la autoridad judicial a quien correspondió analizar y despachar
los cargos formulados contra los actos administrativos acusados, como en
efecto ocurrió y que, le fue desfavorable a los intereses del actor.

De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela analizada se está empleando
para insistir nuevamente en los planteamientos que ya fueron propuestos ante
el juez natural lo que no permite que se supere el requisito general de la
relevancia constitucional.

En consecuencia, como se ha expuesto, aunque en la presente acción de
tutela se argumenta que la providencia cuestionada vulneró derechos
fundamentales al incurrir en un defecto sustantivo, lo cierto es que la parte
actora pretende utilizar este mecanismo constitucional para reiterar los mismos
planteamientos que ya fueron debatidos y resueltos en el proceso ordinario de
nulidad y restablecimiento del derecho.

4.6. Frente al segundo supuesto, relacionado con la falta de relevancia
constitucional por hechos nuevos, se advierte que el señor Pérez Torres no
hizo mención alguna en el recurso de apelación a los argumentos que ahora
propone como defectos fáctico y procedimental.

En efecto, frente al defecto fáctico acusa que la providencia judicial inobservó,
en síntesis, aspectos como (i) la valoración de las ofertas de la licitación
pública que era de competencia del comité de contratación, (ii) las actas de
trabajo de las mesas para resolver en relación con las adendas y (iii) el
Contrato de Obra 0784 del 17 de abril de 2018.

Al respecto, debe mencionarse que, revisado el expediente ordinario esto se
propuso inicialmente en la demanda pero no en el recurso, de modo que se
trata de argumentos que en su momento debieron ser resueltos por el juez
natural en primera instancia y, de haber estado inconforme con los
argumentos, haber propuesto los puntos de disenso a través del recurso de
alzada lo que no ocurrió, razón por la que no es posible que se refiera a estos
aspectos ante el juez de tutela en busca de un pronunciamiento sobre los
mismos, pues escapa a la órbita de competencia del juez constitucional.

En relación con el defecto procedimental se advierte que su tesis frente al no
decreto de pruebas testimoniales que dijo, fueron solicitadas oportunamente
sin que se accediera a la medida y a la práctica de las mismas, se orientó a la
actuación presuntamente omisiva del Concejo Municipal al adelantar el
procedimiento respectivo en las sesiones que se llevaron a cabo, de manera
que no se trata de un cargo que se dirija contra la providencia judicial.

Por lo demás y verificado el expediente, se constató que fue un argumento que
igualmente presentó en la demanda ordinaria y su reforma y que se abordó
por el juez de primera instancia pero, no fue un punto expuesto en el recurso
de apelación por lo que no podría venir a plantearse tampoco ante esta
instancia a través de la acción de tutela.

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4.7. En este orden de ideas, se precisa que el objeto de la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales no es ni insistir en las inconformidades ya
resueltas en el medio de control ni adicionar o completar los argumentos que
debieron exponerse ante el juez de la causa, a fin de convencerlo de la causa
defendida.

Por lo tanto, debe existir una coherencia lógica de los planteamientos de las
partes en relación con los asuntos puestos a consideración del juez natural y
la supuesta vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de lo
decidido o acontecido en el respectivo proceso. Se insiste, la acción de tutela
no puede ser utilizada para adicionar, completar, modificar los argumentos que
dejaron de plantearse ante el juez de la causa.

En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción tiene su justificación en la medida en que «sí es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos»7.

Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales.

Justamente, lo advertido en el caso es que la parte actora presentó tutela por
no estar de acuerdo con la decisión adoptada por la autoridad accionada. Sin
embargo, tal discrepancia de criterios no implica una vulneración real a su
derecho al debido proceso.

De manera reiterada, se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto; lo que, se insiste, no ocurre en este caso.

Es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un juez
mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios
de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural.

Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.

5. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la presente
acción al no cumplirse con el requisito de procedencia de la relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

7
Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.

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FALLA

1. DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Guillermo Alberto
Pérez Torres, de conformidad con las consideraciones hechas en esta
providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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