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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02069-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02069-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo formulada por el señor Enzo Quiroz Estrada contra el Tribunal Administrativo del Cesar. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02069-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02069-00
Accionante: ENZO QUIROZ ESTRADA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Tema: Tutela contra la providencia judicial – declara la
improcedencia por no superar el requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del Cesar. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

Por auto del 17 de marzo del 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Enzo Quiroz Estrada, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Cesar. Con la solicitud
de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. Las anteriores garantías las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia del 6 de noviembre de 2025, proferida por el tribunal accionado.
Mediante esta providencia se confirmó el fallo del 10 de junio de 2020, dictado
por el Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar que negó las pretensiones
de la demanda, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 de Samai. Se precisa que se notificó como autoridad accionada al Tribunal
Administrativo del Cesar. Asimismo, se dispuso la vinculación del Juzgado Octavo Administrativo
de Valledupar, al departamento del Cesar y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.

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Accionante: Enzo Quiroz Estrada
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02069-00

con radicado 20001-33-40-008-2016-00696-00/01.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso (Art. 29
C.P.), a la defensa, al acceso a la administración de justicia y al principio de
legalidad, los cuales fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cesar
dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicado 20-
001-33-40-008-2016-00696-01.

SEGUNDO: Consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTO la sentencia
proferida el seis (06) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal
Administrativo del Cesar —dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho con radicado 20-001-33-40-008-2016-00696-01.

TERCERO: se ordene PROFERIR UNA NUEVA SENTENCIA respetando el
estándar constitucional de valoración probatoria, de legalidad, y el principio de
presunción de inocencia.3

1.2. Hechos

4. El señor Enzo Quiroz Estrada fue nombrado como docente por la
Secretaría de Educación del Departamento del Cesar, mediante el Decreto No.
000139 del 5 de marzo de 2012.

5. Mediante auto del 4 de diciembre de 2013, dicha entidad dio apertura a
una investigación disciplinaria en su contra por el presunto maltrato físico y abuso
sexual a cinco menores.

6. En fallo del 29 de febrero del 2016, la Dirección Administrativa de Control
Interno Disciplinario de la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar
lo declaró responsable de la falta disciplinaria gravísima que le fue imputada. Ello,
debido a que, de la revisión del material probatorio allegado, en particular, las
entrevistas forenses que le fueron realizadas a cinco menores, se constató el
incumplimiento de sus deberes como funcionario público y, en ese sentido, fue
sancionado con la destitución del cargo e inhabilidad por 15 años para ejercer
funciones públicas. La anterior decisión fue confirmada por el gobernador del
Cesar el 18 de mayo de 2016.

7. Por lo anterior, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos
sancionatorios y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que fuera
reintegrado como docente de la institución educativa en la que laboraba.

8. A su juicio, los actos administrativos demandados carecían de motivación
y fueron expedidos con desviación de poder, por cuanto las declaraciones
rendidas por los menores fueron practicadas sin el «consentimiento adecuado»,
pues los padres de las menores no conocieron de la diligencia.

3 Transcripción literal que puede contener errores.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02069-00

9. Al proceso se le asignó el radicado 20001-33-40-008-2016-00696-00/01 y
le fue repartido al Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar que, mediante
sentencia del 10 de junio del 2020, negó las pretensiones de la demanda tras
considerar que las decisiones disciplinarias fueron adoptadas de conformidad
con la normatividad vigente.

10. A su vez, señaló que las entrevistas forenses realizadas fueron
practicadas por una profesional en psicología, sin necesidad de autorización
previa de los padres, pues su acompañamiento estaba habilitado, pero no
resultaba necesario. Además, resaltó que el demandante tuvo la oportunidad
procesal para controvertir dicha prueba al interior del proceso disciplinario, y no
lo hizo.

11. Respecto al cargo por desviación de poder, indicó que no encontró
acreditado que los actos administrativos demandados hubiesen sido expedidos
con fines distintos a los que prevé la ley.

12. Inconforme con la decisión, el señor Quiroz Estrada presentó recurso de
apelación. Expuso que los padres de las menores manifestaron no haber tenido
conocimiento de las diligencias practicadas a sus hijas, ni de la investigación
disciplinaria, lo cual acreditaba que no se cumplieron con los requisitos técnicos
para la práctica de entrevistas forenses, consagrados en la Ley 1652 de 2013.

13. A su vez, indicó que se omitió analizar la sentencia C-177 de 2014
proferida por la Corte Constitucional, en la que se estableció la importancia de
garantizar la participación de los padres en las diligencias que involucran a
menores de edad, de conformidad con el artículo 193 del Código de Infancia y
Adolescencia.

14. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 6 de
noviembre del 2025, confirmó el fallo de primera instancia. Al respecto, indicó que
no se desconoció la sentencia C-177 de 2014 dictada por el máximo tribunal
constitucional, pues en dicha providencia se señaló que las entrevistas realizadas
a los menores deben ser en compañía de los defensores de familia, como ocurrió
en este caso. Además, recalcó que la jurisprudencia constitucional ha reiterado
que el testimonio de un menor no puede ser descartado por su edad.

15. Señaló que, si bien los padres de las menores afirmaron no haber tenido
conocimiento de las entrevistas practicadas por la comisaría de familia, dichas
manifestaciones no desvirtúan el contenido de estas ni les resta valor probatorio,
pues de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1652 de 2013, el
acompañamiento de los representantes de los niños, niñas y adolescentes en
dichas diligencias es facultativo.

16. Por último, refirió que la «desatención parcial» de los protocolos técnicos
previstos para dichas prácticas no puede ser utilizado como argumento para

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desconocer el contenido de las entrevistas rendidas por las menores, máxime
cuando en el expediente obran otros elementos probatorios que permiten
corroborar sus manifestaciones, como la declaración rendida por el rector del
centro educativo.

1.3. Sustento de la vulneración

17. El accionante indicó que las entrevistas forenses practicadas a las
menores son inválidas, debido a que los padres no tuvieron conocimiento sobre
aquellas, ni de los hechos que motivaron la investigación disciplinaria en su
contra.

18. En ese sentido, sostuvo que el tribunal accionado incurrió en un defecto
sustantivo, por cuanto omitió aplicar el artículo 140 del Código Disciplinario
Único, el cual establece que la prueba recaudada sin el lleno de las formalidades
sustanciales o con desconocimiento de los derechos fundamentales del
investigado, se tendrá como inexistente.

19. Por otra parte, indicó que fue desconocido el precedente fijado en la
sentencia C-177 de 2014, pues se convalidó una actuación realizada «a
espaldas» de los representantes legales de las menores implicadas, a quienes
se les restringió el derecho de asistirlas y participar en el debate probatorio
disciplinario.

20. Por último, resaltó que la acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedencia porque: i) goza de relevancia constitucional, debido a
que se fundamenta en una vulneración al derecho fundamental al debido
proceso; ii) fue interpuesta dentro de los 6 meses siguientes a la ejecutoria de la
providencia que se cuestiona; iii) agotó todos los mecanismos de defensa
ordinarios y extraordinarios procedentes; iv) el vicio probatorio fue determinante
en la decisión; v) expuso de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y; vi) no pretende cuestionar una providencia de la misma naturaleza.

1.4. Intervención

21. El Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar, luego de hacer un
recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario, señaló que
todas las actuaciones surtidas al interior del proceso se realizaron con el respeto
pleno de los derechos y las garantías procesales de las partes. Por otra parte,
solicitó su desvinculación del proceso por considerar que carece de legitimación
en la causa por pasiva.

22. El Tribunal Administrativo del Cesar y el departamento del Cesar,
pese a que fueron debidamente notificados, guardaron silencio.

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II. CONSIDERACIONES

23. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo presentada
por el accionante. En ese sentido, esta Sección explicará las razones por las
cuales en el asunto objeto de estudio no se supera el requisito general de
relevancia constitucional.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud no cumple con los requisitos de procedencia de tutela
contra providencias judiciales

24. El Consejo de Estado4 y la Corte Constitucional5, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales6 y a la configuración de algún
defecto especial7 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo del asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

25. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

26. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

27. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
6 (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
7 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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28. La Sala advierte que el señor Enzo Quiroz Estrada está legitimado en la
causa por activa, porque fue la parte demandante al interior del medio de control
en el que se dictó la providencia que se cuestiona mediante esta vía. A su vez,
se evidencia que el Tribunal Administrativo del Cesar está legitimado en la causa
por pasiva por haber proferido la decisión objeto de estudio en el presente trámite
constitucional.

29. Por su parte, el Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar solicitó su
desvinculación del proceso por considerar que carece de legitimación en la causa
por pasiva. Sin embargo, la Sala negará dicha solicitud, dado que su vinculación
se realizó como un tercero con posible interés en las resultas del proceso, por
haber sido la autoridad judicial que conoció del proceso ordinario en primera
instancia.

30. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional8, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

31. Como se expuso previamente, el accionante reprocha la sentencia
proferida el 6 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar.
Mediante esta providencia se confirmó el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, por
considerar que el acto administrativo sancionatorio demandado no estaba viciado
de nulidad.

32. A su juicio, la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al
darle validez a las entrevistas realizadas a las menores, sin el consentimiento
previo de sus padres o representantes legales.

33. En ese orden, indicó que el tribunal accionado incurrió en un defecto
sustantivo, por inaplicar el artículo 140 del Código Disciplinario Único, el cual
establece que la prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales
o con desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado, se tendrá
como inexistente. A su vez, señaló que se desconoció el precedente fijado en la
sentencia C-177 de 2014.

8 Sentencia SU-215 de 2022.

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34. Precisado lo anterior, para la Sala resulta evidente que lo pretendido por
la parte actora es que se reabra el debate ordinario y constituir una tercera
instancia. Lo anterior, debido a que los argumentos planteados en la acción de
tutela, más allá de buscar la protección de sus derechos fundamentales, son una
reiteración de los argumentos expuestos al interior del proceso ordinario y reflejan
una mera inconformidad con lo decidido por el juez de instancia.

35. Esto, en la medida en que, tanto en la presentación de la demanda
ordinaria, como en el recurso de apelación y en la presente acción de tutela, el
accionante insiste en cuestionar el valor que las autoridades disciplinarias
departamentales les dieron a las entrevistas realizadas a las menores de edad
en el marco del proceso disciplinario, debido a que la comisaría de familia no
contaba con el consentimiento de los representantes legales.

36. Por otra parte, la tutela no cuenta con la carga argumentativa mínima para
que proceda un estudio de fondo por parte del juez constitucional. De la lectura
integral de la demanda se advierte que el accionante simplemente se limitó a
señalar que la corporación accionada incurrió en un presunto defecto sustantivo,
sin siquiera exponer de manera clara y concreta las razones por las cuales la
decisión cuestionada resulta abiertamente contraria al ordenamiento jurídico, ni
explicar de qué forma la supuesta inaplicación del artículo 140 del Código
Disciplinario Único tuvo una incidencia directa y determinante en el sentido del
fallo.

37. En efecto, la parte actora no desarrolló una argumentación suficiente que
permita evidenciar la configuración de un defecto específico, ni cumplió con la
carga de demostrar la relevancia constitucional de la controversia, limitándose a
exponer su desacuerdo con la valoración probatoria efectuada por el juez natural.

38. Así las cosas, no le corresponde al juez de tutela entrar a revaluar el
análisis probatorio ni sustituir al juez ordinario en la interpretación de las normas
aplicables, máxime cuando, prima facie, no se acreditó la existencia de una
actuación arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable que habilite la
intervención excepcional del juez constitucional.

39. Frente al presunto desconocimiento del precedente judicial, se advierte
que tampoco se cumplió con la carga argumentativa requerida para que proceda
un estudio de fondo, pues únicamente señaló que fue desconocida la sentencia
C-177 de 2014, sin señalar mínimamente cuál fue el análisis realizado por el
tribunal constitucional ni explicar por qué dicha sentencia resulta aplicable a su
caso.

40. En consecuencia, la Sala evidencia que los reproches formulados por el
accionante reflejan una mera inconformidad con la decisión del juez de instancia.
Por lo tanto, se advierte que formular un simple desacuerdo con una decisión
judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de garantías fundamentales, no

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conlleva que el asunto puesto en conocimiento revista necesariamente relevancia
constitucional. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial medie un
ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al
alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.

41. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal y/o
económico, o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales de la causa.

42. En definitiva, se reitera que para la Sala resulta evidente que la presente
acción de tutela y los cargos que aduce el accionante, son una mera
inconformidad por lo decidido por el juez natural de la causa. Por tal razón, la
Sala declarará la improcedencia por no superarse el requisito de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo formulada
por el señor Enzo Quiroz Estrada contra el Tribunal Administrativo del Cesar.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Juzgado
Octavo Administrativo de Valledupar.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02069-00

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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