Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02075-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02075-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02075-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
28 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02075-00
Demandante: Andres Alexis Figueroa Mosquera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02075-00
Demandante: Andrés Alexis Figueroa Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial en acción de cumplimiento.
Relevancia constitucional.
Sentencia primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, por el señor Andrés Alexis Figueroa
Mosquera contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero
Administrativo de Buenaventura, de conformidad con lo establecido en el artículo
1.° del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 13 de marzo de 2026, el señor Andrés Alexis Figueroa Mosquera, en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura por estimar vulnerados
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«(…) solicito muy respetuosamente al señor juez dar protección a los derechos
constitucionales esbozados en la presente demanda y que tienen su
fundamento en el artículo 13, 29, 229 de nuestra constitución política y cualquier
otro que llegaren a verificar los Honorables las Sentencias N° 16 del 06 de
Febrero de 2026 emitida por Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito
de Buenaventura y la Sentencia N° 13 del 13 de Febrero de 2026 emitida por el
Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Valle y por el contrario se
sirvan emitir una nueva sentencia declarando la procedencia de la acción de
cumplimiento objeto de reproche, ordenando a la accionada en dicha acción,
dar cumplimiento a la ley 2492 de 2025, Radicados
76109333300120260001000 y 76109333300120260001001.»
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El tutelante se desempeña como Inspector de Policía Urbano Segunda Categoría,
Grado 2, Código 234 de carrera administrativa, nombrado mediante Decreto 0308
del 4 de junio de 2024 al servicio de la Alcaldía Distrital de Buenaventura.
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Demandante: Andres Alexis Figueroa Mosquera
El 23 de julio de 2025, el gobierno Nacional promulgó la Ley 2492 de 2025, por
medio de la cual se modificó la denominación de los «Inspectores de Policía» por
«Inspectores de Convivencia y Paz», y tiene como objeto implementar medidas
técnicas, administrativas y de capacitación que fortalezcan de manera eficaz el
funcionamiento de las Inspecciones de Convivencia y Paz, contribuyan a garantizar
la justicia de los ciudadanos y el logro de la paz nacional.
El 29 de julio del año 2025, el señor Figueroa Mosquera solicitó a la Alcaldía Distrital
de Buenaventura el cumplimiento de la Ley 2492 del 23 de julio de 2025.
El 30 de octubre del año 2025, la oficina de recursos humanos y servicios básicos
por medio de circular interna 0311 – 05 – 01, requirió a los Inspectores de Policía
urbanos y rurales, a efectos de que estos indicaran su manifestación de acogerse
de manera voluntaria a la Ley 2492.
De la acción de cumplimiento
El 26 de enero de 2026, el actor presentó acción de cumplimiento contra la Alcaldía
Distrital de Buenaventura, para que diera cumplimiento a los artículos 1, 2, 6, 8, 9,
10 y 11 de la Ley 2492 de 2025 y, en consecuencia, se ordenara:
(i) El cambio de denominación de los cargos de inspectores de Policía
Urbanos de segunda categoría e inspectores de Policía Rurales por
«inspectores de Convivencia y Paz» urbanos de segunda categoría
y rurales código 233, junto con la modificación de los manuales de
funciones conforme al artículo 6.° de dicha ley.
(ii) El cambio de denominación, codificación y grado salarial de tales
cargos, ubicándolos en el grado más alto del nivel jerárquico
profesional.
(iii) Respecto del propio accionante (inspector de Policía Urbano de
segunda categoría, grado 2, código 234), por haberse acogido
voluntariamente al artículo 9.° y cumplir los requisitos del artículo
7.° ibidem, dar cumplimiento a los artículos 1.°, 2.° y al parágrafo
3.° del artículo 6.°, con el grado salarial correspondiente al más alto
del nivel jerárquico profesional de la entidad. Lo anterior, sobre la
base de que el término de seis (6) meses previsto en el artículo 8.°
ibidem se encontraba vencido sin que se hubiere satisfecho el
contenido obligacional de la norma.
La acción de cumplimiento correspondió por reparto al Juzgado Primero
Administrativo de Buenaventura bajo el radicado 76109-33-33-001-2026-00010-
00. Mediante sentencia del 6 de febrero de 2026, la declaró improcedente, porque
el actor, en realidad, pretendía controvertir el memorando núm. 0311-0375 de 19 de
agosto de 2025, por el cual la entidad accionada negó el cambio de denominación,
codificación y grado salarial hasta tanto la ESAP no aportara el estudio técnico de
rediseño de la planta, acto administrativo de carácter particular cuyo
cuestionamiento debía ventilarse en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA.
Adicionalmente, señaló que, conforme con el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, la
acción de cumplimiento no procede para perseguir el cumplimiento de normas que
establezcan gastos, en tanto los cambios de denominación, codificación y grado
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salarial pretendidos suponen una reestructuración administrativa con impacto
presupuestal. Por lo demás, precisó que, conforme al artículo 4 de la Ley 2492 de
2025, la conformación de los equipos interdisciplinarios en cada Inspección de
Convivencia y Paz obedece al presupuesto de la entidad territorial, lo que requiere
estudio técnico y viabilidad financiera. En consecuencia, al existir otro mecanismo
judicial idóneo y tratarse de pretensiones que involucran gasto público, la acción no
cumplió con los requisitos legales.
El actor interpuso recurso de apelación, en el que manifestó que, si bien por regla
general la acción de cumplimiento es improcedente frente a normas que impliquen
erogaciones, dicha regla admite excepción cuando el gasto ya está apropiado en el
presupuesto de la entidad o cuando la pretensión involucra, además, una obligación
de hacer.
En sustento de lo anterior, citó la sentencia de la Corte Constitucional de 24 de mayo
de 2001 y los pronunciamientos del Consejo de Estado, Sección Primera, de 14 de
marzo de 2002 (C.P. Camilo Arciniegas Andrade, Rad. 19001-23-31-000-2001-
1422-01, ACU-1172) y de 9 de noviembre de 2023 (C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil,
Rad. 20001-23-33-000-2023-00174-01), conforme con los cuales, el solo hecho de
que una norma genere gasto no excluye la procedencia del mecanismo de
cumplimiento.
Así mismo, recalcó que la liquidación presentada por la entidad infló los rubros con
el propósito de aparentar inviabilidad financiera, comoquiera que incluyó montos no
causados, en particular cesantías retroactivas a las que ninguno de los inspectores
al servicio del Distrito tiene derecho.
De igual forma, adujo que el costo real del cumplimiento es sustancialmente inferior
al estimado por la entidad y que la erogación ya se encuentra contemplada dentro
del presupuesto distrital, por lo que no comporta un gasto nuevo.
Advirtió que el juez de primera instancia interpretó de manera incompleta la solicitud
de cumplimiento, pues la pretensión principal recae sobre el acatamiento integral de
la Ley 2492 de 2025 (que comprende el cambio de denominación a Inspecciones
de Convivencia y Paz, la modificación del código y grado salarial conforme al Código
233 en categoría especial, y la inclusión de las partidas presupuestales
correspondientes) y no se reduce al reconocimiento de efectos salariales.
Asimismo, expresó que el Acuerdo 017 de 30 de noviembre de 2025, por el cual el
Concejo Distrital de Buenaventura aprobó el presupuesto de rentas y gastos para la
vigencia 2026, contempló, dentro del rubro de gastos de la administración central,
una asignación para gastos de personal por $75.500.342.900, con cargo a la cual
era viable atender el cumplimiento de la Ley 2492 de 2025 sin erogación nueva.
Agregó que los artículos 47 a 50 del referido Acuerdo facultan a la Alcaldía Distrital
para efectuar los ajustes de nómina y gestionar el gasto por medio de la Dirección
de Recursos Humanos y Servicios Básicos, lo cual reafirma la suficiencia
presupuestal y la competencia administrativa para materializar el cumplimiento.
De igual forma, reiteró que el plazo de seis (6) meses previsto en el artículo 8 de la
Ley 2492 de 2025 no constituye una vigencia diferida sino un término máximo de
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implementación, el cual se cumplió el 23 de enero de 2026, esto es, con anterioridad
a la presentación de la acción (26 de enero de 2026).
Por último, afirmó que la propia Administración Distrital reconoció el deber de aplicar
la ley, como lo evidencia el Decreto 0021 de 26 de enero de 2026, por el cual la
Alcaldía nombró al señor Luis Arturo Jaramillo Rojas en el cargo de Inspector de
Convivencia y Paz Urbano y Rural, Categoría Especial, Código 233, Grado 02,
denominación que corresponde a la prevista en la Ley 2492 de 2025. En
consecuencia, solicitó revocar la sentencia y, en su lugar, acceder a las
pretensiones.
El 13 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó
la decisión impugnada.
Precisó que la improcedencia obedecía a que el accionante no agotó el requisito de
procedibilidad de la renuencia, exigido por el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, en
concordancia con el numeral 3 del artículo 161 del CPACA.
Sobre el particular, explicó que el artículo 8 de la Ley 2492 de 2025 dispuso una
vigencia diferida que concedió a las entidades territoriales un plazo de 6 meses para
su implementación, de manera que, al momento de radicarse el derecho de petición
(29 de julio de 2025, esto es, seis días después de la promulgación), la norma aún
no resultaba exigible.
Para sustentar su posición, invocó la sentencia del Consejo de Estado, Sección
Quinta, de 11 de marzo de 2021 (M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 66001-
23-33-000-2020-00563-01), así como las providencias de 21 de noviembre de 2002
y la del 17 de marzo de 2011 (exp. 2011-00019), conforme con las cuales la
renuencia presupone que el deber legal sea actualmente exigible.
Con base en lo anterior, concluyó que la petición radicada el 29 de julio de 2025 no
podía tenerse como acto idóneo para constituir en renuencia a la administración,
pues la obligación cuyo cumplimiento se reclamaba aún no se había hecho exigible.
De igual forma, advirtió que, si bien el inciso final del artículo 8 de la Ley 393 de
1997 contempla una excepción al requisito de procedibilidad cuando se configure
un perjuicio irremediable, el accionante no alegó ni acreditó tal circunstancia.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte demandante señaló que la acción de tutela contra providencias judiciales
procede de manera excepcional, siempre que se acrediten determinados requisitos
fijados por la jurisprudencia constitucional, tales como la relevancia constitucional
del asunto, el agotamiento de los medios judiciales ordinarios y extraordinarios de
defensa, y la existencia de defectos en la decisión judicial cuestionada,
presupuestos que, a su juicio, se encuentran debidamente acreditados en el
presente caso, en atención a la afectación de sus derechos fundamentales derivada
de las providencias controvertidas.
En este sentido, afirmó que tanto el juez de primera instancia como el tribunal de
segunda instancia desconocieron el precedente judicial aplicable, especialmente
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en lo relativo a la procedencia de la acción de cumplimiento, lo que, en su criterio,
justifica plenamente la intervención del juez de tutela.
Asimismo, sostuvo que también se incurrió en defecto fáctico, dado que las
autoridades judiciales realizaron una valoración incompleta y deficiente del material
probatorio, al omitir elementos relevantes que evidenciaban que la administración
distrital no dio cumplimiento a la Ley 2492 de 2025, pese a existir actuaciones que
demostraban su implementación apenas parcial. En particular, con la impugnación
presentada el 9 de febrero de 2026, el demandante aportó el Decreto 0021 del 26
de enero de 2026, mediante el cual se nombró y posesionó al señor Luis Arturo
Jaramillo Rojas como Inspector de Convivencia y Paz, lo que evidenció la
materialización parcial de la obligación y también su incumplimiento en un aspecto
esencial, esto es, la no aplicación del grado salarial previsto en la norma objeto de
cumplimiento.
Anotó que dicha omisión probatoria resulta trascendente, pues impedía concluir que
la administración hubiera satisfecho íntegramente el mandato legal, con lo que se
configuró una obligación de hacer -pendiente de ejecución-. No obstante, las
autoridades judiciales prescindieron de su valoración, afectando con ello la
integridad del análisis y adoptando una decisión contraria a derecho.
Igualmente, cuestionó la decisión del Juzgado Primero Administrativo de
Buenaventura de remitirlo al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, bajo el argumento de que dicha postura desconoce la naturaleza y
finalidad de la acción de cumplimiento, la cual fue creada precisamente para exigir
la ejecución de normas con fuerza material de ley y no para ser sustituida por otros
mecanismos procesales.
Por otra parte, en cuanto al requisito de la renuencia, indicó que este sí se encuentra
demostrado, en tanto formuló una solicitud expresa de cumplimiento y la
administración respondió de manera tardía, lo que evidenció una negativa o, cuando
menos, un incumplimiento frente a la obligación legal.
De otro lado, indicó que el plazo de seis meses previsto en la Ley 2492 de 2025
debe interpretarse como un término máximo para su implementación y no como una
suspensión de su obligatoriedad, de manera que, una vez vencido sin resultados
efectivos, se configura el incumplimiento de la norma.
Así, manifestó que el 29 de julio de 2025 solicitó a la Alcaldía de Buenaventura el
cumplimiento de la Ley 2492 de 2025; en respuesta, el 30 de octubre de 2025 la
entidad requirió a los Inspectores de Policía manifestar su acogimiento a la norma.
Sin embargo, al momento de interponer la acción, ya había transcurrido el plazo de
seis meses previsto en el artículo 8. ° ídem, sin que se diera cumplimiento efectivo
a la ley, pues el cargo mantenía las mismas condiciones, razón por la cual se
promovió la acción para exigir su aplicación.
Aunado a lo anterior, argumentó que las decisiones judiciales ignoraron la
jurisprudencia que admite la procedencia de la acción de cumplimiento incluso
frente a normas que implican gasto, especialmente cuando estos ya han sido
presupuestados o cuando corresponden a obligaciones de hacer, lo cual desvirtúa
la causal de improcedencia aplicada por los jueces de instancia.
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Finalmente, concluyó que en el expediente se encuentra acreditado tanto el
incumplimiento de la entidad como su renuencia a aplicar la ley, motivo por el cual
solicita que se revoquen las sentencias cuestionadas y, en su lugar, se ordene el
cumplimiento efectivo de la Ley 2492 de 2025 mediante una nueva decisión judicial.
4. Trámite previo
En providencia del 8 de abril de 20261, el despacho sustanciador admitió la tutela,
ordenó notificar al actor y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado
Primero Administrativo de Buenaventura en calidad de demandados, y como tercero
interesado en las resultas del proceso al Distrito de Buenaventura.
5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca envió el enlace del expediente de
cumplimiento.
Por su parte, el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura dijo que
tramitó la acción de cumplimiento radicada bajo el radicado 76109-33-33-001-2026-
00010-00, promovida por el actor contra el Distrito de Buenaventura, la cual culminó
con la sentencia del 6 de febrero de 2026, posteriormente, confirmada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 13 de febrero de 2026.
Resaltó que dichas decisiones fueron adoptadas conforme a la Constitución y la ley,
tras una valoración integral de los hechos y fundamentos jurídicos, en ejercicio de
la autonomía e independencia judicial, sin que se configure vulneración de derechos
fundamentales.
En consecuencia, afirmó que el despacho actuó en estricto cumplimiento de sus
funciones y que no se presenta afectación alguna a los derechos invocados por el
accionante.
6. Intervención de terceros
Maryoly Andrea Mosquera Sinisterra, en calidad de inspectora de policía rural
del Distrito de Buenaventura, coadyuvó la acción de tutela promovida por el señor
Figueroa Mosquera en relación con los hechos expuestos por él y confirmó que la
situación de incumplimiento de la Ley 2492 de 2025 afecta tanto a inspectores
urbanos como rurales.
Señaló que, pese a haber manifestado oportunamente su voluntad de acogerse a
la norma, la administración distrital no ha materializado su cumplimiento dentro del
término legal, evidenciándose una demora injustificada y falta de claridad sobre los
trámites internos adelantados, lo que refleja una actitud renuente por parte de la
entidad.
Asimismo, consideró que las decisiones judiciales adoptadas desconocen derechos
fundamentales como la igualdad, el debido proceso y de acceso a la administración
de justicia.
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Mediante providencia del 18 de marzo de 2026, se inadmitió la presente demanda y se requirió al demandante para que
prestara el juramento previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. El 25 de marzo de 2026 se subsanó la demanda.
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Argumentó que la acción de cumplimiento es el mecanismo idóneo para exigir la
aplicación de la ley, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional; asimismo
sostuvo que el accionante sí acreditó el requisito de renuencia, al haber presentado
una solicitud previa de cumplimiento, sin que sea necesario que en dicha petición
se haya invocado expresamente ese propósito.
Finalmente, solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados, la
revocatoria de las sentencias previas y la declaratoria de procedencia de la acción
de cumplimiento.
Destacó que la entidad tuvo seis meses para implementar la norma sin justificación
válida para su incumplimiento. Además, resaltó que incluso se han realizado
nombramientos bajo la nueva denominación sin aplicar plenamente las condiciones
legales, lo cual evidencia un desconocimiento de los derechos laborales y de la ley,
cuya aplicación ya se ha dado en otros territorios del país.
El Distrito de Buenaventura argumentó que la acción de tutela contra providencias
judiciales es excepcional y no puede utilizarse como una tercera instancia para
reabrir debates ya resueltos.
Indicó que el accionante no cumplió los requisitos generales de procedibilidad, al no
demostrar relevancia constitucional, ni vulneración concreta a derechos
fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable.
Asimismo, argumentó que no se configuran defectos específicos que justifiquen la
intervención del juez constitucional, pues no existe error en la valoración probatoria,
ni aplicación indebida de la norma, ni desconocimiento de precedente vinculante.
Por el contrario, afirmó que las decisiones judiciales se fundamentaron en
interpretaciones razonables de la ley y en la aplicación de disposiciones pertinentes
sobre renuencia, improcedencia por gastos y existencia de otros medios judiciales
idóneos.
Finalmente, expuso que su actuación administrativa ha sido diligente, pues adelantó
gestiones para implementar la Ley 2492 dentro de los plazos legales, lo que
descarta cualquier vulneración de derechos fundamentales. Incluso sugirió que la
conducta del accionante podría constituir temeridad, al intentar reabrir mediante
tutela un asunto ya resuelto en dos instancias, por lo que solicita declarar la
improcedencia de la acción o, en su defecto, negar sus pretensiones.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
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Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
La Sala circunscribirá el estudio a los cargos dirigidos contra la sentencia de 13 de
febrero de 2026 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por ser la
providencia que puso fin a la acción de cumplimiento. En consecuencia, no se
examinarán los reproches que apuntan a la decisión de primera instancia, esto es,
lo relacionado con la remisión al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho e improcedencia por el carácter gastoso de la norma cuyo cumplimiento se
reclama.
Así las cosas, corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales del actor al confirmar la
improcedencia de la acción de cumplimiento. Para tal efecto, el accionante adujo el
desconocimiento del precedente judicial (relativo al agotamiento de la constitución
en renuencia, al alcance del plazo de seis meses del artículo 8 de la Ley 2492 de
2025 como término máximo de implementación y a la fuerza probatoria del Decreto
0021 de 26 de enero de 2026) y defecto fáctico, sustentado en la presunta omisión
de valoración del citado decreto.
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional,
cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia
de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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La Sala anticipa que declarará improcedente el amparo solicitado, al considerar que
no cumple con el requisito de relevancia constitucional, ya que los argumentos del
tutelante no desarrollan una carga argumentativa suficiente ni evidencian que el
asunto trascienda la mera legalidad o implique un problema de interpretación
constitucional.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos; (i) del
requisito de relevancia constitucional; (ii) el caso concreto.
(i) La relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 5, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:
(i)Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii)Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv)Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como
un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
5
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000
2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Ibidem.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02075-00
Demandante: Andres Alexis Figueroa Mosquera
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no
se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)
De la relevancia constitucional en el caso concreto
Como se anticipó, el accionante formuló reparos contra la sentencia de segunda
instancia, los siguientes:
(i) Desconocimiento del precedente por indebida apreciación del requisito de
procedibilidad de la renuencia, comoquiera que, a juicio del actor, la solicitud
presentada ante la administración distrital y la respuesta tardía de esta acreditan
el agotamiento de dicho presupuesto procesal, contrario a lo concluido por el ad
quem.
(ii) Desconocimiento del precedente por errada interpretación del artículo 8 de la Ley
2492 de 2025, ya que el plazo allí previsto no constituye una vigencia diferida
sino un término máximo de implementación, vencido el cual la obligación se torna
exigible.
(iii) Desconocimiento del precedente por desatender el valor probatorio del Decreto
0021 de 26 de enero de 2026, mediante el cual la propia Administración Distrital
de Buenaventura nombró a un Inspector de Convivencia y Paz en los términos
de la Ley 2492 de 2025, lo que, en criterio del accionante, demuestra el
reconocimiento del deber legal cuyo cumplimiento se reclama.
(iv) Defecto fáctico por omisión de valoración del referido Decreto 0021 de 2026,
aportado con la impugnación, prueba que, según el actor, resultaba determinante
para concluir que la obligación era exigible y que la administración incurrió en
incumplimiento.
El accionante se encuentra vinculado a la Alcaldía Distrital de Buenaventura en
calidad de Inspector de Policía Urbano de Segunda Categoría, perteneciente a
carrera administrativa.
El 23 de julio de 2025, el Gobierno Nacional promulgó la Ley 2492 de 2025,
mediante la cual se modificó la denominación del empleo de «Inspector de Policía»
por la de «Inspector de Convivencia y Paz», con el propósito de implementar
medidas de carácter técnico, administrativo y formativo dirigidas a fortalecer el
funcionamiento de dichas dependencias, en aras de garantizar el acceso a la justicia
y contribuir a la consolidación de la paz.
En ese contexto, el 29 de julio de 2025, el actor elevó solicitud ante la Alcaldía
Distrital de Buenaventura con el fin de que se diera cumplimiento a la mencionada
ley. El 30 de octubre de 2025, la oficina de recursos humanos y servicios básicos,
mediante la circular interna 0311–05–01, requirió a los Inspectores de Policía para
que manifestaran su voluntad de acogerse de manera voluntaria a lo dispuesto en
la Ley 2492.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02075-00
Demandante: Andres Alexis Figueroa Mosquera
El 26 de enero de 2026, el actor promovió acción de cumplimiento contra el Distrito
de Buenaventura para que se ordenara la aplicación efectiva de la Ley 2492 de
2025. Adujo que venció el plazo de 6 meses del artículo 8.º sin que la entidad
adoptara las medidas necesarias, pese a actuaciones preliminares (recolección de
manifestaciones de los funcionarios interesados), y que se mantuvo en el mismo
cargo, denominación, categoría y condiciones.
El asunto correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de
Buenaventura (radicado 76109-33-33-001-2026-00010-00), que, en sentencia del 6
de febrero de 2026, la declaró improcedente. Sobre el particular, precisó que la
pretensión no se limitaba a exigir el cumplimiento de la ley, sino que cuestionaba un
acto administrativo particular.
Asimismo, advirtió que lo pedido comportaba implicaciones presupuestales (ajustes
salariales y eventuales procesos de reestructuración) y que su implementación
requería estudios técnicos y disponibilidad financiera, de modo que no constituía
una obligación clara, expresa y exigible por esta vía.
En consecuencia, concluyó que, al existir otros medios judiciales idóneos y
comprometerse gasto público, no se cumplían los requisitos de procedencia de la
acción.
Inconforme con la decisión, el actor apeló con fundamento en, aunque la acción de
cumplimiento, en principio, no procede frente a normas que impliquen gasto, la
jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa ha admitido excepciones.
En sustento de lo anterior, citó la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los del
Consejo de Estado, Sección Primera, conforme a los cuales el solo hecho de que
una norma genere gasto no excluye la procedencia del mecanismo de cumplimiento.
Así mismo, recalcó que la liquidación presentada por la entidad infló los rubros con
el propósito de aparentar inviabilidad financiera, comoquiera que incluyó montos no
causados, en particular cesantías retroactivas a las que ninguno de los inspectores
al servicio del Distrito tiene derecho.
Por último, afirmó que la propia Administración Distrital reconoció el deber de aplicar
la ley, como lo evidencia el Decreto 0021 de 26 de enero de 2026, por el cual la
Alcaldía nombró al señor Luis Arturo Jaramillo Rojas en el cargo de Inspector de
Convivencia y Paz Urbano y Rural, Categoría Especial, Código 233, Grado 02,
denominación que corresponde a la prevista en la Ley 2492 de 2025.
El 13 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia de segunda instancia, mediante la cual confirmó la decisión impugnada.
Para tal efecto, consideró que el actor formuló la solicitud de cumplimiento el 29 de
julio de 2025, esto es, apenas seis días después de la promulgación de la Ley 2492
de 2025, pese a que su artículo 8° dispuso un término de seis meses para su
implementación, lo que supone una vigencia diferida de sus mandatos.
En consecuencia, concluyó que, al momento de la solicitud, los deberes derivados
de la referida ley aún no eran exigibles a la administración, de modo que esta no
podía encontrarse en situación de incumplimiento. De ahí que, al no existir un deber
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Demandante: Andres Alexis Figueroa Mosquera
exigible cuyo acatamiento pudiera reclamarse, tampoco era posible constituir en
mora a la autoridad y, por tanto, no se configuraba el requisito de procedibilidad de
la renuencia previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.
Asimismo, advirtió que, si bien dicha norma prevé una excepción al referido requisito
cuando se acredite un perjuicio irremediable, el actor no la alegó ni la demostró en
el proceso.
Ahora bien, en este contexto, la Sala encuentra que los argumentos atinentes a la
procedencia de la acción de cumplimiento frente a normas que implican gasto
público y al desconocimiento del precedente sobre el valor probatorio del Decreto
0021 del 26 de enero de 2026, formulados por el accionante, no atacan la ratio
decidendi de la sentencia de segunda instancia. En efecto, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca no fundó la improcedencia de la acción en el compromiso de
recursos públicos ni descartó el valor probatorio del referido decreto, sino en la falta
de exigibilidad de los deberes derivados de la Ley 2492 de 2025 al momento de la
solicitud, dada la vigencia diferida prevista en su artículo 8, y en la consecuente
imposibilidad de configurar el requisito de procedibilidad de la renuencia. De ahí que
los reproches del actor, al recaer sobre cuestiones ajenas a los fundamentos
efectivamente expuestos por el juez de segunda instancia, no cumplan con dicho
requisito de relevancia constitucional.
Finalmente, en cuanto al agotamiento del requisito de renuencia y la interpretación
del término de 6 meses previsto en el artículo 8 de la Ley 2492 de 2025, la Sala
encuentra que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió ambos
cuestionamientos de la siguiente forma:
En cuanto al alcance del artículo 8 de la Ley 2492 de 2025, dicha autoridad precisó
que «el artículo 8 de la Ley 2492 establece una vigencia diferida, consagra que las
entidades territoriales disponen de seis meses a partir de la promulgación para la
implementación de esta norma», lectura que sustentó en el propio texto legal y en el
cronograma de implementación a cargo de las entidades territoriales.
A partir de esa premisa, concluyó que la petición del 29 de julio de 2025, presentada
apenas «a los 6 días de haberse promulgado la norma», no constituyó renuencia, pues
«el accionante con este derecho de petición no tuvo como fin agotar el requisito de la
renuencia para presentar el medio de control de cumplimiento (…) porque para el 29 de
julio de 2025 esta ley aún no era obligatoria por efectos de su implementación posterior».
Además, advirtió que, si bien el artículo 8 de la Ley 393 de 1997 contempla una
excepción al requisito por perjuicio irremediable, el actor «no alegó, ni acreditó la
inminencia» del mismo.
En suma, el Tribunal concluyó que «el actor no agotó el requisito de procedibilidad de la
renuencia lo que hace improcedente la acción» con apoyó en el artículo 8 de la Ley
2492 de 2025 y en las reglas del artículo 8 de la Ley 393 de 1997, sin que la parte
actora lograra señalar razones concretas por las que esa interpretación tenga
incidencia en la vulneración de derechos de contenido fundamental.
En esa medida, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado por Andrés
Alexis Figueroa Mosquera contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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Demandante: Andres Alexis Figueroa Mosquera
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente el amparo solicitado por Andrés Alexis Figueroa
Mosquera, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2. En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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