Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02075-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02075-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02075-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
21 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02075-01
Demandante: Andrés Alexis Figueroa Mosquera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02075-01
Accionante: Andrés Alexis Figueroa Mosquera
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela
Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Tutela contra
providencia judicial. Requisitos de procedencia. Relevancia constitucional – Improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia proferida el 28 de mayo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El señor Andrés Alexis Figueroa Mosquera, actuando en nombre propio, promovió
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado
Primero Administrativo de Buenaventura, con el propósito de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la igualdad, que consideró vulnerados con ocasión de las sentencias del
6 de febrero de 2026 y el 13 de febrero de 2026 proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo de Buenaventura y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
respectivamente, mediante las cuales se declaró improcedente la acción de
cumplimiento identificada con el radicado núm. 76109-33-33-001-2026-00010-
00/01.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 1:
2.1. Andrés Alexis Figueroa Mosquera, en su condición de Inspector de Policía del
Distrito de Buenaventura, presentó acción de cumplimiento en contra del Distrito
Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura con el
objeto de que se ordenara el cumplimiento de la Ley 2492 del 23 de julio de 2025
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Índice 00002 del expediente digital en Samai de primera instancia, certificado D31D870DF365AC59
B3CE05E3FA698E05 C19D708346E5DD58 7FBAC8A8F1D1D2BF.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02075-01
Demandante: Andrés Alexis Figueroa Mosquera
mediante la cual se modificó la denominación de los “Inspectores de Policía” por
“inspectores de Convivencia y Paz” con el objetivo de implementar medidas
técnicas, administrativas y de capacitación que fortalezcan de manera eficaz el
funcionamiento de dichos inspectores y su contribución a garantizar la justicia de los
ciudadanos y el logro de la paz nacional. En particular solicitó que se ordenara:
“(i) El cambio de denominación de los cargos de inspectores de Policía Urbanos
de segunda categoría e inspectores de Policía Rurales por «inspectores de
Convivencia y Paz» urbanos de segunda categoría y rurales código 233, junto
con la modificación de los manuales de funciones conforme al artículo 6.° de
dicha ley. (ii) El cambio de denominación, codificación y grado salarial de tales
cargos, ubicándolos en el grado más alto del nivel jerárquico profesional. (iii)
Respecto del propio accionante (inspector de Policía Urbano de segunda
categoría, grado 2, código 234), por haberse acogido voluntariamente al artículo
9.° y cumplir los requisitos del artículo 7.° ibidem, dar cumplimiento a los
artículos 1.°, 2.° y al parágrafo 3.° del artículo 6.°, con el grado salarial
correspondiente al más alto del nivel jerárquico profesional de la entidad. Lo
anterior, sobre la base de que el término de seis (6) meses previsto en el artículo
8.° ibidem se encontraba vencido sin que se hubiere satisfecho el contenido
obligacional de la norma.”
2.2. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de
Buenaventura bajo el radicado número 76109-33-33-001-2026-00010-00, autoridad
que, mediante sentencia del 6 de febrero de 2026, declaró la improcedencia de la
acción.
Consideró que el señor Figueroa Mosquera realmente pretendía atacar el
memorando número 0311-0375 del 19 de agosto de 2025 mediante el cual se dio
respuesta a la solicitud elevada y se negó el cambio de denominación y grado
salarial hasta que la ESAP aportara estudio técnico de rediseño de la planta; en
consecuencia el actor debía presentar demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto administrativo de carácter
particular que negó la solicitud del accionante.
Además, precisó que en concordancia con el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 la
acción de cumplimiento no procede para perseguir el cumplimiento de normas que
establecen gastos, y en el caso concreto los cambios de denominación, codificación
y grado salarial suponen una restructuración administrativa con impacto
presupuestal. Adicionalmente el artículo 4 de la Ley 2492 de 2025 establece que la
conformación de los equipos de cada Inspección de Convivencia y Paz obedece al
presupuesto de la entidad territorial, por lo que se requiere estudio técnico y de
viabilidad financiera.
2.3. El accionante presentó impugnación, a través del cual solicitó revocar la
sentencia de primera instancia en razón de que, de acuerdo con la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la improcedencia de la acción de
cumplimiento frente a normas que impliquen erogaciones admite excepciones
cuando el gasto ya se encuentra apropiado en el presupuesto de la entidad o
cuando la pretensión comprende una obligación de hacer.
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Demandante: Andrés Alexis Figueroa Mosquera
Afirmó que la entidad sobredimensionó el costo de la implementación de la Ley 2492
de 2025 al incluir rubros no causados, como las cesantías retroactivas de los
inspectores, y que la erogación requerida ya se encontraba contemplada en el
presupuesto distrital para la vigencia 2026, por lo que no implicaba un gasto nuevo.
Asimismo, señaló que el juez de primera instancia interpretó de manera restrictiva
sus pretensiones, pues estas estaban dirigidas al cumplimiento integral de la Ley
2492 de 2025, incluida la modificación de la denominación, código y grado salarial
de los cargos, así como la apropiación de las partidas presupuestales
correspondientes.
Por último, sostuvo que el plazo de seis (6) meses, previsto en el artículo 8 de la Ley
2492 de 2025, constituía un término máximo para su implementación, el cual se
encontraba vencido al momento de presentar la acción. Finalmente, indicó que la
propia Administración Distrital había reconocido la obligación de aplicar la ley
mediante el nombramiento de un Inspector de Convivencia y Paz bajo la
denominación, código y grado establecidos en dicha normativa. En consecuencia,
solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las
pretensiones.
2.4. El 13 de febrero de 2026 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia mediante la cual dispuso confirmar la decisión de primera instancia.
Consideró que el señor Figueroa Mosquera presentó derecho de petición el 29 de
julio de 2025, mediante el cual solicitó el cumplimiento de la Ley 2492 del 23 de julio
de 2025, lo cual ocurrió a los 6 días de haberse promulgado dicha norma; sin
embargo, el artículo 8 de la referida ley consagró el término de seis meses para su
implementación, contados a partir de la promulgación de la norma.
En razón de lo anterior identificó que el derecho de petición no tuvo el fin de agotar el
requisito de procedibilidad de renuencia exigido para presentar el medio de control
de cumplimiento de normas con fuerza material de ley porque para el 29 de julio de
2025 dicha ley no era obligatoria. Además, no se acreditó la inminencia de un
perjuicio irremediable que habilitara la excepción consagrada para eludir el
cumplimiento de dicho requisito.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
3.1. El accionante sostuvo que las sentencias del 6 de febrero de 2026 y el 13 de
febrero de 2026 proferidas respectivamente por el Juzgado Primero Administrativo
de Buenaventura y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la igualdad.
3.2. Si bien no explicó en debida forma la configuración de los defectos imputados a
las providencias cuestionadas, se logra evidenciar que alega el desconocimiento del
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Demandante: Andrés Alexis Figueroa Mosquera
precedente jurisprudencial aplicable, particularmente frente a normas que
comportan obligaciones de hacer o cuya ejecución puede implicar erogaciones
presupuestales. Sostuvo que los jueces de instancia se apartaron de los criterios
desarrollados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, conforme a los
cuales la existencia de un gasto no determina, por sí sola, la improcedencia del
mecanismo constitucional, especialmente cuando se trata de obligaciones de hacer
o de la ejecución de recursos previamente presupuestados. En particular, citó las
sentencias del Consejo de Estado de 24 de mayo de 2001, 14 de marzo de 2002 y 9
de noviembre de 2023, entre otras, en las que se habría admitido la procedencia de
la acción de cumplimiento en supuestos similares.
3.3. Asimismo, alegó la valoración incompleta del material probatorio, al considerar
que las autoridades judiciales omitieron elementos relevantes que demostraban que
la administración no dio cumplimiento a la Ley 2492 de 2025 aun cuando ha
adelantado actuaciones que demostraban su implementación parcial. En particular,
señaló que con la impugnación del 9 de febrero de 2026 aportó el Decreto 0021 del
26 de enero de 2026, mediante el cual se nombró y posesionó al señor Luis Arturo
Jaramillo Rojas como Inspector de Convivencia y Paz, circunstancia que
evidenciaba que la administración había iniciado la implementación de la norma,
pero que aún se encontraba pendiente la aplicación del grado salarial previsto en
ella.
Sostuvo que la omisión de valorar dicho elemento probatorio impedía concluir que la
administración hubiera satisfecho íntegramente el mandato legal y, por el contrario,
demostraba la existencia de una obligación de hacer pendiente de ejecución.
Afirmó que la decisión del Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura, según
la cual el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho era el
mecanismo idóneo para alcanzar las pretensiones del actor, desconoce la
naturaleza y finalidad de la acción de cumplimiento, prevista precisamente para
exigir la ejecución de normas con fuerza material de ley.
De este modo, señaló que el 29 de julio de 2025 solicitó a la Alcaldía de
Buenaventura dar cumplimiento a la Ley 2492 de 2025, frente a lo cual la entidad, el
30 de octubre siguiente, requirió a los inspectores de policía informar si se acogerían
a dicha normativa. No obstante, para la fecha de presentación de la acción ya había
transcurrido el término de seis meses establecido en el artículo 8 de la ley, sin que
hubiera sido implementada de manera efectiva pues las condiciones del cargo
permanecían inalteradas.
4. Trámite de tutela e intervenciones
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Demandante: Andrés Alexis Figueroa Mosquera
Mediante auto del 18 de marzo de 2026, la consejera ponente de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, requirió2 a la parte actora para que prestara juramento de
que no había presentado otra tutela por los mismos hechos y derechos.
Subsanado el requisito advertido, mediante auto del 8 de abril de 2026 3, admitió la
solicitud de amparo y ordenó notificar a las partes e intervinientes.
Surtidas las notificaciones correspondientes, se recibieron los siguientes informes:
4.1. El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de
Buenaventura4 solicitó negar el amparo solicitado pues la providencia judicial fue
proferida de acuerdo con los parámetros constitucionales y legales, adoptando las
decisiones que en derecho corresponde por lo que no se configuró afectación
alguna a los derechos fundamentales invocados.
Además remitió el link del expediente digital del proceso ordinario.
4.2. Marloy Andrea Mosquera Sinisterra5, actuando como interesada y en calidad
de inspectora de Policía Rural del Distrito de Buenaventura coadyuvó la acción de
tutela y reiteró el incumplimiento de la Ley 2492 de 2025.
Argumentó que de manera oportuna y formal la administración distrital expresó la
voluntad de acogerse a la referida ley, la cual también afecta a los inspectores del
área rural y a la cual no se ha dado cumplimiento efectivo. Debido a ello alegó que
en el caso se cumple tanto con la renuencia administrativa como con la falta de
voluntad por parte de la administración en darle cumplimiento a la ley.
Señaló que las decisiones cuestionadas desconocieron los derechos fundamentales
como igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.
4.3. El Distrito de Buenaventura6, solicitó declarar la improcedencia de la acción
de tutela en razón de que el accionante pretende usar el mecanismo como una
instancia adicional de la acción de cumplimiento y no acreditó un perjuicio
irremediable.
Argumentó que la acción de tutela pretende reabrir el debate abordado dentro del
proceso de acción de cumplimiento con el propósito de obtener una nueva
valoración jurídica, por lo que no se pretende la protección inmediata de un derecho
2
Índice 00005 del expediente en SAMAI digital de primera instancia, certificado 49E23F8522608E72
26D6084FBA6F7ED8 0E83EE8BCFD44DA4 4FC681FD0A9C3A5A.
3
Índice 00011 del expediente digital en SAMAI de primera instancia, certificado 1E7CADFFBF9D3C33
57BF68D7B8E5561B 9F2AD19D9D098ACD 19F1E2E2A71AFE7E.
4
Índice 00021 del expediente digital de primera instancia, certificado 11C3E5DFE087D318
7CB7152EF70ACC26 FBA6D35013E620AA B967DAC12F82E760 .
5
Índice 00022 del expediente digital de primera instancia, certificado E1DC8FAC1428D1A6
FA1647825744E142 60B808895ABAA853 FBDC04DD5781A346 .
6
Índice 00024 del expediente digital de primera instancia, certificado 6AF519BC3340A967
1F467D4D77F78ECE ED5467BE65DAFD0B 13A2EFF032E2F319 .
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02075-01
Demandante: Andrés Alexis Figueroa Mosquera
fundamental frente a una actuación arbitraria, en realidad se busca la revisión del
criterio jurídico adoptado por el juez natural.
Adicionalmente, precisó que el accionante accedió a la jurisdicción contencioso
administrativa, ejerció el derecho de contradicción, interpuso recurso de
impugnación y obtuvo pronunciamiento en segunda instancia, por lo que no se
puede utilizar la acción de tutela para remediar el resultado desfavorable de un
proceso regularmente tramitado. En línea con lo anterior, indicó que el accionante
tampoco alegó la configuración de un perjuicio irremediable.
Precisó que las pretensiones de la acción constitucional desbordan la naturaleza
misma del mecanismo, sumado a que no se identificaron razonablemente los
hechos y derechos vulnerados ni la existencia de las causales específicas de
procedibilidad.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 28 de mayo de 20267, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de
relevancia constitucional. La Sala concluyó que los cargos formulados no
cumplieron con la carga argumentativa suficiente ni evidencian un asunto con
trascendencia constitucional sino de mera legalidad.
Al examinar la providencia cuestionada, advirtió que el tribunal consideró que el
actor formuló la solicitud de cumplimiento apenas seis días después de la
promulgación de la Ley 2492 de 2025 aun cuando el artículo octavo de dicha
disposición establecía un término de seis meses para su implementación, es decir
una vigencia diferida de sus mandatos. Por lo que, al momento de la solicitud, aún
no eran exigibles a la administración los deberes consagrados en la norma por lo
que la misma no podía encontrarse en situación de incumplimiento y entonces
tampoco era posible constituir en mora a la autoridad, además tampoco se acreditó
la configuración de un perjuicio irremediable que justificara la excepción al requisito
de renuencia.
Adicionalmente consideró que los reproches del actor respecto a la procedencia de
la acción de cumplimiento frente a normas que implican el gasto público y la falta de
valoración del Decreto 0021 del 26 de enero de 2026, son ajenos a los fundamentos
expuestos por el juez de segunda instancia entonces no atacan la ratio decidiendi la
cual declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento en la falta de exigibilidad
de los deberes derivados en la ley.
En relación con el agotamiento del requisito de renuencia y la interpretación del
término de 6 meses previsto en el artículo 8 de la Ley 2492 de 2025, precisó que el
tribunal accionado concluyó que el actor no agotó el requisito de procedibilidad de
7
Índice 00027 del expediente digital de primera instancia, certificado 2F2FA209583614DA 519AFE3700362D59
653ABD2C9A0CAB7D C6E3D4F5FDEC5A09.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02075-01
Demandante: Andrés Alexis Figueroa Mosquera
renuencia de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 2492 de 2025 y en las reglas del
artículo 8 de la Ley 393 de 1997, sin que el accionante expusiera razones concretas
para demostrar la interpretación irracional que a su vez conllevó la vulneración de
sus derechos fundamentales.
6. Impugnación
Andrés Alexis Figueroa Mosquera presentó escrito de impugnación8 contra la
decisión de primera instancia. Sostuvo que la controversia sí reviste relevancia
constitucional, pues las sentencias cuestionadas vulneraron los derechos
fundamentales a la igualdad, seguridad jurídica, acceso a la administración de
justicia y dignidad.
El accionante sostuvo que la acción de tutela satisface el requisito de relevancia al
ser un problema nacional y cuestiona que la decisión de primera instancia no
hubiera valorado los hechos expuestos ni las pruebas allegadas al expediente de
tutela. En particular, manifiesta que la petición presentada por él fue formulada en
debida forma y que cumplió los requisitos necesarios para determinar la renuencia
de la entidad, pese a lo cual no obtuvo respuesta por parte de la Alcaldía Distrital de
Buenaventura y actualmente no ha dado cumplimiento a la norma.
Adujo que, ante la ausencia de respuesta a la solicitud, la entidad demandada se
encuentra incumpliendo la norma, al sustraerse de su aplicación mediante
argumentos que, en su criterio, no resultan suficientes para justificar dicha conducta.
En ese sentido, señaló que la Alcaldía ha justificado su situación bajo la Ley 550,
pese a contar con recursos para la implementación de la norma. De igual manera,
indicó que la entidad ha manifestado encontrarse adelantando acciones con la
Universidad ESAP, conforme con los lineamientos previstos para dar cumplimiento
a la norma, sin precisar el estado en que se encuentra dicho proceso, por lo que se
mantiene indefinida su implementación hasta que la administración determine
cuándo habrá de darle aplicación.
Bajo tales consideraciones, adujo que la acción de cumplimiento constituye el
mecanismo pertinente para garantizar los derechos contemplados en la norma, los
cuales no fueron garantizados dentro de la acción de cumplimiento adelantada ante
las autoridades judiciales accionadas.
Alega que debe darse cumplimiento a la norma, en atención a lo establecido por el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional en su jurisprudencia respecto de
normas que generan gastos. Asimismo, pone de presente que tiene conocimiento
de otras acciones de cumplimiento y de tutela en las que se habría garantizado la
aplicación de la norma, así como de las circulares emitidas por la Comisión Nacional
del Servicio Civil para su implementación y de las solicitudes formuladas por la
8
Índice 00034 del expediente digital de primera instancia, certificado 80D7C4AB39E537B1
0636C75BE573BDE1 31A2ACD1A8067FA2 1E72FA3B2EFEEA0C.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02075-01
Demandante: Andrés Alexis Figueroa Mosquera
Procuraduría General de la Nación a los respectivos alcaldes para la
implementación de la Ley 2492 de 2025.
La Magistrada ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de
auto del 23 de junio de 20269, concedió la impugnación interpuesta por la parte
accionante.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en razón
a que Andrés Alexis Figueroa Mosquera, es el titular de las garantías
constitucionales que afirma fueron vulneradas, en su condición de accionante
dentro la acción de cumplimiento identificada con radicado núm. 76109-33-33-001-
2026-00010-00/01.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el
Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura y el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca fueron las autoridades que profirieron las sentencias del 6 y 13 de
febrero de 2026, que resolvieron la acción de cumplimiento y que, según el tutelante,
vulneraron sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 28 de mayo de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la acción de tutela.
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran
superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo
frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
9
Índice 00036 del expediente digital de primera instancia, certificado 8B7E2F51460A914C
9BB61ACBE9131663 D45F892448206053 E8DC80C72B4482FF.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02075-01
Demandante: Andrés Alexis Figueroa Mosquera
observancia de los requisitos que la determinan procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 10 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general
que habilitan la interposición de la tutela11, y otros de carácter específico, que tocan
con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto12.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional” 13.
4.1. Relevancia constitucional
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
10
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el
evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
12
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es,
cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto
material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y
la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo
condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de
sus postulados.
13
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02075-01
Demandante: Andrés Alexis Figueroa Mosquera
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 14.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como
criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que
el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que en las acciones de tutela interpuestas en contra de las decisiones
judiciales, el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
implica la necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, cumplir el requisito de procedibilidad de relevancia
constitucional implica que el asunto afecte directa y significativamente los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución. Esto permite determinar la
procedencia y el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres
aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos
fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el asunto debe trascender
el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio en la sociedad o en
el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el
fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
14
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
10
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Demandante: Andrés Alexis Figueroa Mosquera
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el
control constitucional concreto15.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional; en consecuencia, se confirmará la decisión de primera
instancia que declaró improcedente el amparo, por las razones que se exponen a
continuación:
5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que el actor promovió acción de tutela
contra las sentencias del 6 y 13 de febrero de 2026 proferidas por el Juzgado
Primero Administrativo de Buenaventura y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, respectivamente, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
Si bien no se realizó una exposición completa y ordenada de los defectos alegados,
se evidencia que alega el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado y
de la Corte Constitucional sobre la procedencia de la acción de cumplimiento frente
a obligaciones de hacer, aun cuando impliquen erogaciones presupuestales.
Asimismo, alegó un defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio,
al no haberse tenido en cuenta el Decreto 0021 del 26 de enero de 2026, el cual
evidenciaba el inicio de la implementación de la Ley 2492 de 2025, sin que se
hubiera cumplido integralmente la obligación allí prevista.
De otro lado, cuestionó que se hubiera considerado la nulidad y restablecimiento del
derecho como mecanismo idóneo, pues estimó que la acción de cumplimiento era la
procedente para exigir la ejecución de la Ley 2492 de 2025. Señaló que pese a la
solicitud formulada a la Alcaldía de Buenaventura el 29 de julio de 2025 y a las
actuaciones adelantadas por la entidad, transcurrieron más de seis meses sin que la
norma hubiera sido implementada efectivamente, razón por la cual promovió la
acción de cumplimiento.
5.2. Del análisis de la sentencia de segunda instancia cuestionada se advierte que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca efectuó un análisis integral y motivado
del material probatorio y de los fundamentos jurídicos aplicables al caso. Con
fundamento en ello, concluyó lo siguiente16:
“7.6. Marco normativo del requisito de renuncia
26. El numeral 3° del artículo 161 del CPACA consagra que previo a la
presentación de la demanda del cumplimiento de normas se “requiere la
constitución en renuencia de la demandada en los términos del artículo 8° de la
Ley 393 de 1997.”
27. El inciso 2 del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, estipula:
15
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
16
Índice 00013 en el aplicativo SAMAI del expediente de la acción de cumplimiento en segunda
instancia, certificado 9EA552BFA908A495 D68406D97333C7A7 3D63760BC51A1851
9CBA1A1B0ACD3FC2.
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Demandante: Andrés Alexis Figueroa Mosquera
“Artículo 8°. Procedibilidad. La Acción de Cumplimiento procederá (..) Con el
propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el
accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud. Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito, cuando el
cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable para el accionante, caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda.”
28. A su vez, el artículo 10 ibidem consagra que la demanda deberá contener:
“5. Prueba de la renuencia, salvo lo contemplado en la excepción del inciso
segundo del artículo 8º de la presente Ley, y que consistirá en la demostración
de haberle pedido directamente su cumplimiento a la autoridad respectiva”.
29. Esta misma normatividad en el artículo 12 dispone que en caso de no
aportarse la prueba del cumplimiento de la renuencia procede el rechazo de
plano.
30. El Consejo de Estado, sobre los alcances de la constitución en renuencia,
en providencia del 11 de marzo de 2021 señaló que el reclamo no es un simple
derecho de petición, sino una solicitud expresamente realizada con el propósito
de cumplir el requisito de la renuencia para los
fines de la acción de cumplimiento y además, no puede tenerse por demostrado
el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la solicitud
“(…) tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia”
7.6. Caso concreto
31. El accionante en la demanda pretende el cumplimiento de los artículos 1, 2,
6, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 2492 de 2025.
32. Para acreditar el cumplimiento del requisito de renuencia aportó:
33. - Derecho de petición radicado el 29 de julio de 2025 en la alcaldía distrital
de Buenaventura, en el que pidió “se sirva dar cumplimiento a lo expresado en
la Ley 2492 del 23 de julio de 2025”(…)
35. Del contenido de esta petición, se extrae que el accionante radicó este
derecho de petición a los 6 días de haberse promulgado la norma – 23 de julio
de 2025.
36. El artículo 8 de la Ley 2492 establece una vigencia diferida, consagra que
las entidades territoriales disponen de seis meses a partir de la promulgación
para la implementación de esta norma.
37. Es decir, el accionante con este derecho de petición no tuvo como fin agotar
el requisito de la renuencia para presentar el medio de control de cumplimiento
de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos porque para el
29 de julio de 2025 esta ley aún no era obligatoria por efectos de su
implementación posterior.
38. Si bien, el artículo 8 de la Ley 393 de 1997 contempla una excepción para
eludir el cumplimiento de este requisito, el accionante no alegó, ni acreditó la
inminencia de un perjuicio irremediable.” (Negrilla y subrayado del original)
Del análisis de la sentencia cuestionada se advierte que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca abordó el estudio de la procedibilidad de la acción desde el
cumplimiento del requisito de procedibilidad de renuencia, de acuerdo con el inciso 2
del artículo 8 y el artículo 10 de la Ley 393 de 1997 en concordancia con la
providencia del 11 de marzo de 2021 del Consejo de Estado, de lo cual identificó que
es necesario que el reclamo exigido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente realizada con el propósito de cumplir el requisito de
renuencia.
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Demandante: Andrés Alexis Figueroa Mosquera
Respecto del caso concreto, la Sala evidencia que la autoridad judicial accionada
encontró que el derecho de petición fue radicado el 29 de julio de 2025 solicitando
dar cumplimiento a la Ley 2492 del 23 de julio de 2025. Adicionalmente, evidenció
que dicha solicitud fue elevada a los seis días de haber sido promulgada la norma en
la cual se establece una vigencia diferida de seis meses a partir de la promulgación,
por lo que concluyó que la petición radicada por el accionante no tuvo como fin
agotar el requisito de renuencia pues para la fecha la ley no era obligatoria por
efectos de su implementación posterior. Además, precisó que si bien el artículo 8 de
la Ley 393 de 1997 contempla la inminencia de un perjuicio irremediable como
excepción para eludir el cumplimiento del requisito de la constitución en renuencia
no fue una situación alegada por el accionante.
5.3. En ese orden, los elementos expuestos permiten a la Sala concluir que el
debate planteado fue examinado por el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, sin que se advierta una actuación arbitraria, carente de sustento
probatorio o desprovista de fundamento jurídico, ni una vulneración de los derechos
fundamentales invocados. En efecto, se observa que el Tribunal efectuó una
valoración integral y razonada del material probatorio y, con fundamento en ella,
determinó que no se encontraba acreditado el cumplimiento del requisito de
procedibilidad de renuencia. Por tal razón, confirmó la sentencia de primera
instancia y declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento.
La falta de relevancia constitucional se hace aún más evidente al advertirse que la
argumentación del accionante resulta inconexa con las razones que sustentaron la
providencia cuestionada. En efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
no fundamentó la improcedencia de la acción de cumplimiento en la existencia de
erogaciones presupuestales ni en la valoración del Decreto 0021 del 26 de enero de
2026, sino en la falta de exigibilidad de las obligaciones derivadas de la Ley 2492 de
2025 para el momento en que se formuló la solicitud y consecuentemente la
imposibilidad de acreditar el requisito de procedibilidad de la renuencia. Por tanto,
los reparos formulados por el actor se dirigen a aspectos que fueron objeto de la
acción de cumplimiento pero no fueron recibidos por la autoridad judicial accionada.
En razón de lo anterior, resulta claro que el señor Figueroa Mosquera pretende
reabrir la discusión surtida ante los jueces naturales dentro de la acción de
cumplimiento, a partir de argumentos relacionados con la interpretación y aplicación
de la normativa aplicable y la valoración de elementos probatorios que, además, no
determinaron el sentido de la providencia cuestionada. Así, la solicitud de amparo
termina por plantear una inconformidad con la decisión adoptada en la acción de
cumplimiento, sin alegar ni acreditar una actuación ostensiblemente arbitraria o
irrazonable que haya conllevado la afectación de los derechos fundamentales del
accionante.
5.4. Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que no
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basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere
demostrar: i) su existencia, ii) su carácter desproporcionado, y iii) su carácter
arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que
permitan al juez constitucional advertir tal vulneración 17.
5.5. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte accionante pretende
imponer su interpretación normativa sobre las consideraciones expuestas por la
autoridad enjuiciada, así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada
y continuar con el debate surtido en el trámite de la acción de cumplimiento, sin que
haya demostrado la violación del derecho fundamental para el que pidió su
protección.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por
la parte accionante está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite
de la acción de cumplimiento, toda vez que reitera argumentos de índole legal y
probatorio expuestos en el recurso de apelación interpuesto en el marco del proceso
primigenio, sin esbozar las razones concretas por las cuales los derechos
fundamentales invocados fueron vulnerados con las providencias atacadas, lo que
escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se
sustenta en el principio de autonomía judicial.
5.6. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, la Sala precisa que el
precedente18 se constituye en un pilar del Estado de Derecho, pues busca asegurar
la coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, a través de las decisiones
judiciales que sean razonablemente previsibles. Por su alcance, se constituye en
una herramienta de protección de los principios de la confianza legítima y la buena
fe al momento de resolver un caso sometido a su jurisdicción.
Adicionalmente, su origen radica en la autoridad judicial que lo crea, por lo que
existen dos clases de precedente a saber: el horizontal y el vertical. El primero
comprende “aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el
mismo operador judicial”; mientras que el segundo, “se relaciona con los
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para
la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios
judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos
en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas,
son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los
operadores judiciales inferiores”19.
17
Sentencia SU215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo.
18
Sentencia SU 113/2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
19
Ibidem.
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Demandante: Andrés Alexis Figueroa Mosquera
Sumado a lo anterior, el extremo activo no desarrolló un análisis metodológico y
comparativo que permitiera establecer la identidad jurídica entre el fallo, así como la
inaplicación de alguna regla de unificación y la decisión aquí cuestionada.
El respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas, sino
también la exposición clara y estructurada de los puntos de coincidencia entre los
casos analizados, con el fin de demostrar que el fallo objeto de censura se apartó
injustificadamente de la jurisprudencia aplicable. En virtud de lo anterior, la Sala no
advirtió una carga argumentativa suficiente que sustentara el cargo formulado, lo
que imposibilita su análisis de fondo en la presente decisión.
5.7. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto a una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada20, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario21.
En consecuencia, la Sala advierte la improcedencia de la presente acción de tutela
por falta de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional y, en ese orden,
confirmará la decisión impugnada, conforme a los argumentos expuestos ut supra.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de mayo de 2026 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la
solicitud de tutela presentada por Andrés Alexis Figueroa Mosquera contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo de
Buenaventura.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.
20
SU-215 de 2022.
21
Ibid.
15
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Demandante: Andrés Alexis Figueroa Mosquera
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
AOB
16
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