Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02079-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02079-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02079-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02079-00
Accionante: SUSANA ROMO ERAZO
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA
JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela/ Se configura la carencia actual de objeto por hecho
superado, respecto al derecho de petición y se niegan los derechos fundamentales
de petición, debido proceso administrativo, salud y dignidad humana.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela promovida el 13 de marzo de 2026 1, por la
señora Susana Romo Erazo, quien actúa en nombre propio, contra la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. A su juicio,
dicha autoridad vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, petición, salud física y mental, y dignidad humana.
ANTECEDENTES
Hechos relevantes
1. La actora manifestó que el 19 de enero de 2026 presentó solicitud de concepto
favorable para traslado por razones de salud ante la Unidad de Administración de
Carrera Judicial – Traslados. En dicha petición, señaló que, desde su posesión el 5
de febrero de 20242, ha estado expuesta a un entorno laboral hostil y a una elevada
carga de trabajo, lo que ha generado un deterioro progresivo de su salud física y
mental, agravando diagnósticos de ansiedad, depresión y trastorno de adaptación.
Precisó que esta situación derivó en una incapacidad médica en julio de 2025 y que,
pese a haber solicitado una licencia no remunerada en octubre de 2025, al
reintegrarse se reactivaron los síntomas. Indicó que una solicitud previa de traslado
fue desestimada y que sus médicos han recomendado el cambio de entorno laboral
como medida necesaria para su recuperación.
2. La accionante manifestó que el 16 de enero de 20263 presentó el diligenciamiento
formal de traslado por razones de salud al Juzgado Primero Laboral del Circuito de
1 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
viernes, 13 de marzo de 2026 con secuencia: 3196”.
2 Índice electrónico 02 de SAMAI. 5ED_PRUEBA_13_3_20268_42(.pdf) NroActua 2.
3 Se precisa que esta es la fecha que proporciona la demandante en los anexos al escrito de tutela.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02079-00
Accionante: Susana Romo Erazo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Pasto, en atención a que en dicha ciudad reside su red de apoyo familiar, integrada
por sus padres, su hija mayor y otros allegados.
3. También indicó que el traslado resulta necesario, dado que en la ciudad de Cali
carece de dicho soporte, lo que incide negativamente en su diagnóstico de trastorno
de adaptación. En contraste, señaló que en Pasto cuenta con un entorno familiar
que favorece su recuperación y estabilidad emocional, circunstancia que, conforme
a la Ley 2460 de 2025. Asimismo, dentro del precedente jurisprudencial, referenció
la sentencia SU-452 de 2024, la cual establece que, en los casos de salud, el
traslado es un derecho que prevalece sobre la lista de elegibles o cargos en
provisionalidad, siempre que sea demostrado el riesgo. Agregó que la medida es
urgente, de acuerdo con las recomendaciones médicas, y necesaria para garantizar
tanto su recuperación como el bienestar de sus hijos menores.
4. A su vez, manifestó que cuenta con la formación académica y la idoneidad
profesional requeridas para desempeñar el cargo, lo que asegura la adecuada
prestación del servicio de justicia.
5. El 10 de febrero de 2026, la actora elevó una solicitud de información con el fin
de conocer el estado del trámite, así como el avance y la decisión respecto de su
petición de traslado.
6. Expuso que, mediante respuesta oficial del 23 de febrero de 2026, la entidad le
informó que su solicitud fue recibida bajo el radicado EXTCSJ26-486 el 19 de enero
de 2026 y que “se encuentra en trámite atendiendo el estricto orden de llegada”.
7. La tutelante sostuvo que dicha comunicación no resolvió de fondo su solicitud,
pues se limitó a informar que el asunto se encontraba en trámite, sin pronunciarse
de manera clara, concreta y definitiva sobre la aprobación o negación del concepto
favorable para traslado por razones de salud.
8. En ese contexto, la actora advirtió que la falta de una respuesta de fondo afecta
directamente su derecho fundamental a la salud, en la medida en que el traslado
solicitado constituye una medida necesaria para evitar el agravamiento de su
condición física y emocional.
9. Finalmente, expresó que han transcurrido más de cuarenta (40) días hábiles
desde la radicación de la solicitud, esto es, desde el 19 de enero de 2026, superando
ampliamente el término previsto en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 para
resolver peticiones. A su juicio, la entidad no solo excedió dicho plazo, sino que
tampoco emitió una respuesta de fondo, con lo cual vulneró sus derechos
fundamentales de petición y debido proceso administrativo, con incidencia en su
derecho a la salud.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02079-00
Accionante: Susana Romo Erazo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Pretensiones
10. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“1. ORDENAR a la Unidad de Administración de Carrera Judicial que, dentro
de las 48 horas siguientes, emita una respuesta de fondo, clara, precisa y
completa sobre la solicitud de concepto favorable para traslado por razones
de salud radicada el 19 de enero de 2026 bajo el número EXTCSJ26-486.
2. Que dicha respuesta incluya una decisión expresa sobre la aprobación o
negación del concepto favorable, con la motivación correspondiente, dada
la naturaleza urgente del caso”4.
Fundamentos de la demanda de tutela
11. La actora sostuvo que el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 establece que las
peticiones en interés particular deben resolverse dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a su recepción. No obstante, indicó que en el caso concreto
habían transcurrido más de cuarenta (40) días hábiles desde la radicación de su
solicitud de traslado por razones de salud, sin que la entidad hubiera emitido una
decisión de fondo.
12. Afirmó que la respuesta del 23 de febrero de 2026, en la que la autoridad
atacada indicó que la solicitud “se encuentra en trámite”, no satisfizo el derecho de
petición, por cuanto no resolvió de manera clara, oportuna y sustancial lo solicitado.
13. En ese sentido, consideró que la omisión de una decisión de fondo vulneró su
derecho de petición y, a su vez, el debido proceso administrativo, al impedirle
conocer la determinación de la autoridad y ejercer los mecanismos de defensa
correspondientes.
14. Finalmente, adujo que dicha omisión afectó su derecho a la salud física y mental,
en tanto la solicitud se sustentaba en razones médicas que requerían una respuesta
pronta, y cuya falta prolongó la exposición a condiciones que agravaban su estado,
comprometiendo además su dignidad humana.
Trámite en primera instancia
15. Mediante auto del 17 de marzo de 20265, el despacho sustanciador admitió la
acción de amparo y ordenó notificar a la parte accionada y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, dispuso vincular al Juzgado Once
Administrativo del Circuito Judicial de Cali en calidad de tercero con interés en las
resultas del proceso.
4 Índice electrónico 02 de SAMAI. 4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
5 Índice electrónico 04 de SAMAI. 6Autoqueadmite_120260207900ADMITESU(.pdf) NroActua 4.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02079-00
Accionante: Susana Romo Erazo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Intervenciones
16. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura6 solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
Señaló que la pretensión de la accionante —obtener respuesta a la petición
radicada el 19 de enero de 2026— fue satisfecha mediante Oficio CJO26-1553 del
24 de marzo de 2026, a través del cual se emitió respuesta de fondo a la solicitud
de traslado, la cual fue remitida al correo electrónico de la actora7. Además, reseñó
que se le informó a la actora la posibilidad de interponer los recursos
correspondientes.
17. En ese sentido, sostuvo que no subsiste vulneración de los derechos
fundamentales invocados, en particular los de petición y debido proceso
administrativo, toda vez que la solicitud fue tramitada y resuelta por la autoridad
competente. Por ello, concluyó que se configura un hecho superado que impide un
pronunciamiento de fondo en sede de tutela.
18. Ángela Soledad Jaramillo Méndez8, en su calidad de jueza del Juzgado Once
(11) Administrativo Oral del Circuito de Cali, manifestó que ha brindado a la
servidora judicial el apoyo y acompañamiento necesarios para el cumplimiento de
sus funciones. Indicó que, en el marco de la gestión del riesgo psicosocial, se
adelantaron intervenciones con la ARL en 2025, en las cuales se identificaron
factores protectores en el equipo de trabajo.
19. Señaló que la accionante presentó dificultades de salud mental, por lo que fue
valorada por médico ocupacional, quien mediante conceptos del 24 de junio y 11 de
septiembre de 2025 estableció restricciones laborales, recomendó controles
médicos, definición clara de funciones, supervisión de labores y, adicionalmente,
considerar el cambio de lugar de trabajo.
20. No obstante, afirmó que en el despacho no se le ha exigido laborar por fuera de
la jornada, se han autorizado los permisos médicos y se ha garantizado la
asignación clara de funciones y la supervisión permanente. Finalmente, indicó que,
aunque no conoce en detalle el trámite de traslado, reconoció que este ha sido
recomendado médicamente, en atención a la falta de red de apoyo en Cali y a las
dificultades de adaptación laboral de la accionante.
21. El 7 de abril de 2026, la actora presentó escrito de ampliación de la demanda
de tutela9, con ocasión de la respuesta emitida por la autoridad accionada mediante
6Índice electrónico 09 de SAMAI. 11_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CJO261557(.pdf)
NroActua 9.
7Índice electrónico 09 de SAMAI. 12_MemorialWeb_Anexos-NOTIFICACIONCONCEPT(.pdf)
NroActua 9. En concreto se envió el día 24 de marzo de 2026, al correo susyromo05@yahoo.com,
a las 12:29.
8 Índice electrónico 010 de SAMAI. 19RECIBEMEMORIAL_Memorial_susanatutela(.pdf) NroActua 10.
9 Índice electrónico 011 de SAMAI. 24RECIBEMEMORIAL_AmpliacionEscritoTut(.pdf) NroActua 11.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02079-00
Accionante: Susana Romo Erazo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Oficio CJO26-1553 del 24 de marzo de 2026, y solicitó la vinculación del Consejo
Superior de la Judicatura.
22. En su escrito, manifestó que su estado de salud física y mental se encuentra en
un nivel crítico, acreditado con diagnósticos de ansiedad, depresión, trastorno de
adaptación y gastritis crónica, lo cual derivó en una hospitalización en julio de 2025
y en la solicitud de una licencia no remunerada en octubre del mismo año. Indicó
que sus médicos tratantes y el médico laboral de la ARL han coincidido en
recomendar el cambio de lugar de trabajo, al considerar el entorno laboral como el
principal factor que impide su recuperación.
23. Señaló que ha agotado las vías administrativas, pues una primera solicitud de
traslado fue negada por razones procedimentales y, posteriormente, la solicitud del
19 de enero de 2026 fue rechazada por incompatibilidad de jurisdicciones, con
fundamento en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996. A su juicio, dichas decisiones
responden a una interpretación formalista que desconoce su situación clínica y las
recomendaciones médicas, omitiendo la protección efectiva de sus derechos
fundamentales.
24. En cuanto a las pretensiones, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la salud y a la vida digna, con el fin de que se ordene su traslado
a la ciudad de Pasto, bajo un enfoque de género y de protección a la unidad familiar.
Asimismo, pidió la aplicación de un test de proporcionalidad en el que prevalezca el
derecho sustancial a la salud y, en consecuencia, la inaplicación por
inconstitucionalidad de los requisitos relativos a la identidad de jurisdicción previstos
en el Acuerdo PCSJA25-12352, o de cualquier disposición que impida el traslado
en la misma sede territorial, pese al reconocimiento de su estado de salud y de las
recomendaciones médicas.
25. Igualmente, pidió ordenar a la Unidad de Carrera Judicial y al Consejo Superior
de la Judicatura la emisión de conceptos favorables al traslado, con base en una
valoración integral de las recomendaciones médicas emitidas por la ARL y la EPS,
las cuales —a su juicio— fueron desatendidas en decisiones previas. Finalmente,
de manera subsidiaria, requirió que se autorice su postulación a cualquier vacante
disponible en la ciudad de Pasto o, en su defecto, al cargo de oficial mayor en el
Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cali.
26. Finalmente, indicó que, aunque cuenta con el respaldo de la jueza titular,
persisten dificultades de adaptación laboral y ausencia de red de apoyo en Cali, lo
que agrava su estado de salud. Asimismo, sostuvo que cumple con el perfil del
cargo solicitado y que la negativa constituye una interpretación restrictiva de la
normativa aplicable.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02079-00
Accionante: Susana Romo Erazo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
CONSIDERACIONES
Competencia
27. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201910.
Problema jurídico y metodología de la decisión
28. La Sala observa que la actora formuló una primera solicitud de traslado desde
el Juzgado Once (11) Administrativo de Cali al Juzgado Segundo (2) Administrativo
de la misma ciudad. Sin embargo, mediante Concepto No. 112 del 8 de octubre de
2025, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca emitió un
pronunciamiento desfavorable respecto de dicha solicitud por razones de salud.
29. La señora Susana Romo Erazo interpuso acción de tutela contra la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso administrativo, de petición, a la salud física y mental, y a la dignidad
humana.
30. Como fundamento de su solicitud, afirmó que han transcurrido más de cuarenta
(40) días hábiles desde la radicación de su petición, presentada el 19 de enero de
2026, lo que supera ampliamente el término previsto en el artículo 14 de la Ley 1437
de 2011 para su resolución. Sostuvo que la entidad no solo incumplió dicho plazo,
sino que además omitió emitir una respuesta de fondo, con lo cual vulneró los
derechos fundamentales invocados en la presente acción de amparo constitucional.
31. Adicionalmente, el 7 de abril de 2026, la actora presentó un escrito de ampliación
del escrito de tutela, en el cual manifestó que su estado de salud física y mental es
crítico, con diagnósticos de ansiedad, depresión, trastorno de adaptación y gastritis
crónica, lo que ocasionó su hospitalización en julio de 2025 y la solicitud de licencia
no remunerada en octubre del mismo año. Indicó que tanto sus médicos tratantes
como el médico laboral de la ARL han recomendado el cambio de lugar de trabajo,
al considerar el entorno laboral como el principal obstáculo para su recuperación.
32. Señaló que agotó las vías administrativas, pues una primera solicitud de traslado
fue negada por razones procedimentales y la presentada el 19 de enero de 2026
fue rechazada por incompatibilidad de jurisdicciones, con fundamento en el artículo
134 de la Ley 270 de 1996. A su juicio, dichas decisiones obedecen a una
interpretación formalista que desconoce su situación clínica y las recomendaciones
médicas.
10 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02079-00
Accionante: Susana Romo Erazo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
33. En consecuencia, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la
salud y a la vida digna, con el fin de que se ordene su traslado a la ciudad de
Pasto, bajo un enfoque de género y de protección a la unidad familiar. Asimismo,
pidió la inaplicación por inconstitucionalidad de las disposiciones que exigen
identidad de jurisdicción, en particular el Acuerdo PCSJA25-12352.
34. Igualmente, requirió ordenar a la Unidad de Carrera Judicial y al Consejo
Superior de la Judicatura emitir conceptos favorables al traslado, con base en una
valoración integral de los conceptos médicos. De manera subsidiaria, solicitó
autorización para postularse a vacantes en Pasto o, en su defecto, al cargo de oficial
mayor en el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cali.
35. Finalmente, indicó que, aunque cuenta con el respaldo de la jueza titular,
persisten dificultades de adaptación laboral y ausencia de red de apoyo en Cali, lo
que agrava su estado de salud, y sostuvo que cumple con el perfil del cargo, por lo
que la negativa constituye una interpretación restrictiva de la normativa aplicable.
36. En ese orden de ideas, la Sala debe determinar si en el presente caso se
configura la carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida que la
autoridad accionada emitió respuesta a la solicitud presentada por la tutelante.
37. Para abordar y resolver el problema jurídico planteado, esta Subsección
desarrollará una metodología que incluye el estudio de la carencia actual de objeto
por hecho superado en relación con la presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, de petición, a la salud física y mental, y a la dignidad
humana.
De la carencia de objeto por hecho superado
38. El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad y,
excepcionalmente de los particulares, en los casos específicamente previstos por la
ley.
39. Sin embargo, la Corte Constitucional ha identificado como «carencia actual de
objeto» cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no hay
forma de resarcir el daño ya producido. En estas situaciones, la tutela pierde su
razón de ser y, por tanto, cualquier orden del juez respecto de lo solicitado en la
demanda no surtiría ningún efecto.
40. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la carencia actual
de objeto se puede configurar por tres situaciones: (i) hecho superado, (ii) daño
consumado o (iii) acaecimiento de una situación sobreviniente. Debido a las
particularidades del caso, esta Subsección se referirá a la hipótesis número.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02079-00
Accionante: Susana Romo Erazo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
41. El hecho superado ocurre cuando la satisfacción del derecho parte de “una
decisión voluntaria y jurídicamente consciente del demandado”11, por razones
ajenas a la intervención del juez constitucional. Al respecto, ha señalado el Tribunal
Constitucional:
“20. La carencia actual de objeto es el fenómeno procesal que se presenta
cuando la acción de tutela pierde su razón de ser, debido a la “alteración o
el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la presunta
vulneración de los derechos”. Ello implica que cualquier orden del juez
caería en el vacío. Al respecto, esta Corporación ha señalado que el juez
constitucional no es “no es un órgano consultivo que emite conceptos o
decisiones inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jurídico, sobre
escenarios hipotéticos, consumados o ya superados”. De ello se infiere que
la intervención del juez de tutela solo procederá cuando sea necesario
desde un punto de vista constitucional.
21. Bajo ese entendido, la doctrina constitucional ha desarrollado el
concepto de la carencia actual de objeto para identificar este tipo de
eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el
juez para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses
jurídicos cuya garantía le ha sido reclamada. Así las cosas, ha establecido
que dicha figura se puede materializarse a través de los
siguientes fenómenos: (i) hecho superado; (ii) daño consumado
o (iii) situación sobreviniente.
22. El hecho superado ocurre cuando “(i) efectivamente se ha satisfecho
por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (iii) y que la
entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu
proprio, es decir, voluntariamente”12.
Análisis del caso concreto
42. La señora Susana Romo Erazo promovió acción de tutela contra la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, de petición, a la salud física y mental, y a la dignidad humana, Indicó
que desde la radicación de su solicitud el 19 de enero de 2026 han transcurrido más
de cuarenta (40) días hábiles, sin que la autoridad accionada emita una respuesta
de fondo.
43. En primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la causa, y en segundo
lugar, analizará la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado.
Legitimación en la causa por activa y pasiva
44. Susana Romo Erazo, cuenta con legitimación en la causa por activa, dado que
ostentan la titularidad de los derechos fundamentales cuya vulneración invoca. En
tal condición, actúa como la persona directamente afectada por la presunta omisión
por parte de la autoridad demandada.
11 Corte Constitucional, sentencia T-104 de 2020.
12 Corte Constitucional, sentencia T-070 de 2023.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02079-00
Accionante: Susana Romo Erazo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
45. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, autoridad
a la que se le atribuye la trasgresión de los derechos invocados en la presente
acción de amparo constitucional.
46. En el escrito de ampliación de la acción de tutela, la actora solicitó la vinculación
del Consejo Superior de la Judicatura. Al respecto, la Sala advierte que no resulta
necesario disponer su vinculación expresa a la Corporación mencionada, dado que
la Unidad de Administración de Carrera Judicial, autoridad accionada en el presente
trámite, constituye una dependencia del Consejo Superior de la Judicatura. En
consecuencia, se entiende que dicha Corporación se encuentra vinculada a través
de la actuación de la referida unidad administrativa.
La carencia actual de objeto por hecho superado frente a la petición del 19 de enero
de 2026
47. La Sala advierte que la actora presentó una primera solicitud de traslado desde
el Juzgado Once (11) Administrativo de Cali13 al Juzgado Segundo (2)
Administrativo de la misma ciudad. No obstante, mediante Concepto No. 112 del 8
de octubre de 202514, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca
emitió concepto desfavorable frente a dicha solicitud por razones de salud.
48. En relación con los requisitos generales del traslado, el citado Consejo señaló
que la solicitud no cumplía con el criterio de temporalidad, en tanto fue presentada
el 30 de septiembre de 2025, por fuera de los primeros cinco (5) días hábiles del
mes, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo PCSJA17-10754 de
2017, modificado por el Acuerdo PCSJA22-11956 de 2022. Asimismo, indicó que
tampoco se satisfacía el requisito relativo a la sede territorial, dado que el traslado
se solicitó entre despachos ubicados en la misma ciudad, sin que se acreditara un
cambio de subespecialidad que habilitara dicha excepción, de conformidad con la
Ley 2430 de 2024.
49. En cuanto a los requisitos materiales del traslado por razones de salud, el
Consejo Seccional manifestó que la actora aportó historia clínica y dictámenes
médicos recientes, expedidos por una entidad adscrita a su EPS, en los cuales se
recomendaba expresamente el traslado, por lo que se cumplían las exigencias
sustanciales previstas en la normativa aplicable.
50. No obstante, el Consejo Seccional concluyó que la solicitud no satisfacía la
totalidad de los requisitos formales y materiales exigidos, destacando que el
incumplimiento de cualquiera de ellos impide la procedencia del traslado, en la
13Al se encuentra vinculada.
14 Índice electrónico 012 de SAMAI. RECIBEMEMORIAL_251008TrasladoDSCCON(.pdf) NroActua
12.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02079-00
Accionante: Susana Romo Erazo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
medida en que su verificación integral garantiza el principio de igualdad entre los
servidores judiciales.
51. En consecuencia, dicha autoridad emitió concepto desfavorable frente a la
solicitud de traslado por razones de salud presentada por la señora Susana Romo
Erazo, para el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador del Juzgado 02 Administrativo
de Cali. Adicionalmente, el Consejo Seccional indicó a la servidora judicial que debía
atender las publicaciones mensuales de vacantes y presentar oportunamente una
nueva solicitud dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su publicación,
conforme a la reglamentación vigente.
52. Finalmente, informó que contra dicha decisión procedían los recursos de
reposición ante esa Corporación y de apelación ante la Unidad de Administración
de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, los cuales debían
interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de
conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
53. El 19 de enero de 2026, la tutelante presentó una nueva solicitud de traslado del
Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Cali (Valle del Cauca), en propiedad, para
el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto (Nariño). Frente a lo anterior, la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
ofreció respuesta a la petición mediante el Oficio CJO26-1553 del 24 de marzo de
202615, la cual se remitió al correo electrónico de la interesada.
54. En concreto, la entidad señaló que si bien la documentación allegada —
expedida por la EPS a la cual se encuentra afiliada la servidora judicial— contiene
recomendaciones médicas que permiten evidenciar la necesidad de su traslado
ante la imposibilidad de continuar desempeñando el cargo en las condiciones
actuales, no se cumplían integralmente los requisitos exigidos en la normativa
aplicable. En particular, advirtió que algunos de los documentos aportados carecían
de vigencia, en tanto superaban el término máximo de seis (6) meses previstos en
el artículo 8 del Acuerdo PCSJA25-12352 de 2025.
55. Adicionalmente, indicó que el cargo al cual aspira la actora —oficial mayor o
sustanciadora en el Juzgado Primero (1º) Laboral del Circuito de Pasto— pertenece
a la jurisdicción ordinaria, mientras que el cargo del cual es titular —oficial mayor o
sustanciadora en el Juzgado Once (11) Administrativo del Circuito de Cali—
corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese sentido,
concluyó que se trata de empleos adscritos a jurisdicciones distintas, lo cual impide
el traslado, conforme a lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996,
modificado por el artículo 71 de la Ley 2430 de 2024, así como en el Acuerdo
PCSJA25-12352 de 2025. En consecuencia, la entidad determinó que no se
cumplían los presupuestos legales previstos en el artículo 134-2 de la Ley 270 de
15 Índice electrónico 09 de SAMAI. 22RECIBEMEMORIAL_CJO2615532(.pdf) NroActua 11.
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1996, razón por la cual no resultaba viable emitir concepto favorable a la solicitud
de traslado.
56. En primer lugar, la Sala advierte que se configura la carencia actual de objeto
por hecho superado respecto de la primera solicitud de traslado y de la radicada el
19 de enero de 2026. En efecto, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca y la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, de manera voluntaria y sin mediar orden de un juez constitucional,
emitieron respuesta a las solicitudes formuladas por la actora, adoptando un
pronunciamiento de fondo en el que resolvieron la petición de traslado, expresaron
las razones de su decisión y señalaron los recursos procedentes. En consecuencia,
desapareció la situación que dio origen a la acción de tutela, esto es, la alegada
ausencia de respuesta.
57. En particular, frente a la primera solicitud la cual se resolvió mediante Concepto
No. 112 del 8 de octubre de 2025, la Sala observa que el Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca emitió un pronunciamiento de fondo sobre la solicitud
de traslado formulada por la peticionaria, en la medida en que resolvió de manera
expresa y motivada la petición elevada, al analizar el cumplimiento de los requisitos
previstos en la normativa aplicable.
58. En efecto, dicha autoridad no solo explicó las razones que sustentaban la
improcedencia del traslado solicitado, sino que además orientó a la actora sobre el
procedimiento a seguir, indicándole que debía atender las publicaciones mensuales
de vacantes y presentar oportunamente nuevas solicitudes dentro de los términos
establecidos. Asimismo, le informó de manera clara y precisa los recursos
procedentes contra la decisión —reposición y apelación—, así como el término para
su interposición, de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
59. En ese contexto, la Sala advierte que la respuesta brindada satisface los
elementos estructurales de una decisión administrativa, en tanto fue clara, suficiente
y congruente con lo solicitado, y puso en conocimiento de la interesada las vías
procedimentales para controvertirla o reiterar su pretensión en debida forma. En
suma, se trató de una actuación que no solo resolvió la solicitud, sino que además
proporcionó la información y guía necesaria para el adecuado ejercicio de sus
derechos dentro del marco normativo vigente.
60. En ese mismo sentido, la Sala advierte que la respuesta emitida por la Unidad
de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura,
mediante Oficio CJO26-1553 del 24 de marzo de 2026, también constituye una
respuesta de fondo, en tanto expuso de manera comprensible, congruente y
suficiente las razones por las cuales la solicitud no era procedente, y se pronunció
directamente sobre los aspectos planteados por la peticionaria. Por ello, no puede
sostenerse la vulneración del derecho fundamental invocado, ya que a la actora
efectivamente se le respondió, aunque en un sentido distinto al que
esperaba. Adicionalmente, se le informó a la actora que podía hacer uso del recurso
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de reposición16 para controvertir el concepto adoptado mediante Oficio CJO26-1553
del 24 de marzo de 2026, el cual podrá interponer dentro de los diez (10) días
siguientes a su notificación, con el propósito de corregir su petición frente a las
falencias aducidas por la administración.
61. En esa medida, la Sala considera necesario precisar que la accionante confunde
el contenido del derecho de petición y el derecho a lo pedido representado a obtener
una respuesta favorable a sus intereses17. Sin embargo, el núcleo esencial de esa
garantía se satisface cuando la administración o la autoridad concernida emite una
respuesta pronta, clara, de fondo y congruente con lo solicitado, sin que ello
implique el deber de acceder a lo pedido o de pronunciarse en los términos
propuestos por la solicitante.
62. En conclusión, la Sala encuentra que, en el presente caso, se configura la
carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la primera solicitud de
traslado y de la petición radicada el 19 de enero de 2026, por cuanto las autoridades
accionadas emitieron, de manera voluntaria y sin mediación de orden judicial,
respuestas de fondo frente a las solicitudes formuladas por la actora. En efecto,
tanto el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, mediante el
Concepto No. 112 del 8 de octubre de 2025, como la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Oficio CJO26-
1553 del 24 de marzo de 2026, se pronunciaron de manera expresa, clara, motivada
y congruente sobre la viabilidad del traslado solicitado, expusieron las razones
normativas y fácticas que sustentaban su concepto desfavorable y pusieron en
conocimiento de la interesada los recursos procedentes para controvertirla.
63. Así, no puede sostenerse que subsista la vulneración alegada, pues la situación
que dio origen a la presente acción de tutela —esto es, la supuesta ausencia de
respuesta por parte de la administración— desapareció durante el trámite
constitucional. Además, la Sala advierte que las respuestas emitidas no se limitaron
a una manifestación formal o aparente, sino que incorporaron un análisis concreto
sobre el cumplimiento de los requisitos reglamentarios del traslado, orientaron a la
accionante sobre la forma de presentar futuras solicitudes conforme al régimen
vigente y le informaron los mecanismos administrativos de defensa con los que
contaba.
64. En ese contexto, resulta necesario precisar que la inconformidad de la actora no
se dirige, en estricto sentido, contra la falta de respuesta, sino contra el sentido
desfavorable de las decisiones adoptadas por la administración. Sin embargo, tal
discrepancia no compromete, por sí misma, el derecho fundamental de petición,
toda vez que este no comporta el derecho a obtener una decisión favorable a los
intereses del peticionario, sino a recibir una contestación oportuna, de fondo, clara
16Índice electrónico 09 de SAMAI. 12_MemorialWeb_Anexos-NOTIFICACIONCONCEPT(.pdf)
NroActua 9. La autoridad accionada le informó a la actora que “Así mismo, le comunico que contra
este acto administrativo procede el recurso de reposición, del cual podrá hacer uso por escrito, dentro
de los diez (10) días siguientes a la presente notificación”.
17 Corte Constitucional, Sentencia C-951 de 2014.
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y congruente con lo solicitado. Por consiguiente, el hecho de que la administración
haya negado el traslado pretendido no configura vulneración iusfundamental
alguna, en la medida en que sí atendió materialmente las solicitudes elevadas.
65. De esta manera, la Sala concluye que las autoridades accionadas atendieron el
núcleo esencial del derecho de petición, al resolver de fondo las solicitudes de
traslado, exponer las razones de su decisión y garantizar a la interesada la
posibilidad de controvertirla a través de los recursos correspondientes. En
consecuencia, al haberse superado la situación fáctica que motivó el amparo se
impone declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
Solución respecto de la petición elevada el 7 de abril de 2026
66. Ahora bien, la Sala observa que, con posterioridad a la presentación de la
acción, la actora allegó escrito de ampliación en el que ya no se limitó a insistir en
la falta de respuesta a la petición radicada el 19 de enero de 2026, sino que formuló
pretensiones nuevas y materialmente distintas, encaminadas a obtener: (i) la
protección de sus derechos a la salud y vida digna mediante una orden directa de
traslado a la ciudad de Pasto; (ii) la inaplicación por inconstitucionalidad de
requisitos normativos relativos a la identidad de jurisdicción y a las reglas de
traslado; (iii) la expedición de concepto favorable inmediato por parte de la Unidad
de Administración de Carrera Judicial y del Consejo Superior de la Judicatura; y,
subsidiariamente, (iv) la postulación a otras vacantes.
67. No obstante, la Sala considera que dichas solicitudes no pueden ser definidas
en esta sede de manera directa e inmediata, pues suponen un análisis
administrativo previo que corresponde, en primer término, a la autoridad competente
en materia de carrera judicial y traslados. En efecto, tales pedimentos no se agotan
en la verificación de una omisión de respuesta, sino que exigen una valoración inicial
sobre aspectos técnicos, jurídicos y fácticos, tales como la vigencia y suficiencia de
los soportes médicos, la procedencia excepcional del traslado solicitado, la eventual
existencia de vacantes compatibles, el alcance de la normativa aplicable y la
incidencia concreta de las circunstancias personales y familiares alegadas por la
accionante. Esa evaluación debe ser adelantada, en primer lugar, por la
administración, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales.
68. En relación con el trámite y los requisitos aplicables al traslado de servidores de
carrera, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-452 de 2024 sistematizó las
reglas que rigen esta materia, con fundamento en el Acuerdo PCSJA17-10754 de
2017.
69. En primer lugar, precisó que los servidores de carrera judicial tienen derecho a
solicitar su traslado a un cargo vacante en forma definitiva, siempre que este sea de
la misma categoría, tenga funciones afines y exija los mismos requisitos, lo cual
responde al principio de equivalencia funcional y garantiza la estabilidad en la
carrera.
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70. En segundo lugar, la Corte estableció que la solicitud de traslado debe
presentarse por escrito dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes,
conforme a la publicación de vacantes definitivas realizada por la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial en la página Web de la Rama Judicial.
Tratándose de determinados funcionarios, como magistrados de tribunal o de
comisiones seccionales de disciplina judicial, la solicitud debe radicarse ante dicha
Unidad, la cual emitirá concepto ante la autoridad nominadora.
71. En tercer lugar, indicó que corresponde a la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial efectuar una valoración integral de la situación del solicitante,
teniendo en cuenta criterios objetivos, tales como la evaluación de servicios en firme
y el desempeño en el cargo. Como resultado de dicha valoración, esta entidad emite
un concepto, que puede ser favorable o desfavorable, el cual debe ser comunicado
al interesado y, en caso de ser positivo, remitido a la autoridad nominadora
competente.
72. En cuarto lugar, la Corte destacó que la decisión definitiva sobre el traslado
corresponde a la autoridad nominadora, quien debe ejercer esta función con
sujeción a criterios objetivos, en particular los resultados de los concursos de mérito
y las evaluaciones de desempeño. Asimismo, dicha autoridad tiene el deber de
informar la decisión adoptada a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de garantizar el
control de los movimientos de personal.
73. En quinto lugar, enfatizó que la decisión sobre la solicitud de traslado debe
materializarse mediante un acto administrativo debidamente motivado. Este
requisito resulta esencial para la garantía del debido proceso administrativo, en la
medida en que permite al servidor conocer las razones de la decisión y, en su caso,
ejercer los mecanismos de contradicción y defensa. Esta exigencia es predicable
de todas las autoridades nominadoras, incluidas las altas cortes y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.
74. Finalmente, la Corte precisó que, de conformidad con el artículo 131 de la Ley
270 de 1996 y el artículo 18 transitorio del Acto Legislativo 2 de 2015, la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial es la autoridad nominadora de las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial. En ejercicio de esta competencia, la Sala Plena
conoce y decide las situaciones administrativas, incluidas las solicitudes de traslado,
las cuales se estudian en sesión y se consignan en actas debidamente aprobadas
y suscritas. En todo caso, la decisión debe formalizarse mediante acto
administrativo motivado, cuya copia debe allegarse al interesado en garantía del
debido proceso.
75. Dentro de la Sentencia SU-452 de 2024, la Corte Constitucional a partir del
estudio de casos concretos18, construyó un conjunto de reglas aplicables al traslado
de servidores judiciales, especialmente cuando concurren razones de salud.
18 En concreto, las sentencias T-488 de 2004, T-953 de 2004, T-159 de 2017, T-302 de 2019,
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76. En ese sentido, la Corte señaló que el principio del mérito constituye el eje rector
en la provisión de cargos en la Rama Judicial. En consecuencia, cuando concurren
una solicitud de traslado de un funcionario de carrera y de una persona que se
encuentra en listado de elegibles para una misma vacante, la autoridad nominadora
debe realizar una evaluación comparativa de las calidades, trayectoria y desempeño
de los aspirantes, con el fin de seleccionar al mejor candidato.
77. Asimismo, precisó que el concepto favorable de traslado, aunque no es
vinculante, constituye un requisito indispensable para que el servidor sea
considerado dentro del proceso de selección.
78. De igual forma, indicó que, en los casos de traslado por razones de salud, la
decisión no puede fundarse exclusivamente en la comparación de méritos, sino que
debe incorporar un análisis de la situación fáctica del solicitante, en particular
cuando están comprometidos derechos fundamentales como la salud o la vida. En
estos eventos, la autoridad nominadora debe ponderar dichos derechos frente al
principio de mérito y el derecho de acceso a cargos públicos en condiciones de
igualdad. En esa misma línea, la Corte advirtió que dicha ponderación no exonera
a la autoridad de realizar el cotejo objetivo de las hojas de vida, pues la verificación
de las calidades y el desempeño sigue siendo necesaria para la adopción de la
decisión. Igualmente, reiteró que toda decisión sobre el traslado, incluso cuando
exista concepto favorable, debe fundarse en criterios objetivos, concretos y
razonados, a fin de garantizar el principio de mérito y evitar decisiones arbitrarias.
79. Finalmente, la Corte concluyó que el trámite de las solicitudes de traslado debe
sujetarse a los requisitos y términos reglamentarios, sin perjuicio de la protección
reforzada de derechos fundamentales en casos excepcionales, de manera que se
armonice la eficacia del servicio, la transparencia en la provisión de cargos y la
garantía de los derechos fundamentales.
80. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la
constitucionalidad del régimen de traslados, fijando criterios que orientan su
aplicación19. Así, declaró la exequibilidad de las disposiciones que regulan el
traslado en la Ley 270 de 199620, al considerar que sus hipótesis responden a
finalidades legítimas del servicio y se enmarcan en las competencias del órgano de
administración judicial.
81. En la Sentencia C-295 de 2002, la Corte Constitucional examinó la
constitucionalidad de la Ley 771 de 2002, que modificó parcialmente los artículos
134 y 152 de la Ley 270 de 1996, y declaró su exequibilidad condicionada. En
particular, al analizar el numeral 3 del artículo 134, precisó que la figura del traslado
debe interpretarse conforme a los principios de mérito e igualdad en el acceso a la
función judicial. En ese marco, indicó que la posibilidad de que un servidor de
carrera solicite el traslado a una vacante no excluye a los aspirantes que integran
19 Sentencia C-037 de 1996, C-295 de 2002 y C-134 de 2023.
20 En particular declaró exequibles los artículos 134 y 152 de la Ley 270 de 1996.
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listas de elegibles, quienes conservan la posibilidad de acceder a la carrera
mediante las vacantes que se generen con ocasión de dichos traslados. Asimismo,
advirtió que, ante la concurrencia de solicitudes para una misma vacante, la
selección debe sustentarse en parámetros objetivos que permitan identificar al
mejor candidato.
82. Más recientemente, en la Sentencia C-134 de 2023, la Corte Constitucional
examinó la constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia (PLEAJ), en particular del artículo 71 que modificó el artículo 134 de la
Ley 270 de 1996. En dicha providencia, la Sala Plena destacó que las
modificaciones introducidas buscan garantizar la celeridad y eficacia del servicio,
mediante la adopción de reglas claras que brinden certeza en el trámite de los
traslados, así como la diferenciación de sus causales, especialmente entre razones
de seguridad y de salud, incluyendo además la amenaza como supuesto de traslado
por seguridad.
83. No obstante, la Corte advirtió que no existe justificación constitucional para
excluir a los funcionarios en provisionalidad de la posibilidad de solicitar traslado por
razones de salud. En consecuencia, declaró la constitucionalidad condicionada de
la disposición, en el entendido de que dichos servidores también pueden acudir a
esta figura cuando se acrediten afectaciones a su salud.
84. En la Sentencia SU-452 de 2024, la Corte Constitucional también dio cuenta de
la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de traslado de servidores
judiciales. En particular, señaló que dicha Corporación, en ejercicio del control de
legalidad, declaró la nulidad de disposiciones reglamentarias que imponían
requisitos adicionales no previstos en la Ley 270 de 1996, como la exigencia de una
calificación mínima de servicios o cargas documentales adicionales, al considerar
que tales condiciones desbordaban la potestad reglamentaria y restringían
injustificadamente el derecho al traslado.
85. Asimismo, la Corte destacó que, en sede de tutela, el Consejo de Estado ha
reiterado el deber de motivación en las decisiones que resuelven solicitudes de
traslado, especialmente cuando se fundamentan en razones de salud. En este
contexto, ha señalado que dichas decisiones deben valorar las circunstancias
particulares del caso, incluyendo los diagnósticos médicos, y no pueden fundarse
en consideraciones formales ni desconocer el principio de mérito. De igual forma,
precisó que la ocupación del cargo por un funcionario en provisionalidad no
constituye un obstáculo válido para negar el traslado, en tanto esta situación no
puede prevalecer sobre las reglas de la carrera ni impedir la aplicación de dicha
figura.
86. En suma, la jurisprudencia constitucional ha consolidado que el traslado en la
Rama Judicial es un derecho reglado, cuya aplicación exige la observancia de los
principios de mérito, igualdad y razonabilidad, así como la adopción de decisiones
motivadas, fundadas en criterios objetivos y respetuosas de los derechos
fundamentales comprometidos.
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87. En ese contexto, la Sala advierte que el traslado de servidores de carrera judicial
se encuentra sometido a un trámite específico y al cumplimiento de requisitos
formales y materiales, cuya observancia resulta indispensable antes de acudir al
juez constitucional. En efecto, como se expuso en los numerales precedentes, la
normativa y la jurisprudencia han establecido un procedimiento reglado que
comprende la presentación oportuna de la solicitud, su evaluación por parte de la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la adopción de una decisión
motivada por la autoridad nominadora competente.
88. De ahí que, la Sala estima que debe existir una oportunidad previa para que la
entidad se pronuncie de manera expresa, completa y suficiente sobre esos
planteamientos concretos, pues solo a partir de una decisión administrativa que los
examine integralmente sería posible, llegado el caso, ejercer control judicial sobre
su contenido. Resolver ahora, en sede de tutela, asuntos que no han sido sometidos
todavía a una valoración específica por la autoridad llamada a decidirlos implicaría
desplazar indebidamente la competencia administrativa y privar a la entidad de la
posibilidad de pronunciarse de fondo sobre las nuevas razones, documentos y
pretensiones introducidas por la actora en su escrito de ampliación.
89. Así, aunque la actora sostiene que las respuestas emitidas el 8 de octubre de
2025 y el 24 de marzo de 2026 fueron “legalistas” y no atendieron adecuadamente
su situación clínica, lo cierto es que las pretensiones incorporadas en la ampliación
desbordan el objeto inicial de la tutela, que estaba circunscrito a obtener una
respuesta de fondo a la solicitud presentada el 19 de enero de 2026. Una vez
emitido el Concepto No. 112 del 8 de octubre de 2025 y el Oficio CJO26-1553 del
24 de marzo de 2026, cesó la omisión que dio origen a la acción. La inconformidad
actual de la accionante ya no recae sobre la ausencia de respuesta, sino sobre el
contenido material de la decisión administrativa y sobre nuevos pedimentos
orientados a obtener medidas concretas de traslado o flexibilización normativa,
cuestiones que deben ser planteadas ante la administración para que esta se
pronuncie expresamente sobre ellas.
90. Por lo anterior, la Sala considera que no corresponde en esta providencia
impartir órdenes directas de traslado, inaplicar disposiciones regulatorias ni sustituir
la valoración que compete a la autoridad de carrera judicial. Lo procedente es
precisar que la actora cuenta con la posibilidad de promover ante la entidad
competente las solicitudes y objeciones que desarrolló en el escrito de ampliación,
a efecto de que estas sean examinadas y resueltas en forma motivada. Solo una
vez exista un pronunciamiento expreso sobre tales aspectos podrá evaluarse, de
ser el caso, si subsiste alguna afectación iusfundamental susceptible de control en
sede de tutela.
91. En ese orden, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado,
en tanto el derecho de petición fue debidamente satisfecho. En efecto, el Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, de manera voluntaria y sin
mediación de orden judicial, emitieron respuestas de fondo a la solicitud de la actora,
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a través del Concepto No. 112 del 8 de octubre de 2025 y el Oficio CJO26-1553 del
24 de marzo de 2026. En consecuencia, desapareció la situación que dio origen a
la acción de tutela, esto es, la alegada falta de respuesta a la petición de traslado,
por lo que no subsiste objeto sobre el cual deba pronunciarse el juez constitucional.
92. Adicionalmente, negará el amparo de los derechos fundamentales de petición,
debido proceso administrativo, salud y dignidad humana, toda vez que el traslado
de servidores de carrera judicial está sujeto a un procedimiento reglado y al
cumplimiento de requisitos formales y materiales que deben agotarse previamente.
Si bien la accionante cuestiona las respuestas emitidas, lo cierto es que estas
resolvieron de fondo sus solicitudes, por lo que cesó la omisión que dio origen a la
tutela. La inconformidad actual recae en el contenido de dichas decisiones y en
nuevas pretensiones, las cuales exceden el objeto de la acción y deben ser
planteadas ante la administración. En consecuencia, no corresponde al juez
constitucional sustituir la competencia de la autoridad administrativa ni ordenar el
traslado, en ese sentido corresponde a la actora acudir a la entidad competente
para obtener un pronunciamiento expreso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO, respecto del derecho de petición elevado el 19 de enero de 2026 por
la actora, de acuerdo con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR los derechos fundamentales de petición, debido proceso
administrativo, salud y dignidad humana, conforme a las razones expuestas en esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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