Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02080-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02080-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02080-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02080-00
Demandante: LUIS EDUARDO ÁLVAREZ AFRICANO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Luis Eduardo Álvarez Africano, actuando en nombre propio, instauró
acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B2 y la Universidad Nacional de Colombia- Fondo
Pensional-, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la seguridad social «en conexidad con el mínimo
vital y vida digna», «derechos adquiridos»; así como la protección de los principios
de «buena fe, favorabilidad en materia laboral, in dubio pro operario,
irrenunciabilidad, protección y convalidación».
Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 10 de noviembre de 2025 dictada por
la referida Corporación judicial que revocó la de primera instancia proferida por el
Juzgado 56 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que había accedido a
pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
1 Índice 002 de Samai. Tutela radicada el 13 de marzo de 2026.
2 Sala integrada por los magistrados Luis Gilberto Ortegón Ortegón, José Rodrigo Romero Romero
y Alberto Espinosa Bolaños.
Demandante: Luis Eduardo Álvarez Africano
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02080-00
identificado con radicado 11001-33-42-056-2021-00303-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en expuesto, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
2. Que, como consecuencia de lo anterior, se revoque y se deje sin efectos la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda- Subsección B, de fecha 10 de noviembre de 2025, pues no entró a
estudiar de fondo del asunto, y por el contrario, desconoció los varios
pronunciamientos del Consejo de Estado que han sido enfáticos en señalar que es
posible la compatibilidad pensional entre la pensión de jubilación y la pensión de
vejez en casos donde el mío, donde la primera de éstas viene de aportes públicos,
mientras que la segunda proviene de aportes de naturaleza privada.3
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El señor Luis Eduardo Álvarez Africano prestó sus servicios como docente
catedrático en la Universidad Nacional de Colombia desde el 19 de diciembre de
1973 hasta el 30 de junio de 2016. Con ocasión de esa vinculación laboral, realizó
aportes en pensión con destino a la Caja de Previsión Social de dicha entidad
desde el 19 de diciembre de 1973 hasta el 30 de junio de 2010.
Así mismo, efectúo cotizaciones a pensión desde el 1° de julio de 2010 hasta el 30
de junio de 2016 al régimen de prima media con prestación definida, administrada
por el entonces Instituto de Seguro Social, ISS.
La Administradora Colombiana de Pensiones (antes, ISS), mediante Resolución
009258 del 18 de marzo de 2005 le reconoció al demandante pensión de vejez
teniendo en cuenta el régimen de transición señalado en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 en concordancia con el Acuerdo 049 de 1990, y las semanas
cotizadas por servicios prestados a patronos particulares- dentro de las que no se
encuentran las de la Universidad Nacional de Colombia-.
En el año 2020, el accionante le solicitó a la mencionada institución de educación
superior el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, prestación, que le
fue negada por medio de los oficios FP-0121 del 3 de abril de 2020, FP-0441 del
18 de diciembre de 2020, y FP-1429-21 del 15 de junio de 2021; así como a través
3 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.
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de la Resolución FP-03030 del 23 de julio de 2021.
En atención a lo anterior, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra de la Universidad Nacional de
Colombia-Fondo Pensional-, con el fin de que fuera declarada la nulidad de los
mencionados actos administrativos, y se le reconociera la pensión de jubilación
desde el 1 de julio de 2016 de acuerdo con el régimen de transición señalado en
el artículo 36 de la ley 100 de 1993, en concordancia con la Ley 33 de 1985, por
ser compatible con la pensión de vejez reconocida por parte de Colpensiones con
tiempos privados.
El asunto correspondió por reparto al Juzgado 56 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá que bajo radicado 11001-33-42-056-2021-00303-00/01, vinculó
como litisconsorte a Colpensiones. El 18 de octubre de 2024, la indicada autoridad
judicial profirió sentencia, y ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación del accionante a partir del 1° de julio de 2010. Asimismo, dispuso que
Colpensiones debía efectuar el traslado de aportes que se hizo en pensiones
desde 1 de julio de 2010 hasta el 30 de junio de 2016, al respectivo fondo de la
mencionada institución de educación superior.
Como fundamento, indicó que el actor tenía derecho a la pensión de jubilación a
cargo de la Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional-, en tanto los
aportes efectuados al ente universitario no habían sido computados a efectos del
reconocimiento de la pensión de vejez reconocida por Colpensiones. Lo anterior,
luego de dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 y al régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Inconforme con la decisión, el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de
Colombia presentó recurso de apelación en el que manifestó que no era la llamada
a reconocer la pensión de jubilación, pues por disposición del artículo 6° del
Decreto 813 de 1994, este tipo de pensiones está a cargo de la entidad donde se
encuentren afiliados cuando cumpla con los requisitos establecidos en las
disposiciones del régimen que se le venía aplicando, que para el caso el
demandante era Colpensiones.
De otro lado, sostuvo que si al señor Álvarez Africano se le aplicara la Ley 33 de
1985, la prestación sí estaría a cargo de la Universidad; sin embargo, el juzgado
omitió «tener en cuenta los siguientes aspectos: que el señor ÁLVAREZ
AFRICANO al momento del cumplimiento de requisitos para pensionarse se
encontraba afiliado simultáneamente al Seguro Social (hoy Colpensiones) y a la
Caja de Previsión de la Universidad Nacional; Por tal razón debe acudirse al criterio
de la entidad a la cual aportó la mayor cantidad de tiempo conforme lo establece
el artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, que para el caso concreto es
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COLPENSIONES conforme los conteos de tiempos realizados, y finalmente la
Universidad solo sería competente para el reconocimiento de una pensión de
jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, pero esta prestación sería inferior
a la reconocida en derecho por Colpensiones, resultando violatorio al principio de
favorabilidad que le asiste al señor ÁLVAREZ AFRICANO».
Insistió que debía tenerse en cuenta la prohibición constitucional de percibir doble
asignación del erario, por cuanto era claro que no podían existir dos pensiones
reconocidas por diferentes entidades, cuando la causa o fuente era la misma, esto
es, la vejez. Finalmente, expuso que, en caso de que se mantuviera la decisión de
primera instancia, debía modificarse la forma de liquidar la mesada en tanto la
misma «debe ordenarse con un porcentaje del 75%, aplicando el IBL de los
salarios efectuados durante los últimos 10 años de servicio, de conformidad con lo
previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 como lo ordena la jurisprudencia
y lo solicito la parte demandante en el escrito de la demanda».
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B en
sentencia del 10 de noviembre de 2025 revocó lo resuelto por el a quo, tras
estimar que el demandante ya goza de una pensión de vejez, por lo que, no tiene
derecho al reconocimiento de otra pensión de la misma naturaleza «vejez», pues
aunque históricamente se ha considerado que la compatibilidad de pensiones
debe analizarse en función del origen de los aportes, de acuerdo con un reciente
pronunciamiento de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado4,
concluyó que no era posible percibir dos pensiones que amparen el mismo riesgo,
esto es, la vejez.
El proveído en cuestión se notificó a las partes por correo electrónico el 14 de
noviembre de 20255.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora indicó que el tribunal incurrió en defecto sustantivo o material
por cuanto la autoridad judicial demandada «dejó de aplicar la jurisprudencia que
ha sentado el Consejo de Estado, respecto a cómo debe entrar a estudiar la
compatibilidad pensional, pues debe recordarse que, tal como se ha reiterado, la
pensión de vejez y la pensión de jubilación son compatibles, cuando se financian
con aportes de distinta naturaleza».
Igualmente, argumentó que hubo desconocimiento del precedente, por cuanto
hubo transgresión del derecho fundamental a la seguridad social en pensiones, ya
4 Sentencia del 31 de julio de 2025, radicado: 66001-23-33-000-2021-00406-01 (3795-2024). CP
Jorge Edison Portocarrero Banguera.
5 Índice 018 en Samai del proceso 11001-33-42-056-2021-00303-01.
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que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han reconocido que si
es posible la compatibilidad pensional; de ahí, que la pensión de jubilación que
solicita «sí es compatible con la pensión de vejez que actualmente me está
pagando Colpensiones, ya que en diferentes pronunciamientos que me permito
reiterar, en los que se han resuelto casos similares al mío y en los que en aras de
garantizar los derechos […]». En ese mismo sentido, expuso que el Consejo de
Estado también tiene pronunciamientos al respecto, por lo que trajo a colación dos
providencias6, y mencionó que dicha interpretación fue desconocida por el
Tribunal accionado.
Finalmente, señaló que existió una violación directa de la Constitución en la
medida que el «magistrado ponente» desconoció los derechos fundamentales
invocados en la acción, así como la línea jurisprudencial que sobre la materia se
ha trazado en las altas cortes. En su criterio, el tribunal debió estudiar su caso
«más a fondo, generando una protección efectiva de mis derechos».
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 18 de marzo de 2026, la Magistrada Ponente admitió la acción de
tutela y ordenó notificar a la parte accionante7 y, como parte accionada, a los
magistrados que integran la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca8, así como a la Universidad Nacional de
Colombia-Fondo Pensional-.9
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso al Juzgado 56 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá10 –a quo en el proceso ordinario–, y a la Administradora Colombiana de
Pensiones-Colpensiones- por ser el –litisconsorte en el extremo pasivo del proceso
ordinario–11.
1.6. Intervenciones
6 Sentencia 25 de septiembre de 2020. Exp. 08001-23-33-000-2014-00318-01. Asimismo, citó la
sentencia del 1° de marzo de 2012, exp. 17001-23-31-000-2009-00102-01(0375-11). MP. Bertha
Lucia Ramírez de Páez.
7 Índice 008 de Samai. La notificación fue enviada a los correos:
accionesjudiciales@crfasesores.com, c.restrepo@crfasesores.com
8 Índice 008 de Samai. La notificación fue enviada a los correos
scs02sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co, scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co y
rmemorialessec02sbtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co
9 Índice 008 de Samai. La notificación fue enviada a los correos:
notificaciones_juridica_bog@unal.edu.co y pensiones@unal.edu.co
10 Índice 008 de Samai. La notificación fue enviada a los correos:
jadmin56bta@notificacionesrj.gov.co y jadmin56bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
11 Índice 008 de Samai. La notificación fue enviada al correo:
notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co
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Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Colpensiones.
Luego de hacer un recuento de las actuaciones que tuvo el proceso ordinario,
señaló que la controversia no cumple con el requisito de relevancia constitucional,
por cuanto el accionante pretende que el juez de tutela estudie de nuevo el proceso
contencioso dirimido por el tribunal accionado. En su criterio, para ese tipo de
pretensiones no está prevista la acción constitucional, por lo que sugirió que se
declare la improcedencia de la solicitud de amparo.
1.6.2. Universidad Nacional de Colombia-Fondo Pensional-.
Aludió a la improcedencia de la acción por no configurarse los defectos invocados,
ni existir perjuicio irremediable que amerite la intervención excepcional del juez
constitucional.
Consideró que lo pretendido por el actor es reabrir la discusión de un asunto que
fue presentado ante la jurisdicción y desatado tanto en ambas instancias por las
autoridades judiciales competentes.
Con el fin de sustentar lo anterior, realizó un recuento de lo acontecido en el
proceso ordinario y señaló que el demandante tiene a su alcance otro medio de
defensa judicial, como lo es el recurso extraordinario de revisión para cuestionar
la legalidad de la decisión que se adoptó por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, proferida en la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho que se adelantó bajo radicado 11001-33-42-056-
2021-00303-00/01.
Concluyó que el referido tribunal indicó de manera clara y puntual los argumentos
fácticos y jurídicos que fundamentaron la decisión, decantando sobre las pruebas
que se tuvieron en cuenta para adoptarla, realizando un análisis detallado y
cuidadoso del material probatorio obrante en el expediente y exponiendo
puntualmente las razones para ello; esto es, para establecer que no resultaba
viable el reconocimiento simultáneo de dos pensiones que cubran el mismo riesgo,
en atención a la prohibición constitucional de doble asignación, así como los
principios de sostenibilidad financiera, solidaridad y racionalización del gasto
público que rigen el Sistema General de Pensiones.
En su criterio, el accionante pretende acceder a una tercera instancia para
replantear argumentos que fueron vencidos en el proceso ordinario por la
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autoridad judicial que actúo como juez de segunda instancia, lo que comporta la
improcedencia del presente asunto por carecer de relevancia constitucional.
Por último, remitió el enlace de acceso al expediente administrativo pensional.
1.6.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, y el Juzgado 56 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
guardaron silencio pese a que fueron debidamente notificados de la presente
acción.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por el accionante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5. ° del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, por cuanto se dirige contra la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.
2.2. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:
¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se determinará :
¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B vulneró las garantías invocadas por el actor, con ocasión de
la providencia del 10 de noviembre de 2025, que revocó la decisión que
accedió en primera instancia a las pretensiones dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, al incurrir en el defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución?
Para abordar los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y (iii) el caso
concreto.
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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201212
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 13 y declaró su
procedencia.14
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
14 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202215 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal16
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
15 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
16 Sentencia SU-573 de 2019.
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exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico17; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional18.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal19”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales20”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto21, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal22.
(Resaltado de la Sala)
2.5. Caso Concreto
El señor Luis Eduardo Álvarez Africano cuestiona la providencia del 10 de
noviembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B que revocó la decisión de primera instancia que
había accedido a sus pretensiones en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantado con radicado 11001-33-42-056-2021-
00303-00/01.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-103 de 2022.
19 Sentencia SU-103 de 2022.
20 Sentencia SU-128 de 2021.
21 Sentencia SU-573 de 2019.
22 Ibid.
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Sección Segunda, Subsección B y otro
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Lo anterior, ya que, a juicio del tutelante, se incurrió en el defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución que, a
criterio de la Sala, se resume en la negativa del tribunal accionado en reconocerle
la pensión de jubilación pedida, a pesar de que es compatible con la pensión de
vejez reconocida por Colpensiones con tiempos privados.
Conforme lo expuesto, discute el actor que no se le hubiese aplicado en debida
forma la línea jurisprudencial que sobre la compatibilidad pensional tienen las Altas
Cortes, particularmente, la Sección Segunda del Consejo de Estado pues, de
haberlo hecho, se habría concluido que la actual pensión de vejez -a cargo de
Colpensiones y basada en aportes privados-, podía coexistir legalmente con la
pensión de jubilación del sector público que pidió en el proceso ordinario- que
estaría a cargo de la Universidad Nacional de Colombia-. Lo anterior, por cuanto
ambas prestaciones se derivan de aportes de distinta naturaleza, unos públicos y
otros privados, sin que esto vulnere la prohibición de la doble asignación del erario.
En tal sentido, estima que la sentencia dictada por el Tribunal incurrió en los
defectos mencionados por cuanto, sin razón jurídica alguna, decidió revocar la
decisión adoptada por el Juzgado 56 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
para negar injustamente sus pretensiones.
Respecto a lo alegado por la parte actora, la Sala evidencia que los argumentos
planteados, pese a que hacen alusión a un lenguaje constitucional, realmente
denotan una inconformidad con la decisión proferida por el juez contencioso de
segunda instancia que dirimió la controversia ordinaria, por lo que este mecanismo
se torna improcedente al no cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
como pasa a explicarse.
De lo acontecido en el proceso ordinario se advierte, que la determinación
censurada contó con un amplio desarrollo donde se abordó la normativa y
jurisprudencia aplicable, así como las pruebas obrantes en el expediente,
indistintamente de que el resultado de tal análisis en segunda instancia no le fuera
favorable a los intereses del actor.
En efecto, en la providencia acusada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, expuso lo siguiente:
«…Posteriormente el mismo Consejo de Estado en pronunciamiento del 10 junio
2021, al abordar el tema de la compatibilidad de la pensión de jubilación por tiempo
de servicios público y la pensión de jubilación por tiempo de servicios del sector
privado / prohibición de doble erogación del tesoro público (…)
No obstante, lo anterior, en reciente pronunciamiento del órgano de cierre de esta
jurisdicción del 31 de julio del 2025 al estudiarse el tema de la incompatibilidad de
pensiones se estableció que aunque históricamente se ha considerado que la
compatibilidad de pensiones debe analizarse en función del origen de los aportes,
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Luis Eduardo Álvarez Africano
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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ya sea público o privado, es necesario replantear dicha interpretación y que el
análisis debe centrarse en el principio de racionalización del gasto público y
la finalidad del sistema de seguridad social, por tanto consideró:
“Al respecto, es preciso recordar que esta Sala, actualmente, sostiene que,
no es posible percibir dos pensiones que amparen el mismo riesgo, en este
caso la vejez, bajo el argumento que el sistema pensional se rige por
principio de solidaridad, el cual, impone la racionalización del gasto;
máxime, teniendo en consideración que las dos prestaciones pretenden
proteger el mismo riesgo, a saber, la vejez.
En ese sentido, ha sostenido que, el reconocimiento de dos pensiones que
cubran el mismo riesgo resulta incompatible, independientemente del origen
de los aportes, ya que, contraviene el propósito de evitar duplicidades en
las cargas al erario y asegurar la sostenibilidad fiscal. Esta interpretación se
adecúa con la regla que establece la incompatibilidad de prestaciones que
amparen idénticos riesgos bajo el Sistema General de Seguridad Social
Integral.”
En ese orden, atendiendo la reciente tesis que plantea el Consejo de Estado, no es
compatible el reconocimiento de dos pensiones que cubran el mismo riesgo (…)
En tales condiciones, se tiene que el demandante ya tiene una pensión de vejez
reconocida mediante la Resolución No. 009258 de 2005, y que incluso dicho
reconocimiento fue objeto de demanda de lesividad la cual dejó incólume el acto
demandado, por consiguiente, ateniendo que en este proceso también se persigue
el reconocimiento de otra pensión de vejez, se arriba a la conclusión de que existiría
una incompatibilidad pensional, ya que las dos pensiones persiguen el mismo
riesgo…» (subraya la Sección).
Así, se evidencia que no se trata de una discusión encaminada a establecer si la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos alegados, sino de reabrir un
debate ya zanjado por el juez natural, quien precisamente con base en las pruebas
recaudadas, la normativa y, como se expuso, apoyándose en un cambio de
jurisprudencia, adoptó la decisión que se cuestiona vía tutela.
Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus providencias,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar las providencias
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que
el debate planteado por la parte actora busca mutar el amparo constitucional en
una instancia adicional y reabrir un debate ya concluido por la autoridad judicial
competente, conforme las etapas que para tal efecto estableció el legislador.
De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
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Por último, frente al defecto por desconocimiento del precedente judicial, la Sala
advierte que este cargo tampoco cuenta con la carga argumentativa mínima
requerida para que proceda un estudio de fondo, pues el demandante se limitó a
citar dos sentencias de esta Corporación, sin siquiera indicar por qué dichas
providencias le resultaban aplicables a su caso, pues solo hizo referencia al
presunto tema sobre el cual versa la decisión, sin evidenciar la regla de derecho
que considera aplicable, ni explicar por qué la situación fáctica es igual a la suya
y, en esa medida, por qué dicha determinación judicial constituye en contravía del
aplicado por el tribunal accionado, en efecto, un precedente que debió ser tenido
en cuenta al momento de resolver su caso.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Luis Eduardo Álvarez Africano, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el
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