Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02083-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02083-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02083-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-02083-001
Accionante : Ivón Patricia Santamaria Carvajal
Accionado : Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión
Vinculados : Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, retiro del servicio por solicitud
propia
Decisión : Sentencia de primera instancia
1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por la señora Ivón Patricia Santamaria Carvajal en contra del Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Cuarta de Decisión, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Contexto fáctico
2. De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por la tutelante
frente a la vulneración alegada; luego, revisará lo relativo a la procedencia de la acción
de tutela; y, finalmente, resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.
La demanda de tutela
3. La señora Ivón Patricia Santamaria Carvajal, por medio de apoderado judicial, interpuso
el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de
Decisión.
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Expediente digital disponible en SAMAI.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02083-00
Accionante: Ivón Patricia Santamaría Carvajal
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión
4. Por consiguiente, solicitó:
[…] SEGUNDO. Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 4 de febrero
de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo del Caquetá – Sala Cuarta de Decisión.
TERCERO. Ordenar al Tribunal Administrativo del Caquetá que profiera una nueva decisión,
en la cual se efectúe una valoración expresa e integral del material probatorio obrante en el
expediente y con sujeción a los criterios fijados en la sentencia de tutela.
CUARTO. Precisar que la orden constitucional no implica pronunciamiento sobre el fondo de
la controversia administrativa, sino que tiene como único propósito restablecer las garantías
del debido proceso.
Hechos2
5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la parte
accionante, se puede evidenciar que la señora Ivón Patricia Santamaría Carvajal, el 26
de enero de 2016, fue vinculada a la Policía Nacional. Inicialmente prestó sus servicios
en Florencia y, en octubre de 2016, fue trasladada a la Estación de Policía del municipio
de Albania, en donde se desempeñó como gestora de prevención y participación
ciudadana.
6. Según lo alegado por la actora, durante el año 2017, se presentó una situación
progresiva de sobrecarga funcional en la referida estación, expresada en la asignación
simultánea de funciones de guardia, información y seguridad, así como las propias de su
cargo. La accionante aseguró que esas labores eran materialmente incompatibles.
7. El 24 de agosto de 2017, la señora Santamaría Carvajal dirigió un escrito al director
general de la Policía Nacional en el que manifestó lo siguiente:
Con el máximo respeto y admiración me permito solicitar a mi general estudie la posibilidad
me sea concedido el retiro voluntario de la institución, teniendo en cuenta los siguientes
motivos.
• Tengo otros proyectos de vida fuera de la institución.
• No deseo pertenecer más a la institución .
8. Mediante Resolución No. 04886 del 12 de octubre de 2017, el director general de la
Policía Nacional dispuso el retiro de la accionante del servicio activo por la causal de
«solicitud propia» prevista en el Decreto Ley 1791 de 20003. Por ende, la señora Santamaría
Carvajal estuvo vinculada a la institución hasta el 17 de octubre de 2017, día en que le
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Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
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Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía
Nacional.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02083-00
Accionante: Ivón Patricia Santamaría Carvajal
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión
fue notificado el acto administrativo.
8. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que solicitó que se declarara la nulidad parcial de la
Resolución núm. 04886 de 2017, por considerar que adolecía de falsa motivación y
desviación de poder, en tanto, su renuncia no fue libre, espontánea e inequívoca, sino
que estuvo motivada por la conducta del Comandante de la Estación de Policía del
municipio de Albania, Wilson Yesid Santana Baquero. Agregó que ese acto administrativo
vulneraba el artículo 27 del Decreto 1214 de 1990 y su derecho al debido proceso, porque
el retiro voluntario fue aceptado luego de más de 45 días desde la solicitud inicial, y fue
notificado el día en que debía reincorporarse después de una incapacidad por el estado
de su salud mental.
9. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara su reintegro sin
solución de continuidad al cargo que venía desempeñando, el reconocimiento y pago
de los sueldos, prestaciones y emolumentos dejados de percibir, así como el pago de
perjuicios morales equivalentes a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
10. El conocimiento del asunto correspondió, en primera instancia, al Juzgado Quinto
(5°) Administrativo del Circuito de Florencia (proceso con radicado No. 18001-33-33-
001-2018-00287-00), que, mediante sentencia del 30 de noviembre de 2022, negó las
pretensiones de la demanda. La autoridad judicial consideró que, del contenido del
escrito del 24 de agosto de 2017, se desprendía una manifestación inequívoca de la
voluntad de la actora de querer retirarse de la institución, y que la expresión «estudie la
posibilidad» evidenció indiscutiblemente que lo que buscaba era que se aceptara su
petición. En cuanto al acoso laboral, el Juzgado concluyó que las pruebas no
acreditaban esa situación. En particular, señaló que:
[...] de las anotaciones negativas mencionadas no se evidencian conductas de acoso
laboral o discriminación alguna, pues estas no se efectuaron de manera caprichosa ni
aleatori[a], sino que se obedece a actos en contra del servicio que faculta al superior
jerárquico en tomar medidas para encauzar la disciplina.
11. Precisó que, el hecho de que la demandante cumpliera con las funciones de dos
cargos no configuraba una sobrecarga o acoso laboral, pues, aquella administraba su
tiempo para el desarrollo de sus actividades, y las alternaba con el servicio de guardia.
Respecto de las conversaciones de WhatsApp, el Juzgado aseguró que «no se logró
corroborar con testimonios o documentos su contenido o veracidad» . En consecuencia, concluyó
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02083-00
Accionante: Ivón Patricia Santamaría Carvajal
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión
que, frente a las demás conductas descritas en la demanda como acoso laboral «no
existen dentro de la Litis prueba que alguna que así lo demuestre, pues se trata de órdenes verbales y
conductas que no tiene[n] ningún soporte documental o testimonial, motivo por el cual […] no logró
acreditar la existencia de una conducta de acoso laboral […] que la llevara a solicitar su retiro por voluntad
propia u otra situación que pueda segar su voluntad libre y espontánea».
12. Finalmente, descartó la aplicación del artículo 27 del Decreto 1214 de 1990 4, al
considerar que dicha norma cobijaba únicamente al personal civil del Ministerio de
Defensa y la Policía Nacional, y que el Decreto Ley 1791 de 2000, aplicable al personal
uniformado, no establecía un término máximo para la aceptación del retiro por solicitud
propia.
13. En desacuerdo con la decisión, la demandante presentó recurso de apelación,
mediante el que sostuvo que la jueza de primera instancia confundió una solicitud
condicionada («estudie la posibilidad» ) con una renuncia libre e inequívoca, y que
desconoció el contexto de acoso laboral acreditado en el expediente. Así, alegó que el
juez de primera instancia omitió hacer un análisis integral del contexto probatorio
relacionado con la sobrecarga laboral y la incompatibilidad material de funciones que
supuso la imposición simultánea de labores del cargo de Gestora de Participación
Ciudadana y las de guardia, y la afectación emocional que la condujo a solicitar el retiro.
14. Para ello, mencionó (i) las anotaciones negativas y caprichosas que empezó a incluir
el Comandante Santana en su formulario de seguimiento, (ii) el oficio del 1 de julio de
2017, mediante el que puso en conocimiento del Comandante del Distrito Sur, el señor
Efraín Andrés Prada Mora, la existencia de esas anotaciones caprichosas encaminadas
a impedirle el cumplimiento de las funciones de su cargo, frente al cual no recibió
respuesta; (iii) la anotación negativa del 18 de marzo de 2017, que supuso una
afectación de menos cien puntos sin sustento fáctico ni jurídico, así como la posterior
negativa de tramitar el recurso de apelación presentado por ella; (iv) el registro
demeritorio del 16 de mayo de 2017, frente al que presentó reclamación que no fue
tramitada; y (v) el registro sin afectación del 19 de mayo de 2017, realizado bajo el
supuesto de que ella no se encontraba en su lugar de descanso, frente al cual interpuso
reclamación que tampoco fue tramitada.
15. También mencionó la anotación demeritoria del 1.º de julio de 2017, con una
afectación de menos cien puntos, por un supuesto incumplimiento de sus funciones como
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Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02083-00
Accionante: Ivón Patricia Santamaría Carvajal
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión
Gestora de Participación Ciudadana, pese a que dichas labores no pudieron realizarse
por la reasignación de funciones ordenada por el propio comandante de la Estación y la
falta de espacios para su ejecución; situación que fue explicada en la reclamación
presentada por ella y parcialmente reconocida por el revisor, quien, aunque no modificó
la anotación, reiteró al comandante la obligación de garantizar a los gestores de
participación ciudadana el tiempo y las condiciones necesarias para el cumplimiento de
sus funciones. A su vez, se refirió a la declaración de su compañero Yeison Ortiz Argote
que daría cuenta del trato que le era proporcionado por el comandante Santana, y a las
imágenes de las conversaciones de WhatsApp que no fueron valoradas con el resto de
las pruebas, porque supuestamente no se corroboró con testimonios u otros documentos.
16. La apelante reiteró, además, que, ante el vacío normativo del Decreto 1791 de 2000,
resultaba obligatorio aplicar por analogía el término de 45 días previsto en el artículo 27
del Decreto 1214 de 1990, para aceptar su renuncia.
17. En sentencia de segunda instancia del 4 de febrero de 2026, el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión, confirmó el fallo del a quo. La Sala
abordó cuatro problemas jurídicos: (i) si el escrito del 24 de agosto de 2017 contenía
una manifestación libre, expresa e inequívoca de voluntad de retiro; (ii) si las
anotaciones negativas que hizo el comandante de la Estación en su hoja de vida
constituían actos de acoso laboral; (iii) si era procedente aplicar por analogía el término
del artículo 27 del Decreto 1214 de 1990 para aceptar su renuncia; y (iv) si la resolución
acusada se encontraba viciada de falsa motivación y desviación de poder.
18. En relación con la voluntad de retiro, el Tribunal consideró que, si bien la solicitud no
empleó la expresión literal «renuncio», su contenido permitía inferir una voluntad clara de
separación del servicio, y que la referencia a que se «estudiara la posibilidad» no
desdibujaba el sentido del memorial, pues la decisión final correspondía a la autoridad
competente.
19. En cuanto al acoso laboral, el Tribunal explicó que la sola existencia de anotaciones
negativas es insuficiente para estructurar un escenario de acoso laboral, pues tales
registros corresponden a mecanismos formales de evaluación del desempeño, y no
reflejaron una conducta sistemática, reiterada y dirigida específicamente a generar su
renuncia. En consecuencia, concluyó que:
[...] la sola existencia de anotaciones negativas es insuficiente para estructurar un
escenario de acoso laboral, pues tales registros correspondieron a mecanismos formales
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02083-00
Accionante: Ivón Patricia Santamaría Carvajal
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión
de evaluación del desempeño previstos dentro de la estructura jerárquica y funcional de
la Policía Nacional. Tampoco se acreditó que dichas anotaciones respondieran a una
conducta sistemática, reiterada y dirigida específicamente a generar la renuncia de l a
funcionaria.
20. Agregó que ninguna autoridad disciplinaria (Procuraduría Regional del Caquetá,
Oficina de Control Disciplinario Interno, Juzgado Penal Militar ni dependencias
administrativas de la Policía Nacional) encontró mérito para iniciar investigaciones por
acoso laboral, y que la falta de activación de los mecanismos institucionales previstos
en la Ley 1010 de 2006 debilitó la tesis de la actora. Sobre la aplicación analógica del
término de 45 días, descartó su procedencia al tratarse de un régimen normativo
distinto, aplicable a personal civil. Finalmente, concluyó que la resolución no se
encontraba viciada de falsa motivación ni de desviación de poder.
21. La accionante señaló que la sentencia del Tribunal no contiene referencia expresa a
las conversaciones de WhatsApp que aportó como prueba, ni en el acápite de acervo
probatorio ni en el análisis de los problemas jurídicos relativos al acoso laboral, a la
incompatibilidad material de funciones o al contexto en que se produjo la solicitud de
retiro. Tampoco se advierte que el Tribunal hubiera integrado al análisis los oficios
formales del 30 de junio y 1° de julio de 2017, ni el documento institucional de la Oficina
de Atención al Ciudadano que reconoció que el informe radicado por la actora (oficio
No. S-2017-000866 del 2 de julio de 2017) no fue evaluado por el Comité de Recepción,
Atención, Evaluación y Trámite de Quejas e Informes (CRAET).
22. La accionante destacó que una de las magistradas integrantes de la Sala, la doctora
Edith Alarcón Bernal, formuló aclaración de voto frente a los siguientes aspectos de la
decisión: (i) la conclusión según la cual la actora no puso en conocimiento de las
autoridades las presuntas conductas constitutivas de acoso laboral, pues el Oficio del 1
de julio de 2017, dirigido al Mayor Efraín Andrés Prada Mora (Comandante del Distrito)
contenía una denuncia detallada de hechos de hostigamiento, y en el Oficio No. S-
2018/COMAN–ATECI–29.25 se admite que dicho informe no fue remitido y evaluado
por el Comité; (ii) el problema jurídico no consistía en determinar, en abstracto, si la
doble función podía coexistir, sino que si en el caso concreto se impartieron órdenes
cuya simultaneidad práctica derivó en imposibilidad material, luego utilizada como
sustento de anotaciones negativas, de manera que se debió distinguir entre la
asignación razonable de cargas múltiples (común en estaciones pequeñas) y su
utilización para generar incumplimientos registrables contra la misma funcionaria; (iii) el
fallo citó varios llamados de atención para sostener que no guardan relación con
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02083-00
Accionante: Ivón Patricia Santamaría Carvajal
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión
sobrecarga o incompatibilidad de tareas, pero debió verificar la causalidad (si fueron
producto de las órdenes que la actora denunció como hostigamiento); (iv) sí existieron
denuncias escritas y no se activó el canal institucional (Comité o investigación), y el
sistema no puede trasladar esa omisión a la denunciante para restarle credibilidad.
23. La accionante manifestó en su escrito de tutela que la providencia de segunda
instancia incurrió en un defecto fáctico por omisión de valoración de las siguientes
pruebas relevantes que permitían reconstruir el contexto laboral en el cual se produjo
la solicitud de retiro: «i) las conversaciones de WhatsApp visibles entre los folios 114 y 135 del
cuaderno principal 1, en las cuales se advierten situaciones relacionadas con la asignación simultánea
de funciones que la actora consideraba materialmente incompatibles; ii) el oficio del 30 de junio de 2017 5;
iii) el oficio del 1 de julio de 2017 6; y iv) el documento institucional en el que se admitió la falta de trámite
de uno de los informes elevados por la actora, documentos en que la accionante puso en conocimiento
de sus superiores las situaciones que consideraba constitutivas de hostigamiento laboral ».
24. La señora Santamaría Carvajal aseguró que estos elementos demuestran que no
guardó silencio frente a la situación denunciada, sino que activamente intentó acudir a
los canales institucionales antes de solicitar que fuera considerada la posibilidad del
retiro. Agregó que obraba la anotación del 20 de marzo de 2017 sobre el Formulario II
Seguimiento, mediante el cual se informó que uno de los radicados presentados por
ella no fue evaluado por el comité correspondiente.
25. Igualmente, adujo que se configuró un defecto por motivación insuficiente, en cuanto
la sentencia concluyó que no se acreditó el acoso laboral y que la solicitud de retiro
constituyó una manifestación libre de voluntad, sin confrontar tales conclusiones con
las pruebas referidas que daban cuenta del contexto en el que se presentó la solicitud.
Finalmente, alegó el desconocimiento de la perspectiva de género y de la flexibilización
del estándar probatorio en contextos de hostigamiento laboral y relaciones jerárquicas
(en los que el análisis judicial debe atender indicios, contextos y patrones de conductas,
para evitar exigirle a la víctima cargas probatorias imposibles de cumplir), como lo exigió
la Corte Constitucional en la sentencia SU-167 de 2024.
II. TRÁMITE PROCESAL
5
Dirigido al jefe de Prevención y Educación Ciudadana, en el cual, según la accionante, explicó que la asignación prioritaria al servicio
de guardia y a turnos prolongados de vigilancia le impedía ejecutar adecuadamente las campañas y actividades comunitarias de su
cargo.
6
Dirigido al comandante de distrito, en el cual, según la accionante, informó sobre la sobrecarga laboral derivada de la asignación
simultánea de funciones, la imposición de anotaciones negativas que consideraba injustificadas, la falta de trámite de sus
reclamaciones y el trato desigual frente a otros funcionarios.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02083-00
Accionante: Ivón Patricia Santamaría Carvajal
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión
26. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 16 de
marzo de 20267, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión (i) ordenó notificar
al Tribunal Administrativo del Caquetá, en tanto entidad accionada; y (ii) dispuso vincular
a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, en los términos del artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991.
2.1. Contestación de la acción
27. 2.1.1. El Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Florencia allegó8 copia electrónica
del expediente ordinario.
28. 2.1.2. El Ministerio de Defensa9 adujo que no obran elementos de juicio que indiquen
posibles afectaciones o vulneraciones a lo largo de las actuaciones judiciales. Respecto
de la controversia suscitada por el retiro de la patrullera, explicó que el acto administrativo
fue expedido con estricta sujeción al régimen especial aplicable al personal uniformado
(Decreto Ley 1791 de 2000, artículos 54, 55-1 y 56) y en atención al escrito del 24 de
agosto de 2017, presentado ante la oficina de Talento Humano, en el que la demandante,
de manera libre, espontánea e inequívoca, expresó su voluntad de retirarse del servicio
activo de la Policía Nacional. De ahí que, mediante Resolución No. 04886 del 12 de
octubre de 2017, se dispuso el retiro del servicio activo «por solicitud propia» .
29. 2.1.3. El Tribunal Administrativo del Caquetá guardó silencio, pese a que fue
debidamente notificado del proceso.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
30. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.
3.2. La acción
31. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
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Expediente digital en SAMAI, índice 4.
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Expediente digital en SAMAI, índice 12.
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Expediente digital en SAMAI, índice 13.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02083-00
Accionante: Ivón Patricia Santamaría Carvajal
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
3.3. Problema jurídico
32. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la sentencia del 4
de febrero de 2026, proferida por la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Caquetá,
por medio de la cual confirmó le decisión del Juzgado Quinto (5.°) Administrativo de
Florencia de negar las pretensiones de la señora Ivón Patricia Santamaría Carvajal
(expediente 18001-33-33-001-2018-00287-01); y, en caso afirmativo, si se vulneraron las
garantías superiores al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia,
por configurarse los defectos fáctico, por motivación insuficiente y violación directa de la
Constitución.
3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales
33. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional10 y de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado11, es posible acudir a la acción
de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se han
estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos
de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del
marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
34. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
10
Sentencia C-590 de 2005.
11
sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02083-00
Accionante: Ivón Patricia Santamaría Carvajal
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
35. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión
que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
36. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, ya
que, la autoridad accionada habría incurrido en los defectos fáctico, de decisión sin
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02083-00
Accionante: Ivón Patricia Santamaría Carvajal
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión
motivación y violación directa de la Constitución en la valoración de las pruebas del
expediente; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, pues se
trata de una sentencia de segunda instancia que se encuentra ejecutoriada; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías
superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que la sentencia
atacada quedó ejecutoriada el 2 de marzo de 202612 y la solicitud de amparo se radicó el
13 de marzo de 2026, es decir, dentro de los seis meses siguientes; y (v) el fallo acusado
no obedece a uno de tutela.
37. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará los defectos
alegados bajo las causales de defecto fáctico y violación directa de la Constitución, pues
el desacuerdo de la actora radica en la valoración probatoria, sin perspectiva de género
y flexibilización del estándar probatorio en contextos de acoso laboral, realizada por la
autoridad.
3.5. Defecto fáctico
38. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fáctico
en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos,
esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión»13. Así mismo, este defecto se da cuando «[…] el error en el juicio valorativo de
la prueba [es] de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo [tenga] una incidencia directa
en la decisión»14.
39. Así, la Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos o
dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario
judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la
segunda dimensión (negativa) ocurre en el evento en que el juez niega o valora la prueba de
manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y, sin una razón válida, da por
no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente15. Se
exige que el error en la valoración probatoria sea ostensible, flagrante y manifiesto, es decir,
que tenga la capacidad de impactar de manera definitiva la decisión de fondo y, por lo tanto,
que afecte directamente los derechos del accionante.
12
Visible en el expediente electrónico del proceso 18001-33-33-001-2018-00287-01 en SAMAI, índice 32, según el cual se notificó
electrónicamente el 23 de febrero de 2026. Por esa razón, la decisión se entiende notificada después de los dos (2) días siguientes,
esto es, el 25 de febrero de 2026, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
13
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
15
Corte Constitucional, sentencias T-239 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-
599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02083-00
Accionante: Ivón Patricia Santamaría Carvajal
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión
3.6. Violación directa de la Constitución
40. Sea lo primero anotar que esta causal fue concebida, en un principio, como un defecto
sustantivo, el cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a
partir de las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 200516 de la Corte Constitucional.
Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU-069 de 2018, señaló
que esta causal se configura «[…] a partir del desconocimiento de los jueces de aplicar la
Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados», el cual puede darse bajo dos hipótesis17:
41. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en estudio, lo
cual puede suceder en tres supuestos, cuando: (a) en la solución del caso se deja de
interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional; (b) se trata de la violación evidente de un derecho fundamental de
aplicación inmediata; y (c) el juez, con su fallo, vulnera derechos fundamentales porque
no tiene en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
42. La segunda se presenta con la aplicación de una norma incompatible con la
Constitución, en lugar de darle prevalencia a las disposiciones constitucionales, es decir,
que no se aplica la excepción de inconstitucionalidad contenida en el artículo 4
constitucional cuando existe incompatibilidad con las disposiciones legales.
3.7. Caso concreto
43. En su escrito de tutela, la actora alega lo siguiente respecto del defecto fáctico en que
habría incurrido el Tribunal Administrativo del Caquetá:
Dentro del expediente obraban conversaciones de WhatsApp sostenidas entre la accionante
y su superior jerárquico, visibles entre los folios 114 y 135 del cuaderno principal, cuyo
contenido era directamente relevante para comprender el contexto funcional en el cual
ocurrieron los hechos discutidos. En ellas se observa, entre otros aspectos, la asignación
simultánea de funciones operativas y administrativas, las manifestaciones de la actora sobre
la imposibilidad material de cumplirlas concurrentemente, su agotamiento frente a la
situación y su solicitud de acceso al conducto regular.
No obstante, de la lectura de la sentencia de segunda instancia no se advierte referencia
expresa a dichas conversaciones, ni en el acápite de acervo probatorio ni en el análisis del
problema jurídico relativo al acoso laboral, a la incompatibilidad material de funciones o al
16
Pese a lo anterior, en la Sentencia T-086 de 2007 la ausencia de motivación, el desconocimiento del precedente y la violación
directa de la Constitución Política se tratan como parte integrante del defecto sustantivo; y, en la Sentencia T-178 de 2012 sucede lo
mismo en relación con los dos primeros defectos. En otras providencias, por su parte, se abordó este aspecto desde la violación de
una norma, situación de la cual se derivó que podían configurarse tres vicios: defecto sustantivo, defecto orgánico y defecto
procedimental [Al respecto ver, entre otras, la Sentencia T-701 de 2004].
17
Sobre el particular, consultar la sentencia T-888 de 2010.
12
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02083-00
Accionante: Ivón Patricia Santamaría Carvajal
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión
contexto en que se produjo la solicitud de estudiar la posibilidad del retiro. En esas
condiciones, la prueba no fue realmente integrada al razonamiento judicial.
Esta omisión no recae sobre un elemento marginal o accesorio del expediente. Por el
contrario, las conversaciones de WhatsApp constituían evidencia contemporánea y directa
de la relación funcional entre la accionante y su superior jerárquico, y tenían aptitud para
ilustrar el contexto dentro del cual se produjo la solicitud de retiro. […]
Las conversaciones obrantes entre los folios 114 y 135 del cuaderno principal no eran
comunicaciones casuales o inocuas, sino intercambios funcionales ligados a la ejecución
del servicio. De ellas emergen expresiones como: - “Mi sargento así no puedo… ni hago uno
ni hago lo otro.” - Ya no aguanto más.” - “Regáleme el conducto regular por favor.”
Así mismo, se observa que[,] ante la solicitud de la actora de acudir al conducto regular, el
superior le responde que “ese tema” lo trataría en persona o que no le gustaba hablarlo
por ese medio.
Estas manifestaciones eran relevantes porque permitían advertir, de manera
contemporánea a los hechos, que la accionante venía expresando dificultades reales para
atender simultáneamente varias funciones, así como su malestar frente a esa situación y su
interés en ponerla en conocimiento de instancias superiores. […]
La omisión probatoria no se limita a las conversaciones de WhatsApp. También resulta
significativo que el Tribunal no hubiera integrado suficientemente al análisis judicial los
documentos formales mediante los cuales la actora puso en conocimiento de sus superiores
la situación que enfrentaba.
En particular, obraban en el expediente:
1. Oficio del 30 de junio de 2017, dirigido al jefe de Prevención y Educación Ciudadana, en
el cual la accionante explicó que la asignación prioritaria al servicio de guardia y a turnos
prolongados de vigilancia le impedía ejecutar adecuadamente las campañas y actividades
comunitarias de su cargo.
2. Oficio del 1 de julio de 2017, dirigido al comandante de distrito, en el cual informó sobre
la sobrecarga laboral derivada de la asignación simultánea de funciones, la imposición de
anotaciones negativas que consideraba injustificadas, la falta de trámite de sus
reclamaciones y el trato desigual frente a otros funcionarios.
Estos documentos muestran que la accionante no guardó silencio frente a la situación que
denunciaba, sino que intentó activamente acudir a los canales institucionales antes de
solicitar fuera considerada la posibilidad de su el retiro. Por tanto, la solicitud de estudio de
su retiro no podía ser entendida como un acto descontextualizado o aislado. […]
Ese requisito se satisface en el presente caso, porque la sentencia de segunda instancia
descansa, en lo sustancial, sobre dos premisas:
(i) que no se acreditó suficientemente un escenario de acoso laboral o de presión funcional;
y
(ii) que la solicitud de retiro podía ser entendida como una manifestación libre y autónoma
de voluntad.
Las conversaciones de WhatsApp, los oficios de 30 de junio y 1 de julio de 2017, la evidencia
institucional sobre la falta de trámite de uno de los informes y la aclaración de voto dentro
del propio Tribunal eran elementos particularmente relevantes para examinar si la solicitud
de estudio de la posibilidad de retiro surgió en un vacío fáctico o si, por el contrario, se
produjo dentro de un contexto de tensión funcional, incompatibilidad material de órdenes,
ausencia de respuesta institucional y afectación emocional.
44. Así, la actora estima que la autoridad accionada realizó una indebida valoración
probatoria, en tanto omitió integrar en su análisis (i) las capturas de pantalla de las
conversaciones de WhatsApp que sostuvo con su superior, el Comandante Wilson Yesid
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Accionante: Ivón Patricia Santamaría Carvajal
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Santana Baquero que darían cuenta de la «[…] asignación simultánea de funciones operativas y
administrativas, las manifestaciones de la actora sobre la imposibilidad material de cumplirlas
concurrentemente, su agotamiento frente a la situación y su solicitud de acceso al conducto regular»; y (ii)
el Oficio del 30 de junio de 2017, dirigido por la actora al jefe de Prevención y Educación
Ciudadana, y el del 1.º de julio de la misma anualidad, dirigido al Comandante del Distrito,
en los que informó de la sobrecarga laboral derivada de la asignación simultánea de
funciones de guardia y Gestora de Participación Ciudadana.
45. La accionante considera que, la ausencia de valoración de las pruebas mencionadas
hizo que la sentencia adoptara un enfoque puramente formal, «[…] sin examinar
adecuadamente el contexto que podía rodearlo e incidir en su comprensión y en la decisión», lo que «[…]
desconoce el estándar probatorio que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para el análisis de
situaciones de posible hostigamiento o presión laboral dentro de relaciones jerárquicas» porque la «[…]
Corte Constitucional ha sostenido que, en estos contextos, los jueces deben realizar una valoración integral
del material probatorio, teniendo en cuenta que los fenómenos de hostigamiento laboral rara vez se
manifiestan a través de pruebas directas o confesiones explícitas». Para ello, la tutelante relacionó
la sentencia SU-167 de 2024 «[…] que trata acerca de la obligatoriedad de aplicación del enfoque de
género en circunstancias como las planteadas».
46. Se hace necesario analizar conjuntamente los defectos fáctico y por violación directa
de la Constitución, pues, la accionante considera que, en la medida en que la autoridad
judicial accionada no valoró integralmente las pruebas del proceso al excluir los
elementos relacionados, interpretó su carta de renuncia por fuera de su contexto original,
en lugar de optar por una interpretación flexible y con enfoque de género, acorde con las
exigencias de la jurisprudencia constitucional en casos de acoso laboral.
47. La actora hace referencia a la sentencia SU-167 de 2024, y con ella precisa la
relevancia de la perspectiva de género, que exige decretar pruebas de oficio para aclarar
hechos y llegar a la verdad, en una situación en que una niña fue víctima de violencia por
razón de su género. Al respecto, esta Sala pone de presente que, partiendo de lo
dispuesto en los artículos 13, 43 y 53 superiores, la Corte Constitucional reconoció, en la
sentencia T-262 de 2025, que el enfoque de género debe ser aplicado al momento de
estudiar las pruebas en un caso de acoso laboral, pues, la mujer que dice haber sido
acosada no siempre se encuentra en igualdad de armas con la persona o personas que
eventualmente han ejercido una práctica de acoso sobre ella.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02083-00
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48. Este enfoque impone18 estudiar de manera determinada las pruebas aportadas, ya
que exige aproximarse al caso teniendo en cuenta la desigualdad de armas entre la
acosada y el acosador. Para ello, se deben (i) analizar, de manera conjunta, todas las
pruebas que les hayan sido entregadas, (ii) dar valor a las pruebas indiciarias cuando es
evidente que aportar pruebas directas resulta sumamente complejo para la víctima y (iv)
reclamar del presunto acosado una actitud proactiva, requiriéndolo para que explique la
situación y señale por qué sus conductas no son constitutivas de acoso laboral.
49. La Corte Constitucional ha condenado así el hecho de que los empleadores no cuenten
con protocolos que permitan corregir conductas de acoso por la vía preventiva y
correctiva, al igual que ha reprochado no haber dado trámite a las quejas instauradas por
personas afectadas19. En particular, en la sentencia T-168 de 2019, esa corporación
estudió el caso de una mujer que informó al juez constitucional que había sido víctima de
acoso laboral y, aunque había comunicado al empleador ese hecho, aquel no inició
gestión alguna para investigar los hechos. Así mismo, en sentencia T-140 de 2021, la
Corte señaló que la renuncia se caracteriza por la voluntariedad y la espontaneidad, de
manera que, cuando la renuncia se presenta bajo circunstancias ajenas que afectan la
voluntad de la trabajadora, no produce efectos jurídicos. La Sala concluyó en ese caso
que las autoridades judiciales tienen el deber de examinar los motivos reales y
contextuales que existieron y fundamentaron la denuncia de una mujer ante una situación
de violencia o discriminación por motivos de género.
50. Adicionalmente, como parte de la carga probatoria en casos de acoso laboral, la Corte
ha explicado que existe una presunción legal a favor de quienes han hecho uso de los
procedimientos previstos en la Ley 1010 de 2006, consistente en que, si ocurre un
despido dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la queja, se entiende que tuvo
lugar con ocasión del acoso. Para que esa protección legal proceda, la conducta
denunciada debe enmarcarse dentro de las señaladas en el artículo 7 de la Ley 1010 de
2006 y la autoridad administrativa o judicial competente debe verificar esa circunstancia,
de manera que al empleador le corresponde demostrar que la terminación del contrato
de trabajo no fue producto de tal denuncia20. Esta protección legal aplica para todas las
relaciones laborales, sin importar el tipo de contrato laboral21.
18
Corte Constitucional, sentencia T-262 de 2025, M.P.
19
Corte Constitucional, sentencias T-168 de 2019, T-415 de 2023, T-141 de 2024 y T-266 de 2024
20
Corte Constitucional, sentencia T-045 de 2025.
21
Corte Constitucional, sentencia C-960 de 2007.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02083-00
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51. Aunque la nulidad de la renuncia y el despido indirecto constituyen figuras diferentes,
la Corte Constitucional ha empleado de forma indistinta ambos términos para referirse a
escenarios en los que un trabajador se ve obligado a renunciar debido a una situación
creada por su empleador o a situaciones que vician su consentimiento. Por lo tanto, la
presunción legal antes mencionada resulta extensible a los casos de renuncia provocada.
52. Era necesario, entonces, adoptar un enfoque que suponía determinar si la actora
cumplió con hacer uso de los procedimientos previstos en la Ley 1010 de 2006, para
efectos de que operara la presunción legal reiterada por la jurisprudencia constitucional,
en tanto los oficios invocados fueron radicados en junio y julio de 2017, mientras que la
desvinculación se dio el 17 de octubre de 2017, esto es, dentro de los seis meses
siguientes.
53. No obstante, la Sala advierte que, el Tribunal no tuvo en cuenta todos los elementos
que le permitían definir si se cumplió este requisito. El análisis desarrollado por el juez
natural se limitó a establecer que la demandante no interpuso una queja formal ante la
Oficina de Atención al Ciudadano – DECAQ, sin estudiar si existía un procedimiento
interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar esas conductas, o si la radicó
por otro medio informal.
54. Sobre este punto, la Corte Constitucional22 ha explicado que, «[…] la exigencia de
interponer una denuncia formal ante el Comité de Convivencia Laboral comporta, desde el punto de vista
constitucional, un desconocimiento a la garantía de los derechos de las mujeres presuntas víctimas de este
tipo de conductas, pues dicha formalidad […] da paso a un escenario de revictimización […]. Nótese que
el hecho de que el presidente de la compañía conociera de manera detallada y de primera mano la situación
de acoso denunciada por la accionante respecto de un compañero de trabajo quien, como pudo constatar
la Sala, además era su superior jerárquico y tenía la calidad de representante legal suplente de la empresa,
le imponía el deber de actuar con la debida diligencia corriendo traslado, incluso, por cuenta propia ante el
Comité [de] Convivencia Laboral de la situación expuesta por la tutelante». Así, el Tribunal no debió
trasladar a la accionante la carga de tramitar formalmente la denuncia por el conducto
regular, sin antes evaluar si puso al Mayor Efraín Andrés Prada en conocimiento de esa
situación.
55. Frente a las pruebas que la actora señala que fueron excluidas del análisis realizado
por el Tribunal, esta Sala advierte que, por un lado, es cierto que las capturas de pantalla
de las conversaciones de WhatsApp que tuvo con el Comandante Santana (aportadas
22
Corte Constitucional, sentencia T-415 de 2023.
16
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02083-00
Accionante: Ivón Patricia Santamaría Carvajal
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con el escrito de la demanda) no fueron relacionadas por el Tribunal en el acápite relativo
al acervo probatorio en la providencia atacada.
56. En cuanto a los Oficios del 30 de junio y 1 de julio de 2017, estos sí hicieron parte de
la lista de pruebas, así:
Oficio No. S-2017-000851/DISPO III-ESLAB-29.25 del 30 de junio de 2017, dirigido al jefe
de Prevención y Educación Ciudadana DECAQ, mediante el cual la demandante explicó
que, debido a la asignación prioritaria al servicio de guardia y a turnos prolongados de
vigilancia, le resultó imposible ejecutar campañas y actividades comunitarias durante varios
días del mes de junio de 2017, precisando que dichas labores solo pudieron adelantarse
cuando el comandante de estación le otorgó espacios para ello.
Oficio No. S-2017-000862/DISPO III-ESLAB-29.25 del 01 de julio de 2017, dirigido al
comandante Distrito II de Policía Sur — Estación de Policía de Belén de los Andaquíes,
mediante el cual informó sobre la sobrecarga laboral derivada de la asignación simultánea
de funciones de guardia y de seguridad de instalaciones, lo que le impedía cumplir
adecuadamente su labor como gestora de participación ciudadana. En el escrito denunció
la imposición de anotaciones negativas injustificadas, la falta de trámite de sus
reclamaciones y un trato desigual frente a otros funcionarios, solicitando la intervención del
mando para corregir dicha situación.
57. No obstante, para efectos de analizar si las anotaciones negativas en el folio de vida
de la expatrullera constituyeron actos de acoso laboral por parte del Comandante de la
Estación de Policía de Albania (segundo problema jurídico del fallo atacado), el Tribunal
se limitó a mencionar que:
[…] ninguna autoridad disciplinaria —Procuraduría Regional del Caquetá, Oficina de Control
Disciplinario Interno, Juzgado Penal Militar ni dependencias administrativas de la Policía
Nacional— encontró mérito para iniciar investigaciones por acoso laboral, circunstancia que,
si bien no resultaba definitiva, sí constituía un indicio relevante en contra de la tesis actoral.
En efecto, la Procuraduría Regional del Caquetá informó que, tras la consulta de los
sistemas institucionales SIM y SIGDEA, no reposaba registro alguno de investigaciones
disciplinarias adelantadas por dicha causa. De igual manera, la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Policía Nacional certificó la inexistencia de procesos iniciados por
acoso laboral contra los mandos involucrados.
En el mismo sentido, el Juzgado 181 de Instrucción Penal Militar puso de presente que,
revisados los libros radicadores de ese despacho, no se encontró constancia de la apertura
de investigaciones relacionadas con acoso laboral, mientras que las dependencias
administrativas de la Policía Nacional encargadas de la atención de quejas y reclamos
(SIPQRS y Oficina de Atención al Ciudadano – DECAQ) informaron que no se registraron
denuncias o reclamaciones por dicha causa, o que los informes allegados no fueron objeto
de evaluación por los comités competentes.
58. De esta forma, en lugar de estudiar si la actora presentó una queja de acoso laboral
ante el Comandante o el Mayor, el Tribunal del Caquetá solo revisó si existió alguna queja
de acoso formal ante las autoridades competentes y echó de menos que la accionante
no hubiera optado por el curso regular, pese a la importancia del análisis de las
conversaciones de WhatsApp y los oficios que describían «[…] que la asignación prioritaria al
servicio de guardia y a turnos prolongados de vigilancia le impedía ejecutar adecuadamente las campañas
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y actividades comunitarias de su cargo» y «[…] la sobrecarga laboral derivada de la asignación simultánea
de funciones, la imposición de anotaciones negativas que consideraba injustificadas, la falta de trámite de
sus reclamaciones y el trato desigual frente a otros funcionarios», para efectos de garantizar un
análisis con enfoque de género en un ámbito laboral presuntamente atravesado por
dinámicas de acoso.
59. En tales condiciones, la decisión cuestionada incurrió en un defecto fáctico y,
simultáneamente, en una violación directa de la Constitución, por cuanto se desconoció
el mandato de aplicar un enfoque de género en circunstancias de aparente acoso laboral,
al haber omitido valorar las pruebas aportadas por la actora que darían cuenta de la
denuncia de esos hechos, aunque no fuera por el conducto regular. Así, el Tribunal debió
justificar la omisión, en la valoración de las pruebas, de las capturas de pantalla de las
conversaciones de WhatsApp de la actora con su presunto acosador, así como las
comunicaciones que informaban tales actuaciones al Comandante del Distrito Sur, el
señor Efraín Andrés Prada Mora.
III. DECISIÓN
60. Por las razones mencionadas, la Sala considera que, comoquiera que, en la acción de
tutela de la referencia, la actora demostró que la providencia del del 4 de febrero de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión, adolece
de los defectos fáctico y por violación directa de la Constitución, es menester acceder al
amparo deprecado.
61. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al al debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia, invocados por la señora Ivón Patricia Santamaría
Carvajal, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del
4 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta
de Decisión, mediante la cual decidió confirmar la decisión de primera instancia en el
sentido de negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
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Accionante: Ivón Patricia Santamaría Carvajal
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión
derecho promovida contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional [18001-
33-33-001-2018-00287-01], por lo expuesto.
TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión,
que, en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia,
profiera un proveído de reemplazo en el aludido trámite ordinario, en atención a las
consideraciones planteadas en esta decisión.
CUARTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior que el incumplimiento
de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo
52 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
SEXTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
19
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