Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02093-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02093-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02093-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02093-00
Accionante: GISELA ANDREA RESTREPO CORTÉS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con pretensiones de reconocimiento de
pensión de sobrevivientes. Incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Gisela Andrea Restrepo Cortés, quien actúa en nombre
propio, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 13 de marzo de 2026, la parte accionante acudió al juez constitucional con el fin
de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, que considera vulnerados por la autoridad judicial
accionada con ocasión de la sentencia proferida el 1 de diciembre de 2025.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1ª. Que se protejan mis derechos fundamentales al acceso efectivo a la administración
de justicia y debido proceso, ya que el Tribunal se abstuvo de aplicar normas
constitucionales que ordenan la adopción de un enfoque de género, y se dio una indebida
valoración probatoria respecto de un informe ejecutivo del CTI de la Fiscalía General de
la Nación.
2ª. Que como consecuencia de la anterior declaración, se deje sin valor la sentencia del
01 de diciembre de 2025 emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Primera
de Decisión, que se ordene que profiera nuevamente decisión dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 05001333300220190011801,
mediante el cual se confirmó la sentencia de primera instancia que denegó la súplica de
reconocimiento de la pensión proporcional de sobrevivientes.
3ª. Que se ordene al accionado que en el fallo que reemplace la sentencia cuya anulación
se solicita, con adopción de un enfoque de género se haga una valoración integra del
material probatorio y en especial de la aplicación de causal de exoneración de la
exigencia de tener una convivencia ininterrumpida y de mantener un vínculo de
acompañamiento, ayuda mutua, solidaridad con vocación de estabilidad y permanencia
hasta la muerte de Norberto Alonso”.
2. Hechos
De la lectura de la demanda de tutela y de las piezas procesales obrantes en el
expediente, se destacan los siguientes hechos relevantes:
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Accionante: Gisela Andrea Restrepo Cortés
La señora Gisela Andrea Restrepo Cortés manifestó que convivió, como compañera
permanente, con el señor Norberto Alonso Zapata Laverde (q.e.p.d) entre
noviembre de 2003 hasta el 11 de noviembre de 2005.
Señaló que el 12 de noviembre de 2005 contrajo matrimonio con el señor Zapata
Laverde (q.e.p.d), vínculo que perduró hasta finales del año 2008, cuando, por una
situación de fuerza mayor se separaron de hecho, sin embargo, continuaron su
relación viéndose de manera esporádica, hasta que el causante falleció el 27 de
noviembre de 2016.
Sostuvo que el señor Norberto Alonso (q.e.p.d), laboró como docente del nivel
departamental de Antioquia y debido a su fallecimiento, en calidad de cónyuge
sobreviviente, solicitó ante la oficina de prestaciones sociales del magisterio del
departamento de Antioquia el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes y cesantías.
Aseguró que mediante Resolución núm. 2018060059999 de 17 de abril de 2018, la
entidad demandada reconoció las cesantías definitivas causadas ante el
fallecimiento del docente por valor de $20.474.300 repartidas así: a favor de la
señora Gisela Andrea Restrepo el 50% en calidad de cónyuge y a los hijos María
Lucía Zapata Arango, Camilo Zapata Arango y Sebastián Zapata Oquedo el 50%
repartidos en un 16.66% para cada uno. No obstante, el reconocimiento y pago del
50% por valor de $10.237.150, de las cesantías definitivas reconocidas a la señora
Gisela Andrea fue suspendido, hasta que la justicia decidiera a quién le asistía el
derecho, dado que también se presentó a reclamar la señora Claudia Patricia
Arango Betancur (madre de dos de los hijos del causante), aportando un certificado
de convivencia, e igualmente el señor Jhon Jairo Ramírez Monsalve en calidad de
padre de la señora Isabel Ramírez (q.e.p.d)1, quien también aportó prueba de
convivencia.
Indicó que contra la resolución anterior interpuso recurso de reposición, el cual luego
de interponer acción de tutela por la omisión en responder, fue resuelto mediante
Resolución núm. 2018060362192 del 2 de octubre de 2018 que confirmó el acto
recurrido.
Informó que con relación a la pensión de sobrevivientes, la entidad demandada con
posterioridad expidió la Resolución núm. 2018060369421 del 21 de noviembre de
20182, en la que negó el reconocimiento pensional, según se afirma, sin ofrecer
motivación alguna. Agregó que mediante Resolución núm. 2018060402225 del 19
de diciembre de 2018 la demandada reconoció la pensión de sobreviviente en el
50% y el otro 50% distribuidos para cada uno de los hijos del causante, María Lucía,
Camilo Zapata Arango y Sebastián Zapata en el 16%, para cada uno. No obstante,
el pago de pensión reconocida a su favor quedó en suspenso3.
Contó que ante esta situación presentó demanda en ejercicio del medio de control
nulidad y restablecimiento del derecho contra el departamento de Antioquia, la cual
fue admitida y tramitada bajo el radicado 05001333300220190011800 por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín, despacho que dictó
sentencia el 13 de diciembre de 2023, a través de la cual negó las pretensiones de
1 La señora falleció en el accidente de tránsito junto con el causante, el papá indicó que su hija era la compañera
permanente del causante, al punto que se encontraban juntos cuando fallecieron.
2 En cumplimiento a un incidente de desacato por una tutela que ordenó resolver la petición -según se afirma
en la demanda y las sentencias del proceso ordinario-.
3 En este acto administrativo, se suspendió el reconocimiento y pago del 50% reconocido a la señora GISELA
ANDREA RESTREPO CORTÉS hasta que la justicia ordinaria decidiera si tal derecho le asiste a ella, dada su
calidad de cónyuge, o está en cabeza de ISABEL RAMÍREZ ARIAS o CLAUDIA PATRICIA ARANGO
BETANCUR, estas últimas en calidad, al parecer, de compañeras permanentes del causante.
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la demanda, al considerar que la actora no demostró haber convivido con el
causante durante los cinco (5) años anteriores a su fallecimiento, como lo exige el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Tampoco se acreditó que luego de la separación
de hecho y hasta el 27 de noviembre de 2016, fecha del deceso del señor Zapata
Laverde, existiera entre ellos un vínculo efectivo de convivencia, apoyo mutuo,
ayuda económica, solidaridad o acompañamiento permanente.
Arguyó que interpuso recurso de apelación que fue resuelto desfavorablemente por
el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de 1 de diciembre de 20254,
que confirmó la decisión y condenó en costas en segunda instancia, por las mismas
razones del a quo.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora se refirió al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y que la decisión cuestionada
desconoció los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
Mencionó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico, por
indebida valoración probatoria porque la autoridad judicial no tuvo en cuenta las
pruebas aportadas al plenario que permitían establecer la convivencia y la justa
causa que dio origen a la separación de hecho. En específico, indicó que no se tuvo
en cuenta la separación de hecho por fuerza mayor y el motivo de la misma, que
fue la violencia intrafamiliar en contra de sus hijos, y la denuncia que se formuló con
ocasión de dichos actos.
En ese orden, puso de presente que las autoridades judiciales omitieron valorar
pruebas relevantes y realizaron una apreciación irrazonable del material probatorio,
particularmente en relación con la convivencia y las causas que explicaban su
interrupción. Afirmó que tanto el juzgado como el tribunal desconocieron elementos
de convicción legalmente aportados —como la denuncia penal, los informes de la
Fiscalía General de la Nación y los testimonios— que evidenciaban la existencia de
violencia intrafamiliar y, por ende, una justa causa para la separación de hecho, lo
que incidía directamente en la configuración del derecho pensional reclamado.
Asimismo, indicó que la decisión cuestionada desatendió el verdadero alcance de
dichas pruebas al exigir estándares probatorios irrazonables, como la existencia de
una sentencia judicial que declarara la violencia, e ignorar el contexto de
vulnerabilidad y la perspectiva de género. En su criterio, esta indebida valoración
llevó a conclusiones contrarias a la realidad procesal, pues se descartó
injustificadamente la existencia de una convivencia jurídicamente relevante y de una
causa exonerativa de su interrupción, lo que terminó por afectar de manera
determinante el sentido del fallo.
Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, para cual señaló que en la sentencia con rad. 76001-23-33-
000-2015-00445-01 (0809-2023) se estableció que el requisito de los cinco (5) años
de convivencia puede acreditarse en cualquier tiempo cuando subsiste la sociedad
conyugal. Agregó que en la providencia con rad. 88001233330002018005201
(5322-2019) se precisó la relevancia de la vigencia de la sociedad conyugal aun en
escenarios de separación de hecho,, y que en la decisión con rad. 25000-23-42-
000-2016-03378-01 (4645-2017) se reconoció la posibilidad de exceptuar la
4 La decisión contó con salvamento de Voto del Magistrado John Jairo Alzarte López, frente a la imposición en
costas al demandante, en la medida en que consideró que en el caso: “no se debió condenar en costas a la
parte vencida, al no haberse demostrado que el apoderado hubiere realizado actuaciones temerarias o dilatorias
que dificultaren el curso normal del proceso, ni tampoco la causación de gastos ordinarios. Se agrega que la
sentencia se profiere en vigencia de la Ley 2080 de 2021, que establece que se debe valorar la conducta de las
partes“.
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exigencia de convivencia cuando la ruptura obedeció a situaciones de violencia
intrafamiliar.
Adicionalmente, adujo que el Tribunal desconoció el precedente judicial en materia
de pensión de sobrevivientes frente a la no exigencia estricta del requisito de
convivencia cuando existen justas causas, particularmente en escenarios de
separación de hecho. Para respaldar dicha afirmación, citó pronunciamientos del
Consejo de Estado, como la sentencia del 7 de abril de 2011, rad. 76001-23-31-
000-2005-02741-01 (0669-08), y la del 20 de febrero de 2020, rad. 05001-23-33-
000-2017-02535-01, y decisiones de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, entre ellas, la SL1102-2018, y múltiples providencias de la
Corte Constitucional incluyendo las sentencias SU-169 de 2024, SU-108 de 2020,
T-392 de 2018, T-245 de 2017, T-324 de 2014 y T-197 de 2010, en las que se han
abordado casos relacionados con el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
en contextos de separación de hecho.
De igual modo, transcribió apartes de dichas providencias para evidenciar que la
jurisprudencia ha adoptado un enfoque flexible frente al requisito de la convivencia,
especialmente en escenarios de vulnerabilidad.
4. Trámite procesal
Por auto de 19 de marzo de 2026, el despacho del magistrado sustanciador admitió
la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante
y a la autoridad judicial accionada -Tribunal Administrativo de Antioquia-. De igual
modo, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín, al Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag), al departamento de Antioquia y a la señora Claudia Patricia Arango
Betancur, como terceros interesados en el resultado del proceso. Finalmente, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 610 del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas el 25
de marzo de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín
El titular del despacho remitió el enlace para acceder al expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 05001333300220190011800, y respecto a los
hechos y pretensiones de la acción de tutela señaló que se tramitó el citado proceso
en el cual emitió sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda, de acuerdo a la normativa y jurisprudencia que rige la materia. Precisó
que el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión, y como novedad
condenó en costas a la parte demandante con inclusión de agencias en derecho.
Indicó que se salvaguardaron los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa y contradicción de las partes y solicitó negar las pretensiones incoadas en
la acción de tutela.
5.2. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional
Esa entidad a través de su jefe de oficina jurídica encargado solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, bajo el argumento de que no se vulneraron los
derechos del accionante ni se ajusta a los principios básicos de la misma.
Argumentó que en el asunto objeto de análisis, al Ministerio le asiste falta de
legitimación en la causa por pasiva para emitir un pronunciamiento de fondo, toda
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vez que la controversia planteada en la acción de tutela recae sobre una decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo Antioquia.
Afirmó que la presente acción se dirige contra una providencia judicial, situación que
amerita un análisis riguroso de la procedencia del amparo constitucional, conforme
a los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
y como se evidencia del escrito de tutela, el ministerio no es la entidad que profirió
la sentencia objeto de cuestionamiento, ni se advierte en el libelo cuál es la acción
u omisión atribuible a esa cartera ministerial que amerite su vinculación a este
trámite. Finalmente indicó que se oponen a cualquier imputación de vulneración de
derechos fundamentales, pues en su entender esa cartera no ha desplegado acción
u omisión alguna que pueda derivar en la configuración de una “vía de hecho”
judicial.
5.3. Respuesta de la señora Claudia Patricia Arango Betancur
Por intermedio de apoderado judicial, la señora Arango Betancur se pronunció
sobre los hechos de la acción de amparo y se opuso a su prosperidad. En síntesis,
indicó que no se violó el debido proceso de la accionante y que su intención es
utilizar la acción de tutela como una tercera instancia para que le sean concedidas
las pretensiones que le fueron negadas en sentencias proferidas por juez y el
tribunal competente y cumpliendo con todos los requisitos de ley.
Solicitó que se declare la improcedencia de la acción tutela instaurada en contra de
la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, ya que la misma se dictó conforme al ordenamiento jurídico y no se
violaron los derechos fundamentales invocados por la accionante y tampoco se le
causo algún perjuicio.
5.4 El Tribunal Administrativo de Antioquia, y el departamento de Antioquia,
a pesar de haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si es procedente la acción de tutela presentada
por la señora Gisela Andrea Restrepo, de conformidad con los requisitos generales
cuando se cuestiona una providencia judicial y, en caso afirmativo, si la autoridad
judicial demandada incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del
precedente judicial.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones5.
5
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20056, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional7.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala8, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
6
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
7
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
8
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
La señora Gisela Andrea Restrepo Cortés, quien actúa en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por considerar que
la sentencia de 1 de diciembre de 2025, en la que se confirmó la decisión de primera
instancia, incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente
judicial.
Al respecto, indicó que la decisión de confirmar la que no accedió a las pretensiones
relativas a lograr el reconocimiento y pago del cincuenta (50%) por ciento de la
pensión de sobrevivientes, así como el pago de las cesantías definitivas del
causante, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
Refirió que sentencia del Tribunal incurrió en defecto fáctico por indebida valoración
probatoria porque la autoridad judicial no tuvo en cuenta las pruebas aportadas al
proceso que permitían establecer la convivencia y la justa causa que dio origen a la
separación de hecho, situación que por demás comporta un desconocimiento del
precedente judicial de esta Corporación, de la Corte Suprema de Justicia y de la
Corte Constitucional. Al respecto citó pronunciamientos del Consejo de Estado,
como la sentencia del 7 de abril de 2011, rad. 76001-23-31-000-2005-02741-01
(0669-08), y la del 20 de febrero de 2020, rad. 05001-23-33-000-2017-02535-01; y
decisiones de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas, la SL1102-2018, y múltiples
providencias de la Corte Constitucional, incluyendo las sentencias SU-169 de 2024,
SU-108 de 2020, T-392 de 2018, T-245 de 2017, T-324 de 2014 y T-197 de 2010.
En ese orden, del análisis de los argumentos que soportan los defectos alegados,
la Sala advierte que no se presenta un verdadero y genuino debate constitucional,
en tanto lo que se evidencia es un desacuerdo con el pronunciamiento del Tribunal
Administrativo de Antioquia al resolver el recurso de apelación que interpuso la parte
demandante contra la sentencia de primera instancia, por lo que en el caso se
incumple el requisito de relevancia constitucional, en tanto se está utilizando la
acción de tutela con el fin de dar continuidad al debate, respecto de lo desfavorable
para la parte actora en el proceso ordinario, lo que ya fue zanjado por el juez natural
del asunto.
En efecto, la Sala observa del expediente que contiene las actuaciones del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho que la pretensión principal de la
demandante fue el reconocimiento de su pensión de sobrevivientes en un cincuenta
por ciento (50%), causada con ocasión del fallecimiento del educador Norberto
Alonso Zapata (q.e.p.d) , en favor de ésta como cónyuge sobreviviente a partir del
28 de noviembre de 2016, y que adicionalmente se declarara la nulidad de los actos
administrativos con los que las entidades públicas le negó dicha prestación
económica y le suspendió el pago de las cesantías definitivas.
El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Medellín, bajo el radicado núm. 05001333300220190011800, que profirió
sentencia el 13 de marzo de 2023 en la que resolvió negar las pretensiones de la
demanda, y solo accedió a la pretensión de la interviniente ad excludendum, Claudia
Patricia Arango Betancur, respecto a declarar la nulidad parcial del acto que
reconoció a la demandante Gisela Andrea Restrepo Cortés como beneficiaria de la
pensión de sobrevivientes.
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Accionante: Gisela Andrea Restrepo Cortés
Contra la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de apelación por
considerar que se incurrió en un defecto material o sustantivo por una presunta
interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 porque, a su juicio, se
impusieron requisitos adicionales no previstos por el legislador. Alegó que si bien la
norma prevé como requisito la convivencia de 5 años, ésta se pregona respecto de
los compañeros permanentes no así de los cónyuges. Refirió que no tiene sentido
exigirle a la cónyuge separada de hecho la convivencia en los últimos 5 años,
porque la misma separación impediría cumplir ese requisito. Reiteró que el artículo
47 de la Ley 100 de 1993 establece dos requisitos para el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes: (i) que haya existido vida marital y (ii) que se haya
convivido por al menos cinco años, pero que no se exige que ambos se cumplan en
una misma modalidad de unión
Igualmente, señaló que el Juzgado no incorporó en la decisión rogada el enfoque o
perspectiva transversal de género en las decisiones judiciales en casos de violencia
intrafamiliar, debiéndose inaplicar la exigencia del artículo 13 literal b) de la Ley 100
de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003. En ese sentido, afirmó que la
separación de hecho obedeció a situaciones de violencia física, económica y
psicológica ejercida por el causante, particularmente contra su hija menor JLR, lo
que motivó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación del municipio
de Amagá.
El recurso de apelación fue desatado por el Tribunal Administrativo de Antioquia
mediante sentencia del 1 de diciembre de 2025, en la que se confirmó la decisión
del a quo y condenó en costas por concepto de agencias en derecho, con
fundamento en las siguientes consideraciones:
“(…) CASO CONCRETO
(...)
De conformidad con la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, la pensión de sobrevivientes tiene como finalidad la protección del
núcleo familiar del afiliado o pensionado fallecido, con el propósito de garantizar su
mínimo vital y condiciones dignas de subsistencia.
La controversia se contrae a establecer si entre la demandante y el causante se
configuró el requisito mínimo de cinco (5) años de convivencia exigido por el artículo 47
de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003.
De acuerdo con la prueba relacionada en precedencia, está acreditado que la señora
Gisela y Norberto contrajeron matrimonio el 12 de noviembre de 2005, sin que éste se
haya disuelto a la fecha de la muerte del causante. Sin embargo, está acreditado que,
para el momento del deceso del causante, aquellos no se encontraban conviviendo.
Lo anterior, teniendo en cuenta el testimonio rendido por Gladys Cortes, madre de la
demandante, así como de la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la
Nación, en el que se evidencia que el vínculo matrimonial se vio interrumpido para el
año 2007, siendo oportuno destacar la siguiente manifestación «él dejó el hogar cuando
yo le puse una denuncia, eso para octubre de 2007. (…) entonces, resultó que, al día
siguiente de yo haberle hecho el reclamo, empacó la ropa y dejó a la hija mía…»
Situación que también se acredita con el interrogatorio realizado a la demandante
cuando manifestó que, inició la convivencia con el señor Norberto Alonso, cuando tenía
aproximadamente 22 años. En este orden, teniendo en cuenta que la demandante nació
el 5 de mayo de 1980, se puede inferir entonces, que la convivencia inició
aparentemente para el año 2003, lo cual, es coincidente con lo narrado en los hechos
de la demanda, así como en la declaración extra juicio de la propia demandante.
Igualmente se destaca que, la demandante en su interrogatorio señaló que una vez se
interrumpió el vínculo marital, se veían esporádicamente, cada año, cuando el causante
asistía a los juegos Intercolegiados que se realizaban en el municipio de Amagá.
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No hay prueba en el plenario que, luego de la separación de cuerpo ocurrida entre la
demandante y el señor Norberto para octubre de 2007 se haya configurado lo que se
denomina, comunidad de vida, acompañamiento espiritual y moral permanente, auxilio,
apoyo económico y un proyecto de vida en común, comoquiera que ninguna de las
pruebas obrantes en el plenario da cuenta de ello.
En este orden, teniendo en cuenta que la demandante inició la convivencia con el señor
Norberto en noviembre de 2003, hasta octubre de 2007, no hay duda de que la unión
entre ellos no superó los 5 años que exige la norma, lo que también ha sido reiterado
por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional para que pueda
dar lugar a reconocer la prestación aquí discutida y con los efectos que pretende la
parte actora.
(...)
De otra parte, se advierte que uno de los argumentos del recurso de apelación consiste
en que el a quo no hizo referencia a la violencia de genero padecida por la actora, lo
que, a su juicio, dio lugar a la separación de cuerpos por justa causa y que se encuentra
acreditado con la denuncia penal interpuesta contra del causante.
No obstante, del anterior reparo no se hará ningún análisis, más allá de señalar que
este no fue expuesto en el escrito de la demanda, ni mucho menos invocado como una
causal de nulidad de los actos acusados, de ahí que, el juez no estuviera habilitado para
desarrollarlo en la sentencia. Por lo tanto, no es acertado que el apelante traiga
argumentos nuevos con el escrito de apelación cuando no fueron objeto de debate en
la instancia previa.
(...)
Dicho lo anterior y con fundamento en las pruebas recaudadas, se puede concluir que
no se acreditó el requisito de convivencia mínima de cinco (5) años exigido por la ley,
ni la existencia de una comunidad de vida o proyecto común entre la demandante y el
causante al momento del fallecimiento.
En consecuencia, no se configura violación del ordenamiento jurídico con la expedición
de los actos administrativos demandados, razón por la cual no hay lugar a declarar su
nulidad ni a acceder al restablecimiento del derecho reclamado.
Por lo anterior, se confirmará la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2023 por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.
(…)”.
Conforme a lo anterior, la Sala advierte que los argumentos expuestos por la parte
accionante buscan reabrir y continuar el debate jurídico ya planteado y resuelto
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto de lo que
fue objeto de apelación por la parte actora, promovido para que se le reconociera y
pagara la pensión de sobrevivientes con motivo del fallecimiento del señor Norberto
Alonso Zapata Laverde, así como sus correspondientes emolumentos
prestacionales.
En efecto, del escrito de tutela se advierte que la parte accionante sostiene que la
autoridad judicial incurrió en defectos fáctico y desconocimiento del precedente
judicial.
Sin embargo, la Sala considera que desde la demanda la parte actora alegó que
tenía el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes como compañera permanente
que fue del señor Norberto Alonso Zapata Laverde entre noviembre de 2003 hasta
el 11 de noviembre de 2005, que el 12 de noviembre de 2005 contrajeron
matrimonio y que el 27 de noviembre de 2016 su esposo falleció y que la convivencia
con el mismo se dio hasta finales del 2008, por cuanto, por una situación de fuerza
mayor, se separaron de hecho, sin embargo, continuaron su relación viéndose de
manera esporádica, aspectos que, como se evidencia, fueron resueltos en ambas
instancias por los jueces naturales quienes concluyeron que con el material
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probatorio no logró acreditarse el requisito de convivencia. De ahí que, frente a estos
argumentos, la acción de tutela no supera el requisito de relevancia constitucional
pues se no puede convertirse en una instancia adicional para continuar con el
debate.
Adicionalmente, en lo atinente al alegado defecto fáctico por indebida valoración
probatoria por los hechos de fuerza mayor que conllevaron la separación, se
advierte que el Tribunal analizó las afirmaciones, solo que concluyó que tales
circunstancias no se alegaron desde la demanda, razón por la cual desestimó su
análisis.
Finalmente, en lo que tiene que ver con la vulneración del precedente judicial la Sala
avizora que sus argumentos buscan insistir en el debate relativo al reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes y el pago de las cesantías definitivas del causante
que le fueron negadas, razón por la cual no supera, tampoco, el requisito de
relevancia constitucional, en tanto, lo que se pretende es una continuación del
debate que ya fue agotado en sede ordinaria ante el juez natural.
Así las cosas, se reitera que la vulneración que la accionante pretende alegar por la
vía constitucional no se enmarca en una verdadera afectación de derechos
fundamentales atribuible a la providencia judicial objeto de reproche, sino en su
insistencia por controvertir nuevamente los actos que le fueron desfavorables y que
fueron examinados por los jueces naturales.
En ese orden de ideas, se evidencia que existen similitudes en los reproches que
se desarrollaron en el curso del proceso ordinario, particularmente en el recurso de
apelación que presentó la parte actora, y los argumentos que se plantean en el
escrito de tutela. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-573
de 20199, estableció que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber:
“(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en
una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces”10 (Negrilla de la Sala)
En la sentencia SU-215 de 202211, recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que
“la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que
“la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos (fundamentales) y no a problemas de carácter legal”.
A su vez, en sentencia SU-451 de 202412, la Corte Constitucional enfatizó que la
“tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección
del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
Finalmente, se ordenará a la Secretaría General del Consejo de Estado que
restrinja en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI el acceso a la información
obrante en el expediente de la referencia relacionada con la historia clínica de la
9
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
10
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
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M.P. Natalia Ángel Cabo.
12
M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02093-00
Accionante: Gisela Andrea Restrepo Cortés
señora demandante Gisela Andrea Restrepo Cortés, en razón a la reserva de la
que goza ese documento de conformidad con el artículo 348 de la Ley 23 de 1981
y el numeral 3° del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en este caso, con
claro desconocimiento del presupuesto general de relevancia constitucional, por lo
que procede declarar su improcedencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Gisela Andrea Restrepo Cortés, quien actúa en nombre propio.
Segundo.- Ordenar a la Secretaría General del Consejo de Estado que restrinja
en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI, el acceso a la información obrante
en el expediente de la referencia relacionada con la historia clínica de la señora
Gisela Andrea Restrepo Cortés, en razón a la reserva de la que goza ese
documento de conformidad con el artículo 34 de la Ley 23 de 1981 y el numeral 3°
del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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