República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02094-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02094-00 (3156)
Accionante: Edgardo Antonio Gómez Torres, actuando en nombre de Luis
Felipe Colmenares Russo
Accionado: Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: falta de legitimación en la causa por
activa.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Edgardo Antonio Gómez Torres contra la Sala
de Conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico.
1. Síntesis del caso
El señor Edgardo Antonio Gómez Torres presentó escrito de tutela en el que afirmó
actuar en representación del señor Luis Felipe Colmenares Russo, con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, que consideró vulnerados por
la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico, debido a la mora
judicial injustificada derivada de la falta de expedición de una decisión de fondo
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm.
08001-23-31-000-2011-00344-00.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1 Samai, índice 2, certificado 25DF97702525C844 605DE922B9B24FA3 7C0D766F12EB0D0F
7230A6DB8F6CA019.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02094-00 (3156)
Accionante: Edgardo Antonio Gómez Torres, actuando en nombre de Luis Felipe Colmenares
Russo
Accionado: Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico
2. El señor Luis Felipe Colmenares Russo (fallecido durante el trámite del
proceso ordinario), el 28 de marzo de 2011, por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de obtener la nulidad de los actos
administrativos que negaron el reconocimiento y pago de una diferencia salarial
derivada de la bonificación por compensación creada por los decretos 610 y 1239
de 1998.
3. El asunto correspondió, por reparto, al Tribunal Administrativo del Atlántico, y
se radicó bajo el núm. 08001-23-33-000-2011-00344-00. Por auto del 16 de mayo
de 2011, los magistrados de esa corporación manifestaron impedimento para
tramitarlo, el cual fue declarado fundado por el Consejo de Estado en auto del 25
de agosto de 2011.
4. La presidencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante acta del 23
de marzo de 2012, seleccionó a los conjueces que integrarían la Sala de Decisión.
5. El conjuez ponente, por auto del 14 de agosto de 2012, admitió la demanda.
La parte demandada contestó y propuso excepciones. Posteriormente, mediante
auto del 14 de noviembre de ese mismo año, se ordenó la apertura de pruebas.
6. En auto del 31 de enero de 2013, el conjuez ponente corrió el traslado a las
partes para alegar de conclusión.
7. La parte demandante radicó los correspondientes alegatos el 14 de marzo de
2013.
8. La presidencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, en acta del 23 de mayo
de 2023, designó nuevamente conjueces para integrar la Sala de decisión.
9. Posteriormente, en Acta del 31 de marzo de 2025, la presidencia del Tribunal
Administrativo del Atlántico designó nuevamente a los conjueces para integrar la
Sala.
10. La parte actora radicó memoriales de impulso procesal los días 17 de julio de
2013, 21 de mayo de 2014, 26 de marzo de 2015, 21 de septiembre de 2021, 27 de
septiembre de 2023 y 8 de marzo de 2024.
11. El abogado de la parte demandante informó que, durante el trámite del proceso
ordinario, falleció su representado, el señor Luis Felipe Colmenares Russo.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
12. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02094-00 (3156)
Accionante: Edgardo Antonio Gómez Torres, actuando en nombre de Luis Felipe Colmenares
Russo
Accionado: Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico
Previos los trámites legales de usanza, sírvase su Señoría, atender este amparo
constitucional y conceder a mi mandante doctor LUIS FELIPE COLMENARES
(Q.E.P.D.) Exmagistrada de la Sala Penal del H.TRIBUNAL SUPERIOR DEL Distrito
JUDICIAL DE BARRANUILLA.-, el resguardo de sus derechos fundamentales
constitucionales al DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,
EL DEBIDO PROCESO POR DILACION INJUSTIFICADA Y DE LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y se le ORDENE a la SALA DE CONJUECES del TRIIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO, conformada por los doctores CARLOS
QUIÑONES GOMEZ, VICTOR MANUEL MAYA GONZALEZ y ROBERTO PATIÑO
RIVERA, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas de notificado el fallo de
tutela, profieran decisión DE FONDO, es decir , la Sentencia por la cual se resuelva
las pretensiones incoadas en el libelo de demanda que dio lugar al Proceso Medio de
Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO en contra de la RAMA
JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION EJECUTIVA
DE ADMINISTRACION JUDICIAL, radicado, bajo el No. 08001-23-33-000-2011-
00344-002.
13. Como fundamento de sus pretensiones, Edgardo Antonio Gómez Torres alegó
que la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en mora
judicial al no dictar sentencia en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho y, por ende, incumplir el deber de respetar los términos judiciales previstos
en el artículo 7 del artículo 90 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
2.3. Trámite procesal
14. El despacho ponente, mediante auto del 19 de marzo de 20263, admitió la
demanda, ordenó la notificación de la autoridad judicial accionada, es decir, la Sala
de conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico, y vinculó en calidad de
terceros con interés, a la Nación, Rama Judicial, el Consejo Superior de la
Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Adicionalmente,
requirió al abogado Edgardo Antonio Gómez Torres para que aportara el poder
otorgado por los sucesores procesales del señor Luis Felipe Colmenares Russo.
2.4. Intervenciones
15. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4 solicitó la desvinculación del
trámite constitucional, al considerar que el tribunal accionado era la autoridad
llamada a dictar sentencia de primera instancia o avocar conocimiento del asunto,
según lo pretendido por el actor. Con todo, indicó que, en gracia de discusión, la
acción de tutela resultaba improcedente, por cuanto el accionante tenía a su
disposición el mecanismo de vigilancia administrativa previsto en el numeral 6 del
artículo 101 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el Acuerdo núm. PSAA11-
8716 del 6 de octubre de 2011.
2 Se transcribe incluso con errores.
3 Samai, índice 4.
4 Samai, Índice 9.
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Accionante: Edgardo Antonio Gómez Torres, actuando en nombre de Luis Felipe Colmenares
Russo
Accionado: Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico
16. El conjuez ponente del Tribunal Administrativo del Atlántico5 pidió que se
negaran las pretensiones, con fundamento en que el expediente no ha pasado para
fallo y que, en todo caso, no existía la mora judicial alegada. En ese sentido, sostuvo
que todo proyecto de Sala debía ser presentado por el ponente y debía circular y
aprobarse por el resto de los integrantes de la Sala, de ahí que no se tratara de una
labor unipersonal.
17. Los demás vinculados guardaron silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Edgardo Antonio Gómez Torres contra
la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico.
3.2. Cuestión preliminar
19. En el índice 106 del expediente de la referencia obra un memorial suscrito por
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla,
mediante el cual rindió informe respecto de un proceso de tutela identificado con el
radicado núm. 08001-23-33-000-2025-00358-00.
20. El despacho verificó en el Sistema de Gestión Judicial (SAMAI) que el proceso
de tutela al que hace referencia la entidad, se tramita ante el Tribunal Administrativo
del Atlántico. En consecuencia, se ordenará a la Secretaría General desglosar el
memorial y remitirlo al expediente en mención.
3.3. Legitimación en la causa
21. La legitimación en la acción de tutela tiene su fundamento en el artículo 867
de la Constitución Política, el cual establece que toda persona que considere que
sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentran amenazados,
por la acción u omisión de cualquier autoridad, o incluso por los particulares podrá
interponer acción de tutela a través de un representante o en nombre propio.
22. Acorde con lo mencionado, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción de tutela es un mecanismo al que se puede acudir directamente por
5 Samai, índice 11, certificado núm. 07D2DD580EBFF013 E746BFD97CEF66CE C96298566E1DDFB0
A84245925547CD73
6 Certificado núm. 14_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-oficiocontestatute(.pdf) NroActua 10.
7 Constitución Política, Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
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la persona que se considera vulnerada, o a través de apoderado judicial, para lo
cual se debe presentar el respectivo poder8.
23. La Corte Constitucional en la sentencia T-292 de 2021 se pronunció sobre la
posibilidad de acudir al trámite de tutela a través de apoderado, en los siguientes
términos:
[…] el ejercicio de la representación judicial en sede tutela requiere de un mandato
específico, bien sea que se encuentre consignado en un acto de apoderamiento
especial y concreto o en un poder de carácter general. Al respecto, ha señalado
que “la falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un
apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no
lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante
y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta
de legitimación por activa”. Ahora bien, aunque los apoderados judiciales en sede
tutela tienen el deber de acreditar tal calidad, ello no obsta para que el juez de tutela,
en ejercicio de sus facultades, adopte medidas tendientes a subsanar irregularidades
formales, con el fin de no comprometer la protección de los derechos fundamentales
invocados.
24. Conviene mencionar que jurisprudencia Constitucional ha manifestado desde
hace tiempo que en los eventos en que la acción de tutela se ejerce a través de
apoderado judicial, el mandante debe otorgar poder especial, de modo que el
profesional del derecho no puede hacer valer el poder otorgado en un proceso
ordinario para solicitar el amparo constitucional, pues «es necesario contar con
poder especial para legitimar su interposición. La carencia de la citada personería
para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentación del
apoderamiento otorgado para un asunto diferente»9.
25. De manera excepcional, la acción de tutela puede promoverse mediante
agencia oficiosa cuando el titular del derecho carece de la posibilidad real y efectiva
de ejercer directamente su propia defensa. La Corte Constitucional10 ha precisado
que esta figura constituye un mecanismo extraordinario, reservado para situaciones
en las que se acredite un estado de indefensión o una condición física o mental que
impida al afectado acudir, por sí mismo, a los medios disponibles para la protección
de sus derechos fundamentales. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional
ha señalado que esta procede cuando concurren los siguientes elementos:
(i) La manifestación del agente oficioso en el sentido de actuar como tal.
(ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar
expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el
titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales para
promover su propia defensa.
8 Sentencia T-194 del 2012. «(…) Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda
de tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial, de modo que no se puede
pretender hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional».
9 Corte Constitucional, Sentencia T-658 de 2002.
10 Sentencia T-614 de 2012
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(iii) La existencia de la agencia no implica una relación formal entre el agente y los
agenciados titulares de los derechos.
26. Conforme las reglas anteriores, quien acude a la acción de tutela en su
condición de apoderado, debe presentar el escrito respectivo en los términos que
exige el artículo 74 del CGP, es decir, que, si se trata de un poder especial en él se
describirán los asuntos para el que fue conferido de manera clara y determinada.
Por su parte, si es en condición de agente oficioso, se exige que el agente manifieste
actuar en tal calidad y, en lo posible, cuente con el consentimiento del titular del
derecho.
27. En el caso bajo estudio, el abogado Edgardo Antonio Gómez Torres presentó
la solicitud de tutela en nombre de Luis Felipe Colmenares Russo, quien, según
informó, falleció11. El accionante pretende la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva, que consideró vulnerados con ocasión de la presunta mora
judicial en que habría incurrido la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del
Atlántico al no dictar decisión de fondo dentro del expediente con radicado núm.
08001-23-31-000-2011-00344-00, en el que fungió como demandante el señor
Colmenares Russo.
28. El despacho ponente, en el auto admisorio del 19 de marzo de 2026, requirió
al abogado Gómez Torres para que aportara el poder especial para promover la
acción de tutela otorgado por los sucesores procesales de Luis Felipe Colmenares
Russo. Para tal efecto precisó: «la demanda se admitirá con la salvedad de que se
deberá allegar el referido documento y que la legitimación en la causa por activa
será un asunto para resolver en la correspondiente sentencia».
29. No obstante, Edgardo Antonio Gómez Torres no atendió el requerimiento del
citado auto admisorio.
30. Siendo así, la Sala observa que el mencionado apoderado no es titular de los
derechos cuyo amparo reclama, toda vez que los eventuales afectados con la
presunta omisión alegada por el señor Gómez Torres son, de existir, los sucesores
procesales de Luis Felipe Colmenares Russo, quien tenía la calidad de demandante
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En ese contexto,
corresponde únicamente a ellos promover la acción constitucional, si consideran
vulneradas sus garantías fundamentales.
31. El hecho de que el abogado Gómez Torres hubiera actuado como apoderado
del señor Luis Felipe Colmenares Russo, no lo habilita para promover la acción de
tutela en su nombre con posterioridad a su fallecimiento. De manera que, si la
intención del profesional era actuar en nombre de una persona fallecida, debe
11 La Sala consultó el número de cédula del señor Luis Felipe Colmenares Russo en la página oficial de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y registra que el documento: «se encuentra en el archivo nacional de
identificación con estado Cancelada por Muerte».
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tenerse en cuenta que el deceso comporta la desaparición legal del titular de los
derechos cuya salvaguarda se pretendía con la solicitud de amparo.
32. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha indicado que la acción de tutela
pierde su objeto cuando el fallece el titular de las garantías invocadas,
especialmente cuando se trata de derechos personalísimos cuya protección se
encontraba ligada directamente a su existencia física. En este sentido ha
señalado12:
A lo anterior se agrega que, como ya se observó, la finalidad que persigue la acción
de tutela es la de restablecer los derechos constitucionales conculcados, recuperando
para su titular el goce efectivo o, así mismo, evitando se produzca su vulneración
cuando se trata de una amenaza, cuya existencia física le permitirá al sujeto
destinatario de las medidas de tutela, la protección de los consiguientes derechos
solicitados. Así pues, el fallecimiento de la persona hace improcedente el amparo de
los derechos por la vía tutelar, en relación con los derechos fundamentales que por
su naturaleza son esenciales e inherentes a su condición humana.
33. En ese mismo sentido, cabe resaltar que la Corte Constitucional13 ha precisado
que los derechos fundamentales, en relación con las personas naturales, tienen
carácter personal y se encuentran ligados a su condición de sujetos de derecho,
razón por la cual su titularidad corresponde en principio, al individuo como ser
humano.
34. En consecuencia, el abogado Edgardo Antonio Gómez Torres no está
habilitado para representar a una persona fallecida, pues la legitimación en la causa
por activa radica exclusivamente en sus sucesores procesales.
35. A partir de lo anterior, se infiere que el apoderado que suscribe el escrito de
tutela no se encuentra facultado para promover el mecanismo constitucional en
contra de la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico y, por lo
tanto, no tiene legitimación para actuar en tal condición, motivo por el cual no resulta
procedente efectuar un estudio de fondo de los reproches expuestos en el escrito
de tutela.
4. Conclusión
36. Por lo expuesto, la Sala considera que la solicitud de amparo resulta
improcedente por la falta de legitimación en la causa por activa del señor Edgardo
Antonio Gómez Torres para reclamar el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva
que consideró vulnerados por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del
Atlántico.
12 Sentencia T-249 de 1998
13 Sentencia T-550 de 1995.
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Accionante: Edgardo Antonio Gómez Torres, actuando en nombre de Luis Felipe Colmenares
Russo
Accionado: Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Atlántico
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Edgardo
Antonio Gómez Torres en contra de la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo del Atlántico, por los motivos expuestos en esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Ordenar a la Secretaría General desglosar el memorial presentado por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla y remitirlo
al expediente de tutela con radicado núm. 08001-23-33-000-2025-00358-00 a cargo
del Tribunal Administrativo del Atlántico, de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace.
8
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