Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02095-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02095-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02095-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02095-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: LUZ DARY SÁNCHEZ LEAL
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO
GENERAL DE LA INMEDIATEZ FRENTE A LA SENTENCIA CUESTIONADA.
RESPECTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS EL ACTOR CUENTA
CON OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, DIGNIDAD HUMANA,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA E IGUALDAD.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
La señora LUZ DARY SÁNCHEZ LEAL, en ejercicio de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
dignidad humana, al acceso a la administración de justicia, a la
1
En adelante Tribunal.
2
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Actora: LUZ DARY SÁNCHEZ LEAL
igualdad y a los principios de legalidad y seguridad jurídica, los cuales
estima vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido la
providencia de 21 de mayo de 2020 dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2017-00177-01.
I.2. Hechos
Manifestó que laboró en el INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) y que mediante
Resolución núm. 42192 de 17 de noviembre de 2011, el extinto
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (ISS), le reconoció la
pensión de vejez teniendo en cuenta el régimen especial aplicable
para el personal del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y
carcelaria nacional (CCVPCN) al cual perteneció.
Sostuvo que dicha liquidación se realizó de manera abusiva. Además,
mediante Resolución núm. GNR 353681 de 31 de diciembre de 2013,
la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
(COLPENSIONES)2 resolvió estarse a lo resuelto en la Resolución
núm. 42192 de 17 de noviembre de 2011, razón por la que presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el
2
En adelante Colpensiones.
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JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE VILLAVICENCIO3 que, en sentencia de 17 de mayo de 2018,
accedió parcialmente a las pretensiones incoadas.
Indicó que inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de
apelación que correspondió al TRIBUNAL que, en providencia de 21
de mayo de 2020, revocó la decisión inicial y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.
Advirtió que, posteriormente, solicitó a COLPENSIONES la
reliquidación de su pensión de vejez, no obstante, mediante las
resoluciones SUB-252819 de 5 de agosto, SUB-394896 de 12 de
diciembre y DPE-21770 de 23 de diciembre de 2025, esta le negó su
reclamación y rechazó los recursos interpuestos de reposición y
queja, respectivamente, situación que desconoce el cambio de
jurisprudencia del TRIBUNAL y la nueva forma de liquidación de las
pensiones para el personal CCVPCN.
I.3 Fundamentos de la solicitud
Manifestó que con la decisión judicial cuestionada se incurrió en
defecto sustantivo al haber aplicado normas que, a su juicio, no
corresponden al caso.
3
En adelante Juzgado.
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Además, sostuvo que para su situación se debe tener en cuenta lo
establecido por la Corte Constitucional en la sentencia T-012 de
20224, en la que se debatió el régimen pensional para los integrantes
del INPEC y se indicó que debían aplicarse las reglas del régimen de
transición previstas en la Ley 100 de 23 de diciembre de 19935 y el
Decreto Ley 2090 de 26 de julio de 20036, lo que, a su juicio, es
adaptable a su caso, razón por la que presentó la acción de tutela de
la referencia.
I.4. Pretensiones
La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 2. Que se respete el Status Pensional de Luz Dary Sánchez
Leal el cual data del 6/06/2010, toda vez que su ingreso a la
institución fue mucho antes de la entrada en vigencia del Dto.
2090/03, y del acto legislativo 01/05, por ende, le corresponde una
liquidación con régimen y normas especiales, no de Ley 100/93.
3. Que se ordene la Reliquidación de la Pensión de Luz Dary
Sánchez Leal a la luz de la Nueva Jurisprudencia de la Corte
Constitucional Sentencia T-012/2022 y de la Sala Plena del
Tribunal Administrativo del Meta, al configurase un Defecto
Material Sustantivo, por desconocimiento de los Principios
Generales del Derecho, el Ordenamiento Jurídico, lo ordenado por
la Propia Constitución en el inciso 7 y Parágrafo 5 del Art. 48, por
Primacía de la Constitución en virtud del Art. 4 y por
4
Corte Constitucional, sentencia de tutela de 21 de enero de 2022, C.P. Alberto Rojas Ríos, sentencia
T-012.
5
"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".
6
"Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades".
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desconocimiento del Precedente Constitucional de la Sentencia T-
012/22 de la Corte Constitucional y la Sala Plena del
Tribunal Administrativo del Meta Radicados 50 001 33 33
005 2021- 00015 01 del 30/11/2023 y 50 001 33 33 007
2018– 00277 01 del 28/09/2023, al prevalecer el principio de
favorabilidad y no haber cosa juzgada de cara al derecho
irrenunciable a la seguridad social y por la sistemática violación de
derecho fundamentales.
4. Que se declare la Nulidad por defecto sustantivo o material de
los Actos Administrativos SUB 252819 del 05AGO2025(que negó la
reliquidación), SUB394896 del 12 DIC 2025, (que negó la
reliquidación), DPE 21770 del 23 DIC 2025 (que rechazó los
recursos), todas de COLPENSIONES, especialmente en lo que tiene
que ver con la forma de liquidación de la Pensión, por falsa
motivación al ser contrarias a Derecho, por desconocer los
Principios Generales del Derecho en especial los estudiados en la
Sentencia T-012/22 de la Corte Constitucional, los Derechos
Fundamentales y los DDHH, por la inobservancia del Orden Jurídico
y del inciso 7 y del Parág. 5 del Art. 48 de la Constitución Política
de Colombia, la cual es Norma de Normas y prevalece sobre
cualquier norma o tipo de norma jurídica en virtud del Art. 4
ibídem, en consecuencia,
5. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Meta revocar el fallo
de fecha 21/05/2021 Radicado 50 001 33330032017–0017701 en
los mismos términos y en la misma forma, por ser casos idénticos
en fondo, forma y materia, al caso estudiado por la Corte
Constitucional en Sentencia T-012/22 de la Sra. Cristina, al
estar en las mismas condiciones de derecho y situación
laboral e idéntica problemática pensional y de liquidación y
se conceda la reliquidación a Luz Dary Sánchez Leal, conforme a
derecho con todos los factores salariales de que trata el Art. 45 del
Dto. 1045/78 inclusive.
6. Que se Ordene a COLPENSIONES reliquidar la pensión de vejez
de Luz Dary Sánchez Leal en derecho es decir con el 75% sobre el
promedio de lo cotizado (o sobre lo cual debió cotizar el INPEC) en
el último año de servicio, esto es del 1 de julio de 2011 al 31 de
junio de 2012, los cuales son: sueldo, subsidio de alimentación,
subsidio de transporte y doceavas partes de la bonificación por
servicios, la prima de servicio, la prima de navidad y la prima de
vacaciones, se incluirá igualmente, el sobresueldo, la prima de
riesgo y la prima de coordinación, prima de clima, viáticos, es decir
con todos los factores del Art. 45 del Dto. 1045/78.
7. Que se ordene a COLPENSIONES la reliquidación, el pago y la
cancelación del correspondiente retroactivo, con ocasión a la nueva
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reliquidación, nivelación o reajuste de la mesada pensional, por el
tiempo de causación de la misma
8. Que ordene a la COLPENSIONES hacer el correspondiente
recobro al INPEC por no haber hecho las cotizaciones
correspondientes a la pensión, una vez entró en vigencia el Acto
Legislativo 01/05, para todos aquello funcionarios que ingresaron
antes de la entrada en vigencia del Dto. 2090/03 y por continuar
cotizando a un mismo fondo común y no hacer la separación
correspondiente para los funcionarios de régimen especial, que se
le cobre este bono pensional pues esta era una responsabilidad del
Empleador INPEC no de Luz Dary Sánchez Leal, al menos por el
año 2011 y 2012 último año de servicio […]”. (Destacado pertenece
al texto) […]”. (Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que la presente acción constitucional
debe rechazarse en atención a que no cumple con el requisito general
de la inmediatez, ya que la sentencia controvertida fue notificada el
9 de junio de 2020, mientras que el mecanismo constitucional fue
instaurado el 13 de marzo de 2026, esto es, 5 años después.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El INPEC alegó no haber vulnerado ni amenazado los
derechos fundamentales alegados por la actora, además que su
objeto es ejercer vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las
personas privadas de la libertad, por lo que solicita ser desvinculado
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de la presente acción constitucional por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
I.6.2.- El JUZGADO se limitó a enviar el expediente contentivo del
medio de control objeto de estudio digitalizado, sin realizar
pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.
I.6.3.- COLPENSIONES pese a ser notificada en debida forma,
guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestión previa
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La Sala advierte que el INPEC solicitó ser desvinculado de la acción
constitucional de la referencia, por falta de legitimación en la causa
por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
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por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que el INPEC fungió como parte demandada dentro del
medio de control objeto del presente estudio, la Sala concluye que,
como tercero, le asiste interés directo en la decisión de la acción
constitucional de la referencia, razón por la que se denegará la
solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora : Nery Germania Álvarez
Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto
que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
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debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
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texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que
se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
dignidad humana, al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a los principios de legalidad y seguridad jurídica y, en
consecuencia, se deje sin efecto la providencia de 21 de mayo de
2020, proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2017-00177-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, habida cuenta que, a su juicio, incurrió en
defecto sustantivo al haber aplicado normas que, a su juicio, no
corresponden al caso, y también desconoció el precedente
jurisprudencial establecido en la sentencia T-012 de 20227, proferida
por la Corte Constitucional, en la que se debatió el régimen pensional
para los integrantes del INPEC e indicó que debían aplicarse las
reglas del régimen de transición previstas en el Decreto Ley 2090 de
2003 y la Ley 100 de 1993.
7
Corte Constitucional, sentencia de tutela de 21 de enero de 2022, C.P. Alberto Rojas Ríos, sentencia
T-012.
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Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la inmediatez.
Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
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mecanismo […]”8.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción
constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a
que exige un examen más riguroso en aras de preservar los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el
interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente
afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 9:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
8
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
9
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
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agencia de los derechos […]”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo10:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados. […]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo. […]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable. […]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.
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sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición
de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe
tener en cuenta los siguientes eventos:
(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso
fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor
para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de
un hecho nuevo e inesperado, entre otras11;
(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado12;
(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión13;
(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales14;
(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad
11
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
13
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
14
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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manifiesta15.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las
constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la
controversia allegado como prueba en medio magnético, la
providencia de 21 de mayo de 202016, aquí cuestionada, fue
notificada personalmente mediante correo electrónico el 9 de junio
de ese año, por lo que en aplicación de los artículos 203 y 205 de la
Ley 1437 de 18 de enero de 201117, se entiende debidamente
notificada el 11 de ese mes y anualidad.
Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la
referencia se presentó el 13 de marzo de 202618, esto es,
transcurrido más de 5 años y 7 meses, superando así los 6
meses que han sido estimados por la jurisprudencia como término
razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de la
providencia de 21 de mayo de 2020, aquí cuestionada.
En este punto, se resalta que la Sala Plena de lo Contencioso
15
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
16
Obrante en el folio 30 a 42 del expediente digitalizado.
17
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
18
Fecha en la que fue remitida por competencia por el Tribunal Administrativo del Meta obrante en el
índice 2 de Samai.
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Administrativo de esta Corporación, en la precitada sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, estableció como razonable el
término de 6 meses, sin perjuicio de que el mismo pueda variar ante
circunstancias especiales, como ocurre, entre otras, cuando se
trata de prestaciones periódicas, en aras de proteger los
derechos al “mínimo vital, la dignidad, la salud y la vida de
sujetos de especial protección constitucional”. En el mismo
sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, entre otras, en
sentencia T-374 de 18 de mayo de 201219, al referirse a la
inaplicación del requisito de inmediatez cuando se trata de
prestaciones periódicas de carácter vitalicio, así:
“[…] La jurisprudencia constitucional también ha dado un alcance
específico al requisito de inmediatez en la interposición de la
acción de tutela en este tipo de casos. Si bien a lo largo de sus
pronunciamientos la Corte Constitucional ha exigido, como regla
general, que entre el hecho que supuestamente da lugar a la
violación o amenaza de derechos fundamentales y la
interposición de la acción de tutela medie un término razonable,
el contenido mismo del requisito de inmediatez varía
cuando se trata de una prestación periódica que, como las
mesadas pensionales, se vincula directamente al ejercicio
de los derechos fundamentales al mínimo vital, la
dignidad, la salud y la vida de sujetos de especial
protección constitucional. En suma, dado el carácter
periódico y la particular importancia de las mesadas
pensionales para el ejercicio de los derechos más básicos
de los pensionados, la Corte ha considerado que la
actualización continua de los perjuicios presentes y
sustantivos derivados de la falta de indexación de la
mesada resta relevancia al requisito de inmediatez en la
presentación de la tutela. En otras palabras, como la
afectación de los derechos fundamentales por la pérdida de poder
19
Corte Constitucional, Sentencia T–315 de 1o. de abril de 2005, M.P. Ponente Jaime Córdoba
Triviño
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adquisitivo de las pensiones se renueva mes a mes y día a día,
en forma presente, las personas afectadas en su mínimo vital por
esta situación pueden recurrir a la acción de tutela, cumpliendo
eso sí con unas reglas que hacen admisible el que se haya
prolongado en el tiempo la presentación de la acción [...]”
(Resaltado fuera de texto).
Cabe precisar que con fundamento en la mencionada sentencia de
la Corte Constitucional y la jurisprudencia de esta Sección,
relacionada con acciones de tutelas promovidas contra providencias
judiciales en las que se controvirtieron asuntos sobre prestaciones
periódicas, como ocurre en el caso sub lite, la Sala concluyó que “[…]
siempre que se trate de una acción de tutela contra
providencia judicial que verse sobre prestaciones periódicas,
se realizará el análisis del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad, incluido el de inmediatez, el cual
deberá efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre
que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que
sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea
muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que
el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta20
[…]”.
En lo que respecta al primer requisito mencionado en precedencia,
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo
de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 11001-03- 15-000-2013-02423-01.
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esto es, que se trate de una prestación periódica y, de contera, una
vulneración continua y actual, en sentencia de 30 de julio de 2015 8,
la Sala señaló:
“[…] La Sección Segunda de esta Corporación se ha pronunciado
de manera reiterada y uniforme con relación a qué debe
entenderse por prestaciones periódicas.
Así, en proveído de 1° de octubre de 20149, la Sección Segunda
del Consejo de Estado, consideró lo siguiente:
“No es de recibo la tesis planteada por el recurrente, según la
cual el tema que aquí se discute corresponde a la reclamación de
prestaciones periódicas, ya que tal calidad se predica tan sólo del
derecho a la pensión de jubilación de las personas de la tercera
edad como claramente lo tiene sentado esta Corporación en su
jurisprudencia, como a continuación se precisa en uno de sus
apartes10:
“Si la interpretación sobre lo que debe entenderse por
prestación periódica fuera el significado lingüístico de las
palabras, sería elemental que el actor tendría razón.
No obstante, tal método, cuando la ley se encarga de poner
ejemplos sobre los cuales son las prestaciones periódicas, no es
eficaz y debe atenderse a la orientación que brinda aquella. En
efecto, el artículo 131,6 letra b) del CCA, se refiere a las
pensiones de jubilación y de invalidez como prestaciones
periódicas, referencia que debe observase para los efectos del
inciso 3º del artículo 136 ibídem, pues la norma en últimas lo que
da a entender es que tratándose de derechos que existen durante
la vida del titular y después respecto de los beneficiarios
llamados a sustituirse también en forma vitalicia (cónyuge,
compañera o hijo inválidos), es lógico, justificable y razonable
que en cualquier tiempo pueda discutirse tales prestaciones,
para diferenciarlas de los demás derechos laborales que no son
vitalicios y por consiguiente la definición de las controversias
sobre los mismos, debe hacerse en los términos de la caducidad
establecida para ellos, vale decir, a meses.
[…]
Visto lo anterior, resulta claro para la Sala que las prestaciones
periódicas son aquellos emolumentos que se reciben de manera
vitalicia e indefinida y que son susceptibles de ser sustituidos a
sus beneficiarios (cónyuge, hijos, hermanos, etc.). Asimismo,
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se consideran como tales, aquellos valores devengados de
manera constante, en virtud de un vínculo laboral vigente,
de tal manera, que si éste se termina, desaparece la
calidad de periodicidad de dichos reconocimientos […]”
(Resaltado fuera del texto).
Frente a lo anterior, para la Sala es importante resaltar que en el
presente caso se trata de una prestación periódica, pues, como
quedó visto en párrafos anteriores, la actora pretende que a través
del medio de protección constitucional se deje sin efecto la
providencia de 21 de mayo de 2020 y, en consecuencia, se ordene a
COLPENSIONES la reliquidación de su pensión de vejez.
En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad
manifiesta, conviene traer a colación las precisiones hechas por esta
Sección en sentencia de 28 de mayo de 201521, a través de la cual
unificó su jurisprudencia frente a la aplicación de los criterios que
deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de la inmediatez
en estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a
la “condición de debilidad manifiesta”, en la que señaló:
“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia
transcrita, se estableció “el criterio que, en adelante observará
la Sala para analizar la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias que traten de prestaciones periódicas”; en
casos como el presente, en que se controvierte una sentencia
relacionada con la reliquidación de una prestación periódica, se
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo
de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número: 11001- 03-15-000-2015-00001-01.
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ha acudido al citado lineamiento Jurisprudencial de
manera invariable, para determinar si el hecho de haber
superado el plazo prudencial para interponer la acción de tutela
merece ser tratado en forma especial, esto es, a la luz de los
criterios de ”que i) se demuestre que la vulneración de los
derechos permanece en el tiempo, esto es, que es continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela; y que ii) el actor se
encuentre en un condición de debilidad manifiesta.”
Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones
periódicas en las modalidades de pensión o asignación de
retiro, la aplicación de dichos criterios frente al requisito de la
inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a soluciones
divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el
pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad
que le permite enervar dicho requisito de procedibilidad, pero
también ha entendido que en ocasiones se requieren elementos
adicionales a tal condición para proceder al estudio de fondo […]
Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en
esta oportunidad la Sala, con el propósito de unificar su
Jurisprudencia, determinará como lineamiento único y preciso,
en cuanto a la exigencia o no del requisito de inmediatez de la
tutela contra providencias judiciales, cuando el solicitante del
amparo constitucional es un pensionado o persona que goza
de Asignación de Retiro, que tal condición no es per se
circunstancia que permita enervar el citado requisito, habida
cuenta de que es necesario que confluyan elementos adicionales
que permitan concluir que el actor se encuentra en “la especial
situación” que “convierte en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha
señalado la Corte Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y
esta Sala en el Expediente núm. 2013-02423-01, Consejero
Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.
Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas
circunstancias que pueden tenerse en cuenta para determinar si
el actor está o no en una ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique
su inactividad en el tiempo frente a la defensa de sus derechos,
dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas
constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello, esta Sala
introdujo dentro de dicha lista al pensionado, por tratarse de
un sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la
Jurisprudencia Constitucional.
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Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección
incluye, además de los pensionados, a otros grupos de personas,
tales como: indígenas, padres y madres cabeza de familia, mujer
embarazada, menores de edad, minusválidos, ancianos,
defensores de derechos humanos, enfermos graves,
desplazados, entre otros; sin que sea aceptable concluir que en
todos los casos, éstos resulten eximidos de cumplir el requisito
de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan a la tutela para
obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el
solo hecho de ser denominados sujetos de especial protección
[…]”.
Al respecto, se advierte que la actora no demostró, ni siquiera con
prueba sumaria, que se encontrara en un estado de debilidad
manifiesta que justificara la tardanza en la presentación de la
acción de tutela contra la providencia que presuntamente vulneró
sus derechos fundamentales invocados.
Asimismo, en la sentencia SU-354 de 201722, la Corte Constitucional,
además de reiterar la importancia del requisito de inmediatez en la
acción de tutela contra providencia judicial, para resolver el caso
concreto exceptuó el término de los seis meses establecido por regla
general como tiempo razonable, dadas las particularidades
especiales del asunto que allí se estudiaba en el que existió un hecho
relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la
solicitud de amparo. Empero, tal situación no se observa en el
presente caso.
22
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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Ahora bien, la parte actora manifiesta que la extemporaneidad en la
instauración de la acción constitucional se origina en la expedición de
la Sentencia T-012 de 202223, proferida por la Corte Constitucional,
en la que se resolvió un asunto que, a su juicio, resulta análogo y
aplicable a sus pretensiones, por lo que sostiene que la tardanza se
encuentra justificada en la adopción de un nuevo criterio
jurisprudencial en relación con la liquidación de las pensiones de los
funcionarios pertenecientes al INPEC, cuyo sentido decisivo le era
favorable.
No obstante lo anterior, la Sala no encuentra justificación alguna a la
inactividad o tardanza en la presentación de la solicitud de amparo,
toda vez que en tratándose de las acciones de tutela contra
providencias judiciales, el término con el que cuenta el interesado
para promover la solicitud de amparo se determina por la fecha en
la que se surte debidamente la notificación de la decisión
cuestionada, sin que para tal efecto, resulte admisible invocar la
expedición de decisiones judiciales posteriores como fundamento
para acudir de manera tardía al juez de tutela.
23
Corte Constitucional, sentencia de tutela de 21 de enero de 2022, C.P. Alberto Rojas Ríos,
sentencia T-012.
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Además, es de resaltar que el pronunciamiento de la alta Corte se
produjo con posterioridad en una sentencia de tutela con efectos
inter partes en el 2022, así como las que trae a colación el actor del
mismo TRIBUNAL dictadas en el 2023, lo que a todas luces no
justifica de manera alguna la demora de la actora en acudir al
presente mecanismo constitucional si lo que pretende es justificar su
tardanza con tales decisiones, pues como quedó visto, hizo uso de la
solicitud de amparo solo hasta el 13 de marzo de 2026.
Ahora, frente a la pretensión de la parte actora de que se declaren
nulas las Resoluciones SUB-252819 de 5 de agosto, SUB-394896 de
12 de diciembre y DPE-21770 de 23 de diciembre de 2025, expedidas
por COLPENSIONES, a través de las cuales, entre otras, negó la
reliquidación de su pensión de vejez, se advierte que la solicitud de
reliquidación fue formulada con posterioridad, tratándose en
consecuencia de una nueva petición, respecto de la cual no resulta
procedente emitir pronunciamiento de fondo por la existencia de otro
medio de defensa judicial, toda vez que la legalidad de dichos actos
administrativos puede ser discutida a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Bajo ese entendido la Sala encuentra que las demás pretensiones
dirigidas a COLPENSIONES también carecen del requisito de la
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subsidiariedad, en la medida en que tales solicitudes, deben ser
ventiladas, precisamente, a través de dicho medio de control, el cual
constituye el mecanismo ordinario, idóneo y eficaz del que dispone
la parte actora para acudir ante la jurisdicción.
Sumado a ello, es del caso reiterar que la idoneidad y eficacia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se
robustece con la posibilidad que tiene el demandante de solicitar,
desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del
proceso, la adopción de medidas cautelares, entre las cuales está la
posibilidad de ordenar la suspensión de un acto, procedimiento o
actuación administrativa que se pretenda demandar.
Así las cosas, resulta evidente que la presente acción no cumple en
primer lugar, con el requisito de la inmediatez al no encontrar excusa
válida para su presentación por fuera del término establecido para la
presentación de las acciones de tutela y, en segundo lugar, porque
no se cumple con el requisito de la subsidiariedad en cuanto a las
demás pretensiones.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela por no cumplir con los requisitos generales
de inmediatez y subsidiariedad como en efecto se dispondrá en la
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parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por
falta de los requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de abril de 2026.
PABLOANDRÉSCÓRDOBAACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIAMARGOTHPEÑAGARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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