Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02109-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02109-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02109-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02109-00
Accionante: JUAN DIEGO VARGAS CASTRO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Tema: DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES JUDICIALES. Se
declara improcedente la acción de tutela frente al derecho de petición. Se
declara la carencia actual de objeto por hecho superado.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Juan Diego Vargas Castro solicitó el amparo de su derecho fundamental
de petición, cuya vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo de Bolívar, por
la omisión de dar respuesta a la solicitud de 20 de enero de 2026, presentada
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 13001-
33-33-013-2015-00080-00/02.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Informó que, en el año 2015, presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional,
en la cual solicitó la nulidad de la Resolución núm. 0069 de 2 de julio de 2014, acto
administrativo mediante el cual se le retiró de la Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla” y como restablecimiento del derecho, solicitó se ordene su
reintegro en las mismas condiciones, calidades y rango en que se encontraba al
momento del retiro.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Juan Diego Vargas Castro
2.2. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Trece
Administrativo del Circuito de Cartagena, autoridad judicial que, mediante sentencia
de 29 de junio de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda.
2.3. Adujo que la parte demandada interpuso recurso de apelación y señaló que “[…]
desde el 26 de julio de 2019, no se ha surtido ningún tipo de actuación por parte
del despacho judicial asignado para resolver la segunda instancia […]”.
2.4. Resaltó que el 18 de febrero de 2022, presentó derecho de petición, en el cual
solicitó “[…] que me fuera informado el turno asignado al proceso en el que funjo
como demandante; no obstante, el mismo no fue objeto de contestación […]”.
2.5. Advirtió que el 20 de enero de 2026, radicó nuevamente derecho de petición
“[…] ante el Despacho 04 del Tribunal Administrativo de Cartagena con ponencia
del Magistrado Edgar Alexi Vasquez Contreras, con el fin de que me indicaran cuál
era el turno asignado a mi proceso, a los siguientes correos electrónicos:
desta04bol@notificacionesrj.gov.co y admin04cgena@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Al igual que radiqué otro derecho de petición solicitando el link del expediente,
siendo este último objeto de contestación […]”.
2.6. Finalmente, destacó que “[…] Hasta la fecha de hoy no he recibido respuesta
del derecho de petición aludido, con el fin de que me indicaran el turno asignado al
proceso […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental de petición.
SEGUNDO: Ordenar al DESPACHO 04 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CARTAGENA que responda de fondo la petición, que no ha sido resuelta
[…]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 20 de marzo de 2026, el magistrado a cargo de la sustanciación
admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de terceros con interés
directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Armada Nacional y al Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Cartagena.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a las vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:
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Accionante: Juan Diego Vargas Castro
5.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar informó que mediante correo electrónico
de 25 de marzo de 2026 dio respuesta a la solicitud presentada por el accionante,
motivo por el cual solicitó se declare la carencia actual de objeto por hecho
superado.
5.2. El Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Cartagena señaló que no
ha vulnerado ni amenazado derecho fundamental alguno del hoy accionante, y
tampoco tiene injerencia alguna en las pretensiones que el mencionado señor
promueve a través de la acción constitucional de la referencia, ya que persigue se
le brinde respuesta a una petición formulada ante el Despacho 04 del Tribunal
Administrativo de Bolívar en el curso del trámite del recurso de apelación contra la
sentencia proferida por este Juzgado el 29 de junio de 2018.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y del Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VI.2. Problema jurídico
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:
a) La procedencia del ejercicio del derecho de petición ante autoridades
judiciales.
b) Si en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
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Accionante: Juan Diego Vargas Castro
VI.3. Caso concreto
8. El señor Juan Diego Vargas Castro solicitó el amparo de su derecho fundamental
de petición, cuya vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo de Bolívar, por
la omisión de dar respuesta a la solicitud de 20 de enero de 2026, presentada
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 13001-
33-33-013-2015-00080-00/02.
9. Antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente hacer algunas
precisiones respecto del derecho de petición ejercido ante autoridades judiciales.
VI.3.1 Del ejercicio del derecho de petición ante autoridades judiciales
10. EstaSala de Decisión ha sostenido en su jurisprudencia que el ejercicio del
derecho de petición no es procedente cuando se pretende obtener pronunciamientos
por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó
los trámites para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador constitucional se
encuentra en la obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue
cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el
segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
11. Al respecto, la Sala en sentencia de 17 de julio de 20087, precisó lo siguiente:
“[…] En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el
criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio
del derecho de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de
un proceso, por cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos
pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes
en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por
fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la administración de justicia,
pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la
de la actora en detrimento de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC-2005-
00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María
Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso
judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales
en el curso de un proceso, la Corte Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato
judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones
jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida
a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir
7 Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02109-00
Accionante: Juan Diego Vargas Castro
transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia;
pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces
pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de
otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las
normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso
Administrativo. Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones
judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las
actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos
relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del
proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos
que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el
juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como
tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los
procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los
cauces procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del
accionante en detrimento de la actividad judicial […]”. (Negrilla fuera del texto)
12. En el caso objeto de estudio, se observa que el 20 de enero de 2026 el
accionante radicó una solicitud de información dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho 13001-33-33-013-2015-00080-00/02. En la
referida petición la parte actora solicitó a la autoridad judicial lo siguiente: “[…] en
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 constitucional y
reglamentado por la Ley 1755 de 2015 bajo la modalidad de petición de
información, me permito solicitar me sea informado el turno que fue asignado para
la resolución de la correspondiente demanda […]”.
13. Como se observa, la solicitud se presentó dentro de un proceso judicial y busca
que la autoridad judicial informe sobre el turno en el que se encuentra su proceso
para que sea resuelto, lo que implica que la autoridad judicial accionada se debe
pronunciar respecto de un proceso que se encuentra bajo su estudio.
14. Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado
respecto al derecho de petición alegado por el actor, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
15. Ahora bien, frente al hecho vulnerador que alegó la parte accionante, la Sala
determinará si se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado,
teniendo en cuenta el informe allegado por la autoridad judicial accionada.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02109-00
Accionante: Juan Diego Vargas Castro
VI.3.2 De la carencia actual de objeto por hecho superado en el sub examine
16. La Corte Constitucional, en sentencia T-054 de 14 de febrero de 20208, sostuvo
que “[…] la carencia actual de objeto por hecho superado tiene lugar cuando, entre
la interposición de la acción de tutela y la decisión del juez constitucional9,
desaparece la afectación al derecho fundamental alegada y se satisfacen las
pretensiones del accionante10, debido a “una conducta desplegada por el agente
transgresor […]”11.
17. Lo anterior es en razón a que el fin último de la acción de tutela, conforme con el
artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto 2591 de 1991 y la
doctrina constitucional, es lograr la protección efectiva y cierta de los derechos
fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad
pública o privada en los casos exceptuados por la ley. Sin embargo, en el evento
que la situación que origina la violación o amenaza sea superada la tutela pierde
su eficacia y razón de ser12.
18. En ese sentido, cuando se encuentra demostrada tal situación, el juez de tutela
no está obligado a pronunciarse de fondo13, sino que en esos casos le corresponde
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que de realizar
lo contrario sus decisiones y/u órdenes carecerían de sentido, ante “[…] la
superación de los hechos que dieron lugar al recurso de amparo o ante la
satisfacción de las pretensiones del actor […]”14.
19. En el presente proceso el accionante indicó que el Tribunal Administrativo de
Bolívar omitió dar respuesta a la solicitud de 20 de enero de 2026, mediante la cual
solicitó:
“[…] En ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23
constitucional y reglamentado por la Ley 1755 de 2015 bajo la modalidad de
petición de información, me permito solicitar me sea informado el turno que fue
asignado para la resolución de la correspondiente demanda, esto, teniendo en
cuenta que una vez verificada la página web, destinada por
8 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia T-054 de 14 de febrero de 2020, Magistrado
Ponente: Carlos Bernal Pulido.
9 Corte Constitucional, sentencias T-238 de 2017 y T-047 de 2016. Asimismo, ver, Corte Constitucional,
Sentencia T-358 de 2014.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-540 de 2007: “el hecho superado se presenta cuando, por la acción u
omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera
que ‘carece’ de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión
hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto
de la satisfacción de lo pedido en la tutela”.
11 Corte Constitucional, sentencias T-238 de 2017 y T-011 de 2016.
12 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de unificación 771 de 16 de octubre de 2014, Magistrada
Ponente: Martha Victoria Sáchica Méndez.
13 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-011 de 22 de enero de 2016, Magistrado
Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
14 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de unificación 771 de 16 de octubre de 2014, Magistrada
Ponente: Martha Victoria Sáchica Méndez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02109-00
Accionante: Juan Diego Vargas Castro
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacionla
Rama Judicial […]”
20. Al respecto, el Tribunal Administrativo de Bolívar solicitó declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado, toda vez que mediante correo electrónico de
25 de marzo de 2026 dio respuesta a la solicitud del accionante.
21. Para tal efecto, el Tribunal allegó la respuesta brindada el 25 de marzo de 2026,
en los siguientes términos:
“[…] Buenas tardes.
En atención a las instrucciones impartidas por el Dr. Edgar Alexi Vásquez
Contreras, Magistrado conductor del Despacho, me permito informarle que el
expediente radicado con el No. 13001333301320150008002 ingresó al
Despacho para dictar sentencia 9 de septiembre de 2019 y actualmente se
encuentra en el turno No. 17 de los procesos que están pendientes de decisión
de fondo.
El artículo 63A de la Ley 270 de 1996 modificado por el artículo 26 de la ley
2430 de 2024, establece el orden y la prelación de turnos. Así mismo, el artículo
18 de la Ley 446 de 1998, establece que es obligatorio para los Jueces dictar
las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los
expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo
en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los
procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos
o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia
jurídica y trascendencia social.
Luego, el orden de turno para fallo está legalmente establecido en las normas
mencionadas, y dicho orden solo puede modificarse o alterarse cuando se
encuentren configurados los supuestos allí previstos […]”.
22. Así las cosas, la Sala considera que las circunstancias que motivaron la
interposición de esta acción de tutela han desaparecido, en razón que la autoridad
judicial accionada dio respuesta a la solicitud de 20 de enero de 2026, efectuada por
el accionante.
23. En ese orden de ideas, de acuerdo con la Corte Constitucional, en este caso se
configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que el presunto
hecho generador de la vulneración desapareció, tal como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02109-00
Accionante: Juan Diego Vargas Castro
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado frente al derecho
fundamental de petición, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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