Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02113-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02113-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02113-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02113-00
Accionante: CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ OSORIO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
Incrementos salariales por escalafón docente1.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sección es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora contra la sentencia del 25 de septiembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda. Ello, de conformidad con lo
dispuesto en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el 333 de
2021 y 799 de 2025, así como en el Acuerdo 080 de 20192 de la Sala Plena de la
corporación.
Por auto del 18 de marzo de 20263, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Claudia Patricia González Osorio, por medio de apoderada judicial,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, con el fin
1 Sobre la falta de relevancia constitucional de tutelas promovidas contra providencias que estudiaron
la diferencia en incrementos salariales por escalafón docente, resulta pertinente consultar, entre
otras, las siguientes decisiones del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia del 5 de febrero de 2026, expediente 11001-03-15-000-2025-08112-00,
MP. Omar Joaquín Barreto Suárez. Sentencia del 5 de febrero de 2026, expediente 11001-03-15-
000-2026-00052-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 29 de enero de 2026, expediente
11001-03-15-000-2025-08105-00, MP. Pedro Pablo Vangas Gil. Sentencia del 11 de diciembre de
2025, expediente 11001-03-15-000-2025-07173-00, MP. Gloria María Gómez Montoya.
2 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
3 Índice 5 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al Tribunal
Administrativo de Risaralda. Asimismo, se dispuso la vinculación del Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Pereira, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional; al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público; al Departamento Administrativo de la Función Pública; al municipio de
Dosquebradas; a la Fiduprevisora S.A., y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
1
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de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia y el principio de favorabilidad.
2. La accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías fundamentales a la
sentencia de 25 de septiembre de 2025, proferida por la autoridad judicial accionada
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el
radicado 66001-33-33-004-2024-00241-02. En dicha providencia, el Tribunal
Administrativo de Risaralda confirmó la decisión del Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Pereira del 7 de marzo del mismo año, que negó las
pretensiones de la demanda.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la sentencia
proferida el día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, en el expediente radicado bajo número
66001333300420240024100, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) CLAUDIA
PATRICIA GONZALEZ OSORIO, por considerar que las razones de la decisión no
se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo
aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular
del (la) docente CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ OSORIO a la luz de los
argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados
en el debate jurídico. [Énfasis del texto y sic a toda la transcripción].
1.2. Hechos
4. La señora González Osorio es docente oficial y se encuentra vinculada al
escalafón regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002, específicamente en la
categoría 2CE. Durante varios años, el Gobierno Nacional fijó incrementos
salariales iguales para los docentes de este escalafón; sin embargo, en el año 2009
se establecieron aumentos desiguales entre categorías, sin explicar de manera
clara y suficiente las razones técnicas, jurídicas o fácticas que justificaran dicha
diferencia.
5. Esta situación afectó directamente a la docente, pues en el año 2009 a los
docentes de una categoría inferior (2AE) se les otorgó un incremento salarial
significativamente mayor (15,61%), mientras que a quienes se encontraban en una
condición superior (2CE) solo se les aplicó un aumento del 0,75%, sin que existiera
una justificación razonable para ese trato desfavorable.
6. Ante esta desigualdad, la docente presentó reclamación administrativa en el
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Municipio de
Dosquebradas, solicitando el reconocimiento y pago de las diferencias salariales
causadas por el incremento salarial inequitativo. No obstante, ambas entidades
negaron su solicitud mediante actos administrativos expedidos en marzo de 2024.
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7. Posteriormente, la accionante acudió a la jurisdicción contencioso-
administrativa, pero tanto el juzgado de primera instancia como el Tribunal
Administrativo de Risaralda negaron sus pretensiones, al considerar que no se
vulneró el derecho a la igualdad.
1.3. Sustento de la vulneración
8. La accionante adujo que la sentencia de 25 de septiembre de 2025, dictada
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, afectó sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y el principio
de favorabilidad.
9. La tutelante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en
un defecto sustantivo, al validar como legal un incremento salarial que favoreció a
docentes ubicados en un nivel inferior del escalafón (2AE) frente a quienes, como
ella, se encontraban en un nivel superior (2CE), pese a contar con mayor formación
académica, experiencia y evaluaciones superadas.
10. Según la tutela, el Tribunal omitió aplicar correctamente las normas que
regulan el régimen salarial docente, las cuales establecen que la remuneración debe
ser proporcional al grado, nivel y mérito acreditado, y aceptó una interpretación
contraria a los principios de igualdad, mérito y razonabilidad, sin una justificación
normativa clara que explicara por qué un docente con mayores requisitos recibió un
menor incremento salarial.
11. La tutela afirmó que la sentencia incurrió en un defecto fáctico, debido a que
el Tribunal no valoró de manera adecuada las pruebas aportadas al proceso, las
cuales demostraban la existencia de incrementos salariales desproporcionados
durante el año 2009. En particular, se reprocha que no se exigiera a las entidades
demandadas acreditar, con soporte técnico o probatorio, las razones objetivas que
justificaran otorgar un aumento significativamente mayor a docentes de menor
escalafón. Para la accionante, la autoridad judicial cuestionada dio por probadas
justificaciones que no obraban en el expediente y omitió examinar elementos
probatorios determinantes que evidenciaban la afectación real al principio de
igualdad salarial.
12. La docente también alegó que la decisión judicial carece de una motivación
clara, suficiente y coherente, pues el Tribunal se limitó a reiterar los argumentos
de la primera instancia sin explicar de forma concreta por qué el trato salarial
diferenciado era constitucional y legal.
13. Además, la sentencia, según la tutela, no desarrolla un razonamiento que
permita entender cómo se compatibiliza un mayor incremento salarial a niveles
inferiores con el principio de igualdad material y con las reglas del escalafón
docente. Esta ausencia de motivación vulnera el derecho al debido proceso, en
tanto impide al ciudadano comprender las razones reales de la decisión judicial.
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14. Finalmente, la tutela expuso que el Tribunal desconoció el principio de
mérito y la progresividad en la carrera docente, pilares del Estatuto Docente. El
sistema de escalafón está diseñado para incentivar la formación, la evaluación y la
permanencia en el servicio, de modo que el ascenso y la reubicación en niveles
superiores deberían reflejarse en mejores condiciones salariales.
15. Sin embargo, al avalar incrementos que premian a niveles inferiores y
castigan a quienes han progresado en el escalafón, la sentencia rompe la lógica del
sistema y perpetúa una base salarial desfavorable para la accionante, afectando su
ingreso no solo en 2009, sino en los años posteriores.
1.4. Intervenciones
16. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público4, mediante apoderado,
contestó la tutela señalando que no es procedente usar este mecanismo para
cuestionar decisiones judiciales, porque es subsidiaria y excepcional. Explicó que la
ciudadana ya contó con los medios ordinarios de defensa dentro del proceso y que
la tutela no puede convertirse en una instancia adicional para reabrir un litigio ya
resuelto, pues ello afectaría la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada.
Además, indicó que la providencia cuestionada fue debidamente motivada y
adoptada por la autoridad judicial competente, sin que se evidencie una vulneración
directa de derechos fundamentales.
17. Asimismo, sostuvo que no se cumplen los requisitos especiales exigidos por
la jurisprudencia para que una tutela proceda contra providencias judiciales, como
la existencia de un defecto grave, evidente y determinante. Señaló que las
inconformidades de la accionante corresponden a discrepancias jurídicas sobre la
interpretación y aplicación de la ley, en particular en materia salarial, las cuales ya
fueron analizadas por el juez natural. Por ello, concluyó que no existe una
vulneración actual de derechos fundamentales que justifique el amparo
constitucional solicitado.
18. El municipio de Dosquebradas5 solicitó que la acción de tutela fuera
rechazada porque considera que no se vulneró ningún derecho fundamental de la
accionante. Señaló que durante el trámite judicial adelantado ante la jurisdicción
contenciosa administrativa se respetaron todas las etapas, términos y garantías del
debido proceso, permitiendo a la accionante presentar su demanda, aportar
pruebas, asistir a audiencias y ejercer los recursos correspondientes. La decisión
que negó sus pretensiones se adoptó de manera motivada, luego de valorarlas y
aplicar la ley, lo que hacía improcedente que el juez decidiera de fondo.
19. Igualmente, explicó que la tutela no puede usarse como una tercera instancia
para reabrir un debate ya resuelto por los jueces naturales, pues ello afectaría la
cosa juzgada y la seguridad jurídica. Indicó que no se cumplen los requisitos
excepcionales fijados por la Corte Constitucional para atacar sentencias judiciales
4 Índices 16 y 17 Samai.
5 Índice 17 Samai. A través del «SECRETARIO DE DESPACHO, CÓDIGO 020, GRADO 04 DE LA
SECRETARÍA JURÍDICA EN ENCARGO».
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mediante esta acción, ya que no hubo irregularidades graves, ni desconocimiento
del derecho de defensa o acceso a la justicia. Por estas razones, pidió que aquella
fuera declarada improcedente o, en su defecto, que se negaran las pretensiones.
20. El Departamento Administrativo de la Función Pública6 explicó que la
tutela presentada no es procedente porque pretende reabrir una decisión judicial ya
adoptada por el Tribunal Administrativo de Risaralda. Señaló que esta acción no
puede usarse como una instancia adicional para controvertir sentencias, salvo en
casos excepcionales en los que exista una violación evidente de derechos
fundamentales, lo cual no ocurre en este caso. Además, la autoridad respetó el
debido proceso y actuó dentro de su competencia, sin que se configure una «vía de
hecho» ni un error grave que justifique la intervención del juez constitucional.
21. Asimismo, indicó que no se demuestra la existencia de un perjuicio
irremediable que haga necesaria la tutela como mecanismo transitorio. La entidad
aclaró que los ajustes salariales cuestionados se adoptaron conforme a la ley, la
Constitución y la jurisprudencia constitucional, teniendo en cuenta criterios técnicos
y presupuestales, y que no existe un derecho a que todos los docentes reciban el
mismo aumento salarial. Por estas razones, solicitó que sea declarada
improcedente, al no evidenciarse vulneración de derechos fundamentales ni
actuaciones irregulares por parte de la autoridad judicial.
22. El Tribunal Administrativo de Risaralda7, se limitó a remitir el expediente
del proceso ordinario.
23. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, el
Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y la Fiduprevisora S.A. no se pronunciaron, pese a que fueron
debidamente notificados.
II. CONSIDERACIONES
24. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de
relevancia constitucional. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se
supera el referido requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial.
2.1. Caso concreto
25. El Consejo de Estado8 y la Corte Constitucional9 han condicionado la
6 Índice 18 Samai. A través del «Director Jurídico del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA».
7 Índice 13 Samai. La Secretaría General del Tribunal Administrativo de Risaralda allegó el
expediente ordinario.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de 2014, M.P. Jorge
Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-
388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
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procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento
de ciertos requisitos generales10 y a la configuración de algún defecto especial11 en
el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el
asunto y determinar si se configura el defecto invocado, la Sala determinará si se
superan los presupuestos generales de procedencia.
26. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o
más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
27. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales,
como pasa a explicarse.
28. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en que
quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
29. La señora Claudia Patricia González Osorio está legitimada en la causa por
activa, comoquiera que fue la parte demandante en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, en el que se expidió la sentencia aquí reprochada.
Del mismo modo, el Tribunal Administrativo de Risaralda también cuenta con
legitimación por pasiva, por ser la autoridad judicial que adoptó la decisión de 25 de
septiembre de 2025, que se cuestiona en esta oportunidad.
30. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la Corte
Constitucional12, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que la parte
actora cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está dispuesto
para resolver las inconformidades de la accionante frente a la decisión judicial; y,
(iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se evidencie
tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías constitucionales. Lo
anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se desnaturaliza cuando
se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el juez ordinario de la causa,
como si de una instancia adicional se tratase.
10 A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv)
inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la
Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
11 Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto
material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
12 Sentencia SU-215 de 2022.
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31. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, puesto que la parte actora
presentó argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del proceso y, con
ello, reabrir el debate normativo y probatorio zanjado por el juez natural de la causa.
32. En este sentido, la autoridad judicial tutelada sostuvo que no se vulneró el
derecho a la igualdad por el hecho de que en el año 2009 los incrementos salariales
de los docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 hayan sido diferentes
entre los grados y niveles del escalafón.
33. Señaló que la igualdad constitucional exige tratar igual a quienes están en
situaciones iguales y distinto a quienes se encuentran en condiciones diferentes, y
que los docentes de los niveles 2AE y 2CE no son del mismo plano, debido a las
diferencias en requisitos, formación y evaluaciones superadas. Para ello aplicó el
artículo 13 de la Constitución y la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional13 sobre igualdad material.
34. También sostuvo que no existe norma legal ni constitucional que obligue al
Gobierno Nacional a fijar incrementos salariales idénticos para todos los docentes,
independientemente de su grado o nivel en el escalafón. Indicó que ni la Ley 4 de
1992 ni el Decreto Ley 1278 de 2002 imponen esa obligación, pues dichos
regímenes permiten diferencias atendiendo a criterios como formación académica,
experiencia, desempeño y mérito. En consecuencia, la sola existencia de
porcentajes distintos no constituye, por sí misma, una irregularidad o causal de
nulidad.
35. Asimismo, reiteró que el Gobierno Nacional tiene competencia constitucional
y legal para fijar el régimen salarial de los empleados públicos, dentro del marco de
la Ley 4 de 1992 y del artículo 150 numeral 19 de la Constitución Política.
36. Aclaró que, conforme al artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002, la escala
salarial docente responde al grado y nivel acreditado en el escalafón y que la
diferenciación es inherente a ese sistema. También recordó que la Corte
Constitucional ha sostenido que el aumento salarial no tiene que ser
matemáticamente igual para todos los servidores públicos.
37. En relación con la excepción de inconstitucionalidad solicitada por la
demandante, el Tribunal determinó que no se demostró una contradicción evidente
entre los decretos salariales cuestionados y la Constitución, requisito indispensable
para inaplicarlos vía control difuso. Apoyó esta conclusión en el artículo 4
constitucional y en la jurisprudencia de la Corte, especialmente las sentencias C-
122 de 2011, SU-132 de 2013 y T-681 de 2016, que exigen una incompatibilidad
clara y manifiesta entre la norma inferior y aquella.
38. Finalmente, concluyó que la parte demandante no cumplió con la carga de la
13 Citó aportes de la «Corte Constitucional Sentencia C1433 de 2000».
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prueba, ya que no acreditó la existencia de una causal de nulidad ni demostró que
el trato salarial diferenciado careciera de justificación objetiva. De acuerdo con los
artículos 167 del Código General del Proceso y 1757 del Código Civil, la afirmación
de una vulneración no es suficiente sin probanzas. Por estas razones, y al no
encontrarse violación de los principios de igualdad, favorabilidad o progresividad, se
confirmó la decisión que negó las pretensiones de la demanda.
39. De lo expuesto anteriormente, esta Sección evidencia que los reproches
formulados por la parte actora, más allá de pretender demostrar los presuntos
defectos sustantivo, fáctico, carencia de motivación y desconoció el principio de
mérito y la progresividad en la carrera docente, en los que, a su juicio, incurrió el
Tribunal Administrativo de Risaralda, reflejan una mera inconformidad con la
decisión a la que llegó el juez ordinario, la cual se fundamentó en las normas que
estimó eran aplicables al caso.
40. En virtud de lo anterior, las razones presentadas por el tutelante no
corresponden a una disputa en la que se advierta a priori una verdadera cuestión
de derechos fundamentales. Esto, porque todos sus reparos dan cuenta de una
controversia en la que pretende que se imponga su criterio sobre el del tribunal
accionado.
41. En efecto, la intención del tutelante es que el juez constitucional lleve a cabo
un juicio de corrección sobre el proceder valorativo del tribunal, lo cual desnaturaliza
la finalidad para la que fue previsto este mecanismo de amparo. Lo anterior, en la
medida en la que en el escrito inicial la parte actora expuso cómo, en su criterio,
debió darse solución al problema jurídico planteado en el proceso ordinario, lo que
evidencia que lo buscado es simplemente manifestar la forma en la que, desde su
perspectiva, debió ordenarse el reajuste salarial.
42. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa.
43. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos de
raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela, toda
vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones judiciales desfavorables,
sin el contraste de una indebida e irracional tesis por parte de la autoridad, se
atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas, se convertiría
este mecanismo en una tercera instancia.
44. En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo, al no encontrar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.
2.2. Reconocimiento de personería
45. Se reconocerá personería a Juan Leonardo Álvarez Arévalo, identificado
con cédula de ciudadanía 1.049.615.111 y tarjeta profesional 213.916 del
Consejo Superior de la Judicatura como apoderado judicial del Ministerio de
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Hacienda y Crédito Público 14, conforme con el poder allegado al proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por la señora Claudia Patricia González Osorio por falta de relevancia constitucional,
por las razones indicadas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR al día siguiente el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: RECONOCER personería a Juan Leonardo Álvarez Arévalo como
apoderado judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con el
poder allegado.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
14 Índices 16 y 17 Samai.
9
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