Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02119-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02119-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02119-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02119-01
Demandante: Unión Temporal Watepichin
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Controversias
contractuales. Improcedente. Falta de relevancia constitucional.
Decisión: Confirma decisión de primera instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la Unión Temporal Watepichin contra
la Sentencia de 16 de junio de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de
tutela por falta de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 16 de marzo de 2026, la Unión Temporal Watepichin a través de
apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso la administración de justicia, a la igualdad
y a la tutela judicial efectiva. La solicitud de amparo se dirigió contra la sentencia del
17 de septiembre de 2025, proferida por dicha autoridad judicial dentro del proceso
de controversias contractuales con radicado No. 44001-23-40-000-2017-00218-
00/011.
2. A título de amparo constitucional, solicitó dejar sin efectos las providencias
y, en su lugar, proferir una decisión de reemplazo favorable a sus pretensiones.
3. Como fundamentos fácticos del escrito de tutela, se puede determinar que
el 11 de febrero de 2016 el ICBF celebró con la Unión Temporal Watepichin el
contrato de aporte No 135, cuyo objeto consistía en la atención de menores, mujeres
gestantes y madres en periodo de lactancia. Según se indica en la demanda, dicho
contrato estuvo vigente hasta el 30 de junio de 2016.
4. Durante julio de 2016 las partes adelantaron diversas actuaciones
encaminadas a prorrogar la relación contractual. Asimismo, la Unión Temporal
continuó ejecutando las actividades objeto del contrato pese a que, según el ICBF,
no existía prórroga perfeccionada. No obstante, la accionante sostiene que el
1 La sentencia de segunda instancia fue notificada a través de mensaje de datos enviado el 6 de octubre de
2025.
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Demandante: Unión Temporal Watepichin
contrato fue adicionado el 1 de junio de 2016 y que su vigencia se extendió hasta
el 31 de julio del mismo año.
5. Como consecuencia de lo anterior, la Unión Temporal solicitó al ICBF el
pago de los servicios prestados durante julio de 2016. Sin embargo, la entidad se
negó a efectuar dicho reconocimiento económico al considerar que para esa fecha
no existía un contrato vigente.
6. Por lo anterior, la Unión Temporal presentó demanda en ejercicio del medio
de control de controversias contractuales frente al ICBF, con el fin de que se
declarara la responsabilidad de la entidad por los perjuicios derivados del presunto
incumplimiento de sus obligaciones de pago respecto de la última adición del
contrato No 135 de 2016. Como consecuencia de dicha declaración, solicitó la
liquidación judicial del contrato con el fin de determinar el saldo que, según afirmaba,
estaba pendiente a su favor2.
7. Mediante Sentencia del 27 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo de la
Guajira negó las pretensiones de la demanda. Adecuó las pretensiones a un asunto
de reparación directa bajo el concepto del enriquecimiento sin causa y consideró
que no se acreditaba ninguno de los supuestos excepcionales que, de acuerdo con
la jurisprudencia del Consejo de Estado, habilitan la procedencia de la actio in rem
verso3.
8. La parte demandante presentó recurso de apelación y sostuvo que el Tribunal
debió limitarse a examinar la responsabilidad derivada del presunto incumplimiento
del contrato No 135 de 2016 respecto de los servicios prestados en julio de ese año.
En su criterio, las pretensiones formuladas corresponden a una controversia
contractual y no a un asunto propio del medio de control de reparación directa.
Asimismo, afirmó que se encontraba satisfecho el requisito de oportunidad y solicitó
la revisión integral del expediente.
9. Mediante Sentencia de 17 de septiembre de 2025, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia al
considerar que no se acreditó la existencia de un contrato vigente durante julio de
2016, pues las actuaciones adelantadas entre el ICBF y la Unión Temporal
correspondían únicamente a negociaciones preliminares que no llegaron a
perfeccionarse como contrato ni como una prórroga contractual. Destacó que las
modificaciones de los contratos estatales deben constar por escrito y que para dicho
periodo no existía un documento con esas características. Finalmente, concluyó que
la reclamación no tenía origen en una relación contractual vigente sino en una
alegada prestación de servicios sin respaldo contractual, razón por la cual cualquier
2 Rad. 44001-23-40-000-2017-00218-00/01.
3 Los presupuestos que analizó el tribunal dentro de la sentencia fueron: * Cuando la entidad pública, sin
participación y sin culpa del particular afectado, en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium
lo constriñó o le impuso la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, sin
atemperarse al marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo, * cuando es urgente y necesario
adquirir bienes, solicitar servicios, suministros u ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una
amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho éste que es fundamental por
conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, * Cuando debiéndose declarar una situación de
urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras,
prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, salvo en los casos en que esta
exigencia no se requiera conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4o de la Ley 80 de 1993.
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reclamación patrimonial debía encauzarse mediante el medio de control de
reparación directa por un eventual enriquecimiento sin justa causa.
10. Como fundamento de la vulneración, sostuvo que la autoridad judicial
incurrió en los siguientes defectos: (1) sustantivo, al efectuar una interpretación
excesivamente restrictiva del régimen jurídico aplicable a las controversias
contractuales del Estado y desconocer el principio de prohibición del
enriquecimiento sin causa; (2) desconocimiento del precedente, por cuanto la
providencia cuestionada se apartó de decisiones reiteradas de la jurisdicción
contencioso administrativa que han reconocido la procedencia excepcional del
enriquecimiento sin causa cuando se acredita la prestación efectiva de servicios o
la ejecución de actividades en beneficio de la administración; y (3) motivación
insuficiente, respecto de la valoración de las pruebas obrantes en el expediente y el
análisis del marco jurídico aplicable al caso concreto.
Intervenciones4
11. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado sostuvo que
la acción de tutela no satisface los requisitos de legitimación en la causa por activa,
relevancia constitucional e identificación razonable de los hechos que habrían
generado la vulneración alegada. Asimismo, señaló que la accionante no aportó el
documento mediante el cual se acreditara el poder conferido por la Unión Temporal.
12. Asimismo, sostuvo que el asunto carece de relevancia constitucional, pues
la acción de tutela pretende utilizarse como una tercera instancia para reabrir una
controversia que ya fue resuelta por la jurisdicción ordinaria. En su criterio, no se
evidencia una vulneración de derechos fundamentales, sino la intención de reactivar
el debate relacionado con la eventual configuración de un enriquecimiento sin justa
causa. Agregó que, en la sentencia cuestionada, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado se abstuvo de pronunciarse sobre ese aspecto, toda
vez que no fue objeto del recurso de apelación. Finalmente, señaló que la
accionante no identificó de manera razonable los hechos que dieron lugar a la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales, ni acreditó la ocurrencia de
los perjuicios alegados.
13. El ICBF solicitó declarar improcedente la acción de tutela. Para el efecto,
sostuvo que: (1) no se produjo vulneración de derechos fundamentales durante el
trámite judicial; (2) las decisiones cuestionadas se encontraban debidamente
motivadas y se fundamentaron en las pruebas recaudadas y en la jurisprudencia
aplicable; (3) la acción de tutela no puede utilizarse como una tercera instancia para
reabrir un debate jurídico ya resuelto por lo jueces naturales del proceso; (4) la
propia actuación de la Unión Temporal condujo a la situación que ahora cuestiona,
pues no logró acreditar la existencia de un contrato vigente para julio de 2016; y (5)
no se cumplen los requisitos excepcionales exigidos para la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales.
4 Mediante Auto de 9 de abril de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Además, vinculó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –
ICBF, al Cabildo Mayor Regional del pueblo del Zenu y a la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu
Akatsinja Wakuaipa de Riohacha, quienes conforman la Unión Temporal Watepichin. Es importante resaltar que
la Unión Temporal solicitó el retiro de la acción de tutela, y fue resuelto de forma negativa mediante Auto del 12
de mayo de 2026.
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14. El Cabildo Mayor Regional del pueblo del Zenú y a la Asociación de
Autoridades Tradicionales Wayuu Akatsinja Wakuaipa de Riohacha, no se
pronunciaron.
Sentencia impugnada
15. Mediante sentencia de 16 de junio de 2026, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Explicó que la demanda
no satisfacía la carga argumentativa mínima exigida para acreditar dicho
presupuesto de procedibilidad. Indicó que la accionante se limitó a afirmar que la
providencia cuestionada vulneró sus derechos fundamentales por realizar una
interpretación restrictiva del ordenamiento jurídico y desconocer el precedente
relativo a la responsabilidad patrimonial del Estado, sin exponer por qué
consideraba que la interpretación adoptada por la Subsección C de la Sección
Tercera de esta Corporación en la Sentencia del 17 de septiembre de 2025
desconocía el carácter del enriquecimiento sin causa como principio general del
derecho.
16. Añadió que la providencia cuestionada era razonable, estaba debidamente
motivada y fue proferida dentro del ámbito de competencias del juez de segunda
instancia.
Impugnación
17. La accionante impugnó la decisión. Manifestó que la sentencia de primera
instancia partió de una comprensión equivocada de la demanda de tutela y terminó
por confundir el análisis de procedibilidad con el examen de fondo del asunto. En
particular, sostuvo que: (1) se confundió el requisito de relevancia constitucional con
el estudio material de la controversia, pese a que la tutela denunciaba la
configuración de diversos defectos constitucionales; (2) sí existía una controversia
de naturaleza constitucional, en la medida en que los cargos formulados trascendían
el ámbito de la mera legalidad; (3) se desconoció el principio pro actione al exigir
una carga argumentativa superior a la prevista por la jurisprudencia constitucional;
(4) la sentencia carecía de una motivación suficiente, pues se limitó a afirmar la
ausencia de relevancia constitucional sin desarrollar un análisis específico sobre
ese presupuesto; (5) la acción de tutela no pretendía convertirse en una tercera
instancia, sino obtener el control constitucional de una providencia presuntamente
contraria al derecho fundamental al debido proceso, (6) se vulneró el derecho de
acceso a la administración de justicia al declarar improcedente la tutela sin examinar
los defectos invocados; y (7) se desconoció el debido proceso al omitirse un
pronunciamiento individualizado respecto de cada uno de los cargos formulados.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
18. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
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Problema jurídico
19. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, si la sentencia
del 17 de septiembre de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales invocados por la
accionante, presuntamente por incurrir en defecto sustantivo, desconocimiento del
precedente y falta de motivación.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
20. La Sala confirmará la decisión de primera instancia mediante la cual se
declaró la improcedencia de la acción de tutela al no superar el requisito general de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
21. De acuerdo con la Corte Constitucional, el requisito bajo estudio encuentra
su razón de ser en el carácter residual de este mecanismo constitucional, así como
en la necesidad de preservar las competencias judiciales y el respeto de la
autonomía e independencia de los jueces. Por tal razón, la acción de tutela contra
providencia judicial se restringe a asuntos donde se afecten los derechos y
garantías fundamentales, en aras de evitar que se convierta en una instancia
adicional del proceso ordinario5.
22. De igual forma, ha sostenido que este presupuesto tiene por finalidad
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia adicional para reabrir
controversias de mera legalidad o para cuestionar interpretaciones razonables
efectuadas por los jueces naturales en ejercicio de sus competencias.
23. Dicha exigencia adquiere una intensidad superior cuando la acción
constitucional se dirige contra providencias proferidas por las altas cortes, pues en
tales eventos el accionante debe demostrar de manera clara, específica y suficiente
la existencia de una vulneración constitucional trascendente que justifique la
intervención excepcional del juez de tutela. En tal sentido, en la Sentencia SU-257
de 2021, precisó que la tutela contra sentencias proferidas por las altas cortes exige
una argumentación cualificada por parte del accionante y un análisis más estricto
de la relevancia constitucional del asunto, en razón de la posición institucional que
ocupan dichos órganos dentro de la estructura jurisdiccional del Estado.
24. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), señaló que este
requisito exige la concurrencia de varios elementos: (1) una carga argumentativa
por parte de la accionante que explique, con suficiencia, la relevancia de la
controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el
asunto; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una
instancia adicional al proceso ordinario y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad.
5 Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
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25. Conforme a dichas reglas, la Sala advierte que la parte actora no
cumplió con la carga argumentativa necesaria para demostrar la relevancia
constitucional de los defectos alegados.
26. En primer lugar, la demanda se limita a afirmar que la sentencia cuestionada
incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y defecto de
motivación, sin desarrollar una argumentación concreta que permita evidenciar la
existencia de una vulneración autónoma de derechos fundamentales.
27. Respecto del supuesto defecto sustantivo, la accionante sostiene que la
Subsección C realizó una interpretación excesivamente restrictiva del régimen
jurídico aplicable al enriquecimiento sin causa en materia de contratación estatal.
Sin embargo, no explica por qué la interpretación acogida por el juez natural resulta
manifiestamente arbitraria, caprichosa o contraria a la Constitución, sino que
expresa una discrepancia frente a la conclusión jurídica alcanzada por la autoridad
judicial accionada.
28. De igual forma, el cargo por desconocimiento del precedente carece de la
carga mínima de sustentación requerida para su estudio, pues la demanda no
identifica la providencia o regla jurisprudencial presuntamente desconocida, ni
explica la semejanza fáctica entre los casos comparados, ni demuestra que la
decisión cuestionada se hubiera apartado injustificadamente de un precedente
vinculante.
29. La Sala observa que el desacuerdo planteado por la parte actora recae
esencialmente sobre la interpretación efectuada por la Sección Tercera del Consejo
de Estado en relación con el medio de control procedente para reclamar el
reconocimiento patrimonial derivado de actividades ejecutadas por fuera del plazo
contractual y sobre la aplicación de la jurisprudencia contencioso-administrativa
relativa al enriquecimiento sin causa.
30. De esta manera, la Sala advierte que los planteamientos señalados en el
escrito de tutela se orientan principalmente a cuestionar las conclusiones
alcanzadas por el juez natural y a promover una nueva valoración de los aspectos
fácticos y jurídicos ya resueltos dentro del proceso ordinario. La accionante no
expone razones encaminadas a demostrar la existencia de una vulneración
autónoma de derechos fundamentales, sino que insiste en su desacuerdo con la
interpretación y aplicación del derecho realizadas por la autoridad judicial
demandada. En tales condiciones, la solicitud de amparo se aparta de la finalidad
excepcional de la tutela contra providencias judiciales y tiende a convertir este
mecanismo constitucional en una instancia adicional de revisión, hipótesis que ha
sido reiteradamente descartada por la jurisprudencia constitucional.
31. Por lo expuesto se recuerda que la relevancia constitucional no se adquiere
por el simple hecho de invocar la vulneración de derechos fundamentales o de
atribuir a la providencia judicial la configuración de alguno de los defectos
específicos de procedencia desarrollados por la jurisprudencia constitucional. Por el
contrario, corresponde al accionante demostrar de manera clara, específica y
suficiente que la controversia planteada trasciende el ámbito de la mera legalidad y
compromete una cuestión genuinamente constitucional. En consecuencia, no basta
con enlistar derechos fundamentales presuntamente vulnerados ni con afirmar la
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ocurrencia de defectos sustantivos, fácticos o de desconocimiento del
precedente; es indispensable explicar por qué la decisión judicial cuestionada
constituye una actuación arbitraria, irrazonable o incompatible con la Constitución y
de qué manera ello produjo la afectación concreta de una garantía fundamental.
32. En el asunto bajo examen, dicha carga argumentativa no fue satisfecha. La
demanda se limita a señalar que la providencia cuestionada vulneró los derechos al
debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la tutela
judicial efectiva, así como a afirmar la configuración de un defecto sustantivo, un
desconocimiento del precedente y un defecto de motivación. No obstante, la parte
actora no desarrolla una argumentación que permita advertir por qué la providencia
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado resulta constitucionalmente
inadmisible, ni identifica la regla jurisprudencial vinculante presuntamente
desconocida, ni demuestra que la decisión cuestionada constituya una actuación
arbitraria o caprichosa. En realidad, los reproches formulados revelan una
inconformidad con la solución jurídica adoptada por el juez natural respecto de la
procedencia del medio de control y del alcance de la figura del enriquecimiento sin
causa, materias que pertenecen al ámbito propio de interpretación y aplicación del
derecho por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa.
33. En este contexto, la Sala concluye que la verdadera intención de la acción
de tutela fue reabrir un debate ya resuelto en sede ordinaria, motivada por el
desacuerdo del actor con la decisión adoptada por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. Esta pretensión desvirtúa la naturaleza excepcional
y subsidiaria de la acción de tutela, que no está concebida como un mecanismo
para revisar decisiones judiciales por el simple hecho de no estar de acuerdo con
su contenido, sino como una herramienta para la protección inmediata de derechos
fundamentales efectivamente vulnerados.
34. En consecuencia, la acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional. Por ello, la Sala confirmará la sentencia proferida por el juez de
primera instancia en este trámite constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia de 16 de junio de 2026, proferida por
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró improcedente la acción de tutela.
SEGUNDO. REMITIR la anterior decisión a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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