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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02127-01

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02127-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada para declarar improcedente la acción de tutela presentada por la Millerlay María Villada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02127-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

16 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02127-01
Demandante: Millerlay María Villada

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., 16 de julio de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02127-01
Demandante: MILLERLAY MARÍA VILLADA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Incremento salarial docente. Defecto
sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente.
Improcedencia de la acción de tutela. Requisito de relevancia
constitucional. Reiteración de argumentos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 20
de abril de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que
negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por la parte actora en la acción
de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 5 de junio de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderada, la
señora Millerlay María Villada pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial
efectiva, así como la aplicación del principio de favorabilidad.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 30
de septiembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que confirmó
la decisión de primera instancia de denegar las pretensiones de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 66001-33-33-007-2024-00211-00.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la sentencia proferida el día
30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, en el expediente radicado bajo número
66001333300720240021100, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) MILLERLAY MARIA VILLADA, por considerar
que las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el
marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
RISARALDA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva
con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera
concreta la situación particular del (la) docente MILLERLAY MARIA VILLADA a la luz de los
argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate
jurídico.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02127-01
Demandante: Millerlay María Villada

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación administrativa

Manifestó el accionante que es docente oficial, perteneciente a la categoría 2BE. Que en
el año 2009 no se realizó un incremento igualitario de la base salarial para los grados
2AE y 2BE, puesto que el primer escalafón recibió un incremento acumulado de 15,61%
y al segundo un 7,67%. Lo que afectó los salarios futuros, debido a que cada año se
aplicaba el incremento sobre la base del anterior.

Que se había decretado un salario inferior a la categoría que pertenece sin justificación
legal, situación que no favoreció sus ingresos desde el año 2010, cuando se
incrementaron los salarios en igualdad de condiciones para los docentes de las
mencionadas categorías.

Que pidió al Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de Educación de
Dosquebradas que se le reconocieran y pagaran las diferencias salariales de los últimos
tres años anteriores a esa petición, debido a la configuración de la prescripción trienal, y
las que se llegaran a causar en el futuro. Que, a su vez, se le reconociera y pagara la
reliquidación de la prima de navidad, de servicios, de vacaciones, la bonificación
pedagógica, las horas extras y los demás emolumentos percibidos, así como los ajustes
de valor a que hubiere lugar por la disminución del poder adquisitivo de su salario y que
se ordenara el reconocimiento y pago al FOMAG de las diferencias salariales por
concepto de cesantías anualizadas.

A través de los oficios sin número de fecha 27 de febrero de 2024 y 28 de febrero de
2024, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación de Dosquebradas,
respectivamente, denegaron la solicitud relacionada en el párrafo anterior.

3.2. Actuación judicial

La señora Millerlay María Villada promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Dosquebradas para
que: i) se inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024 y los decretos que lo modifiquen,
adicionen, aclaren o revoquen, en relación con la asignación salarial que correspondía a
la categoría 2BE y que se inaplicaran los demás decretos nacionales que fueran
expedidos con posterioridad a la presentación de esa demanda que modificaran la
remuneración de los docentes y directivos docentes del Estado; ii) se declarara la nulidad
de los oficios sin número de fecha 27 de febrero de 2024 y 28 de febrero de 2024
expedidos por la Secretaría de Educación del Municipio de Dosquebradas y el Ministerio
de Educación, respectivamente y iii) se declarara que pertenecía a la categoría 2BE del
escalafón nacional docente.

A título de restablecimiento del derecho pidió condenar a las entidades demandadas al:
i) reconocimiento y pago de las diferencias salariales de los últimos tres años anteriores
a la petición que elevó ante el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del
Risaralda y las que se causaran en el futuro, con ocasión de las diferencias en el
incremento salarial decretado en el año 2009 para los docentes de las categorías 2AE y
2BE, que tuvo incidencia en los salarios decretados en los años posteriores; ii)
reconocimiento y pago de la reliquidación de la prima de navidad, de servicios, de
vacaciones, la bonificación pedagógica, horas extras y demás emolumentos; iii)
reconocimiento y pago de los ajustes de la disminución del poder adquisitivo de su salario;
iv) reconocimiento y pago de los intereses moratorios y de costas procesales.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02127-01
Demandante: Millerlay María Villada

La demanda se adelantó bajo el radicado 66001-33-33-007-2024-00211-00 y le
correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira que, por
sentencia del 19 de diciembre de 2024, negó las pretensiones. Explicó que no se
afectaron los ingresos de los docentes del escalafón 2BE, debido a que el aumento de
los salarios que se realizó a los docentes 2AE se fundamentó en criterios objetivos
relacionados con los niveles de estudio y experiencia.

Dijo que no se demostró que, al aumentar los salarios de los docentes 2AE en mayor
proporción, transgredía el derecho a la igualdad de los docentes de la categoría 2BE,
porque no se encontraban en el mismo escalafón y esa diferencia obedecía a niveles
académicos, de preparación y al mérito.

Inconforme, la parte demandante apeló y reiteró los argumentos de la demanda,
relacionados con una presunta desigualdad injustificada en el incremento de los salarios
del año 2009 para los docentes de las categorías 2AE y 2BE.

Por sentencia del 30 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda,
confirmó la decisión apelada, básicamente, por las mismas consideraciones del a quo.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia cuestionada incurrió en
los siguientes vicios de fondo:

Defecto sustantivo por:

i) Interpretación irracional y desproporcionada del artículo 13 de la Constitución Política,
de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002.

Señaló que la controversia propuesta no giraba en torno a la diferencia entre grados del
escalafón, sino al trato desigual en los incrementos porcentuales aplicados en el año
2009, en el que se concedió al escalafón 2AE un incremento acumulado de 15,61%, en
tanto que, para el escalafón 2BE, un 7,67%. Que esa diferencia generó efectos
permanentes sobre la base salarial y que no fue compensada en los años posteriores.

Que la autoridad judicial demandada desconoció el alcance del principio de igualdad y de
progresividad, al reducir el debate a una comparación abstracta entre grados del
escalafón, sin verificar si existían razones objetivas y constitucionales para justificar la
disparidad en los incrementos salariales.

Que el tribunal demandado, al asumir que cualquier trato desigual quedaba justificado
por el diseño del escalafón docente, desnaturalizó el test de igualdad, al omitir estudiar
la proporcionalidad de la medida y no tener en cuenta retrocesos o discriminaciones
respecto de la remuneración de los docentes.

Que no se les exigió a las entidades demandadas del proceso ordinario acreditar las
razones de políticas públicas y los estudios que sustentaban el incremento diferencial.
Que la decisión acusada se fundamentó en una interpretación arbitraria que desconoce
principios constitucionales, perpetúa la desigualdad salarial injustificada y afecta los
derechos fundamentales reclamados.

Que toda diferencia salarial debe fundarse en criterios objetivos y razonables, tales como
proporcionalidad, la cantidad y calidad del trabajo desarrollado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02127-01
Demandante: Millerlay María Villada

Defecto fáctico por indebida valoración probatoria <<respecto del debate jurídico
planteado>>, debido a que la parte demandada en el proceso ordinario no acreditó que la
desigualdad en el incremento de los salarios de los docentes de las categorías 2BE y
2AE obedeció a razones objetivas, verificables y debidamente fundamentadas. Dijo que
la sentencia acusada tampoco precisó las justificaciones en la disparidad en el
incremento de los salarios.

Formuló los siguientes interrogantes, que, a su juicio, debió resolver el tribunal
demandado: << ¿Cuál fue la justificación para que la Administración estableciera incrementos
salariales más favorables para las categorías inferiores del escalafón durante el periodo 2009?;
¿Acaso la formación académica, el desempeño satisfactorio y la experiencia laboral no
constituyen los pilares fundamentales para determinar los aumentos salariales conforme al
Estatuto de la Profesionalización Docente?; ¿no debería el incremento salarial reflejar ese
esfuerzo formativo y nivel de idoneidad?; ¿en el proceso, obró algún medio de convicción idóneo
que acreditara la existencia de razones objetivas y válidas para justificar los incrementos
salariales desiguales dispuestos en los años referidos?; ¿por qué no se examinó con mayor
detenimiento si los decretos en cuestión se ajustaban plenamente al ordenamiento jurídico? y,
finalmente, ¿los actos que establecieron incrementos diferenciados para el personal docente
debían estar respaldados por una carga argumentativa suficiente que respaldara la medida
adoptada, o resultaba admisible que dicha decisión se fundara exclusivamente en la
discrecionalidad del Poder Ejecutivo?>>.

Finalmente, la Sala observa que, si bien la parte actora no alegó un defecto por
desconocimiento del precedente, lo cierto es que señaló que la autoridad judicial
demandada no atendió el precedente fijado en:

i) Una sentencia del 7 de diciembre de 2022, dictada por la Corte Suprema de Justicia,
que no se identificó y que, según la tutelante, estableció criterios fundamentales sobre la
igualdad respecto del salario y las prestaciones, al señalar que cualquier trato diferente
debía estar justificado en razones jurídicas y objetivas.

ii) la sentencia del 25 de marzo de 2025, proferida por el Juzgado 23 Administrativo de
Medellín en el proceso con radicado 05001-33-33-023-2024-00171-00, que, según la
accionante, accedió a las pretensiones en un caso similar, al advertir un trato inequitativo
derivado del aumento salarial desproporcionado entre categorías docentes.

iii) la sentencia del 8 de agosto de 2025, proferida por el Juzgado 28 Administrativo de
Medellín en el proceso bajo radicado 05001-33-33-028-2024-00163-00, en la cual, según
la demandante, se accedió parcialmente a las pretensiones con una postura similar.

5. Intervenciones

El Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira solicitó negar por improcedente la
acción de tutela, por considerar que la parte actora no logró demostrar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados. De igual manera, manifestó que no se acreditó
el requisito de relevancia constitucional, ni defecto fáctico o procedimental. A
consideración del despacho, la accionante pretendía, por medio de la acción
constitucional, llevar a un nuevo estudio fáctico y jurídico, argumentando una indebida
aplicación normativa, para que se llevara a cabo un nuevo estudio en torno a las dos
instancias ya agotadas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
El Tribunal Administrativo de Risaralda no se pronunció al respecto, al igual que los
terceros interesados.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por sentencia del 20 de abril de
2026, negó el amparo de los derechos fundamentales alegados por la parte demandante,

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al estimar que no se incurrió en la configuración de un defecto sustantivo ni fáctico, puesto
que la decisión materia de acusación se profirió con apego a las normas que regulan la
materia y fundamentada en el material probatorio aportado dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho. Consideró que a la accionante le asiste un
desacuerdo con la valoración realizada por el juez natural que no puede ser cuestionada
vía acción de tutela.

7. Impugnación

La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado. Argumentó que la decisión proferida carecía
de sustento fáctico, lo que afectaba los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso de la accionante. Por último, reiteró los argumentos de los defectos fáctico y
sustantivo.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que negó el amparo de los derechos fundamentales de la accionante.

La Sala anticipa que revocará la sentencia de primera instancia, para en su lugar, declarar
improcedente la acción de tutela, toda vez que no colma la exigencia de procedibilidad
de relevancia constitucional. En efecto, la parte actora la utiliza para insistir en que se
debió declarar la nulidad de los actos demandados en el proceso ordinario, debido a que
se presentaron diferencias en los incrementos salariales de varias categorías docentes,
lo que transgrediría el derecho a la igualdad.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) la relevancia constitucional y (iii) el análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-003, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de

1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
3 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

El primer criterio (vulneración o amenaza real de derechos fundamentales) está previsto
para que la acción de tutela no se utilice para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la
acción de tutela.

Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que, por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Básicamente, en ese proceso y en la acción de tutela, la parte actora señala
que se debió declarar la nulidad de los actos demandados en el proceso ordinario, debido
a que las diferencias en el incremento salarial decretado para los docentes de las
categorías 2BE y 2AE transgreden el derecho a la igualdad.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la señora Millerlay María Villada
contra la sentencia del 19 de diciembre de 2024 dictada por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Pereira, se lee lo siguiente:

Bajo las anteriores connotaciones fácticas debió abordarse la problemática aquí planteada por el juez
de primera instancia, lo cual no aconteció en el caso concreto, ya que desestimó las pretensiones de la
demanda bajo la consideración de que las diferencias salariales obedecen a una razón objetiva como
es la posición del docente en el escalafón, lo cual evidentemente es cierto, pues la fijación de la base
salarial de todo servidor público se justifica en factores como la formación académica, desempeño,
experiencia, competencias, etc., así como los ascensos y reclasificaciones.

Sin embargo, este punto no constituye el núcleo de la controversia planteada ante el juez contencioso,
ya que se itera; los cuestionamientos contenidos en el escrito de la demanda se centran en los
incrementos salariales porcentuales desiguales aplicados sobre una base salarial ya diferenciada,
según la ubicación en el escalafón, para los años 2008, 2009 y 2011, sin justificación alguna. Lo anterior,
en consideración a que no guardan congruencia con los incrementos homogéneos aplicados en los
años 2005 a 2007, 2010 y 2012 en adelante, lo que genera la inconsistencia que se reprocha a la
autoridad demandada.
(…)

En virtud de la clasificación establecida en el Escalafón Docente, el legislador facultó al Gobierno
Nacional para que definiera el régimen salarial y prestacional correspondiente para los docentes. Así,
el artículo 46 del Decreto-Ley 1278 de 2002, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establece que el
Gobierno Nacional deberá implementar una escala única nacional de salarios y un régimen
prestacional para dichos docentes, fundamentándose en el grado y el nivel que acrediten en el
Escalafón Docente, lo que garantiza que las remuneraciones sean equitativas y reflejen la
formación y la experiencia de los educadores y, asimismo, asegura que aquellos en posiciones
de mayor responsabilidad reciban una compensación adecuada. De esta manera, la regulación de

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salarios y prestaciones busca no solo incentivar el desempeño profesional, sino también contribuir a la
mejora continua de la calidad educativa en el país.

Lo anterior pone de manifiesto una base salarial diferenciada según su categoría dentro del
Escalafón Nacional Docente, con la que no tenemos reproche y que no hace parte de este debate
judicial, claramente deben existir salarios distintos según la posición en el escalafón. Esta
estructura salarial refleja que los docentes clasificados en grados inferiores reciben una compensación
menor, lo que se correlaciona con su nivel de formación y la responsabilidad de sus funciones. Por otro
lado, los educadores en grados superiores, que suelen tener una mayor preparación académica y
experiencia, se benefician de asignaciones más elevadas. Esta variabilidad en las bases salariales no
solo establece la compensación de los educadores, sino que también muestra cómo la categoría de
cada docente influye en su remuneración, creando un sistema que reconoce y valora el crecimiento
profesional y la especialización en el ámbito educativo.
(…)

La ausencia de proporcionalidad en el incremento salarial vulnera los derechos fundamentales de los
docentes, afectando su dignidad y las garantías laborales previstas en el artículo 25 de la Constitución.
Este acto administrativo, al no estar debidamente motivado, incurre en arbitrariedad y contradice el
mandato de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, generando un retroceso
injustificado para los docentes de los grados 3.
(…)

El principio de proporcionalidad obliga a que las diferencias salariales entre grados del escalafón
docente estén justificadas en razones objetivas y razonables. Las brechas tan marcadas, como las
aplicadas entre los grados 3 en 2008 y 2009, carecen de fundamento legítimo, perpetúan desigualdades
y vulneran derechos constitucionales y legales. Por tanto, es necesario que dichas disparidades sean
corregidas, garantizando un trato equitativo y acorde con los postulados de justicia y proporcionalidad
establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano.
(…)

Este marco normativo y jurisprudencial pone de manifiesto un principio esencial: la igualdad de trato en
materia salarial debe regirse por criterios verificables y sustentados en razones objetivas, lo cual exige
que cualquier diferencia en la remuneración deba estar respaldada por un fundamento técnico o jurídico
que garantice su legitimidad.
(…)

Por su parte, en la acción de tutela (y ahora en la impugnación), la parte actora argumenta
lo siguiente:

(…)
La sentencia cuestionada incurre en un defecto sustantivo al avalar esta estructura salarial sin efectuar
un control material de constitucionalidad, limitándose a reconocer la potestad reglamentaria del
Gobierno Nacional sin advertir que su ejercicio, en este caso, produjo un efecto discriminatorio contrario
a los artículos 13, 25, 53 y 125 de la Constitución Política. Al validar que en el año 2009 los docentes
del escalafón 2AE recibieran incrementos porcentuales que duplicaron e incluso triplicaron los otorgados
a los docentes del escalafón 2BE, la providencia desconoció que el principio de igualdad salarial exige
no solo un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación, sino un trato más favorable a
quienes acreditan mayores méritos y responsabilidades.

Este tratamiento desigual adquiere especial relevancia constitucional porque el incremento porcentual
tiene un impacto estructural y permanente en la remuneración del docente, en tanto se proyecta hacia
las vigencias siguientes y afecta de manera directa el cálculo de prestaciones, mesadas y derechos
derivados. Así, la menor tasa de incremento aplicada a los docentes del grado 2BE no solo los
desmejoró de manera inmediata, sino que generó una afectación acumulativa y progresiva de sus
ingresos, situación que la sentencia cuestionada omitió valorar y que refuerza la acreditación del defecto
material.
En consecuencia, la providencia objeto de amparo incurre en un defecto sustantivo plenamente
demostrable, al aplicar las normas salariales del año 2009 de manera contraria a la Constitución, al
desconocer el principio de igualdad material y al validar un esquema de incrementos porcentuales que
privilegió injustificadamente a los docentes del escalafón 2AE frente a los del 2BE, pese a que estos
últimos acreditaban mayores exigencias de acceso y permanencia en la carrera docente. Tal
interpretación resulta manifiestamente irrazonable y habilita la intervención excepcional del juez
constitucional para restablecer la supremacía de la Carta Política y la efectividad de los derechos
fundamentales vulnerados.
(…)

En esta oportunidad, el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria al aceptar como válida
una supuesta justificación del trato salarial diferenciado entre los docentes ubicados en los escalafones

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2AE y 2BE durante el año 2009, sin que dicha justificación hubiese sido acreditada por la parte
demandada a través de medios de convicción idóneos, objetivos y verificables. En el expediente no obra
prueba alguna que demuestre que los mayores incrementos salariales otorgados a los docentes del
nivel 2AE frente a los del nivel 2BE respondieran a criterios técnicos, financieros, funcionales o de
política pública debidamente sustentados, ni mucho menos a los parámetros de mérito, experiencia y
cualificación profesional que estructuran la carrera docente conforme al Decreto Ley 1278 de 2002.

Por el contrario, el acervo probatorio demuestra que, durante la vigencia 2009, los docentes del nivel
2AE recibieron un incremento salarial del 15,61%, mientras que los docentes del nivel 2BE apenas
obtuvieron un aumento del 7,67%, pese a que estos últimos se encontraban en una categoría superior
del escalafón. Tales diferencias porcentuales, lejos de ser marginales, evidencian un tratamiento
abiertamente desigual y regresivo que afectó de manera directa a quienes acreditaban mayores
exigencias de acceso, mayor experiencia y la superación de evaluaciones de competencias con
calificaciones superiores al 80%, requisitos indispensables para la reubicación del nivel AE al nivel BE
dentro del escalafón docente.
(…)

Adicionalmente, la sentencia impugnada desconoció precedentes judiciales relevantes que sí
efectuaron un examen riguroso del material probatorio en casos análogos y concluyeron la existencia
de un trato salarial inequitativo entre los niveles del escalafón docente. Tal es el caso de la sentencia
proferida por el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín el 25 de marzo
de 2025, en la que se acreditó, con base en los mismos decretos salariales, que los incrementos
otorgados al nivel 2A superaron de manera injustificada a los reconocidos al nivel 2B, pese a que este
último exige mayor experiencia y una calificación superior en la evaluación de competencias. En dicha
providencia se concluyó que esta diferenciación vulnera el principio “a trabajo igual, salario igual”, al no
estar sustentada en motivos objetivos, razonables y verificables.

En similar sentido, el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Medellín reconoció que los
ajustes salariales no pueden implicar desmejoras ni tratamientos regresivos carentes de justificación
jurídica, resaltando que la potestad del Ejecutivo en materia salarial encuentra límites claros en la
Constitución y en la Ley 4ª de 1992, particularmente en la prohibición de desmejorar salarios y en la
exigencia de vincular la remuneración a la complejidad funcional y a las calificaciones exigidas para el
cargo.

Así las cosas, el defecto fáctico se materializa porque el Tribunal accionado omitió valorar de manera
crítica y rigurosa un elemento probatorio determinante, esto es, la ausencia total de justificación objetiva
del incremento salarial desigual entre los niveles 2AE y 2BE, y porque aceptó como probado un
supuesto fáctico inexistente, relacionado con la corrección de una brecha salarial no acreditada en el
proceso. Esta falencia probatoria condujo a una decisión que carece de sustento fáctico suficiente y que
afecta de manera directa los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad material y a la
tutela judicial efectiva, lo que habilita la intervención del juez constitucional para corregir la vulneración
y restablecer la prevalencia del derecho sustancial.
(…)

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el tribunal demandado en la sentencia del
30 de septiembre de 2025, en la que consideró:

Como ejercicio ilustrativo, el incremento salarial de los docentes (…) representado porcentualmente, se
observa en la siguiente tabla en la que se toman como base dos grados de escalafón 2BE y 2AE,
durante los años 2009 y 2011, así:

De lo anterior, se extrae que en ambos períodos el incremento salarial se hizo por encima del IPC del
correspondiente año y, además, para el año 2009, al menos en lo que respecta a los grados utilizados
para el ejercicio, sí se presentó una diferenciación en el porcentaje de los salarios. Con todo, será el
análisis jurídico probatorio del caso particular, el que determinará si tal diferenciación configura los vicios
de nulidad sustancial que formula la parte actora respecto de los actos administrativos acusados.

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5.4. Incremento salarial de los empleados públicos. En lo que respecta a los incrementos mínimos
de los salarios, debe tenerse en cuenta el derecho de todo trabajador de mantener el poder adquisitivo,
para lo cual se ha establecido que estos ingresos se incrementen por lo menos en el porcentaje del IPC
del año inmediatamente anterior, lo que garantiza una remuneración mínima, vital y móvil para el
empleado. Así lo consideró la Corte Constitucional en sentencia C-1433 de 2000, en la que expuso que
el «…reajuste salarial anual es un derecho de los trabajadores que permite mantener su poder
adquisitivo en economía inflacionarias, garantizando su movilidad al igual que el desarrollo del empleo
en condiciones digas y justas».

En similares términos se pronunció el Consejo de Estado al señalar: «(…) el Estado les debe garantizar
progresivamente la actualización plena de su salario [refiriéndose a los servidores públicos], de
conformidad con las variaciones del I.P.C…De esta última sentencia trascrita, haciendo referencia a la
sentencia C-931 de 2004, es dable concluir que el reajuste salarial porcentual que se realiza a favor de
los empleados públicos no puede ser inferior al I.P.C. del año inmediatamente anterior y que partiendo
de esta base se puede modificar el porcentaje según el cargo que desempeñe el servidor…» Ahora, la
posición de la Corte Constitucional sobre este derecho de raigambre constitucional, contenido en el
artículo 53 superior, y en particular sobre su acepción en relación con los empleados públicos, no ha
sido armónica, por lo que se expone el devenir jurisprudencial en la temática: En un primer contexto, el
Alto Tribunal Constitucional23 consideró que todos los servidores públicos tienen derecho a mantener
el poder adquisitivo de sus salarios y, por ende, éste debía ser reajustado con base en la inflación
causada en el año inmediatamente anterior; en esa oportunidad consideró la Guardiana de la
Constitución que incrementar el salario solo a un grupo de empleados (quienes devengaban menos de
2 salarios mínimos), violentaba el principio de igualdad, en la medida que todos los trabajadores se
afectaban por el fenómeno inflacionario (…) En un segundo momento, la Corte Constitucional se
pronunció nuevamente sobre la temática, oportunidad en la que, si bien coincidió en las consideraciones
expuestas en la sentencia C-1433 de 2000, se apartó de las conclusiones allí plasmadas, ello por cuanto
consideró que en el primer escenario se desconoció el principio de que los derechos no son absolutos;
además, expuso que el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario es relativo, dado que puede
ser limitado a partir de razones constitucionales justificadas, y con ponderación de otros derechos, fines
y principios constitucionales (…) Si bien esta última postura se ha mantenido, particularmente en lo que
respecta a la posibilidad de limitar el derecho de mantener el poder adquisitivo del salario en
determinadas circunstancias para los servidores ubicados en las escalas salariales superiores, lo cierto
es que otros pronunciamientos del mismo Tribunal Constitucional han retornado al criterio de dos (2)
salarios mínimos como rango para diferenciar el grupo de empleados públicos que tienen una protección
reforzada del derecho en comento, de quienes no. Así, por ejemplo, ante la dificultad de hallar un
parámetro adecuado para tal diferenciación, la Corte acudió al criterio del justo medio, y estableció con
prudencia judicial la suma de dos (2) salarios mínimos como el límite para el derecho a mantener el
poder adquisitivo del salario. (…)

Así, por ejemplo, ante la dificultad de hallar un parámetro adecuado para tal diferenciación, la Corte
acudió al criterio del justo medio, y estableció con prudencia judicial la suma de dos (2) salarios mínimos
como el límite para el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario. «Los servidores públicos
tienen derecho a mantener el poder adquisitivo real de su salario, por lo que, respecto de todos, sin
distinción, procede el incremento salarial. Ahora, el mismo debe atender al derecho de igualdad desde
su concepción material o sustancial «hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales». Lo
que implica que, para efectos de los incrementos salariales de los servidores públicos, es necesario
tener en cuenta la diferenciación salarial entre unos y otros a fin de determinar cuáles de ellos (por sus
ingresos más bajos) tienen una protección reforzada y por ende su derecho no puede ser restringido.
Finalmente, en lo que respecta a los servidores públicos que devengan los salarios más altos, a pesar
de que se aceptó la posibilidad de limitar su derecho al incremento salarial, tal limitación no implica el
desconocimiento total, por lo que se debe reconocer algún porcentaje que garantice a estos el derecho
a conservar el poder adquisitivo de su salario. Todo lo anterior pretende proteger el mínimo vital, que,
en todo caso, no debe confundirse o equipararse con el concepto de salario mínimo, puesto que el
primero depende de las condiciones particulares en que se encuentra cada persona y su grupo familiar.»
(Se subraya)

(…)

Como conclusión de lo expuesto, se establece que todos los empleados públicos tienen un derecho
general a que su salario sea incrementado anualmente, con el fin de preservar su poder adquisitivo ante
la inflación, derecho que se fundamenta en el artículo 53 de la Constitución, que garantiza un salario
mínimo vital y móvil. Sin embargo, la Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que ningún
derecho es absoluto y que, en determinadas circunstancias y conforme criterios específicos, puede
haber limitaciones; así ocurre con esta prerrogativa, esto es, el derecho de mantener el poder
adquisitivo, puesto que, como no pudiera hablarse de iguales ante los efectos del fenómeno
inflacionario, es aceptable que algunos puedan recibir un incremento salarial mayor que otros; y para
determinar el criterio de diferenciación, la Corte Constitucional señaló que un ingreso medio o justo

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medio constituye un criterio aceptable para diferenciar qué empleados gozan de esa protección
reforzada del derecho en mención.

El justo medio en comento ha sido establecido y aceptado en dos (2) salarios mínimos, de modo que
quienes devenguen una suma superior a ello, podrán ser objeto de limitación del derecho, siempre que
se cumpla con otros parámetros de justificación y razonabilidad; mientras que, si el empleado devenga
una suma inferior, se convierte en sujeto de protección reforzada y, por ende, el incremento de su salario
no podrá ser inferior al IPC del año inmediatamente anterior, con el objeto de mantener su poder
adquisitivo de forma real.

5.5. Derecho a la igualdad. En primer lugar, resulta oportuno señalar que la igualdad es un derecho y
un principio establecido en la Constitución Política en su artículo 13 que, dado el carácter de social y
democrático del Estado de Derecho, y el reconocimiento, protección y progresividad de los derechos
humanos configura una garantía para ofrecer un trato correspondiente con las situaciones concretas de
cada caso, en términos de justicia como equidad, aunque sin desbordar el marco normativo, que permita
superar aquellos obstáculos que limitan el goce pleno de los derechos y demás libertades a ciertos
grupos de personas que, por esas condiciones especiales, encuentran tales barreras en diferentes
ámbitos (económicas, culturales, sociales, educativas, productivas, entre otros).

Como lo ha señalado la misma Corte Constitucional, «la igualdad contiene dos mandatos específicos:
de una parte, el deber de tratamiento igual a supuestos de hecho equivalentes; y de otra, la obligación
de consideración desigual ante situaciones diferentes que ameriten una regulación diversa», de donde
deriva un primer análisis conceptual a llevar a cabo en tratándose de un juicio comparativo de igualdad,
esto es, se ha de corroborar que se cumplan los tres componentes que estructuran dicho principio del
derecho, a saber: i) deber de trato igual a situaciones idénticas y diferenciado ante circunstancias que
no son asimilables, ii) prohibición de cualquier trato o condicionamiento discriminatorio y iii) deber
igualmente de adoptar mecanismos que permitan alcanzar la igualdad material, especialmente en
grupos marginados, en situación de debilidad manifiesta o que se encuentren en condiciones de
desventaja injustificada (acciones afirmativas).

En segundo lugar, es importante en todo caso tener en cuenta que, de modo general, toda norma
jurídica ―donde se incluyen las normas iusfundamentales― es, a una misma vez, factor de igualación
y de diferenciación, es decir, iguala en lo que refiere ―y se encuadra o subsume― a los supuestos
fácticos y a los destinatarios que prevé para la consecuente producción de los efectos jurídicos que ella
misma establece, y, por principio de exclusión (tertium non datur), diferencia en aquello que no se
enmarca o encuadra dentro de tales supuestos y/o destinatarios.

Por lo mismo, es apenas natural que cualquier disposición normativa, en principio, establezca algún
criterio tanto para igualar en lo que iguala, como para diferenciar en lo que diferencia. La cuestión radica,
como ya se puede inferir, es en ese criterio empleado para lo uno y para lo otro, que es a donde
acertadamente apuntan las construcciones teórico-jurisprudenciales que buscan establecer parámetros
de control sobre esa actividad legislativa con miras a evitar que, por vía de libertad de configuración, un
ejercicio válido de diferenciación trasmute en uno de discriminación totalmente reprochable o
injustificado.

En efecto, las jurisdicciones Constitucional y Contencioso Administrativa han desarrollado durante largo
tiempo una línea jurisprudencial dirigida a depurar y hacer más efectivo dicho análisis acerca de la
legitimidad en el ejercicio de configuración normativa de parte de la autoridad respectiva (el Congreso
de la República o el Gobierno Nacional, según se trate del tipo de norma a revisar). Este examen, en
términos generales, apunta a determinar si, en el evento de que se presente un trato diferenciado entre
sujetos aparentemente iguales (resultado de ese primer nivel de análisis que se indicó líneas atrás),
dicho trato desigual encuentra una justificación que sea constitucionalmente válida o necesaria, a partir
del estudio tanto de la finalidad perseguida con esa diferenciación de trato, como de los medios
empleados para la consecución de tal finalidad (juicio de razón práctica sobre la relación entre medios
y fines).

Para tal efecto, habrá de determinar el intérprete: i) si el fin que se busca es constitucionalmente
permitido (en un escrutinio leve) o incluso importante (escrutinio medio); y ii) si el medio utilizado no sólo
está igualmente amparado por la Constitución (escrutinio leve) sino además que sea apto, idóneo o
eficaz para alcanzar tal finalidad perseguida (escrutinio medio).

De tal manera, y de acuerdo con este constructo epistémico-metodológico en los dos niveles señalados,
resulta posible establecer si existe realmente una diferencia de trato entre personas o situaciones
perfectamente análogas y, en caso afirmativo, si dicho trato desigual se encuentra justificado, en cuyo
caso la norma -junto con la medida que ella establece-, se justifica por ser compatible tal criterio de
diferenciación con los postulados constitucionales; o en caso contrario, debe ser reprochada tal
diferenciación y, por ende, la medida descartada y la norma que la contiene retirada del ordenamiento

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Demandante: Millerlay María Villada

jurídico (en un examen de constitucionalidad abstracto y concentrado) o inaplicada (en un control
concreto y difuso de constitucionalidad) (…)

(…)

5.6. Caso concreto Debe resaltar la Sala de Decisión que, al pretender la nulidad de actos
administrativos como los que ahora se cuestionan, la parte demandante debe demostrar que han sido
expedidos con alguna causal de nulidad; sin embargo, la información que brinda el material probatorio
obrante en el plenario es muy limitada, sin que la carga argumentativa permita llegar a la conclusión
propuesta, en cuanto de los documentos que reposan en el plenario no es posible advertir una
vulneración al derecho a la igualdad, habida cuenta que el tratamiento diferente que se establece en los
actos acusados, en relación con el porcentaje del aumento salarial entre quienes se encontraban en el
escalafón 2AE y quienes se encontraban en el escalafón 2BE no debe considerarse discriminatorio, por
las siguientes razones.

Itera esta colegiatura judicial que los criterios que el legislador señaló específicamente en el numeral 2º
del artículo 111 de la Ley 715 de 2001, mediante la cual se confirieron facultades extraordinarias al
Presidente de la República para expedir los decretos que se pide inaplicar, en virtud del principio de la
configuración legislativa, bien puede el legislador considerar que es necesario fijar unas diferentes
condiciones salariales para los docentes escalafonados de un grado, respecto de otro, atendiendo unos
parámetros, sin que ello signifique que se esté discriminado a los docentes de uno u otro grado.

Ahora bien, debe reseñar esta Magistratura que no existe una norma, ni alguna jurisprudencia o línea
jurisprudencial que respalde la tesis de la parte demandante, según la cual el Gobierno Nacional está
obligado a realizar incrementos iguales para todos los servidores públicos sin que importe o sea
relevante su nivel y grado o incluso para el caso concreto, para todos los docentes, quienes también
tienen su propia regulación específica al respecto (diferentes grados de escalafón y nivel salarial);
aquello no se deduce ni de la redacción de los artículos 2°, 3° y 4° de la Ley 4ª de 1992, ni tampoco del
artículo 53 de la Carta Política que se señalan vulnerados en el escrito de demanda.

Luego, la parte demandante aduce en la apelación, aunque aquello no se plantea en la demanda, una
supuesta falta de “fundamento técnico”, que en el escrito de impugnación concreta como falta de
estudios técnicos respecto de los actos acusados, que den cuenta de la existencia de razones objetivas
y válidas para ordenar los incrementos desiguales. Pues bien, como ya se anunció, tal argumento no
fue presentado en la demanda y además se resalta, en la apelación tampoco se identifica la norma
jurídica que establece dicha obligación y que en consecuencia se desconoció; por ende, no le es dable
a este Juez Colegiado en esta instancia judicial pronunciarse al respecto de este punto no planteado
desde el libelo introductorio.

En el hipotético caso que ese tema se hubiere invocado desde el inicio del proceso, tampoco le asistiría
razón a la parte demandante, en cuanto no probó que el gobierno haya tenido la obligación de realizar
dichos estudios técnicos, por cuanto la Ley 4ª de 1992 (…) tampoco establece dicha obligación en su
artículo 2°, que fijó los criterios y objetivos que debe tener en cuenta el Ejecutivo para la determinación
del régimen salarial y prestacional.
(…)
Por su parte, el Decreto Ley 1278 de 2002 establece unas características distintas para los docentes
escalafonados en un grado diferente al otro, a manera de ejemplo, los títulos académicos que se exigen
para el docente escalafonado en el grado 2AE, son diferentes a los que se le exigen a un docente
escalafonado en el grado 2BE, están ligados a unos requisitos distintos que no encuentran equivalentes
entre ambos.

Así, en la medida en que se trata de escalafones diferentes, no cabe efectuar comparaciones entre la
asignación salarial que se establece para quienes ingresan a la carrera en grados disimiles y ya se
estableció que no existe norma que imponga una obligación de realizar estudios técnicos para la
expedición de los decretos de aumento salarial, y tampoco existe en el ordenamiento jurídico la
obligación de realizar aumentos iguales para los docentes; incluso, la Corte Constitucional estableció la
posibilidad jurídica debidamente fundamentada de realizar aumentos por debajo a quienes ganen más
de 2 SMLMV y ello materializa la posibilidad de aumentos diferenciados entre diversos empleados
públicos.

Se observa que la entidad demandada no vulneró los preceptos constitucionales a que alude la
demandante, comoquiera que se estableció la actualización salarial de los docentes para la vigencia
2009, dentro de los límites y de acuerdo a las competencias que le habían sido conferidas, sin que se
encuentre acreditada vulneración al principio de progresividad.

De este modo, el aumento salarial reconocido a la parte actora se cimentó en circunstancias y criterios
objetivos, de tal manera que el "grado" del escalafón fue un elemento determinante en su remuneración
mensual; luego, para el caso concreto, no puede ser de recibo que se solicite la aplicación de un

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incremento superior, en cuanto la fijación del incremento de los salarios de quienes conforman el servicio
público debe responder, por mandato de las leyes sobre la materia, a condiciones y contextos reales de
orden social, administrativo y económico, dado que en todo caso el alza salarial no tiene que ser idéntico
para todos, en tanto si bien en un Estado Social de Derecho se propugna por el aumento salarial para
todos sus servidores públicos, no debe entenderse que este aumento deba realizarse en el mismo
porcentaje, por cuanto la igualdad se extiende y se entiende entre iguales.

Considera la Sala que, como lo señaló la a quo, no resulta de recibo la interpretación de la parte actora
respecto de la normativa invocada, porque lo que se buscó con la diferenciación en el porcentaje del
incremento al salario, fue, por un lado, garantizar que el docente que pertenece al escalafón inferior
mantenga su valor adquisitivo y, por el otro, reconocer la formación, capacitación y preparación de
quienes se encuentran en un escalafón superior, cuyo trato diferenciado es justificado en atención a
razones objetivas.

(…)

De conformidad con todo lo discurrido, la Sala encuentra que la parte demandante no probó las causales
de nulidad sustancial alegadas en relación con los aumentos salariales de los docentes ubicados en
diferente grado de escalafón y nivel salarial, para el año 2009, conforme lo expresado a lo largo de estas
consideraciones; ya que, como se explicó, no se trata de sujetos ubicados en plano de igualdad y, por
lo tanto, no existe un imperativo normativo o jurisprudencial para predicar que existía la obligación de
aumentos iguales; carga procesal que le correspondía al tenor del artículo 167 del Código General del
Proceso, en concordancia con el 164 ibidem según los cuales toda decisión judicial debe estar soportada
en las pruebas que regular y oportunamente fueron allegadas al proceso, y que corresponde a la parte
interesada, por razón de los artículos 1757 del Código Civil y 167 del citado CGP, probar la obligación
o el supuesto de hecho de las normas que consagren el efecto jurídico que ellas persiguen.

(…)

No basta entonces con señalar los hechos e indicar las normas, se requiere probar aquellos supuestos,
y desvirtuar incluso las pruebas allegadas por la contraparte, actividad que se surte también con los
medios legales de prueba.

Y comoquiera que los cargos de nulidad sustancial de la actuación administrativa enjuiciada, no cuenta
con el respaldo probatorio de los supuestos de hecho en los cuales se fundan, resulta forzoso para esta
corporación judicial, confirmar la sentencia impugnada, en cuanto desestimatoria de las pretensiones
formuladas en el libelo demandatorio.
(…)

Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, que explicó que no era dable acceder a las pretensiones del
actor, debido a que, si bien, sí se había presentado una diferencia en el incremento
salarial entre categorías, lo cierto era que ello no suponía la transgresión del derecho a
la igualdad, debido a que los docentes pertenecientes a esos escalafones no se
encuentran en las mismas condiciones fácticas y jurídicas. Adicionalmente, argumentó
que no se probaron las causales de nulidad sustancial alegadas por la accionante.

En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.

Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar si
era procedente acceder a las pretensiones de la demanda ordinaria presentada por la
señora Villada.

La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la parte actora señaló que el tribunal
demandado desconoció el precedente fijado en una sentencia dictada por la Corte
Suprema de Justicia que no se identificó y en las sentencias del 25 de marzo de 2025,

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proferida por el Juzgado 23 Administrativo de Medellín en el proceso con radicado 05001-
33-33-023-2024-00171-00 y del 8 de agosto de 2025, proferida por el Juzgado 28
Administrativo de Medellín en el proceso con radicado 05001-33-33-028-2024-00163-00.

No obstante, por un lado, para la Sala resulta imposible verificar la configuración de ese
defecto respecto de la primera sentencia por su no identificación y, por otro lado, con
relación a las sentencias proferidas por el Juzgado 23 y 28 Administrativo de Medellín, la
Sala debe señalar que esa decisión no resulta vinculante respecto del tribunal
demandado, debido a que fue proferida por una autoridad judicial de inferior jerarquía.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia impugnada para declarar improcedente
la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada para declarar improcedente la acción de tutela
presentada por la Millerlay María Villada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 4

4
Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente, a través de su
grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un sistema de apoyo de inteligencia
artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único propósito de efectuar una revisión ortográfica,
gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el
que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente
errores verificables de ortografía (tildes, mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico
(uso impropio de palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la
Real Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó restricciones
expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones alternativas, reescribiera
párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo jurídico, probatorio o argumentativo de
la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente en una tabla que individualizara cada hallazgo (página,
párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta
fueron objeto de revisión, verificación y validación por parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia
o improcedencia de cada ajuste, sin que se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se
hayan incorporado al texto reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el
sistema se utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el funcionario judicial.
Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales, información sensible ni elementos de
carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de
debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las

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finalidades autorizadas en los literales (a) del numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16
de diciembre de 2024, "por el cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético
de la inteligencia artificial en la Rama Judicial".

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