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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02129-01

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02129-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 5 de junio de 2026 por la Sección Tercera - Subsección C del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Radicación: 11001-03-15-000-2026-02129-01 Accionante: Cristian Fernán Muñoz Muñoz Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02129-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02129-01
Accionante: Cristian Fernán Muñoz Muñoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Confirma
declaratoria de improcedencia por falta de relevancia constitucional.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 5 de junio de 2026 por la Sección Tercera – Subsección C
del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 13 de marzo de 2026, Cristian Fernán Muñoz Muñoz, a través de apoderada

judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, con
el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, así como el
principio de favorabilidad.

2. Sostuvo que tales garantías fueron vulneradas por la autoridad accionada al
proferir la sentencia del 17 de septiembre de 20251, al interior del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho2 que promovió en contra de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y el municipio de Pereira.

3. Dicho medio de control se ejerció con la pretensión de que se inaplicaran una serie

de decretos nacionales relacionados con la asignación salarial de los docentes
oficiales y, en consecuencia, se declarara la nulidad de los actos administrativos que
le negaron al actor el reconocimiento y pago de la diferencia en el incremento salarial
que fue establecido de manera desigual en los referidos actos. Sustentó su demanda
en que los preceptos debatidos hicieron un incremento mayor en el sueldo de los
docentes de menor categoría en comparación con los de una superior, para los años
2008 y 2009; por lo que solicitó el pago de las diferencias salariales.

1 Notificada el 18 de septiembre de 2025.
2 Con radicado número: 66-001-33-33-006-2024-00295-02.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02129-01
Accionante: Cristian Fernán Muñoz Muñoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

4. En la providencia cuestionada, el Tribunal accionado confirmó la decisión del a

quo3 que negó las pretensiones de la demanda. Consideró que a partir de las
diferencias advertidas en los incrementos objeto de reproche no podía predicarse un
trato discriminatorio, en tanto no se efectuaron respecto de sujetos que se
encontraran en las mismas condiciones. A lo que se suma que no existe alguna
disposición normativa o lineamiento jurisprudencial que impusiera la obligación de
realizar aumentos salariales iguales para todos los docentes sin importar su grado
de escalafón o nivel.

5. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora alegó que la autoridad

enjuiciada incurrió en un defecto sustantivo, toda vez que efectuó una interpretación
irrazonable y desproporcionada del artículo 13 de la Constitución, así como de la Ley
4ª de 1992 y del Decreto 1278 de 2002.

6. A su juicio, el Tribunal desconoció que la controversia no versaba sobre la
diferencia estructural y permanente entre los grados del escalafón docente, sino
sobre un trato desigual en los incrementos porcentuales aplicados durante los años
2008 y 2009. En dichos periodos, según afirmó, se realizó un ajuste salarial mayor a
los docentes que se encontraban en la categoría 3DM frente a aquellos
pertenecientes la categoría 3BM, en la que se hallaba el actor, diferencia que
proyectó efectos permanentes sobre la base salarial y que no fue compensaba en
los años posteriores.

7. En ese sentido, señaló que el Tribunal erró al asimilar el debate a una comparación

abstracta entre grados de escalafón, en lugar de verificar si existían razones
objetivas y constitucionalmente válidas que justificaran la aplicación de incrementos
salariales disímiles en un mismo año. Sostuvo que aunque las categorías en cuestión
exigen requisitos distintos, ambas comparten la misma fuente de normativa y están
sujetas al mismo régimen salarial previsto en la Ley 4ª de 1992.

8. Añadió que la autoridad accionada se apartó de la sentencia C-1064 de 2001, que

exige una justificación objetiva y suficiente para establecer tratos diferenciados en
materia salarial. A su vez, pasó por alto la jurisprudencia constitucional conforme la
cual, si bien el derecho a la igualdad no se reduce a una equiparación estrictamente
matemática, tampoco admite incrementos que generen brechas irrazonables sin
soporte técnico y normativo.

9. Además, destacó que si bien el Gobierno nacional ostenta una competencia
privativa para establecer diferenciales salariales, dicha facultad no puede ejercerse
de manera caprichosa o arbitraria, sino que debe fundarse en criterios objetivos,
racionales y proporcionales, en garantía de los principios de igualdad y equidad
material.

3 El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pereira que dictó el fallo del 31 de marzo de 2025.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02129-01
Accionante: Cristian Fernán Muñoz Muñoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

10. Por su parte, alegó que la autoridad accionada también incurrió en un defecto

fáctico, por la indebida valoración probatoria respecto del debate jurídico planteado,
puesto que no se acreditó por parte del extremo pasivo que el mayor incremento
salarial otorgado a los docentes ubicados en un nivel inferior del escalafón
respondiera a razones objetivas, verificables y debidamente fundamentadas.

11. Manifestó que la accionada desestimó las pretensiones de la demanda sobre la

base de una supuesta justificación relacionada con la corrección de una brecha
salarial, la cual no fue acreditada dentro del expediente, ni respaldada en los
Decretos que ordenaron los incrementos cuestionados.

12. Concluyó que los incrementos salariales no solo violaron el principio "a trabajo

igual, salario igual", sino que desconocieron el mandato específico del literal j) del
artículo 2° de la Ley 4ª de 1992, que vincula directamente la escala salarial a la
complejidad funcional, responsabilidades y calificaciones exigidas.

B. Sentencia de primera instancia

13. A través del fallo del 5 de junio de 2026, la Sección Tercera – Subsección C del

Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela, tras considerar
que no se satisfacía el requisito general de relevancia constitucional. Señaló que la
parte actora pretendía emplear el mecanismo de amparo como una instancia
adicional al proceso ordinario, en busca de reabrir un debate ya zanjado por el juez
de la causa.

C. Impugnación

14. La parte accionante desconoció que el asunto sí reviste relevancia constitucional.

La tutela no busca reabrir el debate probatorio ni sustituir al juez natural, sino
garantizar que la providencia cuestionada se ajuste a los principios de igualdad
salarial, mérito en la carrera administrativa y debida motivación de las decisiones
judiciales.

15. Afirmó que la controversia no es meramente económica, sino que, versa sobre los

incrementos salariales diferenciados reconocidos durante los años 2008 y 2009, a
docentes ubicados en distintos grados del escalafón, sin una justificación objetiva.

16. Reiteró los argumentos sobre los cuales se edificaron los defectos endilgados,

enfatizándose en que el juez de primera instancia se apartó del precedente
constitucional fijado en la sentencia C-1064 de 2001, que exige un control estricto
frente a tratos salariales diferenciados que no encuentren respaldo en una
justificación objetiva.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02129-01
Accionante: Cristian Fernán Muñoz Muñoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

17. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

18. Esta Subsección confirmará el fallo impugnado, tras constatar que la solicitud de

amparo no acredita el cumplimiento del requisito general de relevancia
constitucional, lo que conduce a su improcedencia e impide un pronunciamiento de
fondo sobre los reparos propuestos.

19. Aunque la parte actora invocó la ocurrencia de dos defectos, la Sala advierte que

ambos están relacionados entre sí y se refieren a un único asunto que no es otro
que insistir en el presunto trato desigual entre los docentes pertenecientes al grado
3BM en comparación con el 3DM, último grupo al cual se les habría otorgado una
base salarial más alta que al primero, sin ninguna justificación aparente, esto
conforme a los decretos nacionales que consideró ilegales.

20. No obstante, la Sala encuentra que dicho asunto ya fue estudiado de manera

suficiente, motivada y ajustada a derecho por el Tribunal Administrativo de Risaralda
en el fallo acusado. Luego de referenciar el marco normativo y jurisprudencial
aplicable al asunto, la autoridad accionada concluyó que no se vulneró el derecho a
la igualdad del demandante, en la medida que el tratamiento diferenciado objeto de
reproche no constituía un acto discriminatorio, dado que recayó sobre sujetos que
se encontraban en condiciones distintas.

21. Explicó que los títulos académicos exigidos para los docentes escalafonados en

el grado 3DM difieren de aquellos ubicados en el grado 3BM. Por consiguiente, de
acuerdo a la jurisprudencia constitucional, no resultaba procedente efectuar
comparaciones entre la asignación salarial prevista para quienes ingresan a la
carrera en escalafones disimiles.

22. Aunado a lo anterior, señaló que los decretos acusados se expidieron en ejercicio

de las facultades extraordinarias conferidas al presidente de la república en el
numeral 2° del artículo 111 de la Ley 715 de 2001. Bajo ese entendido, recalcó que
el legislador puede considerar necesario establecer condiciones salariales
diferentes para los docentes escalafonados de grados distintos, atendiendo a unos
parámetros, sin que ello suponga la configuración de un trato discriminatorio.

23. Puntualizó que no existe disposición normativa, ni algún precedente judicial que

respalde la tesis planteada por la parte actora, según la cual el Gobierno nacional
está obligado a realizar incrementos salariales idénticos para todos los servidores
públicos en consideración a su nivel o grado. A su juicio, tal obligación no se deriva
de la interpretación de los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 4 de 1992, ni del artículo 53 de
la Constitución Política, que se invocaron como vulnerados en la demanda.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02129-01
Accionante: Cristian Fernán Muñoz Muñoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

24. En cuanto al argumento de la recurrente relativo a la ausencia de estudios
técnicos que justificaran los incrementos desiguales, el Tribunal precisó que dicho
reparo no fue planteado en la demanda, razón por la cual no había lugar a
pronunciarse al respecto.

25. Sin perjuicio de lo anterior, indicó que dicho argumento no tenía vocación de

prosperidad, en tanto la Ley 4ª de 1992, por medio de la cual se fijaron los criterios
que debe tener en cuenta el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial
y prestacional, no estableció la obligación de elaborar estudios técnicos para adoptar
ese tipo decisiones.

26. De otra parte, el fallador sostuvo que tampoco se desconoció el principio de

progresividad, toda vez que la actualización salarial efectuada para los docentes
durante las vigencias 2008 y 2009 se realizó en un porcentaje igual o superior a la
variación del IPC correspondiente al año anterior, lo que garantizó la movilidad
salarial y la capacidad adquisitiva del mismo.

27. Encontró que la diferenciación en el porcentaje del incremento salarial reprochada

persiguió, por un lado, garantizar que los docentes pertenecientes al escalafón
inferior conservaran su capacidad adquisitiva y, por otro, reconocer la formación,
capacitación y preparación de quienes se encontraban en un escalafón superior,
cuyo trato diferenciado es justificado en atención a razones objetivas.

28. Añadió que, al examinar el contexto histórico del país y los elementos esenciales

de los acuerdos entre FECODE y el Gobierno nacional para los años 2008 y 2009,
se evidenciaba que los incrementos diferenciados entre escalafones respondieron a
una política orientada a incentivar la formación avanzada y las negociaciones con el
magisterio, en las que se pretendía mejorar la calidad educativa.

29. De esta manera, determinó que el aumento salarial reconocido a la parte actora

obedeció a criterios objetivos, siendo el grado dentro del escalafón docente un factor
determinante para la remuneración correspondiente. De ahí que no resultara
procedente pretender la aplicación de un incremento superior, pues la fijación del
incremento de los salarios de los servidores públicos debe atender, por mandato
legal, a condiciones y contextos reales de orden social, administrativo y económico.

30. Bajo ese escenario, no cabe duda de que la parte actora esgrimió los mismos

argumentos expuestos en el recurso de apelación que interpuso contra la decisión
de primera instancia y, que, a su vez, aquellos fueron resueltos de forma clara,
precisa y razonable por el Tribunal enjuiciado en el fallo que se cuestiona.

31.Además, revisada la sentencia objeto de tutela, se advierte que, contrario a lo

afirmado por el actor, no se omitió aplicar lo dispuesto en la Sentencia C-1064 de
2001, pues, en la página 46 y siguientes, hizo expresa mención a dicha decisión
judicial, y examinó sus consideraciones sobre el carácter relativo del derecho a
mantener el poder adquisitivo del salario, la posibilidad de establecer incrementos

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02129-01
Accionante: Cristian Fernán Muñoz Muñoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

diferenciados entre servidores públicos y la necesidad de someter tales distinciones
a un juicio de razonabilidad. También explicó que esa providencia se apartó
parcialmente de la regla formulada en la sentencia C-1433 de 2000, admitiendo que,
en determinadas circunstancias económicas y fiscales, podrían limitarse los
reajustes salariales de quienes percibieran ingresos superiores, siempre que la
medida estuviera constitucionalmente justificada.

32.Acorde a ello, se advierte que el alegato del actor no evidencia el desconocimiento

del referido precedente, sino su inconformidad con la interpretación y alcance que el
Tribunal le dio en el cas concreto.

33. En esa medida, esta Sala de Subsección no identifica algún motivo por cual deba

intervenir en el caso bajo estudio, pues del contenido de la decisión acusada se
observa que, en ejercicio de su autonomía judicial y en aplicación de los criterios de
libre apreciación probatoria y sana crítica, el juez ordinario valoró de forma razonable
el acervo probatorio obrante en el expediente de cara a los reproches puestos a su
consideración, confrontándolo con las perspectivas legales y jurisprudenciales
respectivas. Todo con lo cual pudo concluir que se debía confirmar la decisión de
primera instancia, al no desvirtuarse la presunción de legalidad de los actos
acusados.

34. Aunado a lo anterior, la parte actora no explicó y, por ende, no logró acreditar el

motivo por el cual se lesionaron los derechos fundamentales invocados con la
decisión acusada. Máxime si se tiene en cuenta que el asunto se reduce a una
situación netamente económica, ya que su fin último es obtener un aumento
retroactivo del salario, sin denotar en forma clara cómo es que esa reclamación
pecuniaria incide en la garantía de sus derechos.

35. En los términos precedentes, la Sala estima que el debate propuesto en la
demanda de tutela no se proyecta de manera directa como una afectación a algún
derecho fundamental, sino que su propósito es reabrir un debate que ya fue zanjado
por los jueces naturales de la causa. En consecuencia, se confirmará la sentencia
del 5 de junio de 2026 proferida por la Sección Tercera – Subsección C de esta
Corporación.

36. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 5 de junio de 2026 por la Sección Tercera
• Subsección C del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02129-01
Accionante: Cristian Fernán Muñoz Muñoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE4
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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