Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02130-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02130-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02130-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 02130 00
Accionante: Omar Gómez Mosquera
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Acción: Acción de tutela
Tema: Mora judicial
Decisión: Niega la solicitud de amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Omar Gómez Mosquera en
contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Omar Gómez Mosquera, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela
contra la Sección Quinta de esta Corporación, por la presunta mora judicial presentada
en el proceso de nulidad electoral identificado con el radicado núm. 76001 23 33 000
2023 00855 04 (principal)1 y, para lo cual, formuló las siguientes pretensiones2:
PRIMERA. Que se tutelen los derechos fundamentales del accionante al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, vulnerados por
la mora judicial injustificada de la Sección Quinta del Consejo de Estado en el
trámite del proceso de nulidad electoral radicado 76001-23-33-000-2023-00855-
04, y por la tolerancia de esa autoridad ante las maniobras dilatorias de la parte
demandada.
SEGUNDA. Que se declare la vulneración ocasionada por la omisión y pasividad
de la Sección Quinta del Consejo de Estado al no adoptar medidas eficaces y
oportunas para impedir que la parte demandada instrumentalizara los
mecanismos procesales con fines dilatorios, pese a haberla prevenido en múltiples
oportunidades sobre dicha conducta.
TERCERA. Que se ordene a la Sección Quinta del Consejo de Estado activar de
manera inmediata sus poderes correccionales y sancionatorios conforme al
artículo 295 del CPACA, sancionando a la parte demandada por su conducta
dilatoria, y rechazar de plano cualquier solicitud, recurso, incidente de nulidad o
actuación manifiestamente improcedente, impertinente o temeraria que sea
presentada en lo sucesivo.
1 Acumulados con los procesos 76001 23 33 000 2023 00860 00 y 76001 23 33 000 2024 00010 00.
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02130 00.
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Accionante: Omar Gómez Mosquera
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CUARTA. - Que se ordene al señor JUAN DAVID PIEDRAHITA LOPEZ y
coadyuvantes y/o apoderados judiciales, se abstengan de presentar cualquier
solicitud, recurso, incidente de nulidad o actuación manifiestamente improcedente,
impertinente o temeraria, dirigida a paralizar el trámite normal del proceso de
nulidad electoral.
QUINTA. Que se ordene a la Sección Quinta del Consejo de Estado, si aún no lo
ha hecho, cumplir con los traslados del recurso, y alegatos de las partes y del
Ministerio Público, sin que la interposición de memoriales, nulidades, recusaciones
o cualquier otra maniobra dilatoria, impida dar por superado esta etapa procesal.
SEXTA.- Que se ordene a la Sección Quinta del Consejo de Estado, proferir
sentencia de segunda instancia de fondo dentro del proceso de nulidad electoral
radicado 76001-23-33-000-2023-00855-04, en un término perentorio no superior
a diez (10) días hábiles, contados a partir del vencimiento del término de traslado
de alegatos otorgado al Ministerio Público, o a partir de la notificación del fallo de
primera instancia de esta acción constitucional, si para esta fecha, ya ha operado
el traslado citado.
SÉPTIMA. Que se ordene continuar de manera inmediata e ininterrumpida con el
trámite del proceso en la etapa en que se encuentre, sin dar curso a ninguna
actuación que tenga como propósito o efecto la paralización del proceso,
aplicando para ello las facultades de dirección del proceso que le otorga el
ordenamiento jurídico.
OCTAVA. Que se adopten las medidas necesarias para garantizar la igualdad de
trato entre el accionante y los demandantes en procesos de nulidad electoral
análogos, en concordancia con lo resuelto por la Sección Tercera del Consejo de
Estado en la Sentencia de Tutela del 12 de febrero de 2026, Radicación 11001-
03-15-000-2025- 07584-00, que amparó los derechos de la demandante en el
caso Krasnov bajo supuestos de hecho esencialmente idénticos a los del presente
proceso.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que, junto con otros ciudadanos, promovió demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad electoral contra la elección del señor Juan David
Piedrahita López como alcalde del municipio de Cartago (Valle del Cauca) para el periodo
2024-2027, por presunta doble militancia en modalidad de apoyo.
Adujo que la demanda fue asignada por reparto al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que mediante sentencia del 27 de febrero de 2025 accedió a las pretensiones y
declaró la nulidad de la elección del señor Piedrahita López.
Sostuvo que, contra la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación, por lo que la Sección Quinta de esta Corporación asumió el conocimiento en
segunda instancia.
Relató que, desde entonces, el demandado ha presentado múltiples incidentes, recursos,
solicitudes de pruebas, aclaraciones y recusaciones que han sido declarados
improcedentes o infundados, lo cual ha generado reiteradas interrupciones en el trámite
y ha dilatado la decisión definitiva del proceso.
2
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Indicó que el proceso continúa paralizado en la etapa de traslado del recurso de
apelación, debido a actuaciones dilatorias de la parte demandada que han interrumpido
el trámite en varias oportunidades y han impedido avanzar hacia la decisión de segunda
instancia, pese al tiempo transcurrido desde la admisión del recurso.
Afirmó que, aunque ha solicitado a la Sección Quinta sancionar dicha conducta y dar
impulso al proceso, la autoridad judicial no ha adoptado medidas eficaces.
Manifestó que, en un caso similar al suyo, relacionado con el proceso de nulidad electoral
del alcalde de Tunja, se promovió la acción de tutela identificada con el radicado núm.
11001 03 15 000 2025 07584 00, en la que, según anotó, se ampararon los derechos
fundamentales del accionante y se ordenaron medidas correctivas orientadas a impartir
celeridad al proceso. Bajo dicho contexto, aseguró que, por dicha situación, en su caso
se presenta una vulneración de su derecho a la igualdad.
Como fundamento de la acción de tutela, el accionante reiteró que la prolongada dilación
del proceso de nulidad electoral vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
Señaló que el término legal para decidir la segunda instancia (40 días, conforme al Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) ha sido ampliamente
superado y que la autoridad judicial no ha aplicado las medidas sancionatorias frente a
las actuaciones dilatorias de la parte demandada, pese a estar facultada para ello.
Por último, alegó que la mora judicial constituye una vía de hecho por omisión, de
conformidad con la jurisprudencia constitucional, especialmente grave en los procesos
electorales por su naturaleza temporal.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 16 de marzo de 20263 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 18 de marzo de 20264 la admitió y dispuso notificar5 a la
Sección Quinta del Consejo de Estado, como autoridad judicial accionada; así como
vincular6 a los señores José Javier Páez Bonilla, Pedro Emigdio Arboleda Caicedo,
Bibiana Álzate Castaño y Juan David Piedrahita López, como terceros interesados en el
resultado del proceso.
De igual forma, se requirió a la Sección Quinta remitir copia digital o el hipervínculo de
consulta del expediente correspondiente a los procesos con radicado núm. 76001 23 33
000 2023 00855 04 (principal), 76001 23 33 000 2023 00860 00 y 76001 23 33 000 2024
00010 00 (acumulados).
3 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02130 00.
4 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02130 00.
5 Esta orden se cumplió el 24 de marzo de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02130 00.
6 Ibidem.
3
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Accionante: Omar Gómez Mosquera
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3.2. La Sección Quinta7, a través del magistrado sustanciador del proceso ordinario,
allegó informe en el que solicitó negar el amparo, por cuanto las decisiones adoptadas
en el proceso ordinario se han tramitado con la debida celeridad y en cumplimiento de
las garantías constitucionales y legales.
Sostuvo que, tras la admisión del recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, se han presentado múltiples solicitudes, recursos y actuaciones por parte del
demandado que, aunque han sido resueltas desfavorablemente, eran procedentes y
fueron decididas con celeridad.
Explicó que, el trámite ha implicado decisiones sobre solicitudes de pruebas, incidente
de nulidad, recursos de reposición y de súplica, solicitudes de aclaración y una
recusación, todas resueltas oportunamente por la Sección Quinta.
Indicó que no ha existido conducta pasiva u omisiva de su parte, pues todas las peticiones
han sido analizadas y decididas para garantizar el debido proceso y las demás garantías
constitucionales, aunque algunas actuaciones hayan generado demoras.
También precisó que la comparación con el proceso del alcalde de Tunja no configura
vulneración del derecho a la igualdad, dado que cada proceso es independiente.
3.3 Los señores José Javier Páez Bonilla, Pedro Emigdio Arboleda Caicedo, Bibiana
Álzate Castaño y Juan David Piedrahita López, guardaron silencio.
3.4. Mediante escrito radicado el 7 de abril de 2026, con posterioridad a la radicación del
escrito de tutela inicial, el accionante solicitó, como medida provisional, ordenar a la
accionada abstenerse de dar trámite, apertura, impulso o cualquier actuación respecto
de la recusación presentada por el señor Albertneil Carmona Giraldo contra el consejero
de Estado Omar Joaquín Barreto Suárez, mientras se resuelve de fondo la presente
acción de tutela. Asimismo, indicó que dicha medida debía hacerse extensiva a la
prohibición de suspender, interrumpir o detener el curso normal del proceso de nulidad
electoral con ocasión de esa recusación.
3.5. Mediante escrito radicado el 15 de abril de 2026, el accionante solicitó lo siguiente:
7 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02130 00.
4
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Accionante: Omar Gómez Mosquera
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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 8 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,9 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202110, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201911, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. CUESTIÓN PREVIA
Frente a la solicitud de medida provisional presentada por el accionante, la Sala no se
pronunciará al respecto, por cuanto lo solicitado será objeto de análisis en la presente
providencia, de manera que cualquier determinación previa sobre la medida provisional
resultaría inocua, al quedar subsumida en el análisis de fondo que se adopta en esta
misma decisión.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
De la lectura del escrito de tutela, la Sala advierte que las inconformidades del accionante
se fundamentan en la presunta configuración de una mora judicial injustificada dentro del
medio de control de nulidad electoral identificado con el radicado núm. 76001 23 33 000
2023 00855 04 (principal), derivada, según estima, de la falta de impulso procesal
8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
9 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
10 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
11 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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efectivo, como consecuencia de las presuntas dilaciones ocasionadas por el sujeto
pasivo de la relación procesal en dicho medio de control.
En ese sentido, en relación con la mora judicial, la Corte Constitucional en sentencia SU-
179 de 202112, indicó lo siguiente:
[…] la mora judicial ha sido definida por la jurisprudencia constitucional como un
“fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo
del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como
resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad
humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los
procesos”13. De ahí que, la mora judicial se presenta cuando, por fuera de los
términos legales previstos en los códigos de procesales, los jueces omiten proferir
las decisiones a su cargo […].
En esa misma oportunidad, la Corte Constitucional precisó que14:
[…] 74. Frente a la tardanza o mora por parte de los jueces en el cumplimiento de
los términos judiciales, esta Corte ha determinado que es posible promover acción
de tutela para reclamar la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, debido a que estos pueden
resultar afectados por dicha omisión judicial. En estos eventos, corresponde al
juez constitucional determinar si se trata de un caso de mora judicial justificada o
injustificada, teniendo en consideración que son hipótesis que surgen por distintas
causas y tienen diferentes implicaciones. En ese sentido, este tribunal ha reiterado
que “no toda mora judicial implica la vulneración de los derechos fundamentales
de una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un
desconocimiento de plazo razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo
justifique”. Para tal efecto, deberán examinarse, en cada caso concreto, las
condiciones específicas del asunto sometido a decisión judicial, evaluarse si existe
o no una justificación debidamente probada que explique la mora […].
75. En esa medida, la Corte ha entendido que, aun cuando se superen los
términos procesales para que el juez adopte una determinación, no hay violación
de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia y, por
consiguiente, no se desconoce la garantía a obtener una decisión de fondo sin
dilaciones injustificadas y dentro del plazo razonable, cuando se constata que
existe un motivo válido que justifica la mora judicial, es decir, cuando se trata de
una mora judicial justificada. Ello, exige analizar si el incumplimiento del término
procesal “(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial, (ii) se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan
otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley”.
[…]
77. En concordancia con lo anterior, esta Corte ha señalado que es dado afirmar
que existe mora judicial injustificada o indebida, cuando quiera que se acredite
que el juez no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una
omisión en el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, de manera reiterada,
ha sostenido que la dilación injustificada que viola los derechos fundamentales al
12 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-052 de 2018.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-179 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se configura cuando
está demostrado que “(i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable
que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de la autoridad judicial” […].
En el caso en cuestión, conforme la revisión del expediente de nulidad electoral objeto
de reproche, se encuentra acreditado lo siguiente15:
(i) Mediante auto del 23 de mayo de 2025, la Sección Quinta admitió el recurso de
apelación presentado por el señor Juan David Piedrahita López contra la sentencia de 25
de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
declaró la nulidad electoral del referido señor.
(ii) Por auto del 4 de junio de 2025, la Sección Quinta devolvió el expediente al a quo para
que resolviera un incidente de nulidad presentado por la parte demandada dentro del
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 25 de marzo de 2025.
(iii) A través de proveído del 20 de junio de 2025, la Sección Quinta resolvió sobre el
desistimiento de unos recursos de reposición presentados por el aquí accionante y el
señor José Javier Páez Bonilla.
(iv) Mediante auto del 19 de agosto de 2025, la Sección Quinta resolvió unas solicitudes
probatorias en segunda instancia.
(v) Con providencia del 23 de septiembre de 2025, la Sección Quinta resolvió el recurso
de reposición y, en subsidio, el de súplica presentado por el señor Juan David Piedrahita
López contra la anterior providencia.
(vi) A través de proveído del 24 de octubre de 2025, la Sección Quinta resolvió el recurso
de reposición y, en subsidio, el de súplica interpuesto por el señor Juan David Piedrahita
López contra el auto del 23 de septiembre de 2025, mediante el cual se repuso
parcialmente la decisión adoptada en la providencia del 19 de agosto de 2025 para negar
el decreto y la práctica de unos testimonios.
(vii) Mediante auto del 13 de noviembre de 2025, la Sección Quinta resolvió los recursos
de súplica interpuestos por la parte demandada contra los autos del 19 de agosto y 23
de septiembre de 2025.
(viii) Con providencia del 11 de diciembre de 2025, la Sección Quinta resolvió las
solicitudes de aclaración y/o adición, presentadas contra el auto del 13 de noviembre de
2025.
(ix) A través de proveído de 22 de enero de 2026, la Sección Quinta resolvió el recurso
de reposición interpuesto por el señor Julio César Valencia Carvajal contra la providencia
de 11 de diciembre de 2025, mediante la cual se rechazó por extemporánea la solicitud
de aclaración y adición presentada frente al auto de 13 de noviembre de 2025.
15 Visto en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 76001 23 33 000
2023 00855 04.
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(x) Mediante auto del 11 de febrero de 2026, la Sección Quinta rechazó de plano la
recusación formulada contra los magistrados de esa Sección. Adicionalmente, advirtió lo
siguiente:
SEGUNDO: Se conmina a todas las partes, abogados y a la ciudadanía en general
para que, en lo sucesivo, se abstengan de formular peticiones y ejercer
mecanismos dilatorios, so pena de dar aplicación a los artículos 295 de la Ley
1437 de 2011 y 147 del CGP e imponer la multa correspondiente, así de como
disponer el envío de las actuaciones procesales pertinentes a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial para la investigación de una eventual conducta
disciplinaria frente a los profesionales del derecho. (Se destaca).
(xi) Con providencia del 6 de marzo de 2026, la Sección Quinta resolvió la solicitud de
adición y aclaración presentada por la parte demandada contra el anterior auto.
(xii) Mediante escrito de 14 de abril de 2026, el consejero de Estado Omar Joaquín
Barreto Suárez se pronunció frente a una recusación y manifestó su impedimento para
conocer del asunto.
(xiii) Por auto del 23 de abril de 2026, se declaró infundado el impedimento manifestado
por el magistrado Barreto Suárez.
En vista de lo anterior, la Sala concluye que la inconformidad del accionante relacionada
con la existencia de una mora judicial injustificada y la presunta pasividad de la autoridad
judicial, no se ajusta al recuento procesal señalado supra, pues de este se evidencia que
la Sección Quinta ha adelantado de manera continua el trámite del proceso, mediante la
admisión del recurso de apelación y la resolución de cada una de las solicitudes,
incidentes, recursos, aclaraciones y recusaciones, lo que demuestra que no ha existido
inactividad ni falta de impulso procesal.
Ahora bien, respecto de la solicitud encaminada a que se ordene activar los poderes
correccionales del artículo 295 del CPACA tampoco se ajusta al trámite procesal descrito,
toda vez que la autoridad judicial ya ha ejercido sus facultades de dirección del proceso,
incluso conminando a las partes a abstenerse de formular peticiones dilatorias y
advirtiendo la eventual imposición de sanciones, lo que evidencia el ejercicio efectivo de
sus facultades de dirección y control del proceso.
Adicionalmente, frente a la pretensión encaminada a ordenar el rechazo de plano de
futuras peticiones o a impedir el trámite de nuevas actuaciones resultan
desproporcionadas frente al desarrollo ordinario del proceso, en la medida en que
suponen limitar de manera anticipada el ejercicio del derecho de defensa y contradicción
de las partes. Dichas facultades deben garantizarse y, en cada caso, corresponde al juez
de conocimiento, como director del proceso, valorar la pertinencia de las actuaciones y
adoptar las decisiones y medidas que estime pertinentes.
En cuanto al argumento del accionante relacionado con la presunta vulneración de su
derecho a la igualdad por la similitud del caso con la acción de tutela identificada con el
radicado núm. 11001 03 15 000 2025 07584 00, la Sala advierte que el accionante no
cumplió con la carga de identificar cuál fue el problema jurídico resuelto en dicho caso, ni
los fundamentos de hecho y de derecho que se asemejan al suyo. En todo caso, no sobra
advertir que las acciones de tutela tienen efectos inter partes.
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Finalmente, en relación con el escrito allegado por el accionante el 15 de abril de 2026
en el que solicitó que se rechace la manifestación de impedimento presentada por el
Consejero de Estado Omar Joaquín Barreto Suárez y se compulse copias disciplinarias
ante la Comisión Nacional del Servicio Civil en contra de dos profesionales del derecho,
la Sala no se pronunciará al respecto comoquiera que estas no hicieron parte del escrito
de tutela inicial y cualquier pronunciamiento al respecto implica una afectación del
derecho de defensa y contradicción de la parte actora. Además, los profesionales del
derecho sobre los que el accionante pretende que se compulsen copias no fueron
vinculados al presente trámite tutelar.
En todo caso, la Sala advierte que dichas solicitudes implican que el juez de tutela
interfiera directamente en una actuación propia del medio de control de nulidad electoral
y resuelva temas propios del conocimiento del juez natural de la causa, lo cual, por regla
general, no le está permitido al juez constitucional.
En consecuencia, la Sala negará la solicitud de amparo comoquiera que no se advierte
la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por el accionante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 30 de
abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.
9
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