República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02133-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02133-00 (3202)
Accionante: Mariano Lozano Rivera
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: ajuste salarial docente. Subtema 3:
defectos sustantivo y fáctico.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor Mariano Lozano Rivera contra el
Tribunal Administrativo de Santander.
1. Síntesis del caso
El señor Mariano Lozano Rivera presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia, así como el principio de favorabilidad, que consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia del 8 de agosto de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 68001-33-33-002-
2024-00190-02.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02133-00, índice 2, certificado D19DC3E1D72FC67C
1845B09DD8270FD5 6925B747940828B8 F75675A73E950BD3.
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Accionante: Mariano Lozano Rivera
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
2. El señor Mariano Lozano Rivera es educador oficial ubicado en la categoría
3BM del escalafón docente, conforme el régimen establecido en el Decreto-Ley
1278 de 2002.
3. El accionante, mediante sendos escritos radicados en la Secretaría de
Educación de Girón y en el Ministerio de Educación Nacional, solicitó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos
que, a su juicio, fueron «desiguales e injustificados decretados para los años 2008
y 2009, en los cuales se favoreció a docentes de la categoría 3DM en detrimento de
quienes, como él (ella), se encontraban en el escalafón 3BM».
4. La entidad territorial y el Ministerio de Educación Nacional, a través de los
oficios 2024-EE-062648 del 29 de febrero de 2024 y 2024-EE-076612 del 8 de
marzo siguiente, respectivamente, negaron el requerimiento del tutelante.
5. El señor Mariano Lozano Rivera presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Secretaría de Educación de Girón y la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que i) se inaplicara por ilegal
el Decreto 284 de 2024, que definió el ajuste salarial del año 2024, ii) se dejaran sin
efectos los referidos actos administrativos y, en su lugar, iii) se ordenara pagar a su
favor la diferencia salarial de los incrementos porcentuales establecidos por el
Gobierno nacional durante los últimos 3 años anteriores a la solicitud, conforme el
valor reconocido para los docentes pertenecientes al escalafón 3DM, dado que el
aplicado al nivel 3BM, al que pertenece, fue inferior. Asimismo, pidió el respectivo
ajuste de sus prestaciones sociales.
6. El Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga, mediante sentencia del
31 de marzo de 20252, negó las pretensiones de la demanda al considerar que los
incrementos fijados para las categorías 3BM y 3DM se ajustaron a los límites fijados
en los Decretos 624, 714 y 1407 de 2008 y 702 y 1238 de 2009 y, en todo caso,
superaron la inflación de esas vigencias.
7. Agregó que las diferencias salariales entre categorías obedecen a criterios
objetivos de profesionalización y que no era procedente el estudio bajo el principio
de favorabilidad porque requería la existencia de varias normas sobre un mismo
asunto. Por último, afirmó que la presunción de legalidad de los decretos
demandados no fue desvirtuada con pruebas de regresividad o capricho. Esta
decisión fue apelada.
8. En segunda instancia, la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Santander confirmó el fallo de primera instancia en providencia del 8 de agosto
de 20253.
9. Por último, la parte demandada presentó solicitud de adición y
complementación de sentencia con la finalidad de que se fundamentara por qué no
2 Samai, expediente núm. 68001-33-33-002-2024-00190-00, índice 26, certificado D346A181E6686E95
0B781C45F0DC7EE9 886450A94AC6EE7B 6B5BC19E9E3378C4.
3 Samai, expediente núm. 68001-33-33-002-2024-00190-02, índice 11, certificado 595101AE24840821
6A36BA4F97484C34 444F534FC055735D 12CD7A8077E4F26F.
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se condenó en costas a la parte actora; sin embargo, en auto del 9 de septiembre
siguiente4, se negó las referidas peticiones.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
10. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER en la sentencia
proferida el día ocho (08) de agosto de dos mil veinticinco (2025), en el expediente
radicado bajo número 680013333002-2024-00190-02, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD del (la) señor (a) MARIANO LOZANO RIVERA, por considerar que
las razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas
Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el
proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular
del (la) docente MARIANO LOZANO RIVERA a la luz de los argumentos planteados
en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico5.
11. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia del Tribunal Administrativo de Santander incurrió en defecto sustantivo
porque no efectuó una interpretación adecuada de los postulados normativos que
regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se apartó de los lineamientos
constitucionales y legales que rigen la materia.
12. De esta manera, explicó que la autoridad accionada desconoció de forma
arbitraria el alcance del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto-
Ley 1278 de 2002, en tanto otorgó un trato desigual en los incrementos salariales
de los docentes de las categorías 3BM y 3DM, que se realizó en los años 2008 y
2009, cuya diferencia carecía de sustento objetivo y produjo una afectación
permanente en la base salarial de los docentes de la categoría 3BM.
13. Resaltó que el Tribunal desconoció que las diferencias en los incrementos
salariales de los años 2008 y 2009 entre las categorías 3BM y 3DM no respondían
a criterios de razonabilidad y no tuvo en cuenta los principios de igualdad y
progresividad que regulan los asuntos salariales.
14. Por otra parte, indicó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico
porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos
4 Samai, expediente núm. 68001-33-33-002-2024-00190-02, índice 11, certificado 595101AE24840821
6A36BA4F97484C34 444F534FC055735D 12CD7A8077E4F26F.
5 Se transcribe incluso con errores.
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porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 3BM y
3DM.
2.3. Trámite procesal
15. El despacho ponente, mediante auto del 19 de marzo de 20266, admitió la
solicitud de amparo; vinculó al trámite, como terceros con interés Juzgado Segundo
Administrativo de Bucaramanga, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al municipio de Girón;
requirió el expediente ordinario objeto de controversia; tuvo como pruebas los
documentos aportados con la demanda; y ordenó las notificaciones de rigor.
2.4. Intervenciones
16. El Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga contestó que las
sentencias emitidas en el proceso ordinario fueron proferidas de acuerdo con la
normativa vigente y las pruebas del proceso, de manera que no vulneraron los
derechos fundamentales del accionante. Solicitó que se nieguen las pretensiones
de amparo7.
17. El Ministerio de Educación Nacional contestó que la tutela propone una
controversia de naturaleza estrictamente económica que involucra intereses
privados, asunto que excede la competencia del juez constitucional. Destacó la
independencia y autonomía de la función judicial, arguyó su falta de legitimación por
pasiva y solicitó que se declare improcedente la acción constitucional8.
18. El municipio de Girón manifestó que no tiene legitimación en la causa por
pasiva, motivo por el que pidió su desvinculación del trámite constitucional9.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
19. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política,
y 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente
solicitud de amparo interpuesta por el señor Mariano Lozano Rivera contra el Tribunal
Administrativo de Santander.
3.2. Legitimación en la causa
20. La legitimación en la causa por activa del señor Mariano Lozano Rivera está
acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad y
6 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02133-00, índice 5, certificado 0849DA542EE91791
FE27B99B0DAA2214 3B5CEA83C45B22A0 FCAD250BCBEB3B6F.
7 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02133-00, índice 11, certificado A5B3B4B62536B5B6
251165A34D100D1C FA381AAD82B39709 5D305DCEA1367923.
8 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02133-00, índice 12, certificado DD326B0444F4223C
FB4BCBD23A7ACB97 3B3C2D00A2F1BD9E 479930E70FAC0DF6.
9 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02133-00, índice 13, certificado 737953BCCA573434
AA1FA610B366A2F0 376F2EA963AE47E9 C7C9AB4C5DC519A3.
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restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconocido sus derechos fundamentales.
21. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Santander, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia,
objeto de tutela.
22. Por otro lado, se advierte que el Ministerio de Educación Nacional y el
municipio de Girón solicitaron su desvinculación, al considerar que no estaban
llamados a responder por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte
accionante.
23. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda
vez que dicha entidad actuó como parte demandada dentro del proceso ordinario
en el que fue expedida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la
decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos
expuestos, se negarán las solicitudes.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
24. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte
Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias
judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos
generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales
se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional11.
25. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
26. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
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tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
27. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
28. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional14 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
29. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
30. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
31. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que el
fallo proferido el 8 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Santander
quedó ejecutoriado el 18 de septiembre de 2025, luego de la notificación del auto
que resolvió las solicitudes de aclaración y adición de sentencia; y la demanda de
tutela se presentó el 13 de marzo de 202615, esto es, dentro del plazo de seis meses
previsto por la jurisprudencia constitucional16 y del Consejo de Estado17 como
razonable.
32. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela,
sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
13 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06486-00 índice 1.
16 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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33. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y el desconocimiento
del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos
que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
34. La Sala debe determinar si ¿el Tribunal accionado vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio de favorabilidad del tutelante?
35. En particular, deberá establecer si ¿la sentencia del 8 de agosto de 2025
incurrió en los defectos sustantivo y fáctico al negar las pretensiones de la demanda
promovida por el accionante para obtener el ajuste de la diferencia salarial entre su
escalafón 3BM con respecto al grado 3DM?
3.4.1. El defecto sustantivo
36. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado18.
37. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta
que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
38. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]19.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
19 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
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39. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía
de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
40. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).20
3.4.2. El defecto fáctico
41. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»21. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión22» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
42. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»23. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»24.
43. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
20 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
21 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
22 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso25.
44. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial26, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»27.
45. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera
genérica, por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar
si la decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar
las pruebas en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]28.
3.5. Caso concreto
46. En el asunto bajo estudio, el señor Mariano Lozano Rivera presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Secretaría de Educación de Girón, con el fin de que se dejaran
sin efectos los oficios 2024-EE-062648 del 29 de febrero y 2024 EE-076612 del 8
de marzo siguiente y, en consecuencia, que se ordenara pagar la diferencia salarial
existente entre el grado que ostenta como educador ubicado en la categoría 3BM y
el nivel 3DM del escalafón nacional docente.
47. El Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga profirió sentencia el 31
de marzo de 2025 en la que negó las pretensiones de la demanda. Apelada la
anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Santander emitió fallo el 8 de agosto
de 2025, en el que confirmó la providencia recurrida.
48. Ahora bien, la parte tutelante argumentó, en concreto, que la autoridad judicial
25 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
26 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
27 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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accionada, al proferir el fallo del 8 de agosto de 2025, incurrió en el defecto
sustantivo por cuanto no realizó una interpretación adecuada de los postulados
normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se apartó de
los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia, especialmente los
principios de igualdad y progresividad.
49. De este modo, precisó que la autoridad accionada desconoció el alcance del
artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto-Ley 1278 de 2002, en
tanto otorgó un trato desigual en los incrementos salariales de los docentes
ubicados en los niveles 3BM y 3DM, que se realizó en los años 2008 y 2009, cuando
la diferencia carecía de fundamento objetivo y produjo una afectación permanente
en la base salarial de los docentes de la categoría 3BM.
50. Asimismo, indicó que la decisión cuestionada contiene un defecto fáctico
porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho no se aportaron pruebas que demostraran la existencia de motivos válidos
que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos porcentajes de
incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 3BM y 3DM.
51. Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo de Santander explicó el
alcance del artículo 150 de la Constitución y las consideraciones del Consejo de
Estado sobre el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y, en
concreto, de los docentes oficiales previsto en la Ley 91 de 1989. Además, abordó
la carrera docente regulada en el Decreto 2277 de 1979 y el escalafón docente de
acuerdo con el Decreto 1278 de 2002.
52. Así pues, indicó que este último decreto plantea una estructura del escalafón
docente con base en tres grados, que dependen de la formación académica del
educador, entre otros criterios. De este modo, el ingreso a la carrera y la ubicación
dentro del escalafón se hace conforme el título académico y los ascensos o
reubicaciones requieren una evaluación de competencias, el cumplimiento de
requisitos y un tiempo mínimo de permanencia o experiencia.
53. De igual manera, explicó el principio de «a trabajo igual, salario igual» y la
potestad del Gobierno nacional para establecer la remuneración de los docentes
oficiales, a partir de la Ley 4 de 1992, en concordancia con la Ley 91 de 1989 y el
Decreto 1278 de 2002. De lo expuesto, expuso lo siguiente:
Fluye de los expuesto, que el Gobierno Nacional tiene la potestad para reglamentar
el régimen salarial y prestacional de los docentes escalafonados y, particularmente,
su remuneración, no de manera absoluta, sino limitado por los principios
constitucionales y orientado por los postulados contenidos en el artículo 2 de la Ley 4
de 1992 y el artículo 46 del Decreto 1278 de 2002, mediante los cuales se regulan
criterios diferenciadores para establecer dicho régimen como i) la naturaleza del cargo
y de sus funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su
desempeño; ii) el grado y nivel que acrediten en el escalafón docente de conformidad
con el Decreto 1278 de 2002; iii) si son nombrados en provisionalidad o en periodo
de prueba y iv) para el caso de los directivos, de acuerdo con sus niveles educativos
y el tamaño de la institución que dirijan.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02133-00 (3202)
Accionante: Mariano Lozano Rivera
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Aunado a lo anterior, de conformidad con las normas ibidem, el Gobierno Nacional
para reglamentar el régimen salarial de los docentes escalafonados debe considerar
los siguientes puntos: i) el respeto a los derechos adquiridos de los servidores del
Estado; ii) no podrá desmejorar sus salarios y prestaciones sociales y iii) para la
vigencia del Decreto 1278 de 2002 y en adelante, el salario de ingreso a la carrera
docente debía ser superior al que devengaban los educadores regidos por el Decreto-
Ley 2277 de 1979.
54. En el caso concreto, afirmó que los actos demandados conservaron legalidad
por cuanto el Gobierno nacional tiene competencia para establecer la escala salarial
del personal docente oficial, en virtud de lo previsto en los artículos 150
constitucional, 46 de la Ley 1278 de 2002 y la Ley 4 de 1992. Así, encontró que las
diferencias en los incrementos no obedecen a patrones de discriminación,
desmejora o regresividad, sino a decisiones de política pública afines a criterios de
eficiencia, mérito y desarrollo profesional docente.
55. El Tribunal agregó que los incrementos tuvieron justificación jurídica y
respondieron a la estructura misma del escalafón docente prevista en los artículos
19, 20 y 46 del Decreto-Ley 1278 de 2002, que tiene como pilares la formación
académica, la experiencia y las competencias acreditadas. En tal sentido, advirtió
que:
De conformidad con lo anterior, no es posible realizar una comparación entre
docentes que pertenecen a grados distintos, como el 3CM (maestría o doctorado y 3
años en el grado 3AM y 3 años en el grado 3BM y aprobar sus respetivas
evaluaciones de competencias) y el 3DM, (maestría, haber estado inscrito en las
anteriores niveles, es decir en la 3BM Y 3CM, y ascender o cambiar de nivel con los
requisitos de poseer 3 años en cada una y aprobar sus respectivas evaluaciones de
competencias), toda vez que a pesar de pertenecer a una misma categoría son de un
nivel distinto, obedeciendo el nivel 3DM al último de su categoría, por lo cual, sus
condiciones objetivas no son equiparables y esta diferencia porcentual se encuentra
fundada en los principios de la profesionalización de la carrera docente.
56. Por otra parte, el Tribunal Administrativo de Santander destacó que el Decreto-
Ley 1278 implementó incentivos, estímulos y compensaciones en la remuneración
de los docentes escalafonados, con miras a que se especializaran en sus campos
de conocimiento y contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación. Para el
caso especifico en discusión, sostuvo que el incremento implementado en 2007 no
podía ser comparable con la vigencia siguiente, porque solo fue hasta el 2008 que
se incluyó la variable relativa a la obtención del título de especialista. En
consecuencia, concluyó que:
En virtud de ello, se tiene que el incremento salarial del año 2008, si bien menos
favorable para el grado 3BM, no resultó incompatible con los principios
constitucionales de igualdad y progresividad, dado que el sistema retributivo del
escalafón se fundamenta en una estructura jerárquica diferenciada en la que se
reconoce, en mayor proporción, a quien acredite niveles superiores de formación
académica, mérito profesional, competencias acreditadas y experiencia. A su vez, de
concordancia con la Jurisprudencia Constitucional y del Consejo de Estado, no es
aplicable para el caso particular el principio de “a trabajo igual salario igual”, ello por
cuanto en el presente caso se encuadra en la tercera razón admisible para una
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Accionante: Mariano Lozano Rivera
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
diferenciación salarial […].
57. Por último, en la sentencia del 8 de agosto de 2025 se encontró que no
resultaba procedente la pretensión de inaplicación del Decreto 284 de 2024, toda
vez que no existían elementos probatorios que demostraran una contradicción
manifiesta con la Constitución Política o el quebranto del principio de igualdad.
58. En este orden de ideas, de cara a los cargos de tutela, se observa que en la
sentencia del 8 de agosto de 2025 se realizó un análisis razonable y adecuado de
la normativa y los documentos aportados al proceso, lo que le permitió concluir que
la diferencia salarial existente entre los docentes ubicados en los niveles 3BM y
3DM del escalafón nacional docente se justificaba en criterios objetivos definidos
por el legislador (Decreto-Ley 1278 de 2002), relacionados con la capacitación y el
nivel educativo del docente.
59. En efecto, se advierte que el Tribunal analizó el Decreto-Ley 1278 de 2002
para verificar la trazabilidad con la que el Gobierno nacional realizó los incrementos
salariales durante dichas anualidades para los grados 3BM y 3DM y las condiciones
que llevaron a definir los valores respectivos.
60. Así pues, el estudio normativo y jurisprudencial desarrollado por la autoridad
accionada le permitió constatar que la diferencia salarial establecida para los
docentes en los grados 3BM y 3DM, además de tener una justificación válida,
tampoco es contraria al principio de progresividad y no regresividad en materia
salarial, dado que no se demostró una desmejora económica para los educadores
ubicados en el grado 3BM.
61. Dicho esto, para la Sala no es posible inferir la configuración de un defecto
sustantivo ni fáctico como lo plantea la parte tutelante, pues las razones y motivos
que dieron origen a la fijación discriminada del salario entre los grados 3BM y 3DM
tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto-Ley 1278 de 2002, el
cual faculta al ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de los educadores
en los siguientes términos:
El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de
acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad
con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados
en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones
adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el
tamaño de la institución educativa que dirijan.
62. De acuerdo con lo anterior, se observa que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Santander de ninguna manera realizó una interpretación sesgada
a la normativa aplicable y de los criterios jurisprudenciales que rigen el caso
sometido a estudio; por el contrario, lo que se advierte es que los argumentos
desarrollados en la providencia objeto de tutela atienden las pautas establecidas
por el legislador sobre la forma de definir los incrementos salariales de los docentes.
63. Adicionalmente, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la
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Accionante: Mariano Lozano Rivera
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
autoridad judicial accionada, lejos de mostrar una situación indebida por acción u
omisión, lo que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al
contenido de los documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es
posible inferir que la decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es
que el Tribunal no le haya otorgado el valor probatorio que el tutelante pretendía
que se les atribuyera a los medios de prueba allegados al proceso.
64. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»29.
65. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien la providencia
objeto de tutela no resultó favorable al tutelante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales.
66. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda
hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con
el fin de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.
4. Conclusiones
67. Por lo expuesto, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander no vulneró los derechos fundamentales invocados por
la parte actora, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario o
caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que
constituya una vía de hecho por los defectos sustantivo y fáctico que exija la
intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo
invocada por el accionante.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
29 Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02133-00 (3202)
Accionante: Mariano Lozano Rivera
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Falla:
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuestas por el Ministerio de
Educación Nacional y el municipio de Girón, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.
Segundo: Negar el amparo de tutela interpuesto por el señor Mariano Lozano
Rivera contra el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones contenidas
en esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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