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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02155-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02155-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente. 3 Índice 00009 Proceso 76001-23-33-000-2025-005455-00 en SAMAI. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Radicado: 11001-03-15-000-2026-02155-00 Demandante: Alfonso Heberto Velasco Pardo 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02155-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

14 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02155-00
Demandante: Alfonso Heberto Velasco Pardo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 14 de mayo de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02155-00
Demandante: ALFONSO HEBERTO VELASCO PARDO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Mora judicial en proceso ejecutivo. Carencia actual de objeto

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Alfonso Heberto Velasco Pardo
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 16 de marzo de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
Alfonso Heberto Velasco Pardo pidió la protección de su derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la mora judicial en
el trámite del proceso ejecutivo Nro. 76001-23-31-000-2002-04469-00 por no haber
adoptado ninguna decisión desde que presentó la demanda.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Que el honorable Magistrado Ponente Dr. EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS, miembro del
Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca quien lleva a su cargo el proceso
ejecutivo de radicación 76001-2331-000-2002- 04469-00, tramitado contra la UNIDAD DE PARQUES
NACIONALES, está violando mi DERECHO CONSTITUCIONAL al acceso a la ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA dada mis condiciones personales de salud y mi edad.

2.Se conceda la TUTELA a mi derecho constitucional de ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA mientras esté vivo.

3. Se ordene al honorable Magistrado Ponente Dr. EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS, quien lleva
a su cargo el proceso ejecutivo de radicación 76001-2331-000-2002-04469-00, tramitado contra la
UNIDAD DE PARQUES NACIONALES, que le otorgue prioridad y celeridad al proceso para resolverlo
a la brevedad posible antes que mi vida se extinga.

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El señor Alfonso Heberto Velasco Pardo interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial de Parques
Nacionales Naturales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Colombiano de Reforma Agraria –
INCORA con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos por medio de los

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02155-00
Demandante: Alfonso Heberto Velasco Pardo

cuales la UAESPNN le informó al accionante que no contaba con presupuesto para
efectuar la compra para su predio <<Altamira>> que estaba ubicado dentro de una zona
declarada Parque Nacional Natural.

El conocimiento de la demanda correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, bajo el radicado No. 76001-2331-000-2002-04469-00,
que, en sentencia de 31 de agosto de 2011, accedió a las pretensiones de la demanda y
condenó a las entidades accionadas a pagarle al accionante por concepto de perjuicios
materiales la suma de $33.355.053 y por concepto de daño moral, la suma de 100
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Decisión que fue confirmada en sentencia
dictada el 14 de septiembre de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado.

El 13 de agosto de 2025, el señor Alfonso Heberto Velasco Pardo presentó demanda
ejecutiva en contra de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales
Naturales ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de obtener el
pago de las sumas de dinero reconocidas a su favor en la sentencia proferida por el
referido tribunal dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001-
2331-000-2002-04469-00, confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado en
sentencia dictada el 14 de septiembre de 2023, proceso ejecutivo que fue asignado al
despacho del magistrado Eduardo Lubo Barros, bajo el radicado No.76001-23-33-000-
2025-00545-00 y que ingresó al despacho el 13 de agosto de 2025.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La accionante afirmó que es un hombre mayor, de 86 años, que padece de diabetes,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía mixta, enfermedad coronaria
multivaso, re esenosis inte stents del 95% con enfermedad coronaria progresiva,
hipertenso, entre otras enfermedades propias de su edad, por lo que, dice, es claro que
tiene poco tiempo de vida y no puede continuar esperando el trámite normal de un
proceso administrativo que dura años y, pese a que su abogado ha solicitado celeridad
en el proceso ejecutivo y ha presentado su historia clínica, han transcurrido más de ocho
meses desde que presentó la demanda ejecutiva sin que el tribunal accionado haya
emitido algún pronunciamiento.

5. Trámite procesal

Por auto del 20 de marzo de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 26 de marzo de
2026.

6. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, titular del despacho
donde se radicó el proceso ejecutivo del accionante, solicitó declarar la carencia actual
de objeto por hecho superado, por cuanto la pretensión de la acción de tutela referente a
resolver sobre la admisibilidad del proceso ejecutivo se encontraba satisfecha en la
medida en que por auto del 27 de marzo de 2026, declaró la falta de competencia para
conocer del mismo y ordenó la remisión del expediente por conexidad a otro despacho.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02155-00
Demandante: Alfonso Heberto Velasco Pardo

Alfonso Heberto Velasco Pardo para la protección de su derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia presuntamente vulnerado por la autoridad judicial
demandada al incurrir en mora judicial en el trámite del proceso ejecutivo No. radicado
76001-23-33-000-2025-00545-00 al no haber adoptado ninguna decisión desde la fecha
en que presentó la demanda.

La Sala anticipa que declarará la carencia actual de objeto por hecho superado toda vez
que, durante el trámite de la acción de tutela, la autoridad accionada emitió una decisión
respecto de la demanda ejecutiva con radicado No. radicado 76001-23-33-000-2025-
00545-00.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: i) generalidades de la acción de tutela,
(ii) sobre la mora judicial (iii) la carencia actual de objeto y (iv) análisis del caso concreto.

2. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.

3. Sobre la mora judicial

La mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado de los plazos legales por
parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre que se cumplan los siguientes
presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para adelantar la
actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora, y
(iii) la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los
deberes por parte del juez1.

El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o corporación
judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada
mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y
externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los
plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se presentan condiciones
estructurales, como la excesiva carga laboral o la falta de una infraestructura básica en
los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones
oportunas.

Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de conexidad
necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, a tal
punto que esos son los criterios que deben analizarse para establecer si se configuró o
no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso a la administración de justicia.
De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el agotamiento de todos los
medios posibles para evitar el detrimento de dichos derechos y, por ende, la mora judicial
solo estará justificada cuando:

1 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de 2018

y T-441 de 2020.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02155-00
Demandante: Alfonso Heberto Velasco Pardo

o Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende.
o Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral
u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e
ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que
se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha
obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.

Así mismo, la Corte expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida la
afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv) la
valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el trámite 2.

4. Carencia de objeto

El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: «Si, estando en curso la tutela, se
dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la
actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes».

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que
la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales.

En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual
de objeto puede presentarse a partir de tres eventos que sugieren consecuencias
distintas: el hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente. En lo que aquí
interesa, el hecho sobreviniente se configura cuando, por cualquier circunstancia
diferente al hecho superado y el daño consumado, la orden del juez de tutela no surtiría
ningún efecto. A manera de ilustración, la Corte Constitucional ha declarado un hecho
sobreviniente cuando: «(i) el actor mismo es quien asume la carga que no le correspondía para
superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada-
ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir
alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor
simplemente pierde interés en el objeto original de la Litis ».

5. Análisis del caso concreto

De la revisión de la solicitud de amparo, la Sala advierte que la parte actora alega que su
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia fue vulnerado por la
autoridad judicial demandada al incurrir en mora judicial en el trámite del proceso
ejecutivo No. 76001-23-33-000-2025-00545-00 por no haber adoptado ninguna decisión
desde la fecha en que presentó la demanda.

En el presente asunto, el 13 de agosto de 2025, el señor Alfonso Heberto Velasco Pardo
presentó demanda ejecutiva en contra de la Unidad Administrativa de Parques
Nacionales Naturales de Colombia bajo el radicado 76001-23-33-000-2025-00545-00,
cuyas pretensiones fueron las siguientes:

2 La Corte Constitucional se ha apoyado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte

IDH), en la que se establecieron criterios objetivos para determinar bajo qué circunstancias se configura la violación al
plazo razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas, tales como: a) la complejidad del asunto; b)
la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. (Caso Motta Vs Italia, sentencia de
19 de febrero de 1991: Caso Ruiz Mateos Vs España, sentencia de 23 de junio de 1993; Caso Genie Lacayo Vs
Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997).

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02155-00
Demandante: Alfonso Heberto Velasco Pardo

1. Como pretensión principal, el pago de CAPITAL de 97 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES
VIGENTES más $903.365.00 pendientes como PERJUICIO MORAL; rubro para cuando se presenta la
demanda (año 2025), equivale a $138.934.635.00

2. Los INTERESES COMERCIALES DE MORA (1 1/1/2 VECES EL BANCARIO CORRIENTE) desde el
5 de octubre del año 2023, cuando quedó ejecutoriada la sentencia, hasta cuando se pague
íntegramente la deuda, rubro que, cuando se presenta la demanda (año 2025), equivale a
$67.732.200.00

3. Se condene en costas a la ejecutada.

Que el honorable Magistrado Ponente Dr. EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS, miembro del
Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, quien lleva a su cargo el proceso
ejecutivo de radicación 76001-2331-000-2002-04469-00, tramitado contra la UNIDAD DE PARQUES
NACIONALES, está violando mi DERECHO CONSTITUCIONAL al acceso a la ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA dada mis condiciones personales de salud y mi edad.

La Sala verificó en el aplicativo SAMAI el expediente digital del trámite ejecutivo con
radicado 76001-23-33-000-2025-00545-00, en el que se observa que, mediante auto de
27 de marzo de 20263, el magistrado sustanciador del proceso resolvió declarar la falta
de competencia para conocer del asunto y ordenó remitir el expediente al despacho de
la magistrada Patricia Feuillet Palomares en atención a que la regla principal de
competencia para conocer de las demandas ejecutivas derivadas de una sentencia
condenatoria recae en cabeza del despacho que la profirió.

En ese sentido, precisó que la demanda ejecutiva pretende el cumplimiento de una
decisión judicial adoptada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
No. 76001-23-31-000-2002-004469-00, sentencia que fue dictada en primera instancia
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de sentencia del 31 de agosto
de 2011 con ponencia del Magistrado Franklin Pérez Camargo, quien fue sucedido por
la magistrada Patricia Feuillet Palomares a quien le corresponde conocer del asunto en
virtud del factor conexidad.

Al respecto, la Sala verifica en el aplicativo SAMAI que el auto del 27 de marzo que
ordenó la remisión del expediente ejecutivo fue notificado al accionante por estado de 9
de abril de 2026 e ingresó al despacho de la nueva magistrada ponente el 5 de mayo de
2026.

A partir de lo anterior, la Sala encuentra queel magistrado del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca a quien le correspondió el proceso ejecutivo del accionante dictó auto
que resolvió frente a su demanda y, en esa medida, resulta inane cualquier
pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela, por lo que se declarará la carencia
actual de objeto por hecho sobreviniente de la acción de tutela interpuesta por el señor
Alfonso Heberto Velasco Pardo.

Lo anterior, sin perjuicio de que la Sala ponga de presente que la magistrada del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que ahora tiene a cargo el trámite del expediente
ejecutivo No. 76001-23-33-000-2025-00545-00 debe tener en cuenta la edad y la
condición especial de salud del accionante para darle un trámite célere al proceso.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente.

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Índice 00009 Proceso 76001-23-33-000-2025-005455-00 en SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02155-00
Demandante: Alfonso Heberto Velasco Pardo

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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