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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02156-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02156-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Secretaría Distrital de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, y de la Nación – Ministerio de Educación Nacional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02156-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02156-00
Accionante: MYRIAM TERESA GONZÁLEZ TOVAR
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C Y OTRO

Tema: Tutela contra la providencia judicial – improcedencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte
actora en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C y el Juzgado 48 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

Por auto del 18 de marzo de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Myriam Teresa González Tovar, por medio de apoderado
judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y el Juzgado 48 Administrativo
de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá. Con la solicitud, pretende que se le
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, al trabajo y a la seguridad social.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 Samai. Se precisa que se notificó como accionados al Juzgado Administrativo 48 del

Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, y se vinculó en calidad de terceros con interés a la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Secretaría de Educación del Distrito de
Bogotá, a la Fiduprevisora S.A, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta
última, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.

1
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Accionante: Myriam Teresa González Tovar
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02156-00

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de las siguientes providencias: (i) la sentencia del 18 de marzo de
2025, proferida por el Juzgado 48 Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Bogotá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda; y (ii) el fallo del 15 de octubre de 2025, dictado por la Subsección C
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
revocó la decisión de primera instancia, para, en su lugar, negar las súplicas.
Esto, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 11001-33-42-048-2021-00191-00/01.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

Que se amparen y protejan los derechos fundamentales de mi mandante al
debido proceso, consecuentemente al acceso a la ad ministración de justicia al
trabajo y a la seguridad social para que se dejen si efectos los fallos objeto de
esta acción; se ordene proferir una nueva sentencia conforme a la ley y los
lineamiento de la providencia que desate ésta tutela y se le ordene al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que reconozca y pague a mi
mandante su pensión ordinaria de jubilación, causada por los tiempos que ella
laboró al servicio de la docente oficial afiliada a dicho Fondo del Magisterio, en
compatibilidad con la pensión de vejez que el ISS empleador le reconoció por sus
servicios como trabajadora oficial en dicho Instituto3.

1.2. Hechos

4. La señora Myriam Teresa González Tovar estuvo vinculada por contrato
de trabajo, en calidad de trabajadora oficial al Instituto de Seguros Sociales,
Seccional Cundinamarca (hoy Colpensiones), entre el 7 de julio de 1975 y el 31
de diciembre de 2001, cuando solicitó la renuncia.

5. A través de la Resolución 00040 del 29 de enero de 2002, le fue
reconocida la pensión de jubilación4 consagrada en el artículo 95 de la
convención colectiva de trabajo suscrita con el Instituto de Seguros Sociales,
Seccional Cundinamarca (hoy Colpensiones).

6. Mediante la Resolución 150 del 26 de enero de 2000, de la Secretaría de
Educación de Bogotá, fue nombrada docente en el área de Matemáticas y Física,
laborando desde el 28 de enero de 2000 hasta el 18 de abril de 2022, periodo en
el que estuvo afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
realizando aportes para salud y pensión.

3 Transcripción literal con posibles errores.
4 Así mismo, mediante Resolución 03596 de 2008, el Instituto de Seguros Sociales – hoy
Colpensiones- le reconoció pensión por vejez, en cumplimiento al numeral 5 de la Resolución
00040 del 29 de enero de 2002, que dispuso: […] ARTÍCULO QUINTO: La pensión se pagará de
la forma establecida en esta resolución hasta cuando por el Sistema General de Pensiones del
I.S.S. se reconozca a GONZALEZ TOVAR MYRIAM TERESA, la pensión de vejez. A partir de
este reconocimiento el I.S.S. patrono solamente pagará la diferencia que resulte de restar de la
pensión de jubilación, la pensión de vejez, ajuste que se producirá en forma automática en la
nómina de jubilados del I.S.S. patrono. […]

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7. Al considerar que cumplía los requisitos establecidos en la Ley 91 de 1989,
el día 17 de abril de 2020, solicitó al FOMAG el reconocimiento de la pensión
ordinaria de jubilación, la cual fue negada por la Secretaría de Educación de
Bogotá mediante la Resolución 6076 del 3 de noviembre de 2020, bajo el
argumento de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la
resolución 00040 de 2002 —mediante la que se reconoció la pensión que
devenga del ISS—, la misma es incompatible con otra asignación del Tesoro
Público.

8. Frente a lo anterior, interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto
mediante Resolución 1023 del 3 de marzo de 2021, en el sentido de confirmar la
decisión atacada. Así mismo, intentó la conciliación ante la Procuraduría General
de la Nación, la cual resultó fallida.

9. Inconforme, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, presentó demanda en contra del Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se
anularan las resoluciones 6076 del 3 de noviembre de 2020 y 1023 del 3 de
marzo de 2021, y se reconociera la segunda pensión solicitada por considerar,
entre otras, que toda vez que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptúa a
los docentes del Sistema de Seguridad Social contenido en dicha norma, ambas
pensiones son compatibles.

10. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta y Ocho
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que, en sentencia del 18 de marzo
de 2025, resolvió declarar la nulidad parcial de los actos acusados, al considerar
que si bien existía una incompatibilidad5 para devengar las dos pensiones de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 128 y 150.19 de la Constitución
Política, y el artículo 19 de la Ley 4ª de 19926, la actora podía optar por la pensión
que le reconociera el FOMAG, siempre y cuando le fuera más favorable.

11. En ese sentido, condicionó la decisión a que la actora: i) optara por la
pensión que le reconozca el FOMAG, siempre y cuando le sea más favorable; y
ii) acreditara ante la demandada que renunció a su derecho pensional ante su
pagador -Colpensiones, frente a la prestación reconocida por el ISS.

12. Inconformes, tanto la actora como el Ministerio de Educación Nacional –
FOMAG, presentaron recurso de apelación.

5 Al respecto, aclaró que, de conformidad con la jurisprudencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, sólo existe compatibilidad pensional «en razón a aportes cotizados al sector
privado, y la pensión de jubilación producto del tiempo de servicio prestado a entidades públicas»,
y citó las siguientes decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de octubre de 2006, radicado (3691-05), MP,
Jaime Moreno García; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2015, radicado 25000-23-25-000-2008-
00147-01(0882-13), MP, Sandra Lisseth Ibarra Vélez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2022, radicado
25000-23-42-000-2018-01599-01 (4201-2021), MP, Carmelo Perdomo Cuéter.
6 Ello, al considerar que ambas prestaciones se pagarían con cargo al tesoro público.

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13. La demandante, reprochó la decisión por cuanto condicionó el
reconocimiento de la pensión de jubilación docente al requisito de renunciar
previamente a la pensión reconocida por el ISS. En ese sentido, argumentó que
dicho condicionamiento vulneraba los principios constitucionales de
irrenunciabilidad de los derechos laborales, pues ambas pensiones se
adquirieron con justo título y derivan de tiempos de servicio y aportes distintos.

14. Sostuvo, además, que el reconocimiento simultáneo de ambas pensiones
no contravenía el artículo 128 de la Constitución, ya que la prohibición allí prevista
se refiere a asignaciones de carácter salarial y no a pensiones, y que el mismo
artículo 128 establece excepciones la prohibición de desempeñar más de un
empleo público y recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público.

15. Al respecto, citó distintas disposiciones, en especial el artículo 279 de la
Ley 100 de 1993, que, en su parecer, consagra una excepción expresa para los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, cuyas
prestaciones son compatibles con otras pensiones o remuneraciones, y que,
habiendo cumplido los requisitos de edad y tiempo de servicio como docente
oficial, tenía derecho pleno a la pensión ordinaria de jubilación sin obligación de
optar o renunciar a la ya reconocida por el ISS.

16. Por último, manifestó que los aportes a seguridad social son de los
trabajadores, y que no es correcto diferenciar entre aportes de los sectores
público y privado, pues son efectuados con recursos propios de estos, o sea,
privados, así los hayan efectuado entidades públicas.

17. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, argumentó
que los actos acusados no se encuentran viciados de nulidad alguna pues se
profirieron ajustados a la Ley y a los hechos del caso. Que la incompatibilidad
pensional, surge de la misma Ley 100, y de las modificaciones de la Ley 797 de
2003, que no es posible que el mismo beneficiario acceda a dos pensiones que
cubren el mismo riesgo y pagadas ambas con cargo al tesoro público, y que tal
como se acreditó en el plenario, la actora ya percibe una pensión reconocida por
el ISS, y el régimen pensional docente establece que las pensiones no pueden
percibirse de forma simultánea.

18. Mediante sentencia del 15 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, desató el litigio, en el
sentido de revocar la decisión de primera instancia, y negar las pretensiones.
Como sustento del fallo, realizó un recorrido por la normativa aplicable al caso, y
concluyó que efectivamente, existía una incompatibilidad entre las dos
pensiones, pero que, sin embargo, al cumplir requisitos para ser beneficiaria de
estas, podía optar por la que le sea más favorable.

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1.3. Sustento de la vulneración

19. La parte actora indicó que la presente acción constitucional cumple con
todos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Afirmó que, aunque reconoce que no puede utilizarse
como una tercera instancia para debatir asuntos propios del proceso ordinario,
en el presente caso se violó el debido proceso al configurarse una vía de hecho
en los fallos judiciales cuestionados por cuanto en estos se hicieron afirmaciones
que no son ciertas, no se aplicaron las disposiciones constitucionales y legales
correspondientes, y no desvirtuaron los argumentos de la demanda, alegatos y
el recurso de apelación.

20. Como defecto especial, argumentó que se incurrió en un defecto
sustantivo, por cuanto «no se tuvo en cuenta, ni se estudió, ni debatió, ni menos
se aplicó lo ordenado en el artículo 2797 de la ley 100 de 1993 en armonía con el
artículo 128 de la Constitución, omisión judicial que es el fundamento de esta
acción de tutela».

21. Al respecto, expresó que dicho artículo dispone «de manera clara e
inequívoca» la compatibilidad pensional, por cuanto permite que las prestaciones
de los docentes que se encuentran afiliados al magisterio sean compatibles con
pensiones o cualquier clase de remuneración.

22. También adujo que la norma no hace distinción de las entidades que
pueden reconocer las pensiones, ni sobre la proveniencia de los recursos, ni
sobre las prestaciones a cargo del FOMAG, por lo que «en consecuencia, no es
legalmente posible establecer, bajo una interpretación restrictiva y desfavorables,
una excepción o situación que no está consagrada expresa y tácitamente en esa
norma, entonces, como las pensiones son prestaciones económicas a cargo de
Fondo del Magisterio, ellas están amparadas con la compatibilidad que se
consagra en la norma, sin importar la entidad que reconoció la otra prestación al
docente afiliado al Fondo del Magisterio, ni la naturaleza de los recursos».

23. En el mismo sentido, manifestó que el artículo 128 constitucional dispone
que la ley establecerá los casos excepcionales a la prohibición de doble
asignación del tesoro público, y que, en su situación particular, el artículo 279 de
la Ley 100 de 1993 se convierte en una «excepción muy especial» para la
compatibilidad pensional.

7 La norma en cuestión dispone: ARTÍCULO 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad

Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de
las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o
cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos
pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la
reglamentación que para el efecto se expida. […]

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24. Seguidamente, explicó, que pese a haber hecho referencia en distintas
ocasiones a la mencionada norma, los juzgadores no la tuvieron en cuenta,
limitándose a traerla a colación, sin «darle importancia», ni abordar su estudio de
fondo en concordancia con el artículo 128 de la Constitución. En consecuencia,
las providencias cuestionadas se tornaron en arbitrarias.

1.4. Intervenciones

25. La Sección Segunda, Subsección C, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca8 pidió que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela,
por cuanto se evidencia una inconformidad con la decisión, lo que desdibuja el
carácter subsidiario de la acción, y busca convertirla en una instancia adicional.

26. Argumentó que no hubo violación de derechos fundamentales, pues la
sentencia se fundamentó en un estudio juicioso de la normativa, jurisprudencia
y pruebas aplicables, y que distinto es que la parte accionante no la comparta,
en especial frente a la interpretación normativa, lo cual es irrelevante
constitucionalmente.

27. Recordó que la Constitución solo previó por regla general 2 instancias para
el proceso ordinario, lo que significa que el juez constitucional no puede
constituirse en una instancia adicional para resolver reclamos sobre
interpretación normativa, y que solo puede intervenir para preservar los derechos
fundamentales cuando estos han sido transgredidos burdamente, lo cual no
ocurrió en este caso. Por último, remitió copia del expediente digital del proceso
ordinario.

28. El Juzgado 48 Administrativo de Oralidad de Bogotá D.C, Sección
Segunda9 remitió copia del expediente digital.

29. La Secretaría Distrital de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C.10 manifestó que no le corresponde dar claridad sobre los hechos que
motivaron la acción de tutela, y que le asiste falta de legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la
accionante, y carece de competencia para poder atender alguna de las
pretensiones del accionante, por lo que no existe motivo para su vinculación al
trámite constitucional como parte procesal, y, en consecuencia, solicitó su
desvinculación.

30. La Nación - Ministerio de Educación Nacional11 expresó que la acción
es improcedente respecto de esa cartera por falta de legitimación por en la causa
por pasiva al tratarse de un reproche en contra de una decisión judicial de un

8 Índices 12 y 15 de Samai.
9 Índice 11 de Samai.
10 Índice 13 de Samai.
11 Índices 14 y 16 de Samai.

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tribunal. También solicitó que se declare la improcedencia del mecanismo de
amparo al considerar que no se encuentra ajustada a los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

II. CONSIDERACIONES

31. La Sala declarará la improcedencia del amparo por no encontrarse
acreditado el requisito de relevancia constitucional, por los motivos que pasan a
explicarse a continuación.

2.1. Caso concreto

La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

32. El Consejo de Estado12 y la Corte Constitucional13, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales14 y a la configuración de algún
defecto especial15 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto,
previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

33. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura
uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.

34. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

35. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
13 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
14 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez;

(v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
15 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

36. La Sala advierte que Myriam Teresa González Tovar, está legitimada en
la causa por activa, porque integra la parte demandante dentro del medio de
control en el que se dictaron las providencias que se reprochan mediante esta
vía. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y el Juzgado 48 Administrativo de Oralidad del
Circuito Judicial de Bogotá., están legitimados en la causa por pasiva por haber
proferido las decisiones cuestionadas a través del presente trámite.

37. De otra parte, la Secretaría Distrital de Educación de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C, y la Nación – Ministerio de Educación Nacional pidieron que se
declare su falta de legitimación por pasiva. Sin embargo, la Sala negará su
desvinculación, en tanto les asiste un interés en el resultado de este trámite por
haber sido partes vinculada y demandada en el proceso en que se dictaron las
providencias sub examine.

38. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional16, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que
el actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que
el debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

39. Como se explicó previamente, la accionante fundamenta esta acción de
tutela en que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto sustantivo, al
omitir el estudio, debate y aplicación del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, en
armonía con el artículo 128 de la Constitución Política, omisión que, a su juicio,
vulneró el debido proceso. Indicó que dicha norma consagra de manera clara e
inequívoca la compatibilidad pensional, al disponer que las prestaciones de los
docentes afiliados al magisterio son compatibles con otras pensiones o con
cualquier clase de remuneración.

40. Así mismo, alegó que es claro que el artículo 279 no distingue entre
entidades que reconocen las pensiones, ni la proveniencia de los recursos, ni
excluye las prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG), por lo que no es jurídicamente válido introducir,
mediante una interpretación restrictiva, incompatibilidades no previstas por el

16 Sentencia SU-215 de 2022.

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legislador.

41. También afirmó que el artículo 128 constitucional, al permitir que la ley
establezca excepciones a la prohibición de recibir doble asignación del tesoro
público, convierte al mencionado artículo 279 en una excepción muy especial, y
que —pese a haber sido reiteradamente invocada— no fue analizada de fondo
por los jueces, lo cual tornó las decisiones en arbitrarias.

42. Al respecto, la Sala advierte que la presente acción es una reiteración de
la mayoría de los argumentos esbozados en el proceso ordinario y en el recurso
de apelación, y, en consecuencia, lo pretendido por la accionante en esta vía
constitucional es reabrir un debate estrictamente legal, el cual ya fue resuelto por
los jueces naturales de la causa, apoyándose, en lo que, a su juicio, es la
interpretación correcta de la normativa y jurisprudencia aplicable al caso
particular.

43. Es preciso recordar que, en el trámite ordinario, la norma alegada como
no aplicada, fue estudiada por los jueces ordinarios, quienes explicaron a la
accionante que, si bien los docentes afiliados al FOMAG están exceptuados del
Sistema de Seguridad Social previsto en la Ley 100 de 1992, dicha condición no
implica que, por el solo hecho de pertenecer a un régimen especial, les sea
permitido recibir una doble asignación.

44. Así, por ejemplo, en el fallo de primera instancia, se dijo:

Ahora bien, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 279 de la Ley 100 de
1993, como se precisó, es claro que los afiliados al FOMAG están exceptuados
del sistema integral de seguridad social contenido en dicha norma; no obstante,
esto no quiere decir que los docentes por tener un régimen especial estén
exceptuados de la prohibición de recibir doble asignación conforme lo dispone el
artículo 12417 de la Constitución y el artículo 19 de la Ley 4 de 199218.

45. De igual manera, el juzgador de segunda instancia también estudió dicho
artículo como parte del amplio sustento normativo que realizó para arribar a la
conclusión de que está prohibido recibir doble asignación del tesoro público, y,

17 Aunque se citó el artículo 124, es dable entender que en realidad se refiere al artículo 128 de la
Constitución Política
18 Como sustento, citó la sentencia emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda Subsección B, sentencia de 12 de diciembre de 2023, expediente 25000-23-42-000-2013-
05984-01 (1384-2017). En esta providencia, se explicó que la prohibición constitucional de recibir más de
una asignación con cargo al erario admite excepciones definidas por el legislador, quien, en el caso de los
docentes, permitió exclusivamente la compatibilidad entre pensión y salario, pero no entre dos pensiones.
También, que la excepción buscó preservar un privilegio histórico del magisterio: que los docentes
pensionados pudieran seguir ejerciendo y percibiendo salario sin perder la pensión, sin exigirles el retiro del
servicio, como continuidad de normas anteriores. En consecuencia, concluyó la Corporación que la
interpretación normativa ha sido consistente en que los docentes pueden recibir una pensión de jubilación y
otra asignación derivada del ejercicio activo del cargo docente, mas no percibir simultáneamente dos
pensiones, pues ello no fue autorizado por el constituyente ni por el legislador.

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Accionante: Myriam Teresa González Tovar
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02156-00

en consecuencia, decidir que se debían negar las pretensiones. Sin embargo,
por ejemplo, al respecto dispuso lo siguiente:

Por su parte la Ley 100 de 199311 en su artículo 279, excluyó a los docentes del
Sistema Integral de Seguridad Social cuando dispuso: “se exceptúan a los
afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por
la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones
o cualquier clase de remuneración”. Así entonces, no se aplica el régimen de la
Ley 100 de 1993 a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, entidad que tiene a su cargo el reconocimiento de las pensiones de
jubilación de los docentes.

46. Lo anterior también se vio reflejado en el estudio del caso concreto cuando
determinó que:

92. En virtud de lo anterior, tal y como lo señaló la Juez de Primera Instancia, se
debe tener en cuenta la clase de entidad pública que fue el Instituto de Seguro
Social, toda vez que fue creado como un establecimiento público36, con
autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, encargado de
la dirección y vigilancia de los seguros sociales; así mismo la Secretaría de
Educación de Educación Distrital (SED) entidad donde labora la demandante, es
un organismo del Sector Central, que forma parte de la administración de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, siendo esta una entidad pública y el Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio que es una cuenta especial de la Nación,
cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía
mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital (Fiduciaria la Previsora
S.A.), de ahí que se configura la incompatibilidad pensional que impide que
la demandante reciba las dos pensiones de forma simultánea, circunstancia por
la que procedería la denegación de las pretensiones de la demanda.

93. Es importante señalar que no le asiste razón al apoderado de la demandante
al señalar que la prohibición de la norma frente a recibir una doble “asignación”
que provenga del tesoro público hace referencia a un sinónimo de pensión ya
que en su sentir se encuentra relacionado de manera directa con la prohibición
de desempeñar más de un empleo; recuérdese que, desde antes la Constitución
Política de 1886 se estableció la prohibición general de que las personas tengan
una doble asignación, llámese remuneración, sueldo, honorarios o mesada
pensional, para evitar un doble beneficio económico por el mismo tiempo de
servicio al Estado y normas anteriores a esa disposición, como los decretos 3135
de 1968 y 1848 de 1969 expresamente establecieron la incompatibilidad entre
pensiones de jubilación, invalidez y vejez.

47. En ese sentido, el debate constitucional que propone la accionante, a partir
del defecto alegado, carece de relevancia constitucional en la medida en que sus
argumentos recaen en su inconformidad frente a la interpretación que de la
normativa aplicable hicieron los operadores judiciales para tomar la decisión,
pretendiendo en este escenario que se analice la incidencia particular que tiene
un artículo de una Ley en dicho ejercicio interpretativo y si este tenía la capacidad
de mutar la conclusión a la que arribaron, lo cual a todas luces es un asunto
propio de los jueces naturales de la causa.

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48. De conformidad con lo anterior, la accionante, en el presente asunto, no
propuso un estudio con enfoque constitucional, pues lo que pretende es reabrir
la discusión jurídica para que se determine que corresponde acceder a sus
pretensiones según su interpretación de la disposición normativa.

49. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los argumentos de raigambre constitucional esgrimido por el actor dentro del
trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones
judiciales desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por
parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial
y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia19.

50. Por esto, la sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, al
no encontrar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional
por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Secretaría Distrital de
Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, y de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15

de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.

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Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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