Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02157-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02157-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02157-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02157-00
Accionante: JOSÉ DE LA CRUZ CASTRILLÓN JIMÉNEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Tema: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES – Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito
general de legitimación en la causa por activa.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la parte accionante contra el
Tribunal Administrativo del Magdalena.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor José de la Cruz Castrillón Jiménez solicitó, el amparo a su derecho
fundamental a elegir y ser elegido, cuya vulneración le atribuyó a la falta de
cumplimiento de la providencia de 25 de febrero de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena dentro del medio de control de pérdida de investidura
con radicado número 47001-23-33-000-2026-00003-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Refirió que el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió la sentencia de 25
de febrero de 2026 dentro del medio de control de pérdida de investidura núm.
47001-23-33-000-2026-00003-00 a través del cual decretó la pérdida de investidura
de la señora Elizabeth Molina Campo, quien fungió como diputada del
Departamento del Magdalena para el período 2020 – 2023.
2.2. Indicó que la anterior decisión fue objeto de recurso de apelación, sin embargo,
el expediente no ha sido remitido oportunamente ante el Consejo de Estado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02157-00
Accionante: José de la Cruz Castrillón Jiménez
2.3. Adujo que la Comisión Nacional Electoral, a pesar de tener conocimiento de la
sentencia de pérdida de investidura de la señora Elizabeth Molina Campo, el 26 de
marzo de 2026 le otorgó la credencial como Representante a la Cámara.
2.4. Manifestó haber ejercido el voto en las elecciones al Congreso de la República
del periodo 2026-2030, participando en la coalición con el partido Demócrata, con
el candidato Mario Sanjuanelo Durán, a quien le correspondería asumir la curul,
una vez se dé cumplimiento a la sentencia de pérdida de investidura proferida el 25
de febrero de 2026.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Las pretrensiones (sic) a obtener a través de mecanismo de amparo de
la referencia que solicito respetuposamente (sic) es que se haga cumplir el
precedente judicial que se relaciona en el eje medular de la demanda, que
garantiza mediante la tutela se púede (sic) suspender los efectos jurídicos (sic)
del acto administrativo que eligió a la señora ELIZABETH MOLINA CAMPO,
COMO REPRESENTANTEALACAMARA POR EL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA, hasta tanto se resuelva de fondo en segunda instancia por el
consejo de estado dicha sentencia por PERDIDA DE INVESTIDURA.
Que la señora magsitrada (sic) MARIA VICTORIA QUIÑONEZ TRIANA,
remita URGENTE, el expediente que admitio (sic) la apelaicon (sic) a segunda
instancia, porque aqui (sic) en el magdalena hay dos casos COMO
PRECEDENTESENELTRIBUNAL AQUI ACCIONADO, entre otros del señor
EXDIPUTADORAFAEL NOYA, produjo dilaciones para cumplir la resolucion
(sic) judicial que anulo su elección, y con un discurso amañado dilatorio,
caprichoso, con recurso IMPROCEDENTES de ACLARACION se mantuvo
mas (sic) de 1 año despues (sic) de la resolucion (sic) judicial como diputado
SIN QUE EL TRIBUNAL RESOLVIERAOPORTUNAMENTE, de igual forma el
tramite (sic) sentencia por nulidad electoral contra el EXGOBERNADOR DEL
MAGDALENA RAFAEL MARTINEZ , también con RECURSOS DILATORIOS
DE ACLARACION ANTE DICHOTRIBUNAL se mantuvo en el cargo por estos
actos inconstitucionales e ilegales, causa esta, pido que se garantize (sic)
debido proceso administrativo como elector, para quenose (sic) engabete (sic)
el envio (sic) del expediente al consejo de estado y este resuelva oportuno la
apelacion (sic) sin dilaciones , porque esta palmario que quien sigue en turno
por partido coalicion (sic) y numero (sic) de votos es mi candidato DR.
MARIOSANJUANELO DURAN. Porque la sancionada sabia y conocia (sic)
que habia violadola (sic) norma de inhabilidades potr (sic) contratar con el
municipio de cienaga (sic), cuando no se había (sic) cumplido el termino de
inhabilidades, y de esa forma siguio (sic) el debate electoral que hoy con esa
ilegalidad e ilictudes (sic) le fue entregada la credencial como congresista y mi
candidato con una excelente hoja de vida transparente es quien debe seguir en
turno por numero de votos y en cumplimiento a la coalicion (sic) electoral con
el partido politico (sic) DEMOCRATA, esta fuera estando asistidod e (sic) dicho
derecho electoral. […]”. [sic en toda la cita]
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Accionante: José de la Cruz Castrillón Jiménez
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 20 de abril de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso al Consejo Nacional
Electoral y a los señores William Augusto Jácome Urrea, Germán Percy Rodríguez
y Elizabeth Molina Campo.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. Laseñora Elizabeth Molina Campo rindió informe a través de apoderado
judicial, el cual solicitó declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento
del requisito general de procedencia de subsidiariedad, toda vez que el proceso de
pérdida de investidura se encuentra en trámite.
5.2. El Tribunal Administrativo del Magdalena informó que la sentencia de 25 de
febrero de 2026 fue objeto de recurso de apelación interpuesto por la señora
Elizabeth Molina Campo, el cual fue concedido mediante auto de 25 de marzo de
la misma anualidad y que el 27 del mismo mes y año se remitió el expediente al
Consejo de Estado para lo pertinente. Solicitó su desvinculación.
5.3. El Consejo Nacional Electoral solicitó su desvinculación de la acción de tutela
por falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que “[…] esta entidad
no es la responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el accionante […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
4
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Accionante: José de la Cruz Castrillón Jiménez
VI.2. Cuestiones previas
VI.2.1. Manifestación de impedimento
7. La Consejera de Estado doctora Nubia Margoth Peña Garzón manifestó
encontrarse incursa en la causal de impedimento prevista en el numeral 6.° del
artículo 56 de la Ley 906 de 31 de agosto de 20047, por las siguientes razones:
“[…] me permito manifestarle que me declaro impedida para intervenir en la
acción de tutela de la referencia, por cuanto el proceso de pérdida de
investidura identificado con el número único de radicación 2026-00003-01,
dentro del cual el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA profirió
la providencia de 25 de febrero de 2026, -cuyo presunto incumplimiento es
objeto de la presente solicitud de amparo-, le correspondió al despacho a mi
cargo para resolver la segunda instancia, escenario en el que dicte el proveído
de 7 de abril de este año, que admitió el recurso de apelación […]”. [Negrilla del
texto].
8. El numeral 6. del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, señala lo siguiente:
“[…] CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
[…]
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se
trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o
compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado
de consaguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó
la providencia a revisar.
[…]”. (Negrilla fuera del texto).
9. La Sala considera que según los hechos señalados por la Consejera de Estado
doctora Nubia Margoth Peña Garzón se configura la causal de impedimento
prevista en el numeral 6. del artículo 56 de la Ley 906, toda vez que al proferir el
auto de 7 de abril de 2026, mediante el cual admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de 25 de febrero de 2026 dentro del medio de control
de pérdida de investidura con radicado número 47001-23-33-000-2026-00003-00,
participó en el proceso cuestionado.
10. En virtud de lo anterior, se declarará fundado el impedimento manifestado, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
VI.2.2. Solicitudes de desvinculación
11. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se resolverá,
resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal
7 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal […]”.
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Accionante: José de la Cruz Castrillón Jiménez
presentada por el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Consejo Nacional
Electoral.
12. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20068, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
13. Teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo del Magdalena es la autoridad
judicial accionada y que conoció en primera instancia el medio de control de pérdida
de investidura núm. 47001-23-33-000-2026-00003-00, la Sala considera le asiste
interés jurídico para ser vinculado a esta acción constitucional.
14. Respecto del Consejo Nacional Electoral se tiene que esta fue señalada en el
escrito de tutela como causante de la vulneración de derechos, toda vez que es la
entidad encargada de expedir las credenciales a los representantes a la Cámara,
por lo que la Sala considera le asiste interés jurídico para ser vinculada a esta
acción constitucional.
15. Por
lo anterior, se denegarán las solicitudes de desvinculación presentadas,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
16. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá determinar:
b) Si las autoridades judiciales vulneraron el derecho fundamental invocado
por la parte accionante.
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Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Accionante: José de la Cruz Castrillón Jiménez
17. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Requisitos de procedencia de la acción de tutela
18. De acuerdo con el artículo 5° del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:
“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito
[…]”.
19. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:
“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.
20. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un
derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas.
Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de
tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiaridad.
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Accionante: José de la Cruz Castrillón Jiménez
VI.5. El caso concreto
21. El señor José de la Cruz Castrillón Jiménez solicitó, el amparo a su derecho
fundamental a elegir y ser elegido, cuya vulneración le atribuyó a la falta de
cumplimiento de la providencia de 25 de febrero de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena dentro del medio de control de pérdida de investidura
con radicado número 47001-23-33-000-2026-00003-00.
22. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento del requisito de
legitimación en la causa por activa.
VI.5.1. De la falta de legitimación en la causa por activa en el caso sub examine
23. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la
prestación de un servicio público.
24. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:
“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.
25. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i) cuando
la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es promovida
por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de amparo es
interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa en calidad de
agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del agenciado de
actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida por el Defensor
del Pueblo o los personeros municipales.
26. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:
“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las
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partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por
tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el
juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse
inhibido para fallar el caso de fondo.
La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa
que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Adicionalmente, la
legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de
un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y
la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el
cual la tutela se torna improcedente […]”9. [Subrayado fuera del texto]
27. El señor José de la Cruz Castrillón Jiménez solicitó la protección de su derecho
fundamental a elegir y ser elegido, cuya vulneración le atribuyó a la presunta falta
de cumplimiento de la providencia de 25 de febrero de 2026, proferida dentro del
medio de control de pérdida de investidura con número de radicación 47001-23-33-
000-2026-00003-00.
28. En ese sentido solicitó que se ordene la suspensión de los efectos jurídicos del
acto administrativo que declaró electa a la señora Elizabeth Molina Campo como
Representante a la Cámara por el Magdalena, hasta tanto el Consejo de Estado
decida el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de pérdida de
investidura antes mencionada.
29. Al respecto, se precisa que el accionante no fue parte o tercero interviniente con
interés directo en el proceso de pérdida de investidura con número de radicación
47001-23-33-000-2026-00003-00 promovido por William Augusto Jácome Urrea y
Germán Percy Rodríguez contra Elizabeth Molina Campo y el cual se encuentra
surtiendo el recurso de apelación ante el Consejo de Estado10.
30. Frentea la legitimación en la causa por activa, la Sala de Conjueces de la
Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 30 de mayo de
202411, señaló lo siguiente:
“[…] Sobre el particular, esta Sala ha sostenido el criterio consistente en que
quien promueva una acción de tutela con el propósito de buscar la protección
del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado con
ocasión de las providencias o actuaciones que se surtan en el trámite de un
proceso judicial, debe acreditar que es o fue parte dentro del mismo.
De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que la señora JULIA MARGARITA
ACOSTA no ostenta ninguna de esas calidades ni se hizo parte en el respectivo
medio de control de los derechos e intereses colectivos identificado con el
número único de radicación 25000-23-41-000-2019-00303-00, del cual alega
una presunta mora judicial vía tutela, en tanto no es titular de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
cuya vulneración depreca, máxime cuando la misma actora aseguró en el
9
Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo
10 Despacho de la Magistrada Nubia Margoth Peña Garzón.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Conjueces, Sentencia de 30 de mayo
de 2024, Exp., núm. 11001-03-15-000-2022-006150-00. C.P.: Alberto Sierra Beltrán.
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Accionante: José de la Cruz Castrillón Jiménez
escrito de tutela que solicitó la coadyuvancia dentro del proceso, la cual le fue
denegada, situación que confirma que carece de legitimación en la causa por
activa para promover la solicitud de amparo de la referencia.
Ante dicha circunstancia, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo
por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 10° del Decreto 2591 de
1991, pues no se acreditó el presupuesto de la legitimación en la causa por
activa de la actora, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto, subrayado fuera del
texto].
31. De lo expuesto se advierte que el accionante no ostentó la calidad de parte dentro
del proceso de pérdida de investidura con radicación
47001‑23‑33‑000‑2026‑00003‑00, razón por la cual no es titular de los derechos
derivados de las actuaciones procesales cuya legalidad cuestiona.
32. En consecuencia, se concluye que el señor José de la Cruz Castrillón Jiménez
carece de legitimación en la causa por activa, en tanto no acredita una afectación
directa, personal y actual de un derecho fundamental propio, ni un interés jurídico
diferenciado, limitándose a invocar un interés ciudadano y político que resulta
insuficiente para activar el mecanismo excepcional de la acción de tutela.
33. Tampoco se cumplen los requisitos para reconocer al accionante como agente
oficioso porque en el escrito de tutela no manifestó expresamente que actuaba en
dicha calidad y no demostró la imposibilidad de los agenciados para interponer la
acción de tutela por sí mismos.
34. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará improcedente esta acción
de tutela debido a la falta de legitimación en la causa por activa del accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la Consejera
de Estado doctora Nubia Margoth Peña Garzón, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Tribunal
Administrativo del Magdalena y el Consejo Nacional Electoral, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Accionante: José de la Cruz Castrillón Jiménez
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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