Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02159-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02159-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02159-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02159-00
Demandante: LEONARDO YEPES HERNÁNDEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SEGUNDA
DE DECISIÓN, Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Tema: IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES – Falta de relevancia constitucional del asunto.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Se resuelve la demanda de tutela instaurada por Leonardo Yepes1 Hernández contra la
Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Catorce
Administrativo de Medellín2.
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se declarará improcedente la solicitud de amparo. El asunto carece de relevancia
constitucional, ya que los reproches formulados contra el fallo de la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia evidencian la intención de acceder a
una instancia adicional, pues son una reiteración de la apelación y resultan insuficientes
para considerar siquiera una eventual configuración de un defecto fáctico o de un
desconocimiento del precedente de esta corporación.
II. ANTECEDENTES
Demanda
2. El 16 de marzo de 20263, Leonardo Yepes Hernández instauró demanda de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Catorce Administrativo de
Medellín, para obtener la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad.
Hechos relevantes
3. De la solicitud de amparo y del expediente, se extrae lo siguiente:
1 Así aparece en la demanda.
2 El expediente es electrónico y se encuentra almacenado en Samai.
3 Índice 2 del expediente, archivos «4ED_CorreoElectronico» y «5ED_Demanda».
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Demandante: Leonardo Yepes Hernández
4. El señor Yepes Hernández y otros4 presentaron demanda de reparación directa contra
la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, para que esta fuera declarada
responsable por «los daños» causados a aquel durante la prestación del servicio militar
obligatorio. De ese modo, se originó el proceso 05001-33-33-014-2017-00587-01.
5. Para sustentar la mencionada pretensión, se expuso que el señor Yepes Hernández
sufrió un infarto esplénico mientras patrullaba el cerro Padre Amaya, ubicado en el área
rural de Medellín, entre los 2300 y los 3100 metros sobre el nivel del mar. También se
indicó que, como consecuencia, aquel adquirió una enfermedad incurable.
6. Por sentencia del 19 de diciembre de 2022, el Juzgado Catorce Administrativo de
Medellín negó las pretensiones de los demandantes, con fundamento en esto:
7. No se demostró que la Policía Nacional hubiera incurrido en una falla del servicio por
un indebido examen de ingreso del señor Yepes Hernández, pues, de acuerdo con los
documentos y el dictamen pericial aportados, su infarto resultó de la enfermedad de
células falciformes, que no constaba en la historia clínica revisada para la incorporación
y que no podía ser detectada con las valoraciones realizadas para el mismo efecto, dado
que, durante ellas, aquel negó sufrir alguna patología importante y su estado físico fue
calificado como excelente, lo que descartaba la necesidad de efectuar estudios
específicos.
8. Tampoco se acreditó que la Policía Nacional hubiera incurrido en una falla en el
servicio por haber trasladado al señor Yepes Hernpandez a una zona ubicada a más de
1500 metros sobre el nivel del mar, ya que se desconocía la existencia de la enfermedad
y, por ende, no podía preverse que el traslado causara la crisis que derivó en el infarto
esplénico.
9. Aparte, no podía atribuirse responsabilidad al Estado por riesgo excepcional o por
daño especial, pues el traslado no constituyó una actividad peligrosa y la enfermedad
mencionada es congénita y hereditaria, de modo que no pudo generarse por causa y
razón de la prestación del servicio militar.
10. Los demandantes apelaron la anterior decisión, con sustento en que se extrajeron
conclusiones erróneas del dictamen pericial, el cual demostró esto:
11. La anemia podía detectarse con un hemoleucograma y un extendido de sangre
periférica, es decir, con exámenes «sencillos» que conducían a realizar evaluaciones
especializadas para identificar el tipo de anemia y las restricciones derivadas de ella,
como trabajar en una zona ubicada a 2500 metros sobre el nivel del mar.
12. En virtud de la Resolución 1016 de 1989, la Policía Nacional debía practicar los
mencionados exámenes, tanto al inicio de la prestación del servicio militar como en su
transcurso, en vista de que el señor Yepes Hernández sería trasladado a la zona descrita.
4 Francisco Javier Yepez (así aparece en el registro civil) Presiga y Gina Yuliet Hernández Urrego, quien actuó en
nombre propio y en el de su hija, María Clara Yepez (así aparece en el registro civil) Hernández.
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Demandante: Leonardo Yepes Hernández
13. El infarto esplénico resultó de la prestación del servicio militar, pues se produjo por
la altura en la que se estaba patrullando. Además, de acuerdo con la literatura médica y
con las «características raciales» del señor Yepes Hernández, era previsible, por lo que
se debía emitir una directriz para que este no fuera expuesto a la altura sobre el nivel del
mar aludida.
14. Por sentencia del 25 de septiembre de 2025, la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión apelada, con fundamento en
esto:
15. En principio, la Policía Nacional incumplió la obligación derivada de la especial
sujeción a la que sometió al señor Yepes Hernández: garantizar que egresara de la
institución en condiciones similares a las que ingresó. Sin embargo, la afectación de la
salud de este no se le podía imputar, específicamente a título de falla en el servicio, en
tanto no se demostró que se hubiera producido por causa y razón de la prestación del
servicio militar obligatorio ni por una atención médica indebida.
16. En cambio, se acreditó que el infarto resultó de la enfermedad de células falciformes,
que era imprevisible (i) por ser rara y congénita; (ii) porque su diagnóstico no solo requirió
el hemoleucograma y el extendido de sangre periférica, sino una evaluación por parte de
un hematólogo, quien analizó los resultados de ambos exámenes junto con una
electroforesis de hemoglobina y el cuadro clínico, y (iii) únicamente se manifestó cuando
el conscripto fue trasladado al cerro, no al momento de la evaluación de ingreso, que
demostró un óptimo estado físico y en la que no se refirió ningún antecedente personal
o familiar relevante.
Pretensiones
17. El accionante solicitó (i) dejar sin efectos las sentencias del Juzgado Catorce
Administrativo de Medellín y de la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia y (ii) ordenar a esta que profiera un nuevo fallo, en el que se aplique el
precedente fijado por el Consejo de Estado en casos que involucren conscriptos,
especialmente en cuanto a la existencia de una relación especial de sujeción.
Fundamentos
18. El señor Yepes Hernández sostuvo esto:
19. Las autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto fáctico porque, al
concluir que los exámenes de ingreso fueron adecuados y que la enfermedad de células
falciformes era imprevisible, contrariaron lo probado con el dictamen pericial:
20. Que tales exámenes, además de adecuarse al riesgo derivado de la prestación del
servicio militar obligatorio en una zona ubicada a 2500 metros sobre el nivel del mar,
debían ser repetidos periódicamente, todo lo cual fue incumplido por la Policía Nacional.
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Demandante: Leonardo Yepes Hernández
21. Que exámenes «de carácter rutinario» como el hemoleucograma y el extendido de
sangre periférica hubieran permitido identificar la anemia y, con ello, realizar pruebas
adicionales para evitar el traslado a una zona elevada.
22. Aparte, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en un defecto fáctico y en un desconocimiento del precedente al concluir que no se
demostró una falla en el servicio por una atención médica indebida, pues con ello:
23. Desconoció que era imposible advertir la existencia de la enfermedad desde el inicio,
porque esta solo se manifestó tras un episodio de hipoxia por altitud.
24. Se contradijo, pues reconoció implícitamente la existencia de riesgos asociados a la
prestación del servicio militar, en tanto consideró relevante la indicación de síntomas
previos, al tiempo que exoneró a la Policía Nacional de la obligación de detectarlos.
25. Obvió que, según «la jurisprudencia» del Consejo de Estado, el nexo de causalidad
entre el daño y la acción u omisión de la autoridad se presume cuando hay relaciones
especiales de sujeción, de modo que, en el caso concreto, la Policía Nacional debía
probar la adopción de medidas necesarias para evitar la concreción del riesgo, como la
realización de exámenes encaminados a determinar si era posible exigir la prestación
del servicio militar en una zona elevada.
26. Por todo lo anterior, se vulneraron los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso. En consecuencia, el asunto no implica una
simple divergencia interpretativa, sino que posee relevancia constitucional.
27. Finalmente, la acción de tutela es procedente porque ya se agotó el mecanismo de
defensa judicial ordinario del que se disponía: la apelación. Además, las razones de la
vulneración de derechos fundamentales no se ajustan a las causales de procedencia de
recursos extraordinarios.
Trámite e intervenciones
28. Por auto del 18 de marzo de 20265, el entonces magistrado sustanciador admitió la
demanda y vinculó, como terceros con interés, a Gina Yulieth Hernández Urrego, a María
Clara Yepes Hernández, a Francisco Javier Yepes Presiga y al Ministerio de Defensa,
Policía Nacional.
29. El Juzgado Catorce Administrativo de Medellín6 se remitió a las razones
expuestas en su sentencia y advirtió que lo pretendido es acceder a una instancia
adicional, en tanto la firma de abogados a la que pertenece el apoderado de los
demandantes en el proceso de reparación directa ha adoptado la práctica de ejercer la
acción de tutela frente a decisiones desfavorables.
5 Índice 4 del expediente.
6 Índice 11 del expediente, archivo «10_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-RespuestaTutela20260».
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Demandante: Leonardo Yepes Hernández
30. El magistrado Jaiver Camargo Arteaga, integrante de la Sala Segunda de Decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia7, sostuvo que no se vulneraron los derechos
fundamentales del accionante y que la sentencia cuestionada contiene los fundamentos
respectivos.
31. La Policía Nacional8 también solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo,
con sustento en que la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Administrativo de
Antioquia no implica la posible configuración de un perjuicio irremediable y en que el
demandante ya utilizó otros mecanismos de defensa judicial para formular la presente
controversia.
32. Los demás terceros con interés guardaron silencio, pese a que se les notificó9 el auto
admisorio de la demanda de tutela.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
33. Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto Ley 2591 de 1991,
con los que concuerdan los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019, por el cual se
expidió el Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Subsección es competente
para proferir sentencia de tutela en primera instancia.
Problema jurídico
34. La Sala determinará si se cumplen los requisitos generales10 de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Solo en caso afirmativo 11 , también
establecerá si las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto fáctico y en
desconocimiento del precedente fijado por esta corporación, y si con ello se vulneraron
los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso
y a la igualdad del señor Yepes Hernández.
Análisis del caso concreto
35. En primer lugar, frente a los reproches formulados contra la sentencia del Juzgado
Catorce Administrativo de Medellín, conviene precisar que el actor agotó el recurso de
7 Índice 14 del expediente, archivo «16RECIBEMEMORIAL_Oficio008Respuestatu».
8 Índice 13 del expediente, archivo «15RECIBEMEMORIAL_GS2026008791SEGEN».
9 Índices 18 y 20 del expediente.
10 En la sentencia de unificación 215 de 2022, la Corte Constitucional indicó que tales requisitos son (i) legitimación
en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad; (iv) relevancia constitucional del asunto; (v) identificación clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales invocados y que, si fue
posible, debieron manifestarse en el proceso correspondiente; (vi) carácter determinante de la irregularidad procesal
alegada, si es el caso, y (vii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela ni un fallo mediante el cual
la Corte Constitucional o el Consejo de Estado hayan resuelto, respectivamente, una demanda de inconstitucionalidad
o de nulidad por inconstitucionalidad. Además, en la sentencia de unificación 388 de 2023, dicha corte estableció que
la acción de tutela no es procedente para controvertir sentencias interpretativas de la Sección de Apelación del Tribunal
para la Paz de la JEP, expedidas «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de dicha
Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto».
11 En la misma sentencia de unificación 215 de 2022, en reiteración de lo dispuesto en las sentencias C-590 de 2005
y SU-026 de 2021, la Corte Constitucional explicó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales está sometida al cumplimiento de los requisitos generales y de las causales específicas dispuestos para
el efecto. Además, señaló que los primeros son «presupuestos cuyo completo cumplimiento es una condición
indispensable para que el juez de tutela pueda entrar a valorar de fondo el asunto (énfasis añadido)». Así, el
incumplimiento de uno de ellos basta para declarar la improcedencia de la solicitud de amparo y, por ende, torna
innecesario estudiar si se configuró alguna de esas causales específicas.
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Demandante: Leonardo Yepes Hernández
apelación y, en esa medida, el análisis de la Sala deberá centrarse en la providencia que
definió el proceso, esto es, el fallo proferido el 25 de septiembre de 2025 por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
36. Con respecto a la sentencia del tribunal, la demanda de tutela satisface los requisitos
generales de procedencia12, a excepción del de relevancia constitucional del asunto.
37. Sobre dicho requisito, la Corte Constitucional, de manera consistente y
consolidada13, ha explicado que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia
adicional de los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera
legalidad o de índole patrimonial, o la apreciación propia de los jueces naturales.
Además, ha advertido que aquella es inidónea si lo pretendido es que el juez
constitucional se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación
propios de las especialidades de cada jurisdicción.
38. En concordancia con lo anterior, en la sentencia del 5 de agosto de 2014 14, la Sala
Plena de esta corporación indicó que, para considerar acreditado el requisito de
relevancia constitucional, se requiere, primero, que el actor cumpla una carga
argumentativa mínima, es decir, que explique suficientemente la vulneración de derechos
fundamentales alegada, y, segundo, que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional del proceso en el cual se profiera la providencia cuestionada.
39. Ahora, en la demanda de tutela, el señor Yepes Hernández reiteró uno de los
reproches planteados en el recurso de apelación15: el relativo a la formulación de
conclusiones contrarias a lo probado con el dictamen pericial, es decir, que los exámenes
de ingreso (i) debían ser practicados en consideración del traslado a una zona ubicada
a más de 1500 metros sobre el nivel del mar y (ii) habían de incluir un hemoleucograma
y un extendido de sangre periférica, que hubieran conducido a realizar pruebas
especializadas y, con ello, a identificar su enfermedad y las restricciones derivadas de
ella, como desplazarse a tal zona.
40. Ese reproche, precisamente, fue resuelto por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia del 25 de septiembre de 202516. En
ella, en síntesis, se determinó que el infarto sufrido por el señor Yepes Hernández no era
atribuible a la Policía Nacional, en tanto resultó de la enfermedad de células falciformes,
12 Se cumple el requisito de legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva, pues el accionante es el
titular de los derechos fundamentales cuya protección se reclama y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia es la presunta causante de su vulneración, por lo que es la llamada a responder por ella
si se comprueba. También se satisface el requisito de inmediatez, ya que la acción de tutela se ejerció en un término
razonable, pues la demanda respectiva se presentó el 16 de marzo de 2026 y la providencia cuestionada se profirió
el 25 de septiembre de 2025 y se notificó el 1° de octubre de ese año (índices 14 y 15 del expediente 05001-33-33-
014-2017-00587-01, almacenado en Samai). Igualmente, se cumple el requisito de subsidiariedad, en tanto se agotó
el mecanismo de defensa judicial ordinario procedente, es decir, la apelación, y los reproches del demandante no
corresponden a ninguna de las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión. Además, se identificó
claramente la causa de la lesión de derechos fundamentales alegada, no se planteó una irregularidad procesal y la
sentencia controvertida no es de tutela ni fue proferida por el Consejo de Estado, ni por la Corte Constitucional ni por
la JEP.
13 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de 2022, así como
la sentencia T-131 de 2021.
14 Proceso 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
15 Archivo 26 del expediente 05001-33-33-014-2017-00587-00, almacenado en OneDrive y visualizable a través del
enlace señalado en la contestación del Juzgado Catorce Administrativo de Medellín.
16 Ver páginas 23 a 27 del archivo ubicado en el índice 13 del expediente 05001-33-33-014-2017-00587-01,
almacenado en Samai.
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Demandante: Leonardo Yepes Hernández
que era imprevisible (i) por ser rara y congénita, (ii) porque su diagnóstico requirió más
que el hemoleucograma y el extendido de sangre periférica y (iii) únicamente se
manifestó tras el traslado al cerro, no al momento de la evaluación de ingreso, que
demostró un óptimo estado físico y en la que no se refirió ningún antecedente personal
o familiar relevante.
41. Lo anterior, lejos de dar cuenta de una decisión abiertamente caprichosa o arbitraria,
simplemente evidencia un juicio de responsabilidad estatal, en el que se estableció que
el daño alegado no era fácticamente imputable a la autoridad demandada. Esto, aunado
a la reproducción de los argumentos de la apelación en la solicitud de amparo
constitucional, permite concluir que el propósito del accionante es reabrir el debate
zanjado en el proceso contencioso-administrativo.
42. Ahora, el demandante también sostuvo que la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en un defecto fáctico y en un desconocimiento del
precedente de esta corporación al concluir que no se demostró una falla en el servicio
por una atención médica indebida, pues con ello (i) ignoró que era imposible advertir la
presencia de la enfermedad desde el inicio, (ii) se contradijo porque reconoció
implícitamente la existencia de riesgos asociados a la prestación del servicio militar y, al
mismo tiempo, exoneró a la Policía Nacional de la obligación de detectarlos y (iii) obvió
que, según «la jurisprudencia» del Consejo de Estado, el nexo de causalidad entre el
daño y la acción u omisión de la autoridad se presume cuando hay relaciones especiales
de sujeción.
43. Al respecto, la Sala debe indicar que, aunque el tribunal afirmó que no se probó tal
falla, lo cierto es que la razón de su decisión consistió en que el daño no era fácticamente
atribuible a la Policía Nacional17. Así, la referencia a dicho título de imputación no fue
determinante, de modo que los alegatos relacionados con este son insuficientes para
considerar una eventual configuración de un defecto fáctico18 o de un desconocimiento
del precedente que esta corporación ha fijado sobre régimen de responsabilidad
aplicable en casos de daños sufridos por conscriptos.
44. Finalmente, se advierte que, en virtud del artículo 90 de la Constitución, el nexo de
causalidad entre el daño y la acción u omisión de la autoridad es un elemento estructural
de la responsabilidad del Estado. Por consiguiente, aun cuando el régimen aplicable sea
objetivo, la parte demandante no está exonerada del deber de probarlo19. Así, no es
17 En la sentencia del 25 de septiembre de 2025, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
expuso lo siguiente:
«(…) [E]l rasgo de células falciformes padecido por el señor Leonardo[,] no obstante ser determinante en el infarto
esplénico[,] tenía un carácter de imprevisible, dada su baja incidencia en la población y que el demandante principal
no presentó síntomas sino hasta pocas horas después de haber sido trasladado al puesto de Policía Cerro el
Boquerón.
Dilucidado lo anterior, en lo atinente a la imputación a la entidad demandada, específicamente a título de falla en el
servicio no se encontró prueba de acción u omisión por parte de la Policía Nacional que haya sido determinante
en la concreción del daño (énfasis añadido)».
18 En la sentencia de unificación 380 de 2021, en reiteración de la SU 226 de 2019, la Corte Constitucional advirtió
que la configuración del defecto fáctico requiere de un error «ostensible y determinante para la decisión objeto de
análisis (énfasis añadido)».
19 En la sentencia del 29 de septiembre de 2023, proferida en el proceso 15001-33-33-006-2012-00287-02 (66.416),
en el que se reclamó la reparación del daño a la salud sufrido por un conscripto, esta Subsección explicó lo siguiente:
«La carga de la prueba en la demostración de los presupuestos establecidos en el artículo 90 de nuestra Carta Política
impone a quien solicita su aplicación la obligación de aportar o solicitar dentro de las oportunidades legales, los medios
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Demandante: Leonardo Yepes Hernández
cierto que la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia debiera
presumirlo, como lo sugirió el accionante.
45. Por todo lo explicado, se colige que el señor Yepes Hernández no ejerció la acción
de tutela para enfrentar una vulneración de derechos fundamentales derivada de la
sentencia de dicha sala de decisión, sino para acceder a una instancia adicional frente
al proceso de reparación directa, por lo que se torna improcedente.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de
Leonardo Yepes Hernández.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no impugnarse esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
de convicción para su acreditación. Así, la parte que solicita la reparación, inicialmente, debe encaminar sus
esfuerzos en demostrar el daño, para luego sí acreditar que este resulta atribuible al Estado (…).
(…) [D]ada la ausencia de elementos de juicio que permitan atribuir la afectación sufrida por el auxiliar policial
a la entidad pública accionada, se torna estéril de cualquier examen de los fundamentos o sistemas de
responsabilidad, objetivos o tradicionales, pues se está en presencia de una falta absoluta de causalidad del hecho
dañoso que pudiere ser imputable al Estado y aquéllos encuentran fundamento y razón de ser sólo cuando el daño
antijurídico le es imputable a la Administración, cuestión que no se configuró en el evento sub examine (…) (énfasis
añadido)».
8
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