Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02160-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02160-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02160-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veinticuatro (24) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-02160-011
Accionante : Rogelio Cardona Rincón
Accionados : Tribunal Administrativo de Bolívar y Juzgado Cuarto (4°)
Administrativo de Cartagena
Vinculados : Distrito de Cartagena, Autopistas del Sol S.A.S., departamento
de Bolívar y Seguros del Estado S.A.
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Tutela contra providencia judicial - reparación directa por
indebida ocupación de predio
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el fallo
de Dieciocho (18) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), emitido por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B2, que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a las providencias judiciales objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo
que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. Rogelio Cardona Rincón, quien actúa en nombre propio, interpone el presente
recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad,
dignidad humana y mínimo vital, presuntamente vulnerados por el Tribunal
1
Expediente digital disponible en Samai.
2
C. P. Alberto Montaña Plata.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02160-01
Accionante: Rogelio Cardona Rincón
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Administrativo de Bolívar y el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Cartagena.
3. Por consiguiente, solicita dejar sin efectos las sentencias de (i) Veintitrés (23) de
Octubre de Dos Mil Veintitrés (2023), mediante la cual, el Juzgado Cuarto (4°)
Administrativo de Cartagena negó las pretensiones formuladas en la demanda de
reparación directa promovida contra el distrito de Cartagena y la concesionaria
Autopista Del Sol S.A.S. (expediente 13001-33-33-004-2018-00289-00/02); y (ii)
Treinta (30) de Julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), con la que, el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2 modificó esa decisión, para declarar
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa. En su lugar,
pidió que se ordene a las autoridades accionadas emitir un nuevo pronunciamiento
«[…] valorando integralmente las pruebas omitidas e inclusive aplicando correctamente las reglas
sobre posesión y ocupación permanente».
1.3 Hechos3.
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el
accionante se puede evidenciar que, el Catorce (14) de Diciembre de Dos Mil
Dieciocho (2018) acudió ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en ejercicio
del medio de control de reparación directa en contra del distrito de Cartagena y la
concesionaria Autopista Del Sol S.A.S. (expediente 13001-33-33-004-2018-00289-
00/02), con el propósito que se les declarara administrativamente responsables por
los perjuicios causados por la ocupación permanente del lote de terreno ubicado en
el barrio Membrillal de Cartagena, identificado con la referencia catastral núm. 19-
00-0282-0042-001, para la ejecución de una obra, el cual, adquirió mediante la
trasferencia de la posesión realizada el Veinticinco (25) de Septiembre de Dos Mil
Diecisiete (2017) por los señores Hugo García Flórez y María Nelly Giraldo de Arcila.
5. De ese asunto conoció el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Cartagena que,
el Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil Veintitrés (2023) negó las pretensiones
formuladas, al considerar que, este no acreditó la debida y legítima posesión del
predio, ni la identificación plena del área que aparentemente fue ocupada. Por el
contrario, se demostró que aquel era de naturaleza fiscal y pertenecía al
departamento de Bolívar.
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
2
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Accionante: Rogelio Cardona Rincón
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
6. Inconforme con esa decisión, el actor interpuso recurso de apelación4, desatado
el Treinta (30) de Julio de Dos Mil Veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, Sala de Decisión 2, en el sentido de modificarla, para, en su lugar,
declarar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa, al estimar que, «[…] en el presente asunto a partir de las pruebas allegadas al plenario
no es posible afirmar que el predio sobre el cual se desarrolla la obra corresponda con aquel [del]
que predica su posesión».
7. Sobre la precedente situación, el tutelante sostiene que, la providencia censurada
incurre en defecto fáctico, puesto que, no valoró en debida forma los elementos
probatorios obrantes dentro del proceso, especialmente, las fotografías, testimonios
y facturas del impuesto predial, que demostraban su condición de poseedor del
predio del cual reclama perjuicios por indebida ocupación.
8. Asimismo, en defecto sustantivo, comoquiera que, al exigirle la matrícula
inmobiliaria y referencia catastral vigente del predio desconoció su calidad de
poseedor conforme al artículo 762 del Código Civil.
1.2 Contestaciones de la acción
9. 1.2.1 El Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Cartagena5 remitió el enlace
digital del expediente ordinario con radicado 13001-33-33-004-2018-00289-00/02,
pero, no emitió pronunciamiento alguno frente a los hechos y pretensiones
expuestos en la presente acción de tutela.
10. 1.2.2 El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2 6 pidió declarar
improcedente la acción de tutela de la referencia, por cuanto, «[…] los reproches
elevados por el accionante en sede de tutela se orientan, en realidad, a reabrir el debate procesal ya
surtido en las instancias ordinarias, específicamente en torno a la valoración del material probatorio
[…] y a la interpretación jurídica de los hechos que fueron objeto directo del litigio ».
11. 1.2.3 El distrito de Cartagena7 deprecó su desvinculación8 del presente trámite
constitucional al carecer de legitimación en la causa por pasiva, dado que, « […] no
es la entidad que vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
4
Con fundamento en la indebida valoración de las pruebas (fotografías y testimonios) que daban cuenta que venía ejerciendo
la posesión pacifica de señor y dueño del predio alegado.
5
Índice 00012 del expediente de Samai de primera instancia.
6
Índice 00013 del expediente de Samai de primera instancia.
7
Índice 00016 del expediente de Samai de primera instancia.
8
Cabe precisar que esta solicitud ya fue resuelta en primera instancia.
3
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administración de justicia, vivienda digna, dignidad humana y mínimo vital alegados por el
accionante, [pues], no profirió las providencia judiciales objeto del presente litigio ».
12. 1.2.4 La Autopista Del Sol S.A.S., el departamento de Bolívar y Seguros del
Estado S.A. guardaron silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
1.3 Providencia impugnada
13. Mediante sentencia de Dieciocho (18) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, declaró improcedente la acción
de tutela de la referencia, porque, a su juicio, no se satisfizo el presupuesto de la
relevancia constitucional, toda vez que, «[…] carece de una carga argumentativa mínima
que permita determinar la necesidad de intervención del juez constitucional y busc[a] […] reabrir la
discusión del medio de control de reparación directa, es decir, utilizarla como una instancia
adicional», puesto que, los reparos del accionante «[…] ya habían sido planteados en el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado 4
Administrativo de Cartagena, en el que se hizo referencia a que se omitieron y valoraron
indebidamente unas pruebas [y] que se desconoció el artículo 762 del Código Civil […], con el fin de
sustentar la posibilidad de que el poseedor de un bien pudiera reclamar los perjuicios causados por
parte del Estado con su ocupación».
1.4 La impugnación
14. Inconforme con esa determinación, el tutelante la impugnó, para cuyo propósito
reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de amparo y agregó que «[…] la
relevancia constitucional exige únicamente que el caso verse sobre un asunto de rango
constitucional y no meramente legal o económico», lo cual no corre en este caso, en el que
la discrepancia surge únicamente ante «[…] el flagrante desconocimiento de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, dignidad humana
y mínimo vital, conculcados por las autoridades judiciales accionadas al imponer exigencias
desproporcionadas y ajenas a la institución jurídica de la posesión».
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
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15. En virtud de los artículos 329 del Decreto ley 2591 de 199110 y 2511 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201912 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción.
16. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Cuestión previa
17. En el asunto sub examine el demandante pide dejar sin efectos las providencias
de (i) Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil Veintitrés (2023), mediante la cual, el
Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Cartagena negó las pretensiones formuladas
en la demanda de reparación directa promovida contra el distrito de Cartagena y la
concesionaria Autopista Del Sol S.A.S. (expediente 13001-33-33-004-2018-00289-
00/02); y (ii) Treinta (30) de Julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), con la que, el
Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2 modificó esa decisión, para
declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa.
18. Sin embargo, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la providencia
de Treinta (30) de Julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), por ser la que, al desatar el
recurso de apelación interpuesto contra la de Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil
Veintitrés (2023), decidió de manera definitiva el mencionado asunto contencioso-
administrativo.
9
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
10
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
11
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
12
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5
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2.4 Problema jurídico.
19. Se contrae a determinar si la acción de tutela acredita los requisitos generales de
procedencia, particularmente, el de relevancia constitucional, de manera que se
pueda establecer si la sentencia de Treinta (30) de Julio de Dos Mil Veinticuatro
(2024), por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión
2 declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa,
adolece de defectos fáctico y sustantivo y, por consiguiente, vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad,
dignidad humana y mínimo vital invocados por el accionante.
2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales
20. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 13 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado14, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
21. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
13
Sentencia C-590 de 2005.
14
sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
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razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
22. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
23. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que, (i) contrario a lo indicado en
primera instancia, el asunto planteado comporta relevancia constitucional, en la
medida en que recae, a juicio del actor, en una indebida valoración probatoria y
aplicación normativa, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad, dignidad humana y mínimo vital; (ii) contra la decisión objeto de censura
no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que, la providencia atacada quedó
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ejecutoriada el Veintitrés (23) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)15 y la solicitud
de amparo se presentó el Dieciséis (16) de Marzo siguiente, es decir, dentro de los
seis meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.
24. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defectos fáctico y sustantivo
invocadas por el demandante.
2.5.1 Defecto fáctico
25. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »16.
26. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra17.
2.5.2 Defecto sustantivo
27. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
28. La jurisprudencia constitucional18 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
15
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 16 de febrero de 2026, motivo
por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 18 de los mismos mes y año, conforme al artículo
205 (numeral 2) del CPACA.
16
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
17
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
18
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
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fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 19.
2.6 Análisis del caso concreto
29. En el asunto sub examine, el tutelante sostiene que, la providencia censurada
incurre en defecto fáctico, puesto que, no valoró en debida forma los elementos
probatorios obrantes dentro del proceso, especialmente, las fotografías, testimonios
y facturas del impuesto predial, que demostraban su condición de poseedor del
predio del cual reclama perjuicios por indebida ocupación.
30. Asimismo, en defecto sustantivo, comoquiera que, al exigirle la matrícula
inmobiliaria y referencia catastral vigente del predio desconoció su calidad de
poseedor conforme al artículo 762 del Código Civil.
31. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada, en el fallo objeto de censura,
concluyó:
[…] teniendo en cuenta los reparos planteados por el apelante, corresponde a la Sala
determinar si el inmueble sobre el cual se alega ejercer posesión el señor Rogelio Cardona
Rincón en realidad se trata de aquel objeto de ocupación por parte de las demandadas y,
de ser así, si la misma causó perjuicios a la parte demandante, que deban ser
indemnizados.
[…]
Para acreditar la calidad de poseedor del predio se aportó como prueba la escritura pública
No. 2026 de 200720, que acredita la compraventa de posesión celebrada entre el
demandante Rogelio Cardona Rincon y los señores Silvio Hugo Arcila Floréz y María Nelly
Giraldo de Arcila. Sobre la información del predio objeto del negocio jurídico celebrado, el
mentado instrumento señala lo siguiente:
19
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
20
Expediente digital, archivo “01Folios 1-104.pdf” folio 34-39.
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Como se nota de lo anterior, se especifican los linderos que corresponde al presunto predio
objeto de la ocupación, sin que se especifique el área del mismo, ni su ubicación exacta
pues de manera genérica establece su ubicación en el barrio Membrillal.
Aunado a lo anterior, en el citado instrumento las partes indicaron que la venta se realizaba
como cuerpo cierto, es decir que, en el momento de la celebración del negocio jurídico, no
se indicó ni se le demostró al demandante que los linderos antes señalados correspondían
con algún registro oficial proporcionado por la autoridad competente, en este caso el IGAC.
Hasta este punto se debe precisar que existió una compraventa de posesión de un lote o
solar que comprende las dimensiones especificadas en la escritura No.2026 de 2007.
Ahora, en el expediente en análisis se contempla un registro fotográfico 21, suministrado
por el demandante, donde a su juicio se prueba la ocupación de su terreno, pues, muestra
la maquinaria y a los operarios cerca de la que alega es su vivienda, sin embargo, la Sala
considera que el material fotográfico aportado con la demanda resulta insuficiente para
demostrar que en realidad se trate del bien sobre el cual señala ejerce la posesión.
[…]
Por otra parte, se observa el estudio de títulos realizado por la empresa Autopistas del Sol
S.A.S22 en donde se registran las referencias catastrales de cada predio localizado en el
área de influencia del proyecto “Concesión Vial Ruta Caribe” que comprende desde el
K28+500 hasta K28+700.
Lo anterior, permite evidenciar que la referencia catastral señalada en demanda la cual
alega identifica el predio sobre el cual ejerce posesión no se encuentra dentro del área de
influencia o ubicación que comprende el proyecto.
En las pruebas suministradas por el demandante se indica que hay un plano cartográfico
del predio, sin embargo, en el apartado citado en el documento 23 solo aparece el plano
topográfico planimétrico del predio, donde se señala las dimensiones del terreno y las
21
Primera instancia archivo denominado 02folio 105-200, folios 50-56.
22
Primera instancia archivo denominado 03 folio 201-400, folio 29.
23
Primera instancia archivo denominado 01folio 1-104, folios 48 y 62.
10
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coordenadas rectangulares de cada vértice del mismo. Esta información no permite
localizar geográficamente el predio, en virtud de que el demandante no tiene el
levantamiento catastral realizado por el organismo encargado para esa competencia
(IGAC) que permita la ubicación del terreno en el barrio Membrillal, y por ende no da
certeza ni permite la plena identificación de este lote.
[…]
Lo anterior permite a su vez desvirtuar el alegado argumento de la facturación del impuesto
predial para sustentar su existencia, pues como se indicó previamente la autoridad
competente lo desestimó dado que no existe el sustento técnico (levantamiento catastral)
que así lo permita.
En ese orden, de acuerdo a las pruebas reseñadas es dable indicar que no existe la
referencia catastral No.19-00-0282-0042-001, sobre la cual alega el demandante ejerce
posesión, y el negocio jurídico de compraventa de posesión impide la ubicación del terreno
en el área de influencia de la obra, pues en ella solo se establecen las dimensiones del
lote objeto de la venta, impidiendo que a través de esta se logre establecer su ubicación.
Así mismo, en el certificado de tradición con número de matrícula 060- 4637624, se observa
que los predios localizados entre K28+500 y K28+700 de la variante Mamonal – Gambote
son bienes fiscales, es decir, pertenecientes al Departamento de Bolívar. Por lo que,
contrario a lo indicado por la parte actora, las referencias catastrales sobre las cuales se
desarrolló la obra son propiedad del Departamento 25, por lo que es dable concluir que no
existió ocupación de un predio sobre el que sostiene el demandante ejerce posesión.
[…]
En conclusión, se puede determinar que el demandante no acreditó que un predio sobre
el cual dice ejercer posesión fuese ocupado de manera permanente por las obras
desarrolladas por la demandada Autopista Ruta del Sol, pues del mismo no se tiene su
identificación.
32. De lo trascrito se colige que, la autoridad accionada determinó que no había lugar
a declarar la responsabilidad extracontractual del Estado en el proceso de
reparación directa con radicado 13001-33-33-004-2018-00289-00/02, toda vez que,
las pruebas recaudadas en esas diligencias no acreditaron la plena identificación
del predio del que el actor señaló tener la posesión y, por consiguiente, los perjuicios
derivados de la presunta ocupación ilegal por parte de las entidades accionadas.
Por el contrario, demostraron que aquel corresponde a un bien fiscal del
departamento de Bolívar.
33. Para la autoridad accionada, las pruebas que el accionante aduce como
indebidamente valoradas (fotografías, testimonios y facturas de impuesto predial),
no permitían determinar con certeza la ubicación del lote ni su coincidencia con el
área intervenida por el proyecto, al carecer de elementos técnicos y de soporte
catastral que posibilitaran su plena individualización.
24
Primera instancia archivo denominado 02folio 105-200, folio 101.
25
Primera instancia archivo denominado 02folio 105-200, folio 101.
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34. Por el contrario, el estudio de títulos de las referencias catastrales localizadas en
el área de influencia del proyecto le permitió al juez natural determinar que la
referencia catastral núm. 19-00-0282-0042-001 indicada en la demanda y sobre la
cual, el demandante afirmó ejercer posesión, no se encontraba en el área de
ejecución de la obra, aunado a que, aunque se aportó un plano topográfico, este
solo permitió evidenciar las dimensiones del terreno, pero no su localización
geográfica.
35. En ese orden de ideas, se observa que la providencia censurada no deviene de
una interpretación caprichosa de la autoridad accionada, puesto que, sus
argumentos estuvieron debidamente motivados, conforme a las pruebas que fueron
aportadas en el aludido proceso ordinario, lo que conlleva a concluir que no se
incurre en el defecto fáctico alegado.
36. Por otra parte, resulta oportuno indicar que el hecho que la autoridad judicial
accionada no haya valorado las pruebas en el sentido que pretendía el tutelante, no
involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales denominada defecto fáctico, por cuanto en acatamiento de
sus competencias jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la pertinencia,
utilidad y conducencia de los elementos de convicción obrantes en el expediente,
así como la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo haga de
manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció en el
asunto materia de controversia.
37. Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de
una valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que
imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias
a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este
aspecto, la Corte Constitucional26 sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden
considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar,
conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál
es la que mejor se ajusta al caso concreto.
26
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de buena
fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la valoración de las
pruebas realizadas por el juez natural es razonable.
[…]
Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
38. Por otro lado, cabe precisar que, para la Sala, carece de vocación de prosperidad
el argumento del actor relacionado con que al exigirle la matrícula inmobiliaria y
referencia catastral vigente del predio, la autoridad accionada desconoció su calidad
de poseedor conforme al artículo 762 del Código Civil, si se tiene en cuenta que, el
objeto de estudio del asunto ordinario no se enfocó en acreditar su condición o no
de poseedor en sentido estricto del lote respecto del que reclamó la afectación por
ocupación ilegal, sino en identificarlo plenamente para poder determinar su
legitimación para alegar el daño y reclamar la reparación derivada del mismo.
39. En ese orden de ideas, se concluye que, la decisión reprochada no incurrió en
defecto sustantivo.
40. Asimismo, es claro que el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2
ya había resuelto los reproches planteados por el tutelante en el recurso de
apelación interpuesto contra el fallo de Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil
Veintitrés (2023), en el que, el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo de Cartagena
negó las pretensiones formuladas en la demanda de reparación directa con radicado
13001-33-33-004-2018-00289-00/02, que reiteró en esta acción de tutela (para lo
cual invocó las causales de defecto fáctico y sustantivo), lo que denota que su
intención, más allá de manifestar la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales, es utilizar este mecanismo constitucional como una instancia
adicional con el fin de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.
41. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
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Accionante: Rogelio Cardona Rincón
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42. En consecuencia, comoquiera que, el actor no acreditó que la providencia de
Treinta (30) de Julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2, hubiere incurrido en defectos fáctico
y sustantivo, se revocará el fallo impugnado, que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia, para, en su lugar, negar el amparo deprecado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de Dieciocho (18) de Junio de Dos Mil Veintiséis
(2026), emitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, NEGAR el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, dignidad humana y mínimo vital invocados por
Rogelio Cardona Rincón, por las razones consignadas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección B
de esta Corporación y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
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Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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