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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02161-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02161-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero. AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Vibio Martín Araújo García, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia. Segundo. ORDENAR al municipio de Soledad (Atlántico) o quien haga sus veces que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, conteste de manera clara, precisa y de fondo las solicitudes que el actor elevó el 27 de marzo y 17 de junio de 2023; 18 de diciembre de 2024 y 26 de junio y 22 de octubre de 2025; y le comunique la respuesta. Tercero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en contra del municipio accionado en relación con la violación de los derechos al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia, a la salud, a la vida y al mínimo vital. Cuarto. NEGAR el amparo respecto al contralor del ente territorial accionado y al promotor del acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio de Soledad. 10 Radicado: 11001-03-15-000-2026-02161-00 de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas - Archivo Central. Quinto. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Sexto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02161-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02161-00
Accionante: Vibio Martín Araújo García
Accionado: Municipio de Soledad

Tema: Derechos: debido proceso, seguridad social, acceso a la
administración de justicia, salud, vida, mínimo vital y petición.
Acuerdo de reestructuración de pasivos. Pago de acreencias
laborales reconocidas en proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. CONCEDE AMPARO-DECLARA IMPROCEDENTE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Vibio Martín Araújo García,
mediante apoderado, en contra del municipio de Soledad (Atlántico).

ANTECEDENTES

El accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, seguridad social, acceso a la administración de justicia, salud, vida, mínimo
vital y petición, que considera vulnerados por el presunto incumplimiento de las
sentencias del 14 de octubre de 2016 y 28 de septiembre de 2017 proferidas,
respectivamente, por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla
y el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-31-702-2015-00008-00 [01] 1.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

1 En la sentencia del 28 de septiembre de 2017 del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, se tiene

como radicado 08001-33-31-014-2015-00008-01.

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El accionante afirmó que el 2 de diciembre de 1992 se posesionó en -elArchivo
cargoCentral.
de
2
celador en la antigua Secretaría de Servicios Públicos (Acueducto Municipal) del
municipio de Soledad, Atlántico.

Que mediante la Resolución núm. 000017 del 24 de diciembre de 1993 proferida
por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Comisión Seccional
Atlántico, fue inscrito en el escalafón de carrera administrativa.

Que prestó sus servicios en la Secretaría hasta el 30 de noviembre de 1998, dado
que el cargo que ocupaba fue suprimido mediante el Decreto 266 del 27 de igual
mes y año.

Que le solicitó al alcalde del municipio de Soledad que lo reintegrara a un cargo de
igual o superior categoría, petición que fue negada, por lo cual interpuso demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de Soledad, la
cual le correspondió al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla.

Que el 14 de octubre de 2016, el Juzgado declaró la nulidad del Decreto 266 de
1998 y del oficio del 27 de noviembre del mismo año, mediante el cual se materializó
la supresión del cargo, y, en consecuencia, le ordenó al ente territorial reintegrarlo
a un cargo de igual o superior categoría al que tenía al momento de la supresión del
cargo, y lo condenó al pago de «todos los sueldos, primas, bonificaciones,
vacaciones y demás emolumentos de la asignación básica correspondiente al cargo
que venía ocupando, junto con los incrementos legales, previa las deducciones de
ley, desde cuando se produjo su retiro hasta cuando efectivamente sea reintegrado
a su cargo».

Que el 28 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Atlántico modificó
los numerales 3.° y 4.° de la decisión del a quo y la confirmó en lo demás. El 3 de
octubre de igual año quedó ejecutoriada la providencia.

Que el actor le solicitó al municipio de Soledad dar cumplimiento a la sentencia
citada, pero la administración mediante Resolución núm. 436 del 16 de agosto de
2019 «decretó la IMPOSIBILIDAD JURIDICA Y FACTICA [sic] PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE REINTEGRO Y SE DA CUMPLIMIENTO
PARCIAL A LA ORDEN DE DAR».

Que el ente territorial expidió la Resolución 436 del 16 de agosto de 2019, a través
de la cual liquidó los conceptos de salarios dejados de percibir, prima de servicios,
prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios prestados,
vacaciones, cesantías e intereses de las cesantías, causadas del 1.º de diciembre
de 1998 al 31 de diciembre de 2018, pero no se pronunció sobre la indemnización
que contempla la Ley 909 de 2004, y canceló los valores adeudados en distintos
tiempos, siendo el último pago en el año 2022.

2 Resolución núm. 664 de 1992.

2

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• Archivo Central.
A su juicio, ante la incorrecta liquidación realizada por la administración y la falta de
pago de la indemnización «se han seguido causando salarios y prestaciones desde
enero 01 de 2019 y hasta la presente y seguirán causándose hasta el momento en
que le cancelen INDEMNIZACIÓN y las correspondientes prestaciones».

Que el 27 de marzo de 2023, el 17 de junio, 15 de noviembre y 18 de diciembre de
2024, y el 21 y 29 de octubre de 2025 le pidió al municipio de Soledad que 1)
liquidara y cancelara todos los salarios y prestaciones que se hubieren causado
desde el 1.º de enero de 2019 y hasta el momento en que se pagara la
indemnización y las prestaciones debidas; 2) cancelara a Colpensiones los aportes
para pensión del periodo comprendido entre el 1.º de diciembre de 1992 y el 31 de
diciembre de 2018, los cuales fueron descontados, pero no consignados a dicha
entidad; 3) diera aplicación al artículo 44 de la Ley 909 de 2004 y 4) acatara el
párrafo 7.º del artículo 189 de la «Ley 1137 [sic] de 2011»; sin embargo, a la fecha
de la instauración de la tutela no ha recibido respuesta.

Que el municipio de Soledad esta incurso en un proceso de reestructuración de
pasivos, acorde con la Ley 550 de 1999, que comenzó el 10 de mayo de 2012 y fue
prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2034, por lo que todos los procesos
ejecutivos en contra del ente territorial se encuentran suspendidos hasta la fecha
mencionada, razón por la cual «no se ha podido adelantar la correspondiente
ejecución contra dicho municipio».

Que tiene 62 años y no ha podido acceder a la pensión de vejez porque el municipio
no ha cancelado los aportes de pensiones a Colpensiones.

Que el 10 de septiembre de 2024 le pidió al contralor del municipio de Soledad que
revise la gestión fiscal realizada por el ordenador del gasto, sobre el pago de las
acreencias laborales, a fin de evitar un detrimento patrimonial, y, mediante Oficio
núm. 20041016-0.407, se le informó que el pago de las acreencias laborales es
competencia de la Alcaldía, motivo por el cual daría traslado a la solicitud.

El actor estima que la respuesta que le brindó el contralor es incongruente, pues no
atiende a lo pedido.

Considera que el acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio accionado
le transgrede sus derechos, en especial el acceso a la administración de justicia.
Además, el numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1990 le impide ejecutar al
ente territorial «muy a pesar de la obligatoriedad de cumplimiento que tienen,
violando así lo establecido en el Artículo [sic] 454 del Código Penal Colombiano,
Artículos 189, 192, 195 y demás» del CPACA».

PRETENSIONES

El accionante pide que se amparen sus derechos fundamentales y se ordene 1) al

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• Archivo Central.
municipio de Soledad dar estricto cumplimiento a las sentencias que condenaron al
ente territorial a reintegrar al actor a un cargo y cancelar los salarios y las
prestaciones dejadas de percibir; 2) al doctor José Fernando Bedoya Hasbun, en
calidad de promotor del acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio, que
informe cuál ha sido el incumplimiento de las obligaciones que tiene la autoridad
accionada respecto a su situación y por qué no ha contestado las peticiones que ha
elevado; y 3) al contralor del municipio accionado que informe cuál ha sido la gestión
fiscal ejercida por la administración, «de acuerdo con sus investigaciones de
auditoria [sic]».

TRÁMITE DEL PROCESO

El 20 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela; se negó la solicitud de
vincular al trámite a la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público; y se ordenó notificar a la autoridad accionada.

El 8 de abril de 2026, se vinculó al trámite constitucional a la Contraloría Municipal
de Soledad.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El municipio de Soledad fue debidamente notificado de la acción de tutela; sin
embargo, guardó silencio.

La Contraloría Municipal de Soledad mencionó que el actor le solicitó revisión y/o
análisis de la gestión fiscal del municipio de soledad, con relación a las deudas que
tiene el ente territorial por acreencias laborales con algunos exempleados, entre
ellos el accionante. Dicha petición fue atendida de forma oportuna mediante el Oficio
núm. 20041016-4.07.

Adujo que la naturaleza del control fiscal es eminentemente técnica y se orienta a
la vigilancia de la gestión fiscal y a la protección del patrimonio público, mediante la
evaluación de actuaciones ya ejecutadas, lo cual no le otorga las facultades para
sustituir, desplazar o asumir las competencias funcionales de las entidades
territoriales.

Argumenta que la tutela no satisface el requisito de subsidiariedad, pues el actor
puede exigir el cumplimiento de la sentencia o del acuerdo de reestructuración a
través del proceso ejecutivo o los incidentes de desacato ante la autoridad judicial
correspondiente.

Así las cosas, concluyó que no le ha vulnerado al actor derecho alguno;
adicionalmente, señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva para
reconocer, liquidar o disponer el pago de las acreencias laborales reclamadas por
el accionante, en la medida en que tales obligaciones corresponden exclusivamente
al municipio de Soledad.

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• Archivo Central.
Se decidirá previa las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) derecho de petición;
III) procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago de acreencias
laborales dentro de los procesos de reestructuración económica y IV) análisis del
caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Derecho de petición

El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre
la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia
impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado social
de derecho.

Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por la
jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde:
debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por ello la
armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada.

Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que «la satisfacción del derecho
de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay
contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos
que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del “derecho a
lo pedido» 3.

En el mismo sentido, ha establecido la jurisprudencia constitucional el imperativo de
que el solicitante conozca el contenido de la contestación emitida, para lo cual, la
autoridad debe realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con

3 Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse también, entre otras, las Sentencias

T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012, T-155 de 2018 y T-051 de 2023.

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los estándares contenidos en el CPACA y que este deber se mantiene, - Archivo Central.
incluso,
cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia
de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada 4

Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta dentro del término, antes del
vencimiento la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
término en el cual se dará la contestación, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1755 de 2015, artículo 14.

Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la
manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para la
solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.

Procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago de acreencias
laborales dentro de los procesos de reestructuración económica

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un
instrumento de protección de los derechos fundamentales, que «solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».

La Corte Constitucional considera que la acción de tutela procede de manera
excepcional en contra de las entidades que están en procesos de reestructuración
de pasivos, siempre y cuando se acredite que con ella se puede evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable y/o la afectación al mínimo vital:

«(…) cuando se trata de acciones de tutela dirigidas contra entidades en
procesos de reestructuración de pasivos o intervenidas por el Gobierno, esta
Corporación ha sido enfática en señalar la improcedencia general de la tutela
por tratarse de un procedimiento originado en la circunstancias deficitarias de la
entidad y que tiene como finalidad suspender las garantías de los acreedores
(por ejemplo, suspender el derecho a instar un proceso ejecutivo o a continuar
el que estuviere en curso), en orden a alcanzar en el largo plazo la satisfacción
de las deudas pendientes. Si la suspensión de las garantías de los acreedores
es la vía que tomó el legislador para garantizar la satisfacción de las
prestaciones adeudadas, admitir la procedencia de la tutela en la generalidad
de los casos, sería justamente ir en contravía de los propósitos de la ley, y
afectar el derecho a la igualdad de otros acreedores sometidos a las reglas del
proceso de reestructuración.

Entonces, en eventos sumamente excepcionales, la Corte ha concedido
peticiones de tutela encaminadas a exigir, de entidades en
reestructuración, el pago de acreencias contractuales: en lo que atañe a las
acreencias laborales, lo ha hecho por haberse encontrado plenamente

4 Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias T-430 de

2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019.
Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos
salvo los casos que establezca la ley. (…)” Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, sobre PUBLICACIONES,
CITACIONES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.

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• Archivo Central.
acreditada la vulneración al mínimo vital de los trabajadores; en aquellos
casos en los cuales se reclama el pago de acreencias contractuales mercantiles
o administrativas, las ha concedido siempre y cuando sean acreditadas las
condiciones que permitan inferir la vulneración de un derecho fundamental, y la
constitución de un perjuicio no remediable de otra manera que exigiendo el pago
de la obligación dineraria mediante la tutela»5. (negrilla fuera de texto
original)

Análisis del caso concreto

En síntesis, el señor Vibio Martín Araújo García considera que el municipio de
Soledad le viola los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social,
acceso a la administración de justicia, salud, vida, mínimo vital y petición, por
presuntamente no acatar las sentencias que se emitieron a su favor dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-
31-702-2015-00008-00 [01], y no brindarle respuesta a las solicitudes que ha
presentado en ese sentido.

El actor aportó las siguientes pruebas:

• Sentencia del 14 de octubre de 2016 proferida por el Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, donde se declaró la nulidad del
Decreto núm. 266 de 1998, por medio del cual se suprimió el cargo del señor Araújo,
y del oficio del 27 de noviembre de 1998, a través del cual se materializó la decisión
anterior, y se condenó al municipio de Soledad a reintegrar al actor a un cargo de
igual o superior jerarquía al que tenía al momento de la supresión y a pagar los
sueldos, primas, bonificaciones y demás emolumentos de la asignación básica,
correspondientes al cargo que venía ocupando.

• Sentencia del 28 de septiembre de 2017 del Tribunal Administrativo del Atlántico,
donde se modificó los numerales 3 y 4 de la providencia de primera instancia y se
confirmó en lo demás.

• Resolución núm. 436 del 16 de agosto de 2019, mediante la cual la Alcaldía de
Soledad manifestó la imposibilidad jurídica y fáctica de cumplir con la orden dada
por el Juzgado 14 Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y el Tribunal
Administrativo del Atlántico, consistente en reintegrar al actor al cargo que este
venía ocupando o en uno de superior categoría.

• El 27 de marzo de 2023, el actor le pidió a la Alcaldía de Soledad, lo siguiente:

«(…) Me cancelen a nombre de mi patrocinado, todas las acreencias laborales
que me adeudan por las condenas señaladas en las sentencias que nos
ocupan, que, a diciembre 31 de 2022, incluyendo la INDEMNIZACIÓN POR EL
NO REINTEGRO, ascienden a la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 59/100 ($334'639.959.59) M. L., o el

5 Corte Constitucional, sentencias T 897 de 2007 y T 310 de 2012.

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mayor valor que se demuestre. - Archivo Central.

2.- Le sigan cancelando a mi patrocinado las acreencias laborales que se sigan
causando de enero 01 de 2023 en adelante y hasta cuando el Municipio [sic] de
Soledad (Atlántico) cancele la correspondiente INDEMNIZACION por la
imposibilidad del REINTEGRO.

3.- Me cancelen en nombre de mi patrocinado las COSTAS PROCESALES a
que fue condenado el municipio DE [sic] Soledad (Atlántico) en la sentencia de
primera instancia.

4.- Cancelen en favor de mi patrocinado cualquier otra acreencia laboral que le
adeuden como consecuencia de las condenas señaladas en las sentencias que
nos ocupan».

• El 17 de junio de 2023, el actor le solicitó al municipio accionado que cancelara la
suma de «siete mil doscientos treinta y un millones quinientos mil y tres mil
setecientos catorce pesos ($7.231.553.714.28)», por concepto de acreencias
laborales.

• El 18 de diciembre de 2024, el accionante le pidió al ente territorial que contestara
las peticiones del 27 de marzo de 2023; 17 de junio y 15 de noviembre de 2024.

• El 26 de junio de 2025, el actor le solicitó al ente territorial accionado que:

«(…) se sirva cancelar en favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES “COLPENSIONES”, el valor de mis correspondientes APORTES,
del periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 1998 y el 31 de diciembre
de 2018, cuyos aportes deben ser liquidados con base en las siguientes
ASIGNACIONES BÁSICAS ANUALES, más la correspondiente
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS que me fueron cancelados en
dicho periodo reclamado».

• El 22 de octubre de 2025, el accionante le solicitó a la Alcaldía el «cumplimiento
del artículo 44 de la Ley 909 de 2004».

• Documento de la Alcaldía de Soledad que se titula «SEGUNDA MODIFICACIÓN
AL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE SOLEDAD (ATLÁNTICO) Y SUS ACREEDORES CON BASE EN
LA LEY 550 DE 1999». En la cláusula 47 se estableció que la duración del acuerdo
será hasta que se entienda que la totalidad de las acreencias han sido canceladas
o hasta el 31 de diciembre de 2034, «conforme a las estimaciones del Anexo 3
(“Escenario Financiero y Bases de Negociación del Acuerdo”) salvo que las
condiciones fiscales y financieras de EL MUNICIPIO permitan cumplirlo antes de
[sic] término señalado».

El actor alega que el municipio no le ha contestado las diferentes solicitudes que ha
realizado para que se le cancelen las acreencias laborales que se ordenaron en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y que se efectúen los aportes a
pensiones en Colpensiones.

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• Archivo Central.
Teniendo en cuenta que el municipio de Soledad guardó silencio, se tendrán por
ciertos los hechos de la tutela relacionados con la no contestación de las solicitudes
que el actor elevó los días 27 de marzo y 17 de junio de 2023, 18 de diciembre de
2024 y 26 de junio y 22 de octubre de 2025 a la accionada, y se amparará el derecho
fundamental de petición.

De otra parte, el actor expresa que el 10 de mayo de 2012 el municipio accionado
celebró un acuerdo de reestructuración de pasivos con sus acreedores, el cual está
vigente hasta el 31 de diciembre de 2034, motivo por el cual no es posible iniciar
proceso ejecutivo en contra del ente territorial, situación que le transgrede sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a la
administración de justicia, a la salud, a la vida y al mínimo vital, en tanto tiene 62
años y no ha podido acceder a la pensión de vejez, ya que el municipio no le ha
cancelado a Colpensiones los aportes correspondientes al periodo comprendido
entre el 1.º de diciembre de 1992 y el 31 de diciembre de 2018.

Al respecto, se advierte que a través de esta acción, como quedó expuesto, se
amparará su derecho fundamental de petición y se ordenará al municipio de Soledad
que le brinde respuesta a las solicitudes que ha presentado tendientes a que se
adopte una decisión sobre los valores adeudados con ocasión de las sentencias
proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo cual
corresponderá a la administración adoptar una determinación sobre el particular, en
atención al privilegio de la decisión previa, situación que torna en improcedente la
tutela para decidir directamente sobre dicha reclamación.

Además, se observa que no está demostrada una afectación al mínimo vital del
accionante que habilite la intervención del juez de tutela para ordenar el pago de
sumas dinerarias, pues no se allegó prueba alguna que dé cuenta de que carece de
los medios necesarios para asegurar su subsistencia, máxime si se tiene en cuenta
que el municipio profirió la Resolución núm. 436 del 16 de agosto de 2019, mediante
la cual ordenó el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir por el actor,
en atención a las sentencias alegadas como incumplidas.

Por otro lado, el señor Araújo manifiesta que la respuesta que el contralor municipal
de Soledad le dio a la petición del 10 de septiembre de 2024 es incongruente, en la
medida que lo pedido era que ejerciera su función de gestión fiscal y no que le
contestara sobre el pago de las acreencias laborales.

Por su parte, la Contraloría Municipal de Soledad indicó que a través del Oficio núm.
20041016-4.07 contestó de manera oportuna y de fondo la solicitud del actor; sin
embargo, no aportó copia de la respuesta brindada.

En ese orden, la Sala advierte que el actor no demostró que la respuesta que le
otorgó la Contraloría Municipal de Soledad no atienda a lo pedido, ya que no aportó
copia de la solicitud realizada, con el soporte de envío, y la supuesta contestación

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que recibió por parte del contralor municipal; elementos indispensables - Archivopara
Central.
determinar si en el asunto se configura o no la transgresión del derecho fundamental
de petición, por lo que, ante la falta de dichas pruebas, se negará el amparo en
cuanto a esa pretensión.

Igualmente, en relación con la pretensión de ordenarle al promotor del acuerdo de
reestructuración de pasivos del municipio de Soledad que informe por qué no se ha
dado cumplimiento a las sentencias que ordenaron el pago de las acreencias
laborales a favor del actor y el motivo por el cual no se han contestado las peticiones
que se han presentado, la Sala encuentra que no resulta procedente la tutela, ya
que el actor puede de manera directa elevar dicha solicitud y en el expediente no
obra prueba de que lo haya hecho.

En consecuencia, se amparará el derecho fundamental de petición del actor; se
ordenará al municipio de Soledad que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, conteste de manera clara, precisa y
de fondo las solicitudes que el actor elevó el 27 de marzo y 17 de junio de 2023; el
18 de diciembre de 2024 y el 26 de junio y 22 de octubre de 2025; se declarará
improcedente la acción de tutela en contra del municipio accionado en relación con
la vulneración de los derechos al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a
la administración de justicia, a la salud, a la vida y al mínimo vital; y se negará el
amparo respecto al contralor del ente territorial accionado y al promotor del acuerdo
de reestructuración de pasivos del municipio de Soledad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Vibio Martín
Araújo García, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.

Segundo. ORDENAR al municipio de Soledad (Atlántico) o quien haga sus veces
que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este
fallo, conteste de manera clara, precisa y de fondo las solicitudes que el actor elevó
el 27 de marzo y 17 de junio de 2023; 18 de diciembre de 2024 y 26 de junio y 22
de octubre de 2025; y le comunique la respuesta.

Tercero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en contra del municipio
accionado en relación con la violación de los derechos al debido proceso, a la
seguridad social, al acceso a la administración de justicia, a la salud, a la vida y al
mínimo vital.

Cuarto. NEGAR el amparo respecto al contralor del ente territorial accionado y al
promotor del acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio de Soledad.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02161-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Quinto. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Sexto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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