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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02167-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02167-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Agencia Nacional de Tierras, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02167-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Juan Pablo Barrientos Hoyos.
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera
• Subsección A.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02167-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El 30 de julio de 2025, el accionante presentó petición ante la
Agencia Nacional de Tierras solicitando que se le informara cuántas
resoluciones para la entrega de baldíos ha expedido, cuántas hectáreas
de tierras ha adjudicado y el “[…] Nombre del adjudicatario b. Municipio
donde se encuentra el baldío c. Tamaño del baldío d. Fecha de
adjudicación e. A qué grupo minoritario o vulnerable pertenece el
adjudicatario f. Copia de la resolución […]”, entre otros.

1.2. Mediante oficio de 23 de octubre de 2025, complementado el 27 de
noviembre de 2025, la Agencia Nacional de Tierras negó el “[…] acceso

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al expediente, resolución y otros datos con base en la causal prevista en
el literal A del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 […].

1.3. El 18 de diciembre de 2025, el accionante presentó recurso de
insistencia ante la Agencia Nacional de Tierras, el cual fue remitido por
esa entidad al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

1.4. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en sentencia de única instancia de 5 de marzo de
2026 declaró improcedente el recurso de insistencia, al encontrar
probado que el actor lo presentó de manera extemporánea “[…]
comoquiera que el peticionario contaba solo hasta el viernes 12 de
diciembre de 2025 para interponer el recurso de insistencia, y dicho
escrito se radicó hasta el día 18 de diciembre de esa anualidad […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales porque no tuvo en cuenta que la respuesta emitida en su
momento por la Agencia Nacional de Tierras fue dada en cumplimiento de un
fallo de tutela y en el marco de esa acción constitucional tuvo que presentar
dos incidentes de desacato. En tal sentido, indicó que el “[…] Tribunal ignoró
por completo que ese término coincidió exactamente con el período del
segundo incidente de desacato, activo hasta el 12 de diciembre, y que fue el
propio juez constitucional quien ese día me remitió al recurso de insistencia
[…].

Criticó el hecho de que la sentencia no haya analizado el fondo del asunto,
pues no se “[…] ponderó los argumentos sobre la inexistencia de reserva legal,
no consideró el precedente de la propia ANT al haber entregado 109.000
resoluciones similares en 2022, ni el carácter periodístico y de interés público
de la solicitud. Se redujo a una sola constatación aritmética: el recurso llegó
tarde. La ANT ganó sin que nadie examinara su actuación […]”.

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Manifestó que el tribunal accionado incurrió en defecto procedimental al
contabilizar el término de diez (10) días desde el 27 de noviembre de 2025 y
no desde el 12 de diciembre de 2025, fecha esta última en que el juez que
conoció del incidente de desacato le indicó que el mecanismo procedente para
cuestionar la negativa de la entrega de la información era el recurso de
insistencia.

Anotó que la “[…] información solicitada no es un dato administrativo menor.
Se trata de las resoluciones mediante las cuales el gobierno del presidente
Gustavo Petro ha adjudicado tierras y baldíos en el marco de la Reforma
Agraria - una de las políticas más ambiciosas y controvertidas de su mandato,
que compromete recursos de la Nación, afecta la estructura de la propiedad
rural en Colombia y tiene consecuencias directas sobre comunidades
campesinas, víctimas del conflicto y firmantes del Acuerdo de Paz […]”.

Afirmó que se desconoció el precedente sobre la interpretación de los términos
procesales en contextos donde el acceso a la justicia está comprometido. Al
efecto, se refirió a las sentencias T-578 de 1993, T-933 de 2003, T-524 de
2005, T-230 de 2013, C-951 de 2014 y SU-772 de 2014.

Relató que se configuró un defecto fáctico porque se “[…] omitió valorar el
hecho de que el segundo incidente de desacato se extendió del 5 al 12 de
diciembre de 2025, que la instrucción de acudir al recurso de insistencia fue
impartida el 12 de diciembre, y que el recurso se radicó el 18 de diciembre —
cuatro días hábiles después. Ignoró también que la ANT tardó más de dos
semanas en remitirlo, venciendo así cualquier término residual […]”.

Finalmente, señaló que se incurrió en violación directa de la Constitución en
razón a que se desconocieron los artículos 20, 74 y 229 de la Carta Política.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

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“[…] Primera. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y acceso a la información pública
del accionante Juan Pablo Barrientos Hoyos.

Segunda. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de única instancia del 5 de
marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, dentro del expediente No.
25000234100020260016100.

Tercera. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en
el término de 48 horas, proceda a tramitar y decidir de fondo el recurso de
insistencia radicado el 18 de diciembre de 2025, contando el término de
10 días desde el 12 de diciembre de 2025, fecha en que el Tribunal
Superior de Medellín instruyó al accionante a acudir a dicho mecanismo,
o en subsidio declarando oportuna la radicación por las razones
expuestas en esta acción.

Cuarta. En subsidio de la anterior, ORDENAR a la Agencia Nacional de
Tierras que en el término de 48 horas me entregue la información
solicitada en el derecho de petición del 30 de julio de 2025, dado que la
indebida actuación de la entidad —que bloqueó el recurso, demoró su
remisión y construyó una reserva sin fundamento legal— hace ilusorio
cualquier otro mecanismo. […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 24 de marzo de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó a la Agencia Nacional de Tierras en calidad de tercero con interés
directo en el resultado del proceso.

III. INTERVENCIONES

1. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca manifestó que lo pretendido por el accionante es reabrir el
debate ya surtido y decantado en el proceso objeto de tutela, motivo por el cual
la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
Adicionalmente, que la decisión adoptada encuentra su fundamento en la
normatividad vigente y en el análisis del caso concreto, sin que pueda
advertirse defecto alguno en la decisión proferida por esa Corporación.

2. La Agencia Nacional de Tierras solicitó su desvinculación del presente
trámite al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva debido
a que no le corresponde dirimir controversias adelantadas por otras entidades.

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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Cuestión previa

La Sala advierte que la Agencia Nacional de Tierras solicitó su desvinculación
del presente trámite de tutela.

La Sala considera que, comoquiera que la Agencia Nacional de Tierras fungió
como parte procesal dentro del proceso objeto de estudio identificado con el
radicado núm. 25000-23-41-000-2026-00161-00, le asiste interés directo en la
decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se negará
la solicitud de desvinculación.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha

2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en el
marco del recurso de insistencia con radicación núm. 25000-23-41-000-2026-
00161-00.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar

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la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que la autoridad accionada no debió contabilizar el término de diez (10) días
desde el 27 de noviembre de 2025, sino desde el 12 de diciembre de 2025,
fecha esta última en que el juez que conoció del incidente de desacato le indicó
que el mecanismo procedente para cuestionar la negativa de la entrega de la
información era el recurso de insistencia, circunstancia que se traduce en la
reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la causa
judicial, como quiera que el tribunal accionado expuso de manera coherente,
razonada y fundamentada las razones jurídicas por las cuales el recurso de
insistencia fue presentado de forma extemporánea.

Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis adoptada por la
autoridad accionada, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria o
caprichosa y mucho menos sea catalogada como vulneradora de derechos
fundamentales.

En este contexto, se considera que los argumentos de la parte actora más que
develar la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia
constitucional” que conlleve la presunta transgresión de derechos
fundamentales, demuestra una inconformidad con la decisión adoptada por la
autoridad accionada como si este mecanismo se tratase de un recurso o
instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho
asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio
de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Agencia
Nacional de Tierras, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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