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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02167-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02167-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 23 de abril de 2026, proferida por la Sección Primera de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela, para negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02167-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., nueve (09) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02167-01
Accionante: Juan Pablo Barrientos Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera –
Subsección A
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia que
desató recurso de insistencia / MODIFICA IMPROCEDENCIA, PARA NEGAR
AMPARO – No se incurre en los defectos invocados

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 23 de abril de 2026 por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 16 de marzo de 2026, el señor Juan Pablo Barrientos Hoyos promovió acción
de tutela contra la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia y a la información pública.

2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 5 de marzo de 2026, emitida
dentro del trámite1 que desató el recurso de insistencia que interpuso para obtener
la totalidad de la información solicitada a la Agencia Nacional de Tierras. Si bien se
le indicó cuántas resoluciones ha expedido para la entrega de baldíos desde el 7 de
agosto de 2022 y, en el marco de la reforma agraria, cuántas hectáreas de tierra ha
adjudicado el Estado colombiano desde aquella fecha, no se le suministraron los
datos relacionados con esas entregas ni copia de los respectivos actos
administrativos, al estimar que tenían el carácter de sensibles.

3.
En la providencia acusada se declaró improcedente el aludido recurso de
insistencia. Se determinó que se interpuso de manera extemporánea. El interesado
presentó solicitud de información el 30 de julio de 2025 ante la Agencia Nacional de

1 Expediente 25000-23-41-000-2026-00161-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02167-01
Accionante: Juan Pablo Barrientos Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A

Tierras. Mediante oficios de 23 de octubre y 27 de noviembre de 2025 esa entidad
brindó la correspondiente respuesta, en el sentido de indicar la imposibilidad de
suministrar toda la información requerida en atención a que tenía reserva legal. Dicha
contestación fue enviada al peticionario el 27 de noviembre de 2025, por lo que este
tenía hasta el 12 de diciembre de esa anualidad para interponer recurso de
insistencia. Sin embargo, lo hizo hasta el 18 de diciembre siguiente, es decir, más de
10 días después de la notificación de la respuesta.

4.
La parte actora sostuvo que se configuraron los defectos procedimental
absoluto y por exceso ritual manifiesto, así como uno de tipo fáctico. Lo anterior
porque no se tuvo en cuenta la presentación de una tutela para que la Agencia
Nacional de Tierras contestara su petición. En ese trámite constitucional, el 28 de
octubre de 2025 el Juez 15 Civil del Circuito de Medellín accedió al amparo invocado,
decisión confirmada el 5 de diciembre siguiente por el Tribunal Superior de Medellín,
entre noviembre y diciembre se tramitaron dos incidentes de desacato. El segundo
de estos se resolvió hasta el 12 de diciembre de 2025, momento en el que se cerró
esa vía constitucional y se le instruyó expresamente de acudir al recurso de
insistencia. Antes no tenía certeza sobre cuál mecanismo era el adecuado, pues
hasta ese Tribunal había confirmado una semana antes el amparo de tutela por la
misma información.

5.
Además, la Agencia Nacional de Tierras incumplió su deber de remitir el recurso
dentro de los 10 días siguientes a su interposición (artículo 26 de la Ley 1755 de
2015). Circunstancia que beneficiaba a esa entidad.

6.
La providencia acusada no negó la información porque la reserva fuera válida, es
decir, no analizó tal aspecto, sino que la declaró improcedente. El efecto práctico es
idéntico al de una censura. El periodista queda sin acceso a información de interés
público, sin que ningún juez haya examinado si la restricción es legal, necesaria y
proporcional.

7.
Asimismo, se constituyó violación directa de la Constitución. Se transgredieron
los artículos 20, 74 y 229 de la Carta Política, al cerrar definitivamente el único
mecanismo de control judicial disponible sobre una reserva que fue construida por la
Agencia Nacional de Tierras de mala fe, como lo constató la justicia civil.

8.
De igual modo, se inobservó jurisprudencia relacionada con (i) el principio pro
actione (sentencias T-933 de 2003, T-230 de 2013 y SU-772 de 2014), en tanto los
términos deben interpretarse con criterio finalista y no de manera puramente
aritmética. Se debe preferir la interpretación que preserve el derecho sustancial,
máxime cuando está en juego el acceso a la información pública, dado su vínculo
con la libertad de expresión y el control democrático; (ii) los términos en contextos
de litigio paralelo activo, pues no podía ser sancionado por el vencimiento de un
término que transcurrió mientras ejercía otro mecanismo igualmente legítimo
(sentencias T-743 de 2008 y T-388 de 2009). El incidente de desacato activo tenía

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por objeto forzar el cumplimiento del fallo de tutela que ordenaba entregar la misma
información que exigiría mediante el recurso de insistencia, es decir, ambos
mecanismos perseguían el mismo fin; y (iii) el deber de los jueces de interpretar los
términos del recurso de insistencia de manera que garanticen su efectividad
(sentencias T578 de 1993, T-524 de 2005 y C-951 de 2014). Ese recurso no es un
trámite técnico, sino un mecanismo de garantía del derecho fundamental de acceso
a la información, por lo que su operación debe interpretarse siempre en favor del
peticionario y nunca en su contra.

9.
Por último, aunque no se analizó de fondo el recurso, de haberse realizado, se
hubiere arribado a la conclusión de que la reserva invocada por la Agencia Nacional
de Tierras carece de todo sustento legal. Esa entidad citó leyes sin identificar
artículos, invocó daños hipotéticos sin especificarlos y nunca demostró que la
información solicitada encajara en alguna de las excepciones legales. Ninguna de
las excepciones cubre las resoluciones de adjudicación de baldíos. Adicional, en
2022, por orden del Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogotá, la aludida Agencia
entregó 109.000 resoluciones de este tipo correspondientes al período 2000-2020,
con lo que reconoció explícitamente que esa información no tiene reserva legal.

B. Sentencia de primera instancia

10.
Mediante sentencia de 23 de abril de 2026, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente el trámite constitucional, al no superar el presupuesto
de relevancia constitucional. Se determinó que el debate planteado sobre la fecha
de inicio para computar la oportunidad del recurso de insistencia presentado, implica
la reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la causa judicial.
Estimó que el Tribunal accionado expuso de manera coherente, razonada y
fundamentada las razones jurídicas por las cuales dicho recurso fue interpuesto en
forma extemporánea.

11.
La parte actora no comparte la tesis adoptada por la autoridad accionada, lo cual
no significa que la decisión sea arbitraria o caprichosa y mucho menos que sea
catalogada como fuente de vulneración de derechos fundamentales. Lo planteado
por el tutelante denota una inconformidad con la providencia acusada, como si este
mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el juez de tutela
no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgarse a la acción de tutela un
carácter que no le es propio de su naturaleza y, de paso, invadir la competencia y la
independencia del juez natural.

C. La impugnación

12.
La parte actora adujo que la relevancia constitucional no se descarta por el hecho
de que el juez accionado haya dado razones para su decisión. Por tanto, ella se
verifica a partir del derecho comprometido y la magnitud de la arbitrariedad, mas no
la apariencia de motivación, pues una decisión puede estar perfectamente redactada
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Accionante: Juan Pablo Barrientos Hoyos
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y ser constitucionalmente insostenible. Distinción que no efectuó el a quo.

13.
No se tuvo en cuenta que (i) el caso involucra el alcance del derecho de acceso a
la información pública de un periodista, lo que le fue negado; (ii) la decisión acusada
tiene la entidad de interpretar el alcance de un derecho fundamental, pues se debía
determinar desde cuándo corre el término del recurso de insistencia cuando el
peticionario no recibió respuesta oportuna, tuvo que acudir a la tutela, tramitó dos
incidentes de desacato y fue el propio juez constitucional quien le indicó usar ese
mecanismo; y (iii) la afectación desproporcionada es evidente y verificable al derecho
de acceso a la información y a la libertad de prensa, pues se cerró un mecanismo
judicial sin obtener pronunciamiento de fondo a la controversia suscitada.

14.
Además, no es posible que se afirme la existencia de una mera inconformidad
cuando lo que está en discusión es si el juez ignoró circunstancias objetivas y
verificables que hacían irrazonable la aplicación mecánica de un término, como lo es
que durante los días que tenía para interponer el recurso de insistencia estaba en
curso un incidente de desacato, cuya resolución fue la que activó la obligación de la
interposición de ese recurso, y que fue el mismo juez constitucional quien impartió
esa instrucción el último día del plazo. Particularidades que se encuentran
documentadas en el expediente, sobre las cuales ni el Tribunal accionado ni el juez
de tutela de primera instancia se pronunciaron.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

15.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19912.

E. Análisis del caso concreto

16.
Para la Sala, como lo expuso el actor en la impugnación, la argumentación
planteada en la solicitud de amparo da cuenta de la relevancia constitucional de la
que reviste el asunto. El cuestionamiento expuesto trasciende al ámbito
constitucional. Se enmarca en una alegada arbitrariedad del Tribunal accionado
respecto de la oportunidad con la que contaba el tutelante para interponer el recurso
de insistencia sin aparentemente tener en cuenta las particularidades que rodearon
su caso. Por esa razón y porque se cumplieron los demás presupuestos generales
de procedencia de la tutela contra providencia judicial 3 , se examinará si en el
presente asunto se configuran los defectos alegados por la parte actora.

2 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3 No existe otro mecanismo judicial para decidir sobre los reproches expuestos; se cumple el requisito de
inmediatez; el accionante identifica de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como
el derecho; y no se controvierte una sentencia de tutela.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02167-01
Accionante: Juan Pablo Barrientos Hoyos
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17.
El tutelante indica que se incurrió en defectos procedimental absoluto y por exceso
ritual manifiesto y fáctico, porque no se tuvo en cuenta lo referente a la acción de
tutela que instauró para que se contestara la petición formulada ante la Agencia
Nacional de Tierras. Estaba en curso un incidente de desacato surtido en el marco
de aquella tutela que tenía por objeto obtener la información que solicitaba en el
recurso de insistencia, y en el cual se le indicó que la herramienta jurídica procedente
para ese propósito era el aludido recurso.

18.
Para la Sala el hecho de que la autoridad judicial accionada no se haya referido
de manera puntual a la acción de tutela a la que alude la parte actora, no implica per
se la configuración de los aludidos defectos, en la medida en que fundamentó su
decisión en el artículo 26 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), en cuyo parágrafo prevé que “[e]l recurso de
insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de
notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella”.

19.
Con base en dicha normativa, la autoridad accionada indicó que “La entidad
remitió la respuesta al peticionario el día 27 de noviembre de 2025, es decir que el
término de los diez (10) días establecidos en la ley, empezaron a correr al día
siguiente hábil, es decir, el viernes 28 de noviembre de 2025 y este fenecía el viernes
12 de diciembre de la anualidad. Ahora, en consideración a que el recurso de
insistencia se radicó el 18 de diciembre de 2025, [...] este se presentó por fuera del
término previsto por la ley”. Dicha conclusión se halla conforme con la normativa
aplicable al asunto.

20.
El accionante aduce que no es dable que se compute el aludido lapso desde el 27
de noviembre de 2025, momento en el que se le notificó la negativa de entregarle la
totalidad de la información requerida, porque estaba en trámite un incidente de
desacato promovido en el marco de la tutela que presentó para obtener dicha
información, es decir, la misma que perseguía con el recurso de insistencia.

21.
Sobre el particular, la Sala evidencia que si bien es cierto que el actor promovió
una tutela contra la Agencia Nacional de Tierras, esta tenía como finalidad que se le
respondiera de fondo la petición que formuló el 30 de julio de 2025, en razón a que
para la fecha en que presentó la solicitud de amparo no había obtenido respuesta
alguna. Esta se le otorgó el 23 de octubre de 2025, sin embargo, el Juzgado 15 Civil
del Circuito de Medellín, al estimar que no comportaba una respuesta de fondo y
congruente, accedió al amparo del derecho de petición y le ordenó a la entidad
accionada emitirla. Determinación confirmada el 5 de diciembre de 2025 por el
Tribunal Superior de Medellín, bajo el argumento de que para invocar la reserva legal
la entidad debe manifestar en forma precisa la disposición normativa que ampara
dicha reserva y no de manera general, como lo hizo la Agencia al enunciar
simplemente la Ley 1581 de 2012 para tal efecto.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02167-01
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22.
De manera paralela, se formuló incidente de desacato para obtener el
cumplimiento del fallo de 28 de octubre de 2025. Trámite en el cual el 5 de diciembre
de 2025 el aludido Juzgado sancionó por desacato a la orden de amparo. De dicha
sanción conoció, en sede de consulta, el Tribunal Superior de Medellín, el cual la
revocó. Adujo que se allegó a esa Corporación comunicación enviada por la Agencia
Nacional de Tierras el 27 de noviembre de 2025, en la cual se observa que en forma
detallada y sustentada, con la invocación de la normativa pertinente, la accionada le
explica al actor los motivos de reserva que le impiden otorgarle parte de la
información que pide.

23.
Además de lo anterior, el Tribunal Superior precisó que si bien la aludida
comunicación data del 27 de noviembre de 2025, es decir, antes de que se emitiera
la providencia sancionatoria y la sentencia de tutela de segunda instancia, lo cierto
es que apenas fue puesta en conocimiento de esa Corporación el 10 de diciembre
de esa anualidad. Adicional, indicó que, como se explicó en la sentencia de segunda
instancia, la discusión de cara a controvertir la reserva legal puesta de presente en
forma sustentada por la accionada debe plantearse mediante el mecanismo de
insistencia.

24.
Conforme al anterior panorama, se tiene que no corresponde a la realidad la
afirmación de que con la acción de tutela promovida por el aquí actor se pretendía
obtener la información negada. Dicho trámite se incoó con antelación a obtener
respuesta de la Agencia accionada, precisamente para ese propósito y fue en ese
sentido que se le otorgó la protección constitucional, esto es, para que se le brindara
una respuesta de fondo y congruente, mas no para que se le entregara la información
y documentación solicitada por el interesado.

25.
Además, aunque se le brindó respuesta el 23 de octubre de 2025, esta se tuvo
como incompleta en la acción de tutela, por lo que se accedió al amparo en primera
instancia, para que se le contestara de fondo y de manera congruente. Asimismo,
pese a que la accionada el 27 de noviembre de esa anualidad respondió de fondo la
petición objeto de amparo, tal comunicación solo fue allegada al plenario el 10 de
diciembre siguiente. Omisión que originó que se confirmara el amparo el 5 de
diciembre de 2025, fecha en la que también se impuso la respectiva sanción por
desacato en primera instancia. Es decir, cuando se adoptaron las decisiones de
confirmar el amparo y de sancionar por desacato no se tenía conocimiento de la
respuesta de 27 de noviembre de 2025, sino hasta que se decidió en grado
jurisdiccional de consulta la aludida sanción.

26.
En todo caso, en la sentencia emitida el 5 de diciembre de 2025 por el Tribunal
Superior de Medellín se indicó que el accionante “cuenta con otros mecanismos
legales para controvertir la reserva legal, ello es así cuando previamente se le ha
brindado una respuesta completa y precisa de cara a los fundamentos de hecho y
de derecho bajo los cuales se invoca la reserva, pero en el asunto que nos ocupa, la
accionada no ha indicado de manera completa y específica el motivo de la reserva

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invocada, de ahí que la inconclusa motivación, conlleve a la veneración del derecho
de petición”.

27.
Bajo ese contexto, no resulta acertado que el actor afirme que con antelación a
que se decidió, en sede de consulta, el aludido incidente de desacato no tenía
certeza sobre el recurso de insistencia, como mecanismo adecuado para insistir en
la entrega de la información y documentos negados. Además de que en la normativa
se estipula esa herramienta jurídica para tal propósito (artículo 26 del CPACA), en la
sentencia de tutela de segunda instancia también se le señaló su procedencia.

28.
Por lo anterior, carece de la potencialidad de modificar como punto de partida para
el cómputo de los 10 días del recurso de insistencia, la presentación de la aludida
acción de tutela, así como el trámite incidental de desacato. En la medida en que (i)
la tutela no versaba sobre la entrega de la información negada, es decir, que se
despachara de manera favorable la petición, sino solamente que se le atendiera de
fondo, sin que ello implicara obtener una respuesta en algún sentido específico, y (ii)
la decisión adoptada en dicho incidente no habilita de modo alguno la presentación
del mencionado recurso, sino el momento en que se invoca la reserva para negarle
la entrega de lo requerido, de lo cual se enteró el 27 de noviembre de 2025, por ende,
desde ese momento pudo interponer el aludido recurso de insistencia.

29.
En otras palabras, el ejercicio de la acción de tutela para obtener una respuesta
de fondo, así como del incidente de desacato, no impedían acudir al recurso de
insistencia. Tampoco se pueden presentar como un escenario a partir del cual se
tuvo certeza de que el referido recurso era el mecanismo idóneo para cuestionar la
alegada reserva, pues aquel fue fijado por la ley.

30.
La parte actora también sostiene que la Agencia Nacional de Tierras incumplió su
deber de remitir el recurso dentro de los 10 días siguientes a su interposición. Sin
embargo, no explica de qué manera ello impactó de manera negativa sus derechos
fundamentales, más allá de indicar que tal omisión implicaba un beneficio a dicha
entidad. Por tal razón, no se emitirá pronunciamiento alguno sobre el particular.

31.
Aunque el accionante invocó violación directa de la Constitución, por cuanto se
cerró definitivamente el único mecanismo de control judicial que tenía a su
disposición para controvertir la reserva invocada, lo cierto es que tal determinación
acaeció por no interponer el recurso de insistencia dentro del término legalmente
establecido para ese efecto, sin que hubiere alguna circunstancia que le impidiera
desplegar tal actuación. Por ende, si bien obtuvo una decisión que impidió que la
autoridad judicial accionada abordara de fondo la procedencia de la reserva
reprochada, ello se originó por su negligencia.

32.
En similar sentido, la parte actora adujo desconocimiento de jurisprudencia de la
Corte Constitucional relacionada con el principio pro actione, los términos en
contextos de litigio paralelo activo y el deber de los jueces de interpretar los términos
del recurso de insistencia de manera que garanticen su efectividad. Sin embargo,
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como se expuso en precedencia, no se evidencia que las circunstancias descritas en
la solicitud de amparo tengan la entidad de flexibilizar de algún modo o modificar el
inicio del término de 10 días de los que disponía para interponer el recurso de
insistencia.

33.
Por consiguiente, no se configura desconocimiento del precedente, sino la
intención del accionante de insistir en su tesis sobre contabilizar el término de
interposición del recurso de insistencia en su caso, para cuyo propósito invoca
sentencias de la Corte Constitucional, sin que se explique de manera puntual la
correspondencia entre las situaciones allí abordadas y su caso, así como los criterios
jurisprudenciales que debían ser aplicados en su caso y de qué manera debía
hacerse.

34.
Por último, esta Sala no se pronunciará sobre los argumentos tendientes a
demostrar la inexistencia de reserva sobre la información y documentación cuya
entrega le fue negada, y por ende, la presunta afectación a su garantía superior de
acceso a la información pública, en razón a que tal aspecto no fue analizado por la
autoridad accionada, ante la improcedencia del recurso de insistencia.

35.
En ese orden de ideas, se modificará la sentencia impugnada, que declaró
improcedente el trámite constitucional, para negar el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

36.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 23 de abril de 2026, proferida por la Sección
Primera de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela, para
negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Accionante: Juan Pablo Barrientos Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Ausente con excusa

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE4
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

4 VF

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