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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02168-01

Fecha
4 de agosto de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02168-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 30 de abril de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la tutela por falta de cumplimiento del requisito de inmediatez. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02168-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

4 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Cuatro (4) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02168-01
Accionante: César Augusto Lasso Monsalve y Otros
Accionado: Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de Segunda instancia

La Sala resuelve la impugnación presentada por César Augusto Lasso Monsalve y otros
contra la sentencia proferida el 30 de abril de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la tutela por falta de cumplimiento del
requisito de inmediatez.

SÍNTESIS1

La parte accionante cuestiona la providencia mediante la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, declaró la caducidad del medio de control de reparación
directa núm. 25000233600020140082101 respecto de los familiares del señor César
Augusto Lasso Monsalve y negó el reconocimiento de perjuicios por daños a bienes
constitucional y convencionalmente protegidos, con ocasión del secuestro que padeció por
más de trece años a manos de las FARC. La Sala confirmará la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la acción de tutela, por cuanto no se satisface el
requisito de inmediatez.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 16 de marzo de 2026, los señores César Augusto Lasso Monsalve, Mónica Lasso
Hernández, Daniel Lasso Hernández, Rubén Darío Lasso Monsalve, Diego Fernando Lasso
Monsalve, Miriam Fabiola Lasso Monsalve, Gloria Patricia Lasso Monsalve, María Fabiola
Monsalve de Lasso, Nazly Adriana Cairasco Mora y Juan Esteban Lasso Cairasco, por
intermedio de apoderado, presentaron demanda en ejercicio de la acción de tutela contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia, en conexidad con el derecho a la vida y la dignidad humana.

2. Los accionantes formularon las siguientes pretensiones (se transcribe):

1
Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / declaró caducidad de familiares de víctima de secuestro y negó
perjuicios por daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos / se declara improcedente la demanda /
inmediatez.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02168-01
Accionante: César Augusto Lasso Monsalve y Otros
Se confirma la decision de primera instancia

2.1 Que se AMPARE el derecho fundamental al debido proceso, a la igualdad, y de acceso
a la administración de justicia del señor CESAR AUGUSTO LASSO MONSALVE.
2.2 Que en consecuencia, se DEJE SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Consejo
de Estado - Sección Tercera Subsección C en el proceso 25000233600020140082101
(58306), en cuanto negó el reconocimiento de perjuicios al grupo familiar del señor CÉSAR
AUGUSTO LASSO MONSALVE.
2.3 Que se ORDENE al Consejo de Estado que profiera una nueva sentencia en la que
aplique de manera uniforme el precedente horizontal contenido en: a) La Sentencia de
Unificación del 29 de enero de 2020; b) La Sentencia del 22 de julio de 2022 en el caso de
WILSON ROJAS MEDINA reconociendo los derechos del grupo familiar de CÉSAR
AUGUSTO LASSO MONSALVE, en igualdad de condiciones a como fueron reconocidos
para WILSON ROJAS MEDINA y los demás compañeros de secuestro.
2.4 Que en la nueva sentencia, se aplique en favor del señor CESAR AUGUSTO LASSO
MONSALVE y de su grupo familiar, las tablas máximas que para perjuicios morales y daños
a bienes constitucional y contractualmente reconocidos tiene el Consejo de Estado, esto
es, trescientos (300) smlmv, tal como ocurrió en la sentencia del también secuestrado
ROMERO ROMERO JORGE HUMBERTO.

B. Hechos

3.El 1º de noviembre de 1998, el intendente de la Policía Nacional César Augusto Lasso
Monsalve fue secuestrado por miembros de las FARC durante la toma guerrillera del
municipio de Mitú (Vaupés), junto con otros uniformados. Recuperó su libertad el 2 de abril
de 2012, luego de permanecer privado de ella por más de trece años, período que lo
convirtió en uno de los miembros de la Fuerza Pública que más tiempo permaneció en
cautiverio.

4. El 13 de junio de 2014, el señor César Augusto Lasso Monsalve y sus familiares
promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional, con el fin de obtener la
indemnización de los perjuicios derivados del secuestro. El proceso fue radicado con el
número 25000-23-36-000-2014-00821-00/01.

5. Mediante sentencia del 30 de junio de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y
reconoció, a favor de la víctima directa y de sus familiares, ciento cincuenta salarios
mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales y ciento cincuenta
salarios mínimos legales mensuales vigentes por alteración grave de las condiciones de
existencia. Inconforme con esa decisión, la Nación —Ministerio de Defensa Nacional y
Policía Nacional— interpuso recurso de apelación, con el fin de que se revocara la condena
o, en subsidio y se redujera el monto de los perjuicios reconocidos.

6. Mediante sentencia del 19 de noviembre de 2020, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, modificó la decisión de primera instancia. De una parte, declaró
probada la excepción de caducidad del medio de control respecto de los familiares del señor
Lasso Monsalve, al considerar que la suspensión del término prevista en la Ley 986 de 2005
únicamente favorecía a la víctima directa del secuestro, por lo que sus familiares debieron
ejercer oportunamente el derecho de acción durante el tiempo que duró el cautiverio. De
otra parte, confirmó la condena reconocida al señor Lasso Monsalve por concepto de
perjuicios morales, pero revocó el reconocimiento de perjuicios por afectación de bienes e

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Accionante: César Augusto Lasso Monsalve y Otros
Se confirma la decision de primera instancia

intereses constitucional y convencionalmente protegidos, al concluir que no obraban
pruebas suficientes para acreditar esa tipología de daño.

7. La providencia fue notificada el 20 de enero de 2022 y quedó ejecutoriada el 25 de enero
siguiente.

C. Fundamentos de la vulneración

8. Los accionantes alegaron que la providencia cuestionada vulneró sus derechos
fundamentales, particularmente la igualdad, por cuanto en los procesos promovidos por los
señores Wilson Rojas Medina, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero Romero,
José Libardo Forero Carrero y Carlos José Duarte, quienes permanecieron secuestrados
junto con el señor César Augusto Lasso Monsalve en circunstancias análogas, se
reconocieron perjuicios morales y perjuicios por la afectación de bienes e intereses
constitucional y convencionalmente protegidos tanto a las víctimas directas como a sus
respectivos grupos familiares.

9.En ese sentido, sostuvieron que únicamente en el caso del señor César Augusto Lasso
Monsalve se negó el reconocimiento de perjuicios por la afectación de bienes e intereses
constitucional y convencionalmente protegidos y, adicionalmente, solo respecto de sus
familiares se declaró la caducidad del medio de control de reparación directa.

10. Precisaron que, mediante sentencia del 22 de julio de 2022, proferida dentro del proceso
con radicado núm. 25000-23-36-000-2014-00610-01 (56.834), el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, declaró la responsabilidad de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional por los daños ocasionados al señor Wilson Rojas
Medina, y reconoció la indemnización de perjuicios morales y la afectación de bienes e
intereses constitucionalmente protegidos tanto a la víctima directa como a los integrantes
de su núcleo familiar.

11. Asimismo, señalaron que el 18 de junio de 2025 la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Nicolás Yepes Corrales, profirió sentencia
dentro del proceso promovido por el señor Jorge Humberto Romero Romero, compañero
de cautiverio del señor Lasso Monsalve, en la que reconoció perjuicios morales y perjuicios
por la afectación de bienes e intereses constitucional y convencionalmente protegidos a
favor del secuestrado y de su grupo familiar, para lo cual aplicó los máximos parámetros
indemnizatorios previstos por la jurisprudencia de esta Corporación. Agregaron que
decisiones en el mismo sentido fueron adoptadas en los casos de Jorge Trujillo Solarte,
José Libardo Forero Carrero y Carlos José Duarte.

12. Finalmente, afirmaron que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente
vinculante aplicable, pues al momento de proferir la sentencia cuestionada ya se encontraba
vigente la sentencia de unificación del 29 de enero de 20202, mediante la cual el Consejo
de Estado fijó reglas sobre el cómputo de la caducidad en los eventos de secuestro. A su
juicio, pese a conocer dicho precedente, la Subsección accionada se apartó

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Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 29 de enero de 2020,
expediente 08001-23-31-000-2007-00009-01 MP. Marta Nubia Velásquez Rico.

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Accionante: César Augusto Lasso Monsalve y Otros
Se confirma la decision de primera instancia

injustificadamente de él al declarar la caducidad del medio de control respecto de los
familiares del señor César Augusto Lasso Monsalve.

D. Trámite procesal

13. Mediante auto del 19 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela y ordenó notificar
la providencia a la autoridad judicial accionada; vincular en calidad de terceros con interés
en las resultas del proceso a los señores Luis Eduardo Lasso Monsalve, Ninfa Hernández
Bernal y Daniel Alejandro Lasso Monsalve; a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, así como a las demás partes, personas y entidades que intervinieron en
el proceso de reparación directa con radicado núm. 25000-23-36-000-2014-00821-00/01
(58.306).

E. Oposiciones e intervenciones

14. El magistrado William Barrera Muñoz informó que se posesionó “como consejero de
Estado el 24 de noviembre de 2023. Por ello, no fu[e] el ponente de la sentencia del 19 de
noviembre de 2020, Rad. 25000-23-36-000-2014-00821-01 (58306), que se reprocha con
la acción de tutela de la referencia”, pero manifestó que quedaba atento a lo que definiera
la Sección.

15. LaNación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, solicitó declarar
improcedente la tutela, porque no se acreditó el requisito de inmediatez, ya que se interpuso
hace más de 4 años desde su notificación.

16. Destacó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en su condición de
juez de segunda instancia del proceso ordinario, aplicó el precedente vigente para la fecha
de emisión de la sentencia controvertida.

D. Sentencia impugnada

17. Mediante sentencia del 30 de abril de 2026, el Consejo de Estado, Sección Quinta,
declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor César Augusto
Lasso Monsalve y otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

18. Consideró que la solicitud de amparo no satisfacía el requisito de inmediatez, toda vez
que la providencia cuestionada, esto es, la sentencia del 19 de noviembre de 2020 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, fue notificada el 20 de enero de
2022 y quedó ejecutoriada el 25 de enero siguiente, mientras que la acción de tutela fue
presentada el 16 de marzo de 2026. En consecuencia, concluyó que había transcurrido un
lapso superior a cuatro (4) años entre la ejecutoria de la decisión objeto de reproche y la
interposición del amparo, término que excede ampliamente el parámetro de seis (6) meses
que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han considerado razonable para el
cumplimiento de dicho presupuesto de procedibilidad.

19. Señaló, además, que los accionantes no expusieron una razón de trascendencia
constitucional ni acreditaron ninguna de las causales jurisprudenciales que justifican el

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retardo, y que las providencias posteriores favorables a los compañeros de cautiverio no
habilitaban la flexibilización del requisito, por cuanto el precedente horizontal opera respecto
de decisiones previas y no de fallos ulteriores, y ninguna de las sentencias citadas fijó
efectos ex nunc, de modo que sus criterios rigen hacia futuro y no de manera retroactiva.

F. Impugnación

20. El apoderado de los accionantes impugnó la decisión de primera instancia y solicitó su
revocatoria, como argumentos expuso:

21. i) la inmediatez debe flexibilizarse porque la vulneración al derecho a la igualdad solo se
tornó evidente de manera progresiva, conforme se proferían las sentencias favorables a los
compañeros de cautiverio, siendo la última de ellas la del 18 de junio de 2025, caso Romero
Romero, ejecutoriada el 29 de julio de 2025, apenas ocho (8) meses antes de la
presentación de la tutela;

22. ii) la lesión al derecho a la igualdad es de carácter permanente y continuo, pues la
situación desfavorable del señor Lasso Monsalve persiste en tanto subsiste el trato
diferenciado respecto de sus compañeros de cautiverio;

23. iii) los accionantes son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, delitos
de lesa humanidad y crímenes de guerra, condición que impone un estándar reforzado de
acceso a la justicia y hace desproporcionada la aplicación mecánica del término de seis (6)
meses, y

24. iv)la diligencia procesal del señor Lasso Monsalve se acredita con el recurso
extraordinario de revisión en trámite ante la Sala Especial de Decisión de Revisión del
Consejo de Estado (Sala 21), con radicado núm. 11001-03-15-000-2023-00766-00, lo que
desvirtúa cualquier presunción de inactividad injustificada.

II. CONSIDERACIONES

G. Competencia

25. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
resolver en segunda instancia el recurso de impugnación interpuesto por los accionantes
contra la sentencia del 30 de abril de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor César Augusto Lasso Monsalve
y otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991,
1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019, modificado
por el Acuerdo 434 de 2024).

H. Sentido de la decisión

26. La
Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la
demanda de tutela porque no cumple el requisito de inmediatez. En ese sentido, y por

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razones metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de los demás
requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela.

I. El requisito de inmediatez

27. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo de protección previsto para ser interpuesto "en todo momento y lugar", lo que
conlleva la inexistencia de un término de caducidad legal; no obstante, la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha precisado que esta facultad no es absoluta, pues la protección
debe ser consecuencia de la urgencia del amparo solicitado, advirtiendo que "el juez
constitucional estudiará en cada caso concreto si la interposición de la acción en un
determinado momento fue razonable y proporcional3; lo anterior se justifica en que, si el
afectado deja pasar demasiado tiempo, desaparece el carácter urgente e inmediato que
legitima el uso de esta acción excepcional.

28. La inmediatez es, por tanto, un presupuesto de procedibilidad que protege la naturaleza
preferente y sumaria de la tutela, su aplicación impide que el amparo sea utilizado como
una herramienta que premie la falta de diligencia del accionante, pues como ha señalado
la jurisprudencia, "el presupuesto de la inmediatez evita que el amparo constitucional se
emplee como un medio que premie la desidia y la indiferencia en la defensa judicial de los
derechos4”; en este contexto, el juez tiene el deber de valorar las particularidades del caso
para establecer si la tardanza se encuentra justificada.

29. Según el precedente constitucional, la flexibilización de este requisito solo es admisible
cuando concurren circunstancias excepcionales, tales como: "(i) la existencia de razones
válidas para la inactividad (...) (ii) cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece (...) o (iii)
cuando la carga de la interposición (...) resulta desproporcionada dada la situación de
debilidad manifiesta5".

30. Tratándose de tutelas contra providencias judiciales, el estándar de inmediatez se torna
más exigente para proteger la cosa juzgada; esta rigurosidad impide que la firmeza de las
sentencias quede sometida a una incertidumbre indefinida, escenario en el cual "nadie
podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cuál el alcance de estos, con lo cual
se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia, que
incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales6".

31. Por lo anterior, el Consejo de Estado ha adoptado como regla general un término de seis
meses para determinar la oportunidad de la acción; este lapso se estima aceptable
"teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para
la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a

3
Corte Constitucional. Sentencia T-246 de 2015. MP. Martha Victoria Sáchica Méndez.
4
Corte Constitucional. Sentencia T-719 de 2013. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-144 de 2012. MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-315 de 2005. MP. Jaime Córdoba Triviño.

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la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad7".

J. El caso concreto

32. La Sala observa que la pretensión de los accionantes se dirige a dejar sin efectos la
sentencia del 19 de noviembre de 2020, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado dentro del medio de control de reparación directa promovido por el
señor César Augusto Lasso Monsalve y su núcleo familiar.

33. Está acreditado que la providencia cuestionada fue notificada por estado el 20 de enero
de 2022 y que quedó ejecutoriada el 25 de enero de 2022. Asimismo, se encuentra
demostrado que la presente acción de tutela fue presentada el 16 de marzo de 2026. En
consecuencia, entre la ejecutoria de la providencia censurada y la interposición de la
solicitud de amparo transcurrió un lapso superior a cuatro (4) años, término que excede
ampliamente el parámetro de razonabilidad de seis (6) meses que la jurisprudencia
constitucional y de esta Corporación ha considerado, por regla general, compatible con el
requisito de inmediatez.

34. Los accionantes sostienen que dicho presupuesto debe analizarse desde una
perspectiva distinta, puesto que consideran que la vulneración alegada solo se hizo
evidente con la expedición de la sentencia del 18 de junio de 2025, proferida dentro del
proceso promovido por el señor Jorge Humberto Romero Romero, providencia que, según
afirman, permitió constatar el trato desigual que habría recibido el señor César Augusto
Lasso Monsalve frente a otros uniformados secuestrados en circunstancias similares. La
Sala no comparte ese planteamiento.

35. En efecto, la jurisprudencia constitucional8 ha admitido que determinados
acontecimientos sobrevinientes pueden incidir en la valoración de la inmediatez cuando
constituyen verdaderos hechos nuevos capaces de justificar la inactividad del interesado.
Sin embargo, para que ello ocurra es necesario que se trate de circunstancias objetivas que
modifiquen sustancialmente el panorama jurídico previamente existente o que revelen una
situación que razonablemente no hubiera podido ser alegada con anterioridad.

36. Tal supuesto no se configura en este caso. Las providencias proferidas en los procesos
de los señores Wilson Rojas Medina, Jorge Trujillo Solarte, José Libardo Forero Carrero y
Jorge Humberto Romero Romero corresponden a decisiones adoptadas dentro de litigios
particulares y producen efectos exclusivamente respecto de las partes que intervinieron en
cada uno de esos procesos. Por consiguiente, no constituyen sentencias de unificación ni
contienen efectos que se proyecten de manera general sobre situaciones jurídicas distintas
de aquellas que fueron objeto de decisión.

7
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01. M.P. Jorge Octavio Ramírez Silva.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera. En esta providencia
la Corte reiteró que las sentencias de unificación, de manera excepcional, pueden constituir un hecho nuevo
relevante para flexibilizar el requisito de inmediatez en las acciones de tutela contra providencias judiciales,
siempre que tengan incidencia real en el panorama jurídico aplicable al caso concreto.

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37. A lo anterior se suma que los propios accionantes fundamentan buena parte de su
censura en el supuesto desconocimiento de la sentencia de unificación del Consejo de
Estado del 29 de enero de 2020. En consecuencia, si estimaban que la Subsección C se
apartó injustificadamente de dicha regla jurisprudencial al proferir la sentencia del 19 de
noviembre de 2020, contaban desde la ejecutoria de esa providencia con todos los
elementos fácticos y jurídicos necesarios para promover oportunamente la acción de tutela.
En todo caso, se insiste, la posterior expedición de decisiones favorables en casos
semejantes no altera esa conclusión ni tiene la facultad de reabrir indefinidamente el
cómputo del requisito de inmediatez.

38. Tampoco resulta admisible la tesis según la cual la presunta vulneración del derecho a
la igualdad tendría carácter permanente o continuado y, por esa vía, impediría contabilizar
el término desde la ejecutoria de la providencia cuestionada. Cuando la acción de tutela se
dirige contra una decisión judicial, la afectación alegada se concreta y se hace evidente a
partir del momento en que dicha providencia adquiere firmeza. Admitir que el requisito de
inmediatez solo comienza a correr con la expedición de decisiones posteriores proferidas
en procesos ajenos conduciría a una situación de incertidumbre incompatible con los
principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y estabilidad de las decisiones judiciales.

39. De otra parte, aunque la Sala reconoce la condición de víctima del conflicto armado del
señor César Augusto Lasso Monsalve y la especial protección constitucional que de ella se
deriva, lo cierto es que dicha circunstancia, por sí sola, no releva del cumplimiento de los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. Para flexibilizar el examen de inmediatez
se requiere acreditar de qué manera esa condición constituyó un obstáculo real y concreto
para acudir oportunamente al juez constitucional, carga que no fue satisfecha en el presente
asunto.

40. Por el contrario, se advierte que el señor Lasso Monsalve ha contado con representación
judicial especializada desde el trámite del proceso ordinario y que la presente acción
también fue promovida por conducto de apoderado, sin que se hubiera demostrado la
existencia de una circunstancia excepcional que le hubiera impedido ejercer la solicitud de
amparo dentro de un término razonable.

41. Asimismo, observa la Sala que los accionantes promovieron el recurso extraordinario de
revisión con radicado núm. 11001-03-15-000-2023-00766-00, en trámite ante la Sala
Especial de Decisión de Revisión. Esta circunstancia demuestra que, desde tiempo atrás,
venían ejerciendo mecanismos judiciales orientados a controvertir la providencia que ahora
cuestionan, lo que evidencia su conocimiento de la presunta afectación y descarta que esta
solo hubiera surgido con ocasión de las decisiones posteriores invocadas como fundamento
de la tutela.

42. Aun si se acogiera, en gracia de discusión, la tesis propuesta por los accionantes y se
tomara como punto de partida la ejecutoria de la sentencia proferida el 18 de junio de 2025
dentro del caso del señor Jorge Humberto Romero Romero, tampoco se cumpliría el
requisito de inmediatez. Lo anterior porque entre la ejecutoria de dicha providencia, ocurrida
el 29 de julio de 2025, y la presentación de la acción de tutela el 16 de marzo de 2026

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transcurrió un lapso superior a siete (7) meses, término que igualmente desborda el
parámetro temporal de seis (6) meses acogido por la jurisprudencia de esta Corporación.

43. Así las cosas, la Sala concluye que los accionantes no acreditaron una razón objetiva,
suficiente y jurídicamente relevante que justifique la interposición de la acción de tutela más
de cuatro (4) años después de la ejecutoria de la providencia cuestionada. En
consecuencia, la demora injustificada en el ejercicio del amparo desvirtúa el carácter
urgente e inmediato que distingue a este mecanismo excepcional de protección
constitucional y conduce a declarar incumplido el requisito de inmediatez. Por tal razón, se
confirmará la sentencia impugnada.

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 30 de abril de 2026
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la
tutela por falta de cumplimiento del requisito de inmediatez.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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