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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02170-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02170-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo formulada por la señora Mayola Gómez de Sauza contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Mayola Gómez de Suaza Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-02170-00 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02170-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02170-00
Accionante: MAYOLA GÓMEZ DE SUAZA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SÉPTIMA DE DECISIÓN Y OTRO

Tema: Tutela contra la providencia judicial – declara la
improcedencia por no superar los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Decisión y la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

Por auto del 19 de marzo del 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Mayola Gómez de Suaza, actuando por conducto de su
apoderada judicial, presentó acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de decisión y la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional. Con la solicitud de amparo pretende que se le
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana y
a la «seguridad social pensional».

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Se precisa que se notificó como autoridades accionadas al Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, a la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional. Asimismo, se dispuso la vinculación del Juzgado 26 Administrativo de Medellín
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del
Código General del Proceso.

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Accionante: Mayola Gómez de Suaza
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02170-00

2. Las anteriores garantías las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia del 17 de septiembre de 2025, proferida por el tribunal accionado.
Mediante esta providencia revocó el fallo del 23 de mayo de 2022, dictado por el
Juzgado 26 Administrativo de Medellín que accedió a las pretensiones y, en su
lugar, negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 05001-33-33-026-2019-00421-00/01.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Solicito ante su Honorable Despacho Judicial se tutelen los derechos
constitucionales fundamentales al DEBIDO PROCESO, a la SEGURIDAD
SOCIAL PENSIONAL, y a la DIGNIDAD HUMANA que le asisten a mí
representada MAYOLA GÓMEZ DE SUAZA, los cuales le han sido vulnerados
por parte de la SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, con ocasión de la emisión de la sentencia
de segunda instancia proferida por dicho órgano judicial dentro del proceso
radicado bajo el número 05001 33 33 026 2019 00421 01.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene y se disponga
dejar sin efectos la Sentencia de Segunda Instancia proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA -SALA SÉPTIMA DE
DECISIÓN-, en fecha diecisiete (17) de Septiembre del año 2025 dentro del
proceso declarativo de primera instancia con radicación número 05001 33
33 026 2019 00421 01.

TERCERO: Solicito que, como consecuencia de lo anterior, se le ordene al SALA
SÉPTIMA DE DECISIÓN del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA o
a la sala correspondiente, que emita una sentencia sustitutiva de la Sentencia
de Segunda Instancia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA -SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN-, en fecha diecisiete (17) de
Septiembre del año 2025 dentro del proceso declarativo de primera instancia
con radicación número 05001 33 33 026 2019 00421 01.3

1.2. Hechos

4. El joven Jorge Iván Suaza Gómez ingresó el 8 de enero de 1997 a prestar
servicio militar obligatorio en el Batallón de Infantería No. 10 de Girardot. El 31
de enero de 1998, falleció en «el servicio por causa y razón del mismo»4.

5. A los señores Jorge Iván Suaza5 y Mayola Gómez de Suaza, padres del
causante, les fue reconocido el pago de la compensación por muerte, equivalente
a 36 meses del sueldo básico de un cabo segundo, mediante la Resolución No.
002766 del 4 agosto de 1998.

6. El 19 de agosto del 2016, la señora Gómez de Suaza solicitó ante el
Ejército Nacional el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente por el
fallecimiento de su hijo. No obstante, la petición fue negada mediante la
Resolución No. 4748 del 25 de noviembre del 2016 y confirmada en la Resolución

3 Transcripción literal que puede contener errores.
4 Esto, según el informe administrativo No. 003 del Ejército Nacional.
5 Quien falleció el 29 de agosto de 2012.

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No. 0303 del 20 de enero de 2017.

7. Lo anterior, con fundamento en que el Decreto 1211 de 1990 únicamente
resulta aplicable a los suboficiales y oficiales de las fuerzas militares, mas no a
los soldados. Asimismo, señaló que su caso tampoco podía ser resuelto con base
en la Ley 100 de 1993, en la medida en que su artículo 279 dispuso que el
Sistema Integral de Seguridad Social no cobija a los miembros de las fuerzas
militares ni de la Policía Nacional.

8. Por lo anterior, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos
que le negaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

9. Al proceso se le asignó el radicado 05001-33-33-026-2019-00421-00/01 y
le fue repartido al Juzgado 26 Administrativo de Medellín que, mediante sentencia
del 23 de mayo de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda.

10. Señaló que la sentencia de unificación del 12 de abril del 2018 proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado determinó que los beneficiarios
de las personas vinculadas a las fuerzas militares y que hubiesen fallecido en
ejercicio de sus funciones y con posterioridad a la Ley 100 de 1993, pueden
beneficiarse de la pensión de sobrevivientes reglamentada por la mencionada
ley.

11. Inconforme con la decisión, el Ejército Nacional presentó recurso de
apelación. Expuso que se desconoció que la Ley 100 del 1993 exige como
requisito la cotización previa del afiliado y, debido a que un soldado conscripto
no cotiza en el sistema, no debía reconocerse la prestación social. En ese
sentido, indicó que solo le resultaba aplicable el Decreto 2728 de 1968, el cual
dispuso que únicamente se debe reconocer una compensación económica, la
cual ya le fue pagada a la demandante.

12. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión,
mediante sentencia del 17 de septiembre del 2025, revocó el fallo de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, por considerar
que no se acreditó la dependencia económica de la señora Gómez de Suaza.

13. Al respecto, indicó que, de las pruebas allegadas al expediente, se
constató que su hijo falleció en actos propios del servicio y no fue ascendido de
forma póstuma al grado de cabo segundo. En ese sentido, en aplicación al
principio de favorabilidad, a la demandante le resultaba aplicable la Ley 100 de
1993, la cual exige que acreditar la dependencia económica de los padres para
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, y la imposibilidad de subsistir
por sí mismos de manera digna.

14. Señaló que, de conformidad lo dispuesto en la sentencia C-111 de 2016,

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dictada por la Corte Constitucional, la dependencia económica no hace referencia
a la simple colaboración o ayuda que los hijos le puedan otorgar a los padres,
sino en la necesidad de auxilio o protección y, en el caso de la señora Gómez de
Sauza, dicho requisito no fue probado.

15. Para fundamentar su criterio, señaló que de conformidad con las
declaraciones rendidas por las señoras Marta Luz Loiaza Alarcón y Luz Amparo
Loaiza Alarcón, el joven Jorge Iván Suaza Gómez realizaba aportes ocasionales
al hogar antes de la prestación del servicio militar, pues al ingresar al Ejército
Nacional, la carga económica del hogar fue asumida por el señor Jorge Iván
Suaza y las hermanas del causante.

16. A su vez, resaltó que para la corporación resultó llamativo que la
demandante hubiese presentado la solicitud del reconocimiento de la prestación
18 años después del fallecimiento de su hijo, en la que alegó una supuesta
dependencia económica, pues la tardanza genera dudas sobre la dependencia y
necesidad invocada.

17. Refirió que, según las «reglas básicas» de la experiencia, cuando la
muerte de un integrante de la familia afecta de manera real el sostenimiento del
hogar, lo normal es que los interesados gestionen de inmediato el reconocimiento
de las prestaciones correspondientes. Una demora tan prolongada en acudir a
reclamar este derecho pone de manifiesto la inexistencia de la dependencia
económica y refuerza lo concluido a partir de los demás elementos de prueba.

1.3. Sustento de la vulneración

18. La accionante indicó que el tribunal accionado incurrió en un defecto
fáctico, por cuanto dio por probado que, para la fecha de la muerte de su hijo, no
dependía económicamente de aquel, pues a través de los empleos informales
que tenía, le proveía de manera constante y recurrente.

19. Asimismo, señaló que la prestación del servicio militar obligatorio no
desvirtúa que dependiera económicamente de él, debido a que «si no se hubiese
encontrado en cumplimiento de dicha obligación legal, se encontraría trabajando
y aportando económicamente para su sustento».

20. En esa medida, sostuvo que la sentencia cuestionada carecía de la
motivación suficiente, pues el tribunal no realizó un análisis pormenorizado de las
declaraciones testimoniales recaudadas en el proceso, con las cuales
«objetivamente» se podía determinar que sí existía una dependencia económica.

21. Finalmente, aseguró que fue desconocido el principio de congruencia de
la sentencia, en la medida en que el ejército nacional no cuestionó en el recurso
de apelación la falta de cumplimiento del requisito de dependencia económica.

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1.4. Intervención

22. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión,
luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso
ordinario, señaló que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, la
sentencia cuestionada fue proferida de conformidad con las pruebas obrantes en
el expediente, las cuales permitieron concluir que no se acreditó el cumplimiento
del requisito contemplado en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

23. En esa medida, refirió que realizó un análisis completo y de fondo sobre el
caso, respaldado por las pruebas allegadas y fundamentado en las normas
aplicables.

24. Por último, expuso que los argumentos expuestos en la acción de tutela
reflejan una inconformidad con el fallo proferido que, más allá de alegar una vía
de hecho, reitera los argumentos de la demanda, la cual ya fue estudiada y
decidida de fondo.

25. El Juzgado 26 Administrativo de Medellín y el Ejército Nacional, pese
a que fueron debidamente notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

26. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo presentada
por la accionante. En ese sentido, esta Sección explicará las razones por las
cuales en el asunto objeto de estudio no se superan los requisitos generales de
subsidiariedad y relevancia constitucional.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud no cumple con los requisitos de procedencia de tutela
contra providencias judiciales

27. El Consejo de Estado6 y la Corte Constitucional7, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales8 y a la configuración de algún

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
8 (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.

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defecto especial9 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo del asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

28. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

29. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

30. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

31. La Sala advierte que la señora Mayola Gómez de Suaza está legitimada
en la causa por activa, porque fue la parte demandante al interior del medio de
control en el que se dictó la providencia que se cuestiona mediante esta vía. A
su vez, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima
de Decisión, está legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la
decisión objeto de estudio el presente trámite constitucional.

32. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales10: i) como
mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo11 y eficaz12; y, ii) como mecanismo de protección
transitorio.

33. Como se expuso previamente, la accionante reprocha la sentencia
proferida el 17 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Decisión. Mediante esta providencia revocó el fallo de primera

9 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2024.
11 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para

producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
12 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está

diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.

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instancia que accedió a las pretensiones y, en su lugar, negó las súplicas de la
demanda por considerar que no se acreditó el requisito de dependencia
económica exigido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

34. A su juicio, la autoridad judicial demandada desconoció el principio de
congruencia, debido a que realizó un estudio respecto de argumentos que no
fueron expuestos por el Ejército Nacional en el recurso de apelación. A su vez,
consideró que la sentencia carece de motivación, puesto que no analizó las
declaraciones testimoniales recaudadas en el proceso

35. En virtud de lo expuesto, se advierte que el sustento de la vulneración de
los derechos invocados, en relación con los cargos referenciados con antelación,
se enmarca en una de las causales de procedibilidad del recurso extraordinario
de revisión, contemplada en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, a saber, «existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación».

36. Frente a dicha situación, el Consejo de Estado13 ha defendido la
posibilidad de que se interponga recurso extraordinario de revisión con
fundamento en la causal referida e indicó que uno de los requisitos para la
configuración de la nulidad originada en sentencia como causal de revisión es la
existencia de un «vicio grave o insaneable que afecte su validez»14.

37. A su vez, el órgano de cierre en la materia15 señaló que la decisión sin
motivación da lugar a la nulidad originada en la sentencia, la cual es una de las
causales que permite la procedencia del recurso extraordinario de revisión, de
acuerdo con lo señalado previamente.

38. En relación con la congruencia externa con la que debe cumplir toda
sentencia, a propósito del artículo 170 del Código Contencioso Administrativo
(disposición normativa contenida actualmente en el 187 de la Ley 1437 de 2011),
señaló el Consejo de Estado16, lo siguiente:

Se puede identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo
170 del C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar
en armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la
parte demandada.

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión.

Sentencia del 5 de abril del 2016. M.P. Danilo Rojas Betancourt. Radicación: 11001-03-15-000-
2008-00320-00.
14 Ibidem.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de

Decisión. Sentencia del 02.02.16. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Radicado: 11001-03-15-000-
2015-02342-00(REV).
16 Ibidem.

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39. Consideró dicha corporación17 que este principio implica la «conformidad
entre la decisión y lo pedido por las partes en la demanda y en su contestación»
y, a su vez, busca la protección del derecho al debido proceso y de defensa de
las partes, «cuya actuación procesal se dirige a controvertir los argumentos y
hechos expuestos en la demanda, tratándose del demandado, y en la
contestación, si la posición procesal es la del demandante».

40. De igual forma, el Consejo de Estado18 ha establecido que este principio
así concebido implica que en el trámite del recurso de apelación únicamente se
resuelvan, por regla general, las inconformidades formuladas por el apelante
contra la providencia de primera instancia.

41. En tal sentido, la congruencia externa de la sentencia desarrolla los
conceptos del fallo ultra petita y extra petita, como decisiones que trascienden lo
pedido por las partes, tanto en los casos en que se otorgan cosas adicionales a
lo solicitado en la demanda o en la apelación – según sea el caso – (sentencia
ultra petita), como en las situaciones en las que se reconoce algo que no fue
solicitado (fallo extra petita)19.

42. De tal forma, y sin tomar en consideración la razonabilidad del argumento
planteado por la parte actora, esta sala en su calidad de juez constitucional no
tiene competencia para determinar si el fallo cuestionado vía tutela adolece de
vulneración al principio de congruencia externa de la sentencia, en el sentido de
estudiar si, efectivamente como lo afirma la parte actora, la sentencia
cuestionada se fundamentó en argumentos no expuestos en el recurso de
apelación presentado por el Ejército Nacional. Lo anterior, pues dicho estudio
corresponde a la autoridad judicial que conoce sobre el recurso extraordinario en
cuestión.

43. Por tanto, se concluye que la presente acción constitucional no supera el
requisito de subsidiariedad frente al cargo de desconocimiento del principio de
congruencia de la sentencia, toda vez que procede el recurso extraordinario de
revisión como mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los
derechos invocados.

44. Del mismo modo, se pone de presente que la accionante no expuso de
forma siquiera sumaria los motivos por los cuales este mecanismo extraordinario
no cuenta con la idoneidad y eficacia para la resolución de la controversia
propuesta y la salvaguarda de sus garantías constitucionales.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del

26.07.12. M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Radicado: 25000-23-27-000-2008-00228-
02(18380).
18 Consejo de Estado, Sala lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del

21.02.19. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Radicado: 54001-23-33-000-2014-00397-01
(22647)
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del

26.07.12. M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Radicado: 25000-23-27-000-2008-00228-
02(18380).

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45. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional20, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

46. A su juicio de la accionante, la autoridad judicial demandada incurrió en un
defecto fáctico al considerar que no se acreditó la dependencia económica, pues
no valoró de manera objetiva las pruebas testimoniales que probaban que su hijo
se encargaba de su sostenimiento. En ese sentido, consideró que la sentencia
cuestionada carecía de motivación, pues el tribunal no realizó un análisis
suficiente de las declaraciones testimoniales recaudadas en el proceso.

47. A su vez, aseguró que, si no se hubiese prestado servicio militar, el joven
Jorge Iván Suaza Gómez se encontraría trabajando y aportando
económicamente para su sustento.

48. Precisado lo anterior, para la Sala resulta evidente que lo pretendido por
la parte actora es que se reabra el debate ordinario y constituir una tercera
instancia. Lo anterior, debido a que los argumentos planteados en la acción de
tutela, más allá de buscar la protección de sus derechos fundamentales, reflejan
una mera inconformidad con lo decidido por el juez de instancia.

49. Esto, en la medida en que se advierte, prima facie, que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, realizó un estudio de la
totalidad de las pruebas allegadas al proceso en el que concluyó que, contrario a
lo manifestado por la accionante, las pruebas testimoniales y documentales no
probaban la dependencia económica de la accionante.

50. Lo anterior, debido a que las testigos afirmaron que, luego del ingreso del
joven Suaza Gómez al Ejército Nacional, los gastos del hogar fueron asumidos
por su esposo y sus hijas. Además, el lapso que pasó entre la muerte de su hijo
y la reclamación de la prestación social, desvirtúo la dependencia frente a aquel.

51. Por otra parte, la tutela no cuenta con la carga argumentativa mínima para
que proceda un estudio de fondo por parte del juez constitucional. De la lectura
integral de la demanda se advierte que el accionante simplemente se limitó a

20 Sentencia SU-215 de 2022.

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Accionante: Mayola Gómez de Suaza
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02170-00

señalar que la corporación accionada incurrió en un presunto defecto fáctico, sin
siquiera exponer de manera clara y concreta las razones por las cuales las
pruebas aportadas al proceso sí acreditaban el cumplimiento del requisito exigido
por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

52. En efecto, la parte actora no desarrolló una argumentación suficiente que
permita evidenciar la configuración de un defecto específico, ni cumplió con la
carga de demostrar la relevancia constitucional de la controversia, limitándose a
exponer su desacuerdo con la valoración probatoria efectuada por el juez natural.

53. Así las cosas, no le corresponde al juez de tutela entrar a revaluar el
análisis probatorio ni sustituir al juez ordinario en la interpretación de las normas
aplicables, máxime cuando no se acreditó la existencia de una actuación
arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable que habilite la intervención
excepcional del juez constitucional.

54. En consecuencia, la Sala evidencia que los reproches formulados por la
accionante reflejan una mera inconformidad con la decisión del juez de instancia.
Por lo tanto, se advierte que formular un simple desacuerdo con una decisión
judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de garantías fundamentales, no
conlleva que el asunto puesto en conocimiento revista necesariamente relevancia
constitucional. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial medie un
ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al
alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.

55. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal y/o
económico, o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas
por los jueces naturales de la causa.

56. En definitiva, se reitera que para la Sala resulta evidente que la presente
acción tutela y los cargos que aduce la accionante no cumplen con los requisitos
de subsidiariedad y relevancia constitucional. Por tal razón, la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo formulada
por la señora Mayola Gómez de Sauza contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Decisión.

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Accionante: Mayola Gómez de Suaza
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02170-00

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con aclaración de voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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