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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02173-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02173-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar la desvinculación solicitada por la Policía Nacional – departamento de Policía Regional de Sucre. Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Richard Miguel Romero Padilla, quien actúa en nombre propio, de conformidad con las razones expuestas. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02173-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02173-00
Accionante: RICHARD MIGUEL ROMERO PADILLA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Temas: Tutela contra fallo de la misma naturaleza. Cosa juzgada constitucional
fraudulenta - Fraus omnia corrumpit -. Reglas precisadas en la
jurisprudencia constitucional para su análisis. Improcedencia cuando
no se ha surtido el trámite de selección y eventual revisión en la Corte
Constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Richard Miguel Romero Padilla, quien actúa en nombre
propio, contra el Tribunal Administrativo de Sucre.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 17 de marzo de 2026, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales a la verdad, a la justicia y a la reparación,
supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

“[sic a toda la cita] Solicito, que se declare la violación de los derechos fundamentales
como víctimas y se ordene la protección de los mismos, incluyendo la restitución del
Bien Inmueble, ubicado en la Calle 33 No.15-181 Urbanización Bethel, donde funciona
el Establecimiento Educativo Centro de Rehabilitación Vida Diferente y se imparta las
sanciones a los responsables de la violación de los derechos humanos”.

2. Hechos

De la lectura de la demanda y de las pruebas documentales que obran en el
expediente, se destacan los siguientes:

El establecimiento educativo Centro de Rehabilitación Vida Diferente es una
institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. Su constitución y
funcionamiento se sustentan en las Resoluciones no. 030 del 23 de abril de 1996 y
0578 del 8 de abril de 2004, emanadas del departamento de Sucre.

El 10 de marzo de 2024, el intendente de la Policía Regional de Sucre practicó una
diligencia de desalojo en las instalaciones del establecimiento educativo Centro de
Rehabilitación Vida Diferente, actuación que -según lo manifestado por la parte
actora- se adelantó sin la presencia de autoridades competentes, sin orden judicial,

Radicación: 11001-03-15000-2026-02173-00
Accionante: Richard Miguel Romero Padilla

sin respeto por el debido proceso y con fundamento en una dirección incorrecta que
correspondía a un predio vecino (calle 33 No. 15-141).

El 14 de enero de 2026, el actor promovió acción de tutela contra la Defensoría del
Pueblo, el departamento de Policía Sucre, el municipio de Sincelejo y las
Inspecciones Urbanas de Policía 2 y 5, con el fin de que se ordenara la adopción de
las medidas necesarias para la protección de los derechos del centro educativo y
de la población en condición de discapacidad allí atendida.

El conocimiento del asunto correspondió, por reparto, al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Sincelejo1, que mediante sentencia del 28 de enero
de 2026 negó las pretensiones, al considerar que con las pruebas aportadas no se
acreditó la vulneración de los derechos invocados.

Contra dicha decisión, la parte actora interpuso escrito de impugnación, en el que
reiteró que el 10 de marzo de 2024 fue objeto de una diligencia irregular de desalojo
por parte de funcionarios de la Policía Regional de Sucre, por lo que la negativa del
amparo solicitado resultaba discriminatoria.

La Sala Cuarta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre mediante
sentencia del 2 de marzo de 2026, modificó la decisión de primera instancia y, en
su lugar, declaró improcedente la acción de tutela. Para arribar a dicha conclusión,
precisó que no se superaron los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, en la
medida en que la presunta vulneración ocurrió hacía más de dos años y el actor no
demostró haber participado en la diligencia de desalojo del 10 de marzo de 2024 en
calidad de propietario o poseedor, ni haber agotado los mecanismos ordinarios de
defensa judicial.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora sostuvo que, dentro del trámite de la acción de tutela interpuesta
contra la Defensoría del Pueblo, el departamento de Policía Sucre, el municipio de
Sincelejo y las Inspecciones Urbanas de Policía 2 y 5, se negó la solicitud de amparo
bajo el argumento de que las pruebas aportadas no acreditaban la vulneración de
los derechos invocados.

Indicó que en la decisión cuestionada se acogieron las versiones rendidas por las
autoridades administrativas accionadas, pese a que estas resultaban
contradictorias frente a lo expuesto por las víctimas, aunado al hecho de que
existían denuncias presentadas a las cuales no se les habría dado trámite, lo que
configura una clara vulneración de sus derechos fundamentales.

Finalmente, hizo referencia al artículo 13 de la Constitución Política, al artículo 5 de
la Ley 1618 de 2013, y a las sentencias T-025 de 2004, T-760 de 2008, T-231 de
2014 y T-006 de 2017 de la Corte Constitucional.

4. Trámite procesal

Por auto de 20 de marzo de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada -Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Cuarta de Decisión Oral-, así como al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo, a la Defensoría del Pueblo, el
departamento de Policía de Sucre, el municipio de Sincelejo, la Inspección Urbana
de Policía núm. 2 y la Inspección Urbana de Policía núm. 5, como terceros
interesados en el resultado del proceso y se vinculó a la Agencia Nacional de

1 Acción de tutela con radicado núm. 70001-33-33-003-2026-00003-00.

2
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Accionante: Richard Miguel Romero Padilla

Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código
General del Proceso2.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Sucre

La magistrada ponente de la decisión cuestionada rindió informe en el que solicitó
declarar improcedente la acción de tutela y presentó un recuento de las actuaciones
procesales adelantadas dentro del trámite del asunto.

Expuso que tanto el actor como la señora Ivoris Emperatriz Ríos Morales han
promovido diversas acciones de tutela y de cumplimiento relacionadas con los
mismos hechos, concretamente aquellos asociados a la diligencia de desalojo del
inmueble en el que funcionaba el establecimiento educativo Centro de
Rehabilitación Vida Diferente.

5.2. Respuesta de la Defensoría del Pueblo Regional Sucre

El Profesional Administrativo y de Gestión de la entidad rindió informe en el que
solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que no se ha
configurado la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el
accionante.

Indicó que el Centro de Rehabilitación Vida Diferente tiene su domicilio principal en
Sincelejo, Sucre, en la calle 33 No. 15-141, y que se trata de una entidad sin ánimo
de lucro constituida con el propósito de brindar procesos de rehabilitación a niños y
adolescentes con discapacidad cognitiva, física o sensorial, a través del desarrollo
de proyectos, planes y programas especializados.

Sostuvo que la señora Rosario Méndez Zabala, en su calidad de representante legal
de la fundación, presentó querella policiva contra el actor y otras personas por
perturbación a la propiedad, luego de que estos ingresaran al establecimiento
educativo presuntamente haciendo uso desmedido de la fuerza y obstaculizando el
ingreso al inmueble. Dicho trámite concluyó con decisión del 16 de diciembre de
2022, mediante el cual se declaró acreditada la perturbación y se ordenó la entrega
del inmueble.

Asimismo, relató que el 10 de marzo de 2024 se llevó a cabo la correspondiente
diligencia de desalojo, y que el 11 de marzo de 2024 se realizó una reunión con las
personas directamente involucradas, en la cual, entre otras decisiones, se dispuso
remitir a la Fiscalía General de la Nación la denuncia presentada por el actor.

Finalmente, mencionó que se han presentado diversas situaciones relacionadas
con el accionante, las cuales han sido atendidas a través de los respectivos trámites
administrativos, e incluso se le ha ofrecido acompañamiento institucional. No
obstante, señaló que el actor ha incurrido en actos de intimidación en contra de
funcionarios y usuarios de la regional, situación que obligó a la entidad a solicitar la
intervención de la Policía Nacional y de otras autoridades competentes.

5.3. Repuesta la Policía Nacional – departamento de Policía Regional de Sucre

El subintendente del Grupo de Asuntos Jurídicos rindió informe en el que solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumple el

2 La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 53870 a 53878 de 24 de marzo de 2026, con

el fin de dar cumplimiento a la referida decisión y fijó un aviso en la página web del Consejo de Estado para dar
a conocer la decisión que admitió el asunto a los terceros con interés.
3
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requisito de inmediatez, en tanto la presunta vulneración tuvo lugar el 10 de marzo
de 2024, con ocasión de la diligencia de desalojo.

Adicionalmente, señaló que el actor ha promovido diversas acciones de tutela con
fundamento en los mismos hechos, lo que evidencia la reiteración de pretensiones
ya formuladas. Finalmente, sostuvo que la entidad carece de legitimación en la
causa por pasiva para atender las súplicas de la demanda.

5.4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo, el municipio de
Sincelejo, la Inspección Urbana de Policía núm. 2 y 5, no rindieron informe.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Cuestión preliminar

En el escrito de contestación, la Policía Nacional – departamento de Policía
Regional de Sucre solicitó su desvinculación por considerar que carece de
competencia para atender las súplicas de la demanda de tutela.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
al estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva ha explicado que este
requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción,
de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en
caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada” 3. La Sala negará la
solicitud presentada debido a que su participación en este trámite constitucional se
dio en calidad de tercero con interés, por fungir como accionada en la acción de
tutela en la que se profirió la decisión objeto de reproche.

3. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

En el escrito de tutela, el actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales
a la verdad, la justicia y la reparación, para lo cual pidió que se ordenara la
restitución del bien inmueble ubicado en la calle 33 No. 15-181, en el que
actualmente funciona el Centro de Rehabilitación Vida Diferente. No obstante, se
observa que los fundamentos expuestos en la demanda están encaminados a
cuestionar la sentencia de tutela proferida el 2 de marzo de 2026 por la Sala Cuarta
de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual se modificó
la decisión de primera instancia y, en su lugar, se declaró improcedente la acción
de tutela por el incumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.

En ese contexto, le corresponde a la Sala determinar si los derechos fundamentales
invocados por el actor fueron vulnerados por la autoridad judicial accionada con
ocasión de la sentencia de tutela del 2 de marzo de 2026. De manera previa, es
necesario establecer si la acción de tutela resulta procedente para controvertir una
providencia judicial de la misma naturaleza.

3 Sentencia T-005 de 2022.

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4. Improcedencia general de la acción de tutela contra providencias de la
misma naturaleza

La Sala, en principio, había sostenido que la acción de tutela contra fallos de la
misma naturaleza era improcedente, en virtud de las diferentes sentencias de la
Corte Constitucional que tuvieron como sustento la sentencia SU-1219 de 2001.

Sobre el particular, esa Corporación judicial en la sentencia T-272 de 20144, indicó
“no es procedente la tutela contra tutela porque de lo contrario (i) implicaría instituir
un recurso adicional para insistir en la revisión de tutelas que con anterioridad no
fueron seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena interminable de demandas,
con lo cual resultaría afectado el principio de seguridad jurídica, (iii) se afectaría el
mecanismo de cierre hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte
Constitucional, y (iv) la tutela perdería su efectividad, pues ‘quedaría
indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera
no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que
su posición coincida con la opinión de algún juez. En este evento, seguramente el
anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a
vencer”’.

Con posterioridad, en la sentencia SU-627 de 20155 la Corte Constitucional, rectificó
su jurisprudencia e indicó que, excepcionalmente, la acción de tutela procede contra
sentencias de tutela cuando se adviertan casos de fraude, supuesto que se agrega
a los dos que habían sido contemplados por la jurisprudencia: irregularidad grave
en el curso de una acción de tutela e incidente de desacato, con la precisión de que
la improcedencia absoluta, sin ninguna excepción, recae en las sentencias de tutela
que dicte la Sala Plena o las Salas de Revisión de esa Corporación. En esa ocasión,
la Corte expresó:

“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad
o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los

4 M. P. María Victoria Calle Correa.
5 Sentencia de 1º de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.

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terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.”

Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T-313 de
20186, consideró que la acción de tutela es procedente, entre otros, contra la
providencia que rechaza la impugnación en un trámite de la misma naturaleza. Al
respecto, sostuvo:

“En el asunto que se examina, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de
tutela, sino contra ciertos autos proferidos en el curso del trámite de amparo. La
Corte Constitucional unificó su jurisprudencia en la sentencia SU-627 de 2015,
en la que consideró que la tutela sí era procedente frente a actuaciones
arbitrarias de los jueces de tutela, que se hubieran realizado antes o después de
proferir el fallo, por lo que este requisito de procedencia se encuentra superado”.

El citado criterio jurisprudencial ha sido acogido por esta Sala, teniendo en cuenta
que la unificación realizada por la Corte Constitucional trasciende del caso concreto
y fija reglas de derecho que deben ser acatadas por todas las autoridades públicas.

Por otra parte, en la sentencia T-322 de 20197, la Corte Constitucional resaltó que
previo a la verificación de la existencia de un fraude, es pertinente constatar si el
fallo de tutela reprochado fue objeto de la eventual revisión que le ha sido atribuida
a esa corporación judicial, pues de lo contrario se tornaría improcedente la solicitud
de amparo.

Al respecto, en la reciente sentencia T-023 de 20238, la misma corporación sostuvo
que “de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en principio son improcedentes
las acciones de tutela en contra de una decisión de tutela antes de que el trámite de
selección y eventual revisión se haya surtido. Esta regla de improcedencia, sin
embargo, no es absoluta. En casos excepcionales, la acción de tutela contra
decisiones de tutela puede ser procedente si, a pesar de que la parte accionante no
participó en el trámite de selección o este no se ha surtido, las pruebas practicadas
en sede de revisión evidencian prima facie la existencia de una situación de fraude
que se habría materializado en los fallos de tutela de instancia”.

De conformidad con lo expuesto, es posible identificar dos escenarios: el primero,
en el que la Corte Constitucional selecciona para revisión el caso con el fin de
determinar si existe o no cosa juzgada fraudulenta. El segundo, cuando la sentencia
de tutela es excluida de revisión, lo que conllevaría que lo resuelto hace tránsito a
cosa juzgada formal y material. Al respecto, esa corporación judicial en la referida
sentencia T-322 de 20199, con el fin de identificar los criterios seguidos por las
diferentes Salas de Revisión, precisó de manera indicativa en qué casos existe una
situación de fraude, para lo cual elaboró el siguiente cuadro:

6 M.P. Carlos Bernal Pulido.
7 M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
8 M.P.: Paola Andrea Meneses Mosquera.
9 M.P: José Fernando reyes Cuartas.

6
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Jurisprudencia constitucional y cosa juzgada constitucional fraudulenta

Improcedencia de la Procedencia de la acción de tutela
acción de tutela
• La acción de tutela Condiciones necesarias
no se soporta en Actuación prima facie dolosa o Decisión judicial Indicios de la existencia de una
hechos objetivos (T- gravemente culposa. evidentemente incorrecta situación de fraude.
951/13).
Esta calificación puede Esta calificación puede 81. Evidencia de que el
4 El fundamentarse fundamentarse fallo de tutela fue
accionante proferido sin que se
discrepa sobre 63 En la 73. En la verificaran las
una decisión de existencia de condiciones de
interpretación autoridad una procedibilidad de este
sustantiva competente interpretación mecanismo excepcional
o donde se declare normativa (T-218/12, T- 399/13, T-
probatoria (T- laconducta abiertamente 272/14 y T-073/19)
373/14,T- dolosa del juez contraria a los
093/18 y T- (T- 218/12) postulados 82. Ausencia de
470/18) constitucional certeza del derecho
64 En la esy a la reconocido (T-218/12, T-
5 Se apertura de buena fe 399/13)
incumple con la investigaciones judicial (T-
carga de disciplinarias o 073/19). 83. Protección de un
demostrar la penales acerca elevado número de
existencia de de la 74. En la peticionarios, cuya
fraudulenta (T- configuración afectación del situación individual no
072/18). del delito (T- patrimonio alcanza a ser
399/13) público (T- debidamente examinada
218/12, T- dentro del término de
65 En la 399/13, T- diez
materialización del 272/14 y T- (10) días del que dispone el juez para
dolo enla sentencia 073/19). decidir (T-272/14).
judicial (T-218/12,
T- 951/13, T- - Se presenta acción de tutela contra
373/14, T-427/17 y una entidad que, por estar sumida en
T- 470/18) un estado de cosas inconstitucional,
presenta una limitada capacidad para
ofrecer respuesta oportuna a las
demandas de sus afiliados y
beneficiarios (T-272/14).
• El cumplimiento del fallo de tutela
proferido en las circunstancias
descritas amenaza el goce efectivo de
derechos fundamentales de terceros
(T-272/14).

• El reconocimiento de una prestación
de forma manifiestamente ilegal.

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha considerado que quien pretenda la
revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a cosa juzgada
constitucional debido a su no selección, debe cumplir con una exigente carga
argumentativa dirigida a demostrar i) que el juez de tutela incumplió un deber básico
de conducta que se opone a los requerimientos medulares que se anudan a la tarea
de administrar justicia, manifiesta en una actuación dolosa o extremadamente
negligente y ii) que el fallo de tutela objetado no pueda ser admitido debido a que
resulta evidentemente incorrecto, implicando, además, una afectación grave del
patrimonio público.

Así mismo, “la parte interesada debe demostrar, con base en fundamentos claros, ciertos,
serios y coherentes la situación de fraude alegada, la incidencia en la decisión adoptada, la
evidente violación de un derecho fundamental y que la afectación sea significativa y
trascendental (trasgredir de manera grave el patrimonio público). En este sentido, no serán
de recibo razones o interpretaciones que obedezcan al disgusto o inconformismo del
solicitante por la sentencia atacada. Ese presupuesto tiene fundamento en el principio de
seguridad jurídica y cosa juzgada constitucional”.

Con todo, la jurisprudencia constitucional ha precisado las subreglas que
determinan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
que se dicten dentro de un trámite tutelar, a saber: (i) cuando la providencia acusada
haya sido proferida por otro juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional (ii) que
la decisión superó el trámite de la revisión ante esa corporación judicial, es decir,
que no hubiera sido seleccionada para revisión y (iii) que en ésta se configure el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, a partir de las particularidades
mencionadas en precedencia.

De este modo, se concluye que la jurisprudencia constitucional ha establecido las
subreglas que determinan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias que se dicten dentro de un trámite tutelar, a saber: (i) cuando la
providencia acusada haya sido proferida por otro juez o tribunal diferente a la Corte
Constitucional (ii) que la decisión superó el trámite de la revisión ante la mencionada
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corte, es decir, que no fuese seleccionada para su revisión y (iii) que en ésta
configure el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta.

5. Estudio y solución del caso concreto

El accionante considera que la sentencia de tutela del 2 de marzo de 2026, mediante
la cual la autoridad judicial accionada modificó la decisión del a quo y, en su lugar,
declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento de los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad, vulnera sus derechos fundamentales a la verdad, la
justicia y la reparación, al avalar los argumentos expuestos por las autoridades
administrativas. En consecuencia, solicita que se ordene la restitución del bien
inmueble ubicado en la calle 33 No. 15-181, en el que funciona el Centro de
Rehabilitación Vida Diferente.

La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela, por las
razones que se exponen a continuación:

El señor Richard Miguel Romero Padilla presentó acción de tutela contra la
Defensoría del Pueblo, el departamento de Policía Sucre, el municipio de Sincelejo
y las Inspecciones Urbanas de Policía 2 y 5, con el fin de que se ordenara la
adopción de las medidas necesarias para la protección de los derechos del centro
educativo y de la población en condición de discapacidad allí atendida.

Por sentencia del 28 de enero de 2026, el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Sincelejo negó las pretensiones de la solicitud, al considerar que con las
pruebas aportadas no se acreditó la vulneración de los derechos invocados. Dicha
decisión fue objeto de impugnación por la parte accionante, quien insistió en que el
10 de marzo de 2024 se llevó a cabo diligencia de desalojo sin el lleno de las
garantías correspondientes.

La Sala Cuarta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre en sentencia
del 2 de marzo de 2026, resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: MODIFICAR el numeral PRIMERO de la sentencia adiada del 28 de enero
de 2026 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión, el cual quedará así,

“PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo tutelar por
incumplimiento de los requisitos de procedibilidad, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia”.

SEGUNDO: Confirmar en todo lo demás la decisión de primera instancia, según lo
expuesto en la presente providencia.

TERCERO: Notifíquese por cualquier medio efectivo a los interesados en los términos
del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR este expediente, a la CORTE CONSTITUCIONAL para su
eventual revisión, de no ser impugnada.

QUINTO: ORDENAR el archivo del expediente, surtidos los trámites anteriores”.

Lo anterior, con sustento en que no se superaron los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad, en la medida en que la presunta vulneración ocurrió hacía más de
dos años y el actor no demostró haber participado en la diligencia de desalojo del
10 de marzo de 2024 en calidad de propietario o poseedor, ni haber agotado los
mecanismos ordinarios de defensa judicial.

Esta Sala a partir del desarrollo jurisprudencial realizado por la Corte Constitucional
en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones
de la misma naturaleza por el supuesto de decisión fraudulenta, mencionado en las
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Radicación: 11001-03-15000-2026-02173-00
Accionante: Richard Miguel Romero Padilla

consideraciones jurídicas de esta providencia, estima que en el asunto bajo examen
se debe declarar su improcedencia porque la sentencia de tutela del 2 de marzo de
2026 proferida por la Sala Cuarta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de
Sucre, no ha superado el trámite de selección y eventual revisión ante la Corte
Constitucional, en los términos precisados en el artículo 86 de la Constitución
Política, condición de procedencia que ha sido precisada por esa corporación.

En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia SU-245 de 202110 indicó
que “la acción de tutela contra sentencias de tutela procede de manera excepcional cuando
se configura el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta. Esta última se produce cuando
una acción de tutela no ha sido seleccionada para revisión por la Corte
Constitucional y finaliza el término de insistencia de los magistrados, el Procurador
General de la Nación, el Defensor del Pueblo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado. La consecuencia de la exclusión de un caso de la revisión de la Corte es
la firmeza jurídica del último fallo que se haya adoptado en sede de instancia, el cual
cobra entonces ejecutoria formal y material. De este modo, la sentencia mediante la
cual se ha resuelto el asunto concreto hace tránsito a cosa juzgada constitucional”.

Así mismo, destacó que “el carácter definitivo de una sentencia de tutela se produce
únicamente cuando ha vencido el término para que esta sea seleccionada, o cuando ha
vencido el término para que esta sea seleccionada, o cuando se ha producido la decisión
de revisión dictada por este Tribunal y, por ese motivo, no es posible hablar de cosa
juzgada fraudulenta antes de que ocurran estos hechos, pues tal estabilidad no se
ha alcanzado y aún está pendiente la posibilidad de que esta Corte Constitucional se
pronuncie, revisando las decisiones de instancia”. (subrayas y negrillas por fuera
del texto original)

En el asunto bajo examen, la Sala observa que ese trámite de eventual revisión aún
no se ha surtido ante la Corte Constitucional, lo que de conformidad con las
consideraciones expuestas en esta providencia y en la referida decisión de
unificación, lleva a concluir que no es posible aún hablar de cosa juzgada
fraudulenta por cuanto está por surtirse ese trámite constitucional que, como se
indicó en la sentencia SU-1219 de 2001 es “un control específico e idóneo de los
fallos de instancia que violan de manera grosera la Constitución, esto es, son una
vía de hecho”, criterio reiterado en la sentencia T-322 de 2019 en la que se indicó
que “la solicitud de revisión ante la Corte sí constituye un mecanismo idóneo para
evitar que una decisión que contraviene los presupuestos constitucionales y/o
legales, haga tránsito a cosa juzgada constitucional”.

En efecto, de conformidad con las actuaciones que reposan en el Sistema de
Gestión Judicial Samai11, se logra constatar que el fallo objeto de reproche,
proferido por la Sala Cuarta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre
el 2 de marzo de 2026, fue notificado el 4 del mismo mes y año y el 12 siguiente se
dispuso la remisión del expediente a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión, lo que se desprende de la siguiente imagen:

De esta manera, para la Sala la acción de tutela promovida por el actor es
improcedente debido a que aún no se había surtido el trámite de eventual revisión
ante la Corte Constitucional donde puede presentar solicitud de revisión de la

10 M.P. Diana Fajardo Rivera.
11 Se verificó en el expediente digital que se encuentra en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=70001333300320260000301700
0123
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sentencia objetada en los términos del artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 52 del Reglamento Interno
(Acuerdo 01 de 2025).

Así las cosas, no resulta posible adelantar el estudio propuesto por el accionante en
torno a la presunta existencia de cosa juzgada fraudulenta derivada de la sentencia
de tutela del 2 de marzo de 2026, en la medida en que el asunto aún se encuentra
pendiente de eventual revisión por parte de la Corte Constitucional. En ese contexto,
mientras dicho Tribunal no se pronuncie sobre la selección del caso, no puede
considerarse configurada la cosa juzgada constitucional, ni en su aspecto formal ni
material.

Por las anteriores razones, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
promovida por el señor Richard Miguel Romero Padilla.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Negar la desvinculación solicitada por la Policía Nacional – departamento
de Policía Regional de Sucre.

Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Richard Miguel Romero Padilla, quien actúa en nombre propio, de conformidad con
las razones expuestas.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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