Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02179-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02179-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02179-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
27 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-02179-001
Accionante : María Alejandra Noreña Cuellar
Accionado : Consejo Superior de la Judicatura
Vinculados : Fiscalía General de la Nación y Universidad Cooperativa de
Colombia
Acción : Tutela
Tema : Petición
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por María Alejandra Noreña Cuellar contra el Consejo Superior de la Judicatura, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
la actora frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia
de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las
pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
2. El 17 de marzo de 2026, la señora María Alejandra Noreña Cuellar, quien actúa en
nombre propio, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso, presuntamente
vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura.
3. Por consiguiente, solicitó:
1. Tutelar el derecho fundamental de petición y al debido proceso, y en consecuencia, ordene a
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Expediente electrónico disponible en SAMAI.
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Accionante: María Alejandra Noreña Cuellar
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
la parte accionada, dar respuesta a lo solicitado en un término prudencial y perentorio, y se
tomen las decisiones administrativas pertinentes para salvaguardar los demás derechos
conculcados y esgrimidos en el derecho de petición.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar al accionado informar sobre el estado
del trámite y dar respuesta a la solicitud radicada el 25 de febrero del año en curso.
1.3 Hechos2
4. La señora María Alejandra Noreña Cuellar inició el 16 de enero de 2025 su judicatura
ad honorem en la Fiscalía General de la Nación, Seccional Caquetá. Posteriormente, el
10 de octubre de 2025, fue nombrada en provisionalidad en el cargo de Asistente de
Fiscal II, circunstancia por la cual el término de la práctica jurídica se extendió por un
año.
5. Una vez certificada la judicatura, presentó solicitud ante el Consejo Superior de la
Judicatura con el fin de obtener su reconocimiento. No obstante, refirió que, al revisar la
plataforma SIRNA, constató que el trámite figuraba pendiente por documentación
incompleta. Frente a esa situación, el 25 de febrero de 2026, remitió al correo electrónico
icasanog@cendoj.ramajudicial.gov.co la documentación requerida.
6. Finalmente, sostuvo que, para la fecha de presentación de la tutela, el Consejo
Superior de la Judicatura no había emitido respuesta alguna a su petición, circunstancia
que, en su criterio, vulneraba sus derechos fundamentales y afectaba su proceso de
grado, dado que, conforme al calendario académico de la Universidad Cooperativa de
Colombia, las postulaciones podían efectuarse hasta el 22 de marzo de 2026.
II. TRÁMITE PROCESAL
7. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 24 de
marzo de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó
notificar al Consejo Superior de la Judicatura; y (ii) dispuso vincular a la Fiscalía General
de la Nación y a la Universidad Cooperativa de Colombia, en los términos del artículo 13
del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestación de la acción
8. 2.1.1 El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de
Abogados3 manifestó que, mediante Resolución núm. 4854 del 10 de abril de 2026,
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Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico, índice 2.
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Visible a índice 8 de SAMAI.
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reconoció a la accionante la práctica jurídica, decisión que fue notificada en esa misma
fecha al correo electrónico dispuesto para tal fin. Con fundamento en ello, solicitó
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
9. 2.1.2 La Universidad Cooperativa de Colombia4, sostuvo que no ha vulnerado
derecho fundamental alguno de la accionante y que la certificación de la judicatura
corresponde a la entidad accionada.
10. 2.1.3 La Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo Centro
Sur5 indicó que la accionante realizó su judicatura en la Seccional Caquetá y precisó
que, tras su nombramiento en provisionalidad como Asistente de Fiscal II, la práctica se
extendió hasta completar un año, razón por la cual expidió la Certificación núm. 013 del
29 de enero de 2026, por medio de la cual, se certificó que la tutelante prestó sus
servicios como judicante en la entidad.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
11. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.
3.2 La acción
12. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico
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Visible a índice 9 de SAMAI.
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Visible a índice 10 de SAMAI.
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13. Se contrae a determinar si el Consejo Superior de la Judicatura ha vulnerado los
derechos fundamentales de petición y debido proceso de la señora María Alejandra
Noreña Cuellar, al no dar respuesta a la solicitud presentada el 25 de febrero de 2026; o
si, por el contrario, en el presente asunto se configuró una carencia actual de objeto
por hecho superado.
3.4 Carencia de objeto por hecho superado
14. Se ha pregonado con acierto que la acción de tutela se encuentra orientada a
garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de las personas, cuando ellos
sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública 6; sin
embargo, si la circunstancia que dio origen a la trasgresión desaparece, se configura el
fenómeno que se conoce como hecho superado, el cual da como resultado una carencia
de objeto para decidir de fondo el asunto. Al respecto, la Corte Constitucional7 ha definido
este fenómeno jurídico en los siguientes términos:
4.4.1. La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha señalado que
la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de amparo, la orden del
juez de tutela no tendría efecto alguno o “caería en el vacío”8. Al respecto se ha establecido
que esta figura procesal, por regla general, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar
un daño consumado o un hecho superado.
4.4.2. El hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de
tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez
respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al
objetivo de protección previsto para el amparo constitucional 9. En este supuesto, no es
perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales
cuya protección se demanda, salvo “si considera que la decisión debe incluir observaciones
acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la falta de
conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su
ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones
pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es
que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del
momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”10 (Subrayado por fuera
del texto original).
4.4.3. Precisamente, en la Sentencia T-045 de 200811, se establecieron los siguientes
criterios para determinar si en un caso concreto se está o no en presencia de un hecho
superado, a saber:
“1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca
de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del
accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.
6
Artículo 86 de la Carta Política.
7
Corte Constitucional, sentencia T-59 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
8
Sentencia T-235 de 2012, M.P. Humberto Sierra Porto, en la cual se cita la Sentencia T-533 de 2009, M. P. Humberto Sierra Porto.
9
Sentencia T-678 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao, en donde se cita la Sentencia SU-540 de 2007, M. P. Álvaro Tafur Galvis. Al
respecto, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa
o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
10
Sentencia T-685 de 2010, M. P. Humberto Sierra Porto.
11
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción
que generó la vulneración o amenaza haya cesado.
3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una
prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede
considerar que existe un hecho superado.” [Énfasis propio].
15. Conforme a lo anterior, es necesario analizar si la presunta vulneración de los
derechos fundamentales deprecados en el caso sub examine aún persiste o si, por el
contrario, la pretensión planteada para procurar su defensa ha sido satisfecha, esto es,
si se configuró el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por hecho superado.
16. En el sub lite, la tutelante solicita que se ordene a la autoridad accionada dar respuesta
e informar el estado de la solicitud radicada el 25 de febrero de 2026, por medio de la
cual pidió el reconocimiento de la judicatura.
17. Ahora bien, del material probatorio allegado al proceso, la Sala encuentra que el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados expidió
la Resolución núm. 4854 del 10 de abril de 2026, mediante la cual reconoció a la señora
María Alejandra Noreña Cuellar el cumplimiento de la práctica jurídica, y notificó esa
decisión al correo electrónico de la accionante. Al respecto, se observa:
18. En tal contexto, la Sala considera que en el presente asunto se configura una carencia
actual de objeto por hecho superado, pues, durante el trámite de la acción, la autoridad
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accionada satisfizo la pretensión formulada por la actora, consistente en obtener
respuesta frente a la solicitud presentada el 25 de febrero de 2026. En consecuencia, ha
cesado la presunta afectación de los derechos fundamentales invocados.
IV. DECISIÓN
19. Por las razones expuestas, y comoquiera que los hechos que han dado lugar al
ejercicio de la acción de tutela han desaparecido durante este trámite constitucional, se
impone declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
20. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, frente al
amparo de los derechos fundamentales invocados por la señora María Alejandra Noreña
Cuellar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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