Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02180-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02180-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02180-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-02180-00
Demandante LUIS ÁNGEL HINCAPIÉ BETANCUR
Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN C
Temas Acción de tutela. Mora judicial injustificada. Derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Carencia
actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por el señor Luis Ángel Hincapié Betancur,
de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 16 de marzo de 20261, el señor Luis Ángel Hincapié Betancur interpuso acción
de tutela, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«ÚNICO: TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, ORDENAR al Magistrado Ponente de la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en un
término perentorio y máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación del
fallo de tutela, profiera la sentencia de fondo que en derecho corresponda dentro del proceso
de Nulidad Electoral con radicado 25000-23-41-000-2024-01225-00».2
2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
2.1. El 3 de julio de 2024, el señor Luis Ángel Hincapié Betancur presentó demanda
en ejercicio de la pretensión de nulidad electoral que fue radicada bajo el
número 25000-23-41-000-2024-01225-00, en la que solicitó la nulidad del
Decreto 0657 de 2024, mediante el cual se nombró a Luis Gilberto Murillo
Urrutia como ministro de Relaciones Exteriores, con ocasión a la causal de
inhabilidad consagrada en el artículo 122 de la Constitución Política.
2.2. El conocimiento del asunto correspondió a la Subsección C de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En auto del 18 de
febrero de 2025, esta autoridad informó que, por tratarse de una discusión de
puro derecho, el litigio se decidiría en sentencia anticipada, de conformidad
con lo consagrado en el artículo 182A del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
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Samai, índice 1
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Samai, índice 2. Página 4 del escrito de tutela.
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Demandante: Luis Ángel Hincapié Betancur
En esta providencia, el despacho fijó el litigio y corrió traslado para que las
partes presentaran alegatos de conclusión dentro de los 10 días siguientes e
indicó que cumplido ese término el expediente debía pasar a despacho para
proferir sentencia.
2.3. En informe secretarial del 11 de marzo de 2025, se informó que el expediente
pasaba a despacho para proferir sentencia de primera instancia.
3. Fundamentos de la acción
El tutelante sustentó la vulneración de sus derechos al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia en el hecho de que ha transcurrido más de un año
desde que el expediente pasó a despacho para que la Subsección C de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitiera sentencia, sin que en
el histórico de actuaciones del asunto se haya registrado actuación alguna.
Agregó que esta mora judicial tiene una especial gravedad en el caso particular
debido al alto impacto del asunto, pues se discute la legalidad del nombramiento de
un alto funcionario del Estado, quien además se encuentra inscrito como candidato
presidencial.
Advirtió que en el caso particular se configuraron los presupuestos de la mora
judicial injustificada, dado que ha transcurrido un amplio lapso desde que pasó el
proceso a despacho para fallo sin que se concrete esa actuación. Además, destacó
que no existe un motivo razonable que justifique la demora ─incluso la misma autoridad
accionada indicó que se trataba de un asunto de pleno derecho que podía ser decidido sin
necesidad de practicar pruebas─, por lo que encuentra el transcurso de más de un año
sin fallo, excesivo. Finalmente, mencionó que la omisión que se alega es
directamente atribuible al despacho judicial, quien ha soslayado sus deberes de
administrar justicia de manera pronta y cumplida.
4. Trámite e intervenciones
4.1. En auto de 24 de marzo de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela interpuesta por el señor Luis Ángel Hincapié Betancur contra la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (M.P. Luis Norberto Cermeño).
Adicional a lo anterior, vinculó como terceros con interés al señor Luis Gilberto
Murillo Urrutia, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fondo Rotatorio del
Ministerio de Relaciones Exteriores y al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República; así como a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y al Ministerio Público. Todos estos sujetos procesales en
el medio de control de nulidad electoral 25000-23-41-000-2024-01225-00.
4.2. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por conducto de la coordinadora del
Grupo de Acciones Constitucionales, se opuso a la prosperidad de la acción
de tutela alegando la falta de legitimación en la causa por pasiva ante la
inexistencia de reproches atribuibles a esa entidad.
De otro lado, indicó que la finalidad de la acción de tutela no es procurar la
celeridad de las decisiones de los despachos judiciales, debido a que ello
desconocería el derecho a la igualdad de otros ciudadanos que tramitan
procesos ante esa autoridad, pues también están a la espera de que se
resuelvan sus litigios.
4.3. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
mediante la coordinadora del Grupo de Defensa Judicial, solicitó que se
declare la improcedencia o, en su defecto, que se nieguen las pretensiones de
la acción de tutela ante la inexistencia de una acción u omisión imputable a
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esa entidad con ocasión a la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el accionante. Agregó que no puede intervenir en las decisiones
que deben ser adoptadas por los despachos judiciales.
4.4. En memorial del 6 de abril de 2026, la Subsección C de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio del magistrado
sustanciador del proceso de nulidad electoral 25000-2341-000-2024-01225-00,
pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda o que se declare su
improcedencia por haber operado la carencia actual de objeto por hecho
superado.
Manifestó que el proceso se encontraba registrado con proyecto de sentencia
que sería discutido en la Sala de Decisión del 6 de abril y que una vez
adoptada la decisión informaría al despacho sustanciador de la acción de
tutela, dado que se concretaría la carencia actual de objeto por hecho
superado.
En todo caso, agregó que los tiempos que toma ese despacho para proyectar
las decisiones obedecen a la capacidad de respuesta que tiene de acuerdo
con la planta de personal (6 empleados) y al volumen de los procesos
asignados, esto sin perjuicio de los asuntos que deben priorizarse como las
acciones constitucionales. Asimismo, solicitó que se considera que los trámites
procesales se someten a un turno y este caso tenía asignado el debate en
Sala para ese mismo día.
4.5. En memorial del 14 de abril de 2026, el magistrado Luis Norberto Cermeño
informó que se había proferido sentencia dentro del proceso de nulidad
electoral 25000-2341-000-2024-01225-00. En consecuencia, solicitó que se
declare la carencia actual de objeto por hecho superado.
Como soporte de lo anterior, relacionó la captura de pantalla del histórico de
actuaciones del proceso sub examine en Samai y copia de la sentencia con
fecha del 6 de abril de 2026 en la que se negaron las pretensiones de la
demanda.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Sala establecerá si se configura la
carencia actual de objeto por hecho superado en razón a que en el curso de la tutela
se registró y expidió sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad
electoral 25000-2341-000-2024-01225-00, donde es demandante el señor Luis Ángel
Hincapié Betancur.
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Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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Demandante: Luis Ángel Hincapié Betancur
3. De la carencia actual de objeto por hecho superado
3.1. La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales ante situaciones
de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los
particulares. Su finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho
fundamental se materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer
que cese.
En ocasiones la acción de tutela como mecanismo extraordinario y
excepcional de protección de derechos fundamentales pierde su razón de ser
ante el desaparecimiento o alteración de las circunstancias que dieron origen
al alegado escenario de vulneración ius fundamental, lo que hace que carezca
de sentido emitir alguna orden de amparo4. Este fenómeno ha sido
denominado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como carencia
actual de objeto, cuya ocurrencia se ha aceptado en tres eventos: hecho
superado5; daño consumado6 y situación sobreviniente7.
Sobre esta clasificación, desde sus inicios la Corte Constitucional en Sentencia
T-494 de 1993, precisó lo siguiente:
«La doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para
identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra
el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos
que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el
género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través
de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se
ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una
“situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le
correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.»
(Subrayas fuera del texto)
3.2. En el caso particular, resulta necesario precisar el alcance de la carencia
actual de objeto por hecho superado. Esta figura se materializa en los casos
en que, en el lapso transcurrido entre la radicación de la acción de tutela y la
expedición de la sentencia, la autoridad accionada adelantó las gestiones
necesarias para superar las acciones u omisiones que dieron lugar a la
interposición de la acción de tutela. Por sustracción de materia, se hace inocuo
cualquier pronunciamiento u orden del juez de tutela para lograr el amparo de
4
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias SU-540 de 2007 (título 7mo), T-495 de 2010 (Subtítulo 2.3.), T-585 de 2010 (párrafos
4° a 6°) y T-236 de 2018 (párrafo 4°).
5
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 540 de 2007, T-678 de 2011, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-624 de 2016 y
T-021 de 2017.
6
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 225 de 2013, T-011 de 2016 y T-082 de 2006.
7
Cfr. Corte Constitucional, sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-158 de 2017.
4
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los derechos. En estos eventos, le corresponde al juez de tutela constatar que
«(i) efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la
acción de tutela; (ii) y que la entidad demandada haya actuado (o cesado en su
accionar) a motu proprio, es decir, voluntariamente.»8
Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 «ante
la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de
los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así
como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial». De
allí que, una vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación
de la solicitud de amparo, sería inocua cualquier determinación del juez
constitucional, ya que «la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que
conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad de las
pretensiones».
4. Análisis del caso
El señor Luis Ángel Hincapié Betancur alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia debido
a que para el momento de interposición de la acción de tutela la autoridad
accionada no había proferido sentencia de primera instancia en el medio de control
de nulidad electoral 25000-2341-000-2024-01225-00, a pesar de que el proceso pasó
a despacho con ese propósito el 11 de marzo de 2025.
Al respecto, la Sala considera que la acción de tutela carece de objeto porque el
hecho que originó su interposición dejó de existir en el curso del presente trámite.
Esto se debe a que con posterioridad a la interposición de la tutela la Subsección C
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió la
sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad electoral de la referencia.
Así se desprende del histórico de actuaciones en el sistema de gestión de procesos
Samai, donde se registró la sentencia con fecha del 6 de abril de 2026, cuya
notificación se surtió a través de mensaje de datos remitido a las partes del proceso
en la misma fecha, incluso, la parte demandante ya interpuso recurso de apelación
y fue concedido en auto del 20 de abril del año en curso9. Veamos:
8
Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019, párrafo 41
9
Samai para tribunales administrativos, proceso 25000234100020240122500. Índice 76.
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Demandante: Luis Ángel Hincapié Betancur
De manera que, al haberse desplegado en el curso de la tutela la conducta
esperada por la parte accionante consistente en que se «profiera la sentencia de
fondo que en derecho corresponda dentro del proceso de Nulidad Electoral con radicado
25000-23-41-000-2024-01225-00»10, es inocuo emitir algún pronunciamiento
adicional.
5. Conclusión
Así las cosas, la Sección declarará la carencia actual de objeto por hecho superado,
ya que a la fecha no existe vulneración o amenaza a los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. DECLARAR la carencia de objeto por hecho superado de la acción de tutela
interpuesta por el señor Luis Ángel Hincapié Betancur, dadas las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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Óp. Cit. Nro. 2.
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