Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02198-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02198-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02198-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02198-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02198-00
Accionante: ÓSCAR MALDONADO MIRANDA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / TUTELA CONTRA
SENTENCIA DICTADA EN OTRO PROCESO DE LA MISMA NATURALEZA –
Improcedente por no haberse acreditado que el fallo cuestionado hubiera sido producto de
una situación de fraude.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por el señor Óscar Maldonado
Miranda contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo
consagrado en el Decreto 333 de 20211.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 17 de marzo de 2026, el señor Óscar Maldonado Miranda, en nombre propio,
presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por la sentencia del 10
de febrero de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro de la
acción de tutela con radicado núm. 08001-33-33-010-2025-00300-01, mediante la
cual se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
Hechos relevantes
2. El señor Óscar Maldonado Miranda en ejercicio de la acción de tutela solicitó el
amparo de su derecho de petición, que consideró vulnerado por la empresa de
servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla TRIPLE A S.A. E.S.P.
y por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por la falta de
respuesta oportuna y de fondo frente a la reclamación de la facturación
correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, dado que la peticionada
corrigió únicamente la factura del periodo de abril, sin pronunciarse respecto de los
meses restantes.
3. Con fallo del 19 de diciembre de 2025, el Juzgado Décimo Administrativo de
Barranquilla amparó el derecho del accionante y ordenó a la empresa TRIPLE A
1 Que ingresó al despacho para fallo el 8 de abril de 2026.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02198-00
Accionante: Óscar Maldonado Miranda
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
S.A. E.S.P. a resolver la petición presentada por el señor Maldonado Miranda el 8
de octubre de 2025, en la que solicitó la extensión de la liquidación efectuada para
el mes de abril, respecto de la facturación de los meses de marzo y mayo.
4. Inconforme con la decisión, la empresa de servicios públicos impugnó y el
Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 10 de febrero de 2026
la revocó, y en su lugar, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado,
tras encontrar demostrado que durante el trámite de la alzada, cesó la situación
fáctica de la que se predicaba la vulneración, dado que la empresa accionada
expidió y notificó los Oficios SECEXT14-2303-2025 y SECEXT14-2380-2025 con
los que respondió las peticiones del accionante.
Pretensiones
5. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal con posibles errores):
SOLICITO Sres. Magistrados Del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
SECCIONAL ATLANTICO. – Reparto. Ordenar Un Proceso Disciplinario, Contra
Las Señoras Magistradas: JUDITH ROMERO IBARRA. LILIANA YANETH
ALVAREZ QUIROZ. CARMEN ROSA LORDUY GONZALEZ, Por Violación a
Un Derecho Fundamental y Absoluto, que Son Las Señaladas Por La
Constitución y Las Leyes de Hacerlo Respetar. La TRIPLE A. S.A. Le Reclamé
Por Las Facturas de Marzo, Abril y Mayo/25, que Llegaron Con Desviaciones
Significativas de: 53, 13 y 14 Mtrs.3. De un Promedio de 4 Mtrs.3. que Tenía En
Mi Predio, y Solo Corrigió La Factura de Abril/25, de 13 Mtrs.3. a Solo 4 Mtrs.3.
y Archivó El Expediente. Pero Las Facturas de Marzo y Mayo/25, Con 53 y 14
Mtrs.3, No Las Corrigió, Entonces No Pueden Señalar Las Señoras
Magistradas, que Es Inicuo Señalar que Marzo y Mayo/25, No Las Arreglaron.
Como Lo Certifica El Acto Empresarial SEC-JCI-1604-2025, DEL 24/06/2.025,
que Expidió La TRIPLE A. S.A. y Las Tres Magistradas No Lo Leyeron,
Mostrando El Desprecio Contra Nosotros Los Pobres. Los Jueces De La
Republica No Puede Desconocer, Su Obligación De Dar La Ley, Porque LA LEY
NI SE PIDE NI SE RUEGA, Porque Es Obligación Darla En Atención Al
Desarrollo Del Art. 2 De Nuestra Carta Política, Que Consagra Los Fines
Esenciales Del Estado, Sentencia T-270/2.004, De La Corte Constitucional. Y
Como Magistradas que Están Llegando a La Cúspide que Todos Los Jueces
Desean, No Pueden Desconocer que La Ley Tiene Una Venda En Los Ojos,
Para No Ver a Quien Favorece Con Sus Decisiones.
Fundamentos de la demanda de tutela
6. Según el demandante, la sentencia del 10 de febrero de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico incurre en vía de hecho, y con ello, vulnera su
derecho fundamental al debido proceso, porque declaró la carencia de objeto por
hecho superado, sin que la empresa de servicios públicos TRIPLE A S.A. E.S.P.
corrigiera la facturación de los meses de marzo y mayo, como se le solicitó con
petición del 8 de octubre de 2025.
7. Del libelo inicial se infiere que la inconformidad del accionante reside en que la
autoridad judicial demandada haya tenido por satisfecho el derecho de petición, con
la expedición y notificación de los Oficios SECEXT14-2303-2025 y SECEXT14-
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02198-00
Accionante: Óscar Maldonado Miranda
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
2380-2025, los que, a juicio del interesado no resolvieron su solicitud de fondo, dado
que no corrigieron la facturación de los meses de marzo y mayo.
Trámite en primera instancia
8. Mediante auto del 20 de marzo de 20262, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra la Sala de Decisión Oral A del Tribunal
Administrativo del Atlántico y vinculó, en calidad de terceros con interés, 1, a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la sociedad Triple A S.A.
E.S.P. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
9. De igual forma, ordenó requerir al Juzgado Décimo Administrativo de
Barranquilla, con el fin de que remitiera copia digitalizada del expediente del proceso
de tutela con radicación núm. 08001-33-33-010-2025-00300-00/01.
Intervenciones
10. El Tribunal Administrativo del Atlántico3, a través de la magistrada ponente
de la decisión cuestionada, sostuvo que no se incurrió en la vía de hecho
reprochada por el accionante, y que la sentencia se profirió con observación del
debido proceso y valoración del material probatorio obrante en el expediente.
11. Agregó que la tutela no cumple con las exigencias de procedibilidad
establecidas para efectos de censurar providencias judiciales, por lo que a todas
luces, es improcedente.
12. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios4 adujo que carece
de legitimación en la causa por pasiva para atender las pretensiones de la demanda,
dado que no profirió la providencia censurada. En consecuencia, solicitó su
desvinculación.
13. En todo caso, señaló que no advierte vulneración alguna al derecho de petición
invocado por el accionante, y por ende, a su juicio, la acción de tutela deviene
improcedente.
14. La Empresa TRIPLE A S.A. E.S.P. pidió que se le desvincule de esta actuación,
dado que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la acción se
dirige contra un fallo de tutela que profirió el Tribunal Administrativo del Atlántico.
15. No obstante, precisó que la acción de tutela anterior, no se ejerció en su contra,
sino de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pese a lo cual, la
autoridad administrativa fue excluida del litigio por el juez de tutela, quien en primera
instancia amparó el derecho y ordenó a la empresa TRIPLE A S.A. E.S.P.
2 SAMAI, índice 4.
3SAMAI, índice 15, documento electrónico con certificado
799BFBD5E09BE93F 9AEDE0C833B9C678 78078C54C5D61796 AFC6A77AA6762760.
4 SAMAI, índice 15, documento electrónico con certificado 57A3F84C1D72495B
D9481800DD022B6E F9BEFF1103A9966F E1C96E0F3E9CC57.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02198-00
Accionante: Óscar Maldonado Miranda
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
16. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervinieron, pese a
que fue debidamente notificada del auto admisorio de la demanda5.
CONSIDERACIONES
Competencia
17. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
20196.
Problema jurídico y metodología de la decisión
18. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
19. Solo en el evento en que se cumplan tales exigencias, se analizará si se
encuentran configurados los defectos atribuidos a la providencia del 10 de febrero
de 2026 y si, por consiguiente, el Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró el
derecho fundamental al debido proceso de la accionante, al haber declarado la
carencia actual de objeto por hecho superado, dentro de la acción de tutela con
radicado núm. 08001-33-33-010-2025-00300-01.
20. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, de manera sucinta, la
Subsección reiterará el precedente constitucional sobre procedencia de tutela
contra providencias judiciales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
21. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20057, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
22. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar8: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
5Fueron notificados a las siguientes notificaciones electrónicas:
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co agencia@defensajuridica.gov.co, el 19 de marzo de
2026, tal como se puede observar en el índice 7 de SAMAI.
6 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
7 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
8 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02198-00
Accionante: Óscar Maldonado Miranda
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela9, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 10 o
los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo;
(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige
que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinta.
Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto
23. Legitimación en la causa. El señor Óscar Maldonado Miranda se encuentra
legitimado para interponer la acción de tutela, toda vez que es el titular de los
derechos que considera vulnerados, en su condición de accionante en el proceso
de tutela con radicado núm. 08001-33-33-010-2025-00300-01, en el marco del cual
se adoptó la decisión cuestionada.
24. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Tribunal Administrativo del Atlántico fue la autoridad judicial que profirió el fallo
del 10 de febrero de 2026 al que la parte actora atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales.
25. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la sociedad Triple A
S.A. E.S.P., fueron notificadas por su posible interés en las resultas del proceso,
pero no fungen como accionadas en esta litis.
26. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que la providencia cuestionada
fue proferida el 10 de febrero de 2026 y notificada el día 23 de febrero siguiente,
mientras que la solicitud de amparo se presentó el 17 de marzo de 2026. Este
término resulta razonable.
27. De la acción de tutela contra providencias dictadas en el marco de otro
proceso de la misma naturaleza. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627
del 1° de octubre 2015, unificó el criterio en relación con la procedencia excepcional
9 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
10 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02198-00
Accionante: Óscar Maldonado Miranda
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones adelantadas en una acción
de tutela. Al respecto, dijo lo siguiente:
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o
posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus
Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de
nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de
la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional,
cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que
la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación
de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso
de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en
la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a
los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de
tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de
desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional.
28. De lo anterior, se puede puntualizar que por regla general la acción de tutela no
procede contra un fallo de tutela. Sin embargo, existen tres excepciones en las que
sí es procedente la tutela contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos
de tutela:
➢ Contra la sentencia de tutela proferida por un juez, diferente a la Corte
Constitucional, siempre y cuando se demuestre que la nueva tutela no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02198-00
Accionante: Óscar Maldonado Miranda
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
decisión adoptada fue producto de una situación de fraude, y que no exista
otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
➢ Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que
puede consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a
los terceros que serían afectados con la decisión.
➢ Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de
proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato
29. En el caso de autos, el señor Óscar Maldonado Miranda cuestiona el fallo de
tutela proferido el 10 de febrero de 2026, por lo que estaríamos de cara al primer
escenario descrito.
30. Al respecto, se advierte que la sentencia cuestionada se profirió por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, con lo que se cumple la primera exigencia, puesto que
la autoridad judicial que profirió la providencia no es la Corte Constitucional.
31. Ahora bien, de la lectura de las piezas procesales obrantes en el expediente,
se descarta que la demanda de la referencia guarde identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada, habida consideración de que en el proceso
anterior se reprochó la omisión de la empresa TRIPLE A S.A. E.S.P. y de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios porque supuestamente no
respondieron oportunamente la petición instaurada por el señor Maldonado
Miranda, referente a la corrección de unos periodos de facturación; mientras que
en esta oportunidad, se cuestiona la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que al examinar la actuación adelantada, determinó
que la vulneración del derecho de petición cesó en el trámite de la acción y por
ende, declaró la carencia actual de objeto.
32. No obstante lo anterior, la solicitud de amparo de la referencia, deviene
improcedente, por cuanto, no se avizora actuación fraudulenta alguna, es más, la
parte actora ni siquiera hace mención a ello.
33. Recuérdese que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional «El fraude en las actuaciones procesales se presenta en aquellos
eventos en los que las partes o el juez usan el proceso con fines ilegales o dolosos y
con ello afectan los derechos de terceros y atentan contra el bien social de la
administración de justicia»11.
34. Asimismo, en palabras de la Alta Corporación «El estándar de prueba requerido
para dar por demostrada una situación de fraude es particularmente exigente.
El interesado en revertir fallos de tutela tiene el deber de aportar medios de pruebas
que demuestren con un alto grado de certeza, es decir, de manera “clara”, “cierta”,
“suficiente” y “coherente” que las decisiones cuestionadas son fraudulentas. El
11 Sentencia T-023 de 13 de febrero de 2023.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02198-00
Accionante: Óscar Maldonado Miranda
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
fraude puede probarse por medio de prueba directa o prueba indiciaria. Los indicios
de la situación de fraude deben ser graves, conducentes y trascendentes»12.
35. Si bien es cierto el accionante invoca una supuesta vía de hecho, también lo es
que cimenta su afirmación en el mero desacuerdo con la decisión acogida por la
Corporación accionada, porque considera que su derecho únicamente se
encontraría satisfecho en la medida en que la empresa de servicios públicos
atienda favorablemente su solicitud de corrección y reliquidación de las facturas
correspondientes a los meses de marzo y mayo. Afirmación de donde no es posible
inferir alguna situación fraudulenta que habilite el ejercicio de la acción
constitucional en contra del fallo de tutela cuestionado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
el señor Óscar Maldonado Miranda, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
12 Sentencias SU-627 de 2015, T-072 de 2018, T-073 de 2019 y T-322 de 2019.
8
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.