Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02200-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02200-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02200-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
4 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-02200-001
Accionante : Yobany Alexander Cabrera Gaviria
Accionado : Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
Vinculados : Carlos Andrés Naranjo Naranjo
Acción : Tutela
Tema : Nombramiento en provisionalidad de juez por licencia de la
titular
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por el señor Yobany Alexander Cabrera Gaviria contra el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Buga, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a cargos públicos, al
mérito y a la carrera administrativa.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora contra el acto administrativo objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente respecto de las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
2. El señor Yobany Alexander Cabrera Gaviria, quien actúa a nombre propio,
interpone el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a cargos
públicos, al mérito y a la carrera administrativa, presuntamente vulnerados por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.
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Expediente digital disponible en SAMAI.
Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-02200-00
Demandante: Yobany Alexander Cabrera Gaviria
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
3. Por consiguiente, solicita «[…] [dejar sin efectos] la Resolución No. 018 del 12 de febrero de
2026, mediante la cual se nombró en provisionalidad/encargo al Dr. Carlos Andrés Naranjo Naranjo.
[…] [dejar sin efectos] la Resolución No. 030 del 19 de febrero de 2026, que confirmó la decisión
anterior al desatar el recurso de reposición. […] [y] [que se ordene] al Tribunal realizar una nueva
valoración objetiva, comparativa y motivada de la hoja de vida del Dr. Naranjo y la del suscrito».
1.3 Hechos2.
4. El 28 de enero de 2026, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga publicó
una vacante temporal para el cargo de Juez Primero Penal Municipal de Palmira.
En vista de ello, el señor Yobany Alexander Cabrera Gaviria, empleado de carrera
administrativa en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Florencia, presentó su postulación.
5. Posteriormente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga expidió la
Resolución núm. 018 de 2026, mediante el cual, nombró en la referida vacante al
doctor Carlos Andrés Naranjo Naranjo. El 13 de febrero de 2026, el accionante
interpuso recurso de reposición contra el referido acto administrativo, en el que
argumentó una falta de apreciación objetiva de los criterios de selección, falsa
motivación y vulneración del principio de mérito.
6. Por consiguiente, el Tribunal Superior de Buga profirió la Resolución núm. 030
de 2026, mediante la cual, resolvió el recurso y confirmó su decisión inicial. Lo
anterior, con fundamento en que el accionante no acreditó la condición de servidor
de carrera del despacho con la vacante, ni integró el registro de elegibles para
proveer dicho cargo. En consecuencia, el Tribunal concluyó la inexistencia de una
situación de prelación legal en su favor.
7. El accionante manifiesta que el Tribunal accionado incurrió en una motivación
indebida, toda vez que, el candidato seleccionado, Carlos Andrés Naranjo Naranjo,
es empleado del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Buga y tampoco se encuentra en el registro de elegibles de dicho cargo, por lo
que se encontraban en igualdad de condiciones.
8. En virtud de lo anterior, señala que el Tribunal Superior de Buga omitió realizar
una valoración objetiva de los antecedentes de todos los aspirantes y efectuó una
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Demandante: Yobany Alexander Cabrera Gaviria
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selección directa, sin realizar un análisis comparativo de la experiencia y de los
estudios acreditados por él.
II. TRÁMITE PROCESAL
9. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, mediante auto del 24 de
marzo de 2026, admitió la acción de tutela. En dicha decisión, se ordenó notificar
al Tribunal Superior del Distrito de Buga y vincular como tercero con interés al señor
Carlos Andrés Naranjo Naranjo.
2.1 Contestaciones de la acción
2.1.1 El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga3 solicitó la declaratoria
de improcedencia o la negación de las pretensiones y declarar la carencia actual
de objeto por hecho sobreviniente. Para fundamentar su postura, argumentó que
las resoluciones 018 y 030 de 2026 gozan de presunción de legalidad, por lo que,
la jurisdicción contencioso-administrativa constituye la vía judicial idónea para
controvertir dichos actos. Por otro lado, la corporación señaló que el encargo del
doctor Carlos Andrés Naranjo Naranjo abarcó el periodo comprendido entre el 6 y
el 27 de marzo de 2026, por lo que habría operado la figura de la carencia actual
de objeto por hecho sobreviniente.
Sobre el fondo del asunto, la autoridad judicial defendió su actuación con estricto
apego a la Ley 2430 de 2024, en tanto, la convocatoria pública se dirigió
exclusivamente a los empleados de carrera del Juzgado Primero Penal Municipal
de Palmira y a los integrantes del registro de elegibles. Finalmente, el tribunal aclaró
que el trámite para proveer vacantes temporales no operó como un concurso
público de méritos, sino como aplicación de la normativa contenida en la Ley 270
de 1996 sobre la materia.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
10. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
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Índice 10 en el expediente judicial de primera instancia en SAMAI.
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2017 y 333 de 2021.
3.2 La acción
11. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada
por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021, fue establecida como un mecanismo directo y expedito para la protección
de los derechos constitucionales fundamentales. Dicha acción de amparo permite
a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos
fundamentales cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción
o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no
se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un
daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico.
12. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela promovida por el
accionante satisface los requisitos de procedibilidad. En el evento de superarse
este análisis, se deberá establecer si el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Buga vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
acceso a cargos públicos, al mérito y a la carrera administrativa del peticionario.
3.4 Subsidiariedad de la acción de tutela
13. El principio de subsidiariedad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de
la Constitución, que establece: «esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable». En este orden de ideas, si existen otros mecanismos de
defensa judicial más eficaces para la protección reclamada, debe recurrirse a ellos
antes de solicitar el amparo por vía de tutela. Con dicha regla, el constituyente
buscó que esta acción no desplazara los mecanismos específicos de defensa
previstos en la regulación común correspondiente.4
14. Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de
buscar la protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones
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Ver sentencia T-680 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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administrativas o judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso
específico.5 Esto porque, la tutela no es un mecanismo alternativo que remplace
los mecanismos ordinarios de defensa o que permita adoptar decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia.6
15. En consecuencia, ha manifestado la Corte Constitucional que «[…] de perderse de
vista el carácter subsidiario de la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su
obrar a la protección de los derechos fundamentales, sino que se convertiría en una instancia de
decisión de conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción
de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la función del
juez de amparo».7
16. No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los derechos
del afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no
es idóneo o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a, la
inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la
eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual, la Carta prevé la
procedencia excepcional de la tutela.
17. El primer evento se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la
respectiva controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no
permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución
pronta, por lo que la normativa admite que la acción de tutela proceda
excepcionalmente. El requisito de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a
la luz del principio según el cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización
de los derechos sobre las consideraciones de índole formal8.
18. La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso
concreto, considerando las características procesales del mecanismo, las
circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa
5
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de
los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
6
Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Pretelt Chaljub.
7
Cfr. Sentencia T-406 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8
Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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que, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando
salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado9.
19. En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que,
cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un
medio judicial ordinario, es preciso demostrar que, la intervención del juez
constitucional es necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Tal perjuicio irremediable se caracteriza «(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una
amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas
que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de
tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo
en toda su integridad»10.
3.5 Solución al caso concreto
20. El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; sin embargo, no
debe perderse de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y
sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial,
economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente residual y
subsidiario, es decir que únicamente procede en aquellos eventos en que no exista
un instrumento constitucional o legal diferente que permita solicitar ante los jueces
la protección de los derechos, salvo que se pretenda evitar que se cause de un
perjuicio irremediable.
21. De acuerdo con la sentencia SU-026 del 2021 de la Corte Constitucional11 y ante
la naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que
quien requiere el amparo de un derecho constitucional fundamental, «[…] [haya]
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable».
22. La jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela no resulta
procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección de
los derechos; sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras herramientas
9
Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
10
Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
11
M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
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jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser suficientemente eficaces
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable; de lo contrario, la acción de
tutela procede de manera transitoria12.
23. La inconformidad del accionante radica en la Resolución núm. 018 del 12 de
febrero de 2026, mediante la cual, la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga, designó a Carlos Andrés Naranjo Naranjo en el cargo de Juez
Primero Penal Municipal con función de conocimiento de Palmira, Valle del Cauca,
entre el 6 y el 27 de marzo de 2026.
24. Al respecto, la Sala debe señalar que, el accionante podía acudir al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
CPACA para cuestionar la legalidad de la Resolución núm. 018 del 12 de febrero
de 2026, proceso dentro del cual, puede solicitar el decreto de medidas
provisionales, de considerarlo pertinente.
25. Si bien es cierto que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional 13, «las
normas procesales sirven como medio para hacer efectivo el derecho sustancial» , este principio
no autoriza el desconocimiento de las reglas del procedimiento, por el contrario, la
efectividad del derecho sustancial en el Estado Social de Derecho depende de que
los ciudadanos utilicen los canales legales establecidos para defender sus
derechos fundamentales.
26. En consecuencia, comoquiera que el accionante tiene a su alcance otros
mecanismos de defensa para controvertir la legalidad de la resolución que
cuestiona a través de la presente acción de tutela, esta resulta improcedente por
no acreditar el requisito de subsidiariedad, lo que impide analizar el fondo del
asunto.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
12
Corte Constitucional, sentencia C 132 del 2018.
13
En concreto la Sentencia T 1306 de 2001.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2026-02200-00
Demandante: Yobany Alexander Cabrera Gaviria
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional
presentada por Yobany Alexander Cabrera Gaviria, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito,
en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
8
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