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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02201-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02201-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Ángel Yair Miranda Perdomo, quien actúa por conducto de apoderado judicial. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02201-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02201-00
Accionante: ÁNGEL YAIR MIRANDA PERDOMO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con pretensiones de índole laboral en
contratos de prestación de servicios. Incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Ángel Yair Miranda Perdomo, quien actúa por intermedio de
apoderado judicial, contra la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 17 de marzo de 2026, la parte accionante acudió al juez constitucional con el fin
de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, igualdad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, que
considera vulnerados por la autoridad judicial accionada con ocasión de la
sentencia proferida el 12 de febrero de 2026.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

(Sic a todo) “PRIMERO: TUTELAR los derechos Fundamentales de ANGEL YAIR
MIRANDA PERDOMO al debido proceso, al acceso a la justicia, a la tutela judicial
efectiva, a la igualdad y a la seguridad jurídica, vulnerados con ocasión de los hechos
antes narrados.

SEGUNDO: REVOCAR y/o dejar sin efecto parcialmente y en lo desfavorable la
sentencia de segundo grado del 12 de febrero de 2026 emanada del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda, Subsección D, integrada por los H.
Magistrados: ISRAEL SOLER PEDROZA; ALBA LUCIA BECERRA AVELLA y,
CERVELEON PADILLA LINARES; para en su lugar DISPONER que se profiera una
nueva sentencia de segunda instancia, en el término improrrogable de treinta (30) días,
en la que:

(i) Se acceda a la pretensión de la condena por despido injusto, en los términos
solicitados en la apelación formulada a nombre del actor, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho de ANGEL YAIR MIRANDA PERDOMO contra
el CANAL CAPITAL, con radicado: 110013335011202300133 01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02201-00
Accionante: Ángel Yair Miranda Perdomo

(ii) Se acceda a la pretensión de la condena por los salarios de mora (art. 1º Dto.
797/49) en los términos solicitados en la apelación formulada a nombre del actor,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de ANGEL YAIR
MIRANDA PERDOMO contra el CANAL CAPITAL con radicado:
110013335011202300133 01.

(iii) Se acceda a pretensión de la indemnización por la falta de pago de las cesantías
en los términos solicitados en la apelación formulada a nombre del actor, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de ANGEL YAIR MIRANDA
PERDOMO contra el CANAL CAPITAL con radicado: 110013335011202300133 01”.

2. Hechos

De la lectura de la demanda de tutela y de las piezas procesales obrantes en el
expediente, se destacan los siguientes hechos relevantes:

El señor Ángel Yair Miranda Perdomo presentó demanda ordinaria laboral contra el
Canal Capital, tendiente al reconocimiento de una relación laboral -contrato
realidad- que como trabajador oficial le correspondía, conforme a la ejecución de
contratos de prestación de servicios ejecutados.

La demanda inicialmente fue admitida por el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito
de Bogotá, bajo radicado 2021-00570, sin embargo, conforme a lo dispuesto en el
Auto A-492 de 2021 emanado de la Corte Constitucional, el citado despacho judicial
declaró la falta de jurisdicción y competencia para conocer del proceso y, en
consecuencia, lo remitió al reparto de los juzgados administrativos de Bogotá.

El expediente se repartió al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bogotá1,
despacho que dictó sentencia de 11 de marzo de 2025, a través de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en tanto ordenó: i) el
reconocimiento de las prestaciones sociales ordinarias liquidadas con base en los
honorarios pactados; ii) el pago de los aportes pensionales faltantes, en el
porcentaje respectivo a cargo del empleador y iii) declaró la prescripción respecto
de las prestaciones causadas con anterioridad al 23 de enero de 2007. A su turno,
negó las pretensiones relativas al i) reconocimiento de la sanción moratoria por no
pago de cesantías, ii) a la indemnización por despido injusto y iii) al pago de los
salarios de mora2.

Las partes apelaron la sentencia, trámite que se adelantó ante la Subsección D de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que por
sentencia de 12 de febrero de 2026, confirmó parcialmente la decisión, en los
siguientes términos:

“PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Para claridad de la sentencia, los ordinales PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO y
QUINTO de la parte resolutiva de la sentencia apelada, quedarán así:

1 Despacho que le asignó el radicado núm. 110013335011202300133 01
2 En lo que interesa al objeto de la tutela, la Sala encuentra que el Juzgado Once Administrativo del Circuito de

Bogotá, negó el reconocimiento de la sanción moratoria por no pago de cesantías, porque la obligación de pago
surge a partir de la declaración que se hace en la sentencia. La indemnización por despido sin justa causa
también la negó, en razón a que consideró que los pagos a que tenía derecho el actor se limitaban a las
prestaciones sociales. Finalmente, la mora de salarios tampoco fue reconocida porque no se demostró la mala
fe de la entidad.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02201-00
Accionante: Ángel Yair Miranda Perdomo

Primero: Declarar probada la excepción de prescripción de las prestaciones sociales correspondientes al
periodo comprendido entre el 19 de enero de 2000 y el 2 de mayo de 2001.

Segundo: Declarar la nulidad del oficio 1679 de 27 de septiembre de 2021, suscrito por la Secretaría
general de Canal Capital, por medio del cual se negó la existencia de una relación laboral y el pago de
prestaciones sociales al señor Ángel Yair Miranda Perdomo identificado con la cédula de ciudadanía
número 79.664.655, mediante el cual se resolvió en sentido negativo la reclamación.

(…)

Cuarto: Como consecuencia de la declaración anterior, y a título de restablecimiento del derecho se
condena al Canal Capital a reconocer y pagar al señor Ángel Yair Miranda Perdomo, el valor equivalente
a las prestaciones sociales comunes de un empleado público de la entidad, durante el periodo que prestó
sus servicios (6 de febrero de 2004 al 21 de junio de 2021), descontando los periodos de interrupción de
los contratos, liquidadas con base en los honorarios pactados en cada uno de ellos, de conformidad con lo
señalado en la parte motiva de esta decisión. Sumas que serán ajustadas conforme a lo expuesto.

Quinto: CONDENAR a CANAL CAPITAL a calcular si existen diferencias entre los aportes realizados mes
a mes por el contratista, del 19 de junio de 2000 al 2 de mayo de 2001 y desde el 6 de febrero de 2004
hasta el 21 de junio de 2021, con sus correspondientes interrupciones y los que se debieron efectuar en
calidad de empleador, teniendo en cuenta los honorarios pactados en cada uno de los contratos de
prestación de servicios, debiendo para ello cotizar al respectivo régimen la suma que resultare faltante por
concepto de aportes a pensión, debidamente indexada, de conformidad con lo señalado en la parte motiva
de esta decisión, siendo necesario que la parte actora acredite las cotizaciones efectuadas, y en caso de
que exista diferencia o no se hubieran realizado, deberá asumir el porcentaje correspondiente,
debidamente indexado.

TERCERO: Mantener incólume los demás ordinales de la parte resolutiva de la decisión de primera
instancia (...)”.

Para el efecto, el Tribunal encontró que efectivamente con el material probatorio
obrante en el proceso se acreditaron los elementos de una relación laboral, esto es,
i) la realización personal de trabajo, ii) la remuneración y iii) la subordinación y que
tal circunstancia no fue desvirtuada por la parte demandada.

En relación con los aspectos desfavorables a la parte accionante, el Tribunal
sostuvo que, no se demostró que Canal Capital hubiera actuado con la intención de
defraudar los derechos laborales del accionante. Luego, frente a la pretendida
indemnización por despido injusto, explicó que no se debe acceder, en razón a que
el demandante no fue trabajador oficial ni adquirió tal condición con la declaración
de la existencia de la relación laboral.

A su turno frente a la solicitud de salarios en mora, el ad quem sostuvo que la
denominada sanción moratoria establecida en el artículo 1 del Decreto 797 de 1949,
de acuerdo a la jurisprudencia del Corte Suprema de Justicia, no es
automáticamente aplicable, ya que corresponde al juez el análisis de las pruebas
obrantes para determinar si existió buena fe del empleador y que para el caso
concreto no se demostró la intención de la entidad de defraudar al accionante
puesto que en la justificación de cada contrato se estableció que sería para dar
cumplimiento al objeto social de la entidad demandada y le fueron cancelados los
honorarios correspondientes. Finalmente, frente a la indemnización por no pago
cesantías, se reiteró que solo a partir de la sentencia que declaró la existencia de la
relación laboral es que se tiene certeza o claridad de tal obligación, por tanto, el
plazo para las consignaciones de esas prestaciones debe realizarse a partir de la
ejecutoria de su declaratoria en la sentencia.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora se refirió al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y que la decisión cuestionada

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Accionante: Ángel Yair Miranda Perdomo

desconoció los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, igualdad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica.

Mencionó que la autoridad judicial demandada al considerar “que en el presente
caso no se demostró que el Canal Capital hubiera actuado con la intención de
defraudar los derechos laborales del accionante”, incurrió en defecto sustantivo,
pues respecto al no reconocimiento de los salarios en mora: i) se valió de la analogía
juris al citar la sentencia SL-4076 – 2017 (rad. 49.721) de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y por tanto debió interpretar en su
integridad el citado fallo, pero en su lugar la inobservó y, por el contrario, le dio un
alcance diferente al consagrado en la misma dejando de lado la posibilidad de
extraer el principio que le permitiera resolver el caso; ii) no estudió ni se pronunció
sobre el material probatorio obrante existiendo testimonios, documentos e indicios,
con los cuales se debía valorar negativamente la conducta del empleador y iii)
invirtió la carga de la prueba endilgando a la parte actora la falta de demostración
de la intención de defraudar los derechos reclamados.

El actor citó la sentencia C-285 de 2015 de la Corte Constitucional, para precisar
que cuando la autoridad judicial hace uso de la analogía juris o de la analogía legis,
en realidad está aplicando la ley.

Asimismo, expuso que respecto a la condena por salarios en mora se configuró un
defecto fáctico, por cuanto el Tribunal omitió analizar la totalidad de las pruebas
directas allegadas y las indirectas que surgieron del proceso, de manera específica
no consideró los Estatutos de Canal Capital (Acuerdo núm. 005 de 2010 artículo 34)
en donde se establece que todas las personas que prestan sus servicios a la
sociedad, son trabajadores oficiales sometidos al régimen propio de estos
servidores, salvo las excepciones de los funcionarios de dirección confianza y
manejo que son empleados públicos.

A su turno, tampoco valoró los restantes contratos núm. 25 de 2004, 002 de 2001,
068 de 2007, 187 de 2008, 050 de 2011, 069 de 2013 y el certificado de
disponibilidad presupuestal del 116 de 2004, en donde se demuestra la necesidad
de contratar al accionante como editor y que además se tenían jornadas de trabajo
como la establecida en el 002 de 2001 ya citado. Por último, argumentó que la
accionada no cumplió con el deber consagrado en el artículo 242 del Código
General del Proceso3 respecto a valorar en su conjunto los indicios y para ello
mencionó los de equivalencia de funciones, permanencia por 17 años, asesoría y
culpa grave, negligencia y culpa lata. A su juicio, estas pruebas habrían apoyado el
argumento referente a que la empresa demandada sí tendría una conducta indebida
y continuada constitutiva de mala fe.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, en tanto respecto a las decisiones de negar el pago de salarios
en mora, despido injustificado y condena al pago de cesantías, la sentencia
tergiversó el contenido de la jurisprudencia del Consejo de Estado en el radicado
81001-23-33-000-2012-00020-01 (0316-14), del 4 de febrero de 2016, al hacer
extensivo un presupuesto predicado respecto de un empleado público, para
extrapolarlo a un trabajador oficial, desconociendo la profunda diferencia existente
entre uno y otro régimen.

3 Por expresa remisión del artículo 211 del CPACA.

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Finalmente, indicó que conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia4, los fallos sobre contrato realidad de trabajadores oficiales tienen efectos
ex tunc y no ex nunc, como se consideró, pues de aceptar tal decisión se desconoce
los artículos 53 de la Constitución Política y 2 al 3 del Decreto 2127 de 1945.

4. Trámite procesal

Por auto de 20 de marzo de 2026, el despacho del magistrado sustanciador admitió
la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante
y a la autoridad judicial accionada -Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-. De igual modo, al Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Bogotá y a la sociedad pública Canal Capital, como
terceros interesados en el resultado del proceso. Finalmente, a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del
Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas el 24
de marzo de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bogotá

El titular del despacho remitió el enlace para acceder al expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 11001333501120230013301, sin referirse a los
hechos y pretensiones de la acción de tutela.

5.2. Respuesta de Canal Capital

Esa entidad a través de su jefe de oficina jurídica encargado solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, toda vez que no se vulneraron los derechos del
accionante. Argumentó que en el asunto objeto de análisis, la providencia judicial
cuestionada se enmarca dentro de los límites de dicha autonomía, sin que se
evidencie desconocimiento del debido proceso ni vulneración de derecho
fundamental alguno.

Reiteró que la acción de tutela no está concebida como un mecanismo para reabrir
debates probatorios o jurídicos ya resueltos por el juez natural, ni para sustituir su
criterio por el del juez constitucional, sino como un instrumento excepcional para
corregir actuaciones manifiestamente arbitrarias, lo cual no ocurre en el presente
caso.

De manera específica sobre los puntos cuestionados, argumentó que frente a la
sanción por no pago de cesantías, la indemnización por despido injusto y el pago
de salarios en mora fueron negadas por el Tribunal accionado en razón a la
ausencia de certeza previa de la obligación y en que solo a partir de la declaratoria
del juez de la existencia del vínculo laboral se harían exigibles tales obligaciones.

5.3 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a pesar de haber sido
notificado en debida forma, guardó silencio.

4 Citó la sentencia SL- CSJ- 3169-2014 marzo 112/2014. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada por el señor
Ángel Yair Miranda Perdomo es procedente, de conformidad con los requisitos
generales cuando se cuestiona una providencia judicial y, en caso afirmativo, si la
autoridad judicial demandada incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y por
desconocimiento del precedente judicial.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones5.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20056, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional7.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala8, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

5
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
7
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
8
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de
incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos
que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Ángel Yair Miranda Perdomo, quien actúa por intermedio de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección D de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar que la sentencia de 12
de febrero de 2026, en la que se confirmó parcialmente la decisión favorable de
primera instancia, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento
del precedente judicial.

Al respecto, indicó que la decisión de negar las pretensiones de pago de salarios en
mora, indemnización por despido injustificado y condena al pago de cesantías,
vulneró sus derechos fundamentales, dio un alcance diferente al consagrado en la
sentencia que SL-4076 – 2017 (rad. 49.721) de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, y sin dar razones válidas sostuvo que no se demostró
que la entidad demandada tuvo la intención de defraudar al trabajador. Igualmente
manifestó que no se valoraron en su totalidad las pruebas directas allegadas al
proceso ni las indirectas o indicios que surgieron en el mismo. A su juicio, estas

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pruebas habrían apoyado el argumento referente a que la empresa demandada si
tendría una conducta indebida y continuada constitutiva de mala fe.

Además, sostuvo que con las tres determinaciones de negar el pago de salarios en
mora, despido injustificado y condena al pago de cesantías, se incurrió en
tergiversación del contenido de la jurisprudencia del Consejo de Estado en el
radicado 81001-23-33-000-2012-00020-01 (0316-14) de 4 de febrero de 2016, al
hacer extensivo un presupuesto aplicable a un empleado público para extrapolarlo
a un trabajador oficial, desconociendo la profunda diferencia existente entre uno y
otro régimen.

Del análisis de los argumentos que soportan los defectos alegados, la Sala advierte
que no se presenta un verdadero y genuino debate constitucional, en tanto lo que
se evidencia es un desacuerdo con el pronunciamiento del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca al resolver el recurso de apelación que interpuso la parte
demandante contra la sentencia de primera instancia, por lo que en el caso se
incumple el requisito de relevancia constitucional, en tanto se está utilizando la
acción de tutela con el fin de dar continuación al debate, respecto de lo desfavorable
para el actor en el proceso ordinario, lo que ya fue zanjado por el juez natural del
asunto.

En efecto, la Sala observa del expediente allegado como prueba que, en virtud del
Auto A492 de 2021, la parte demandante adecuó la demanda presentada al medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la sociedad Canal
Capital, en la que solicitó la nulidad del acto administrativo contenido en la
comunicación de fecha 2 de noviembre de 2021, con radicado interno núm. 1679
del 27 de septiembre de 2021, radicado general núm.1185, por la cual se desestimó
el reconocimiento de una relación contractual laboral oficial y el pago de las
prestaciones sociales, sanciones moratorias, aportes pensionales y demás
derechos sociales derivados de la misma. Asimismo, como consecuencia de las
pretensiones declarativas anteriores solicitó que se condenara a título de
restablecimiento del derecho a pagar al demandante los derechos, prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar.

El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Once Administrativo del Circuito de
Bogotá, bajo el radicado núm. 11001-33-35-011-2023-00133-00, que profirió
sentencia el 11 de marzo de 2025, en la que resolvió acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda, al declarar la existencia de una relación laboral entre
las partes, y ordenó: i) el reconocimiento de las prestaciones sociales ordinarias
liquidadas con base en los honorarios pactados; ii) el pago de los aportes
pensionales faltantes, en el porcentaje respectivo a cargo del empleador y iii)
declaró la prescripción respecto de las prestaciones causadas con anterioridad al
23 de enero de 2007. A su turno negó las pretensiones relativas al i) reconocimiento
de la sanción moratoria por no pago de cesantías, ii) a la indemnización por despido
injusto y iii) al pago de los salarios de mora.

Contra la anterior decisión, y para efectos de esta tutela, el accionante interpuso
recurso de apelación frente a lo desfavorable, por considerar que el juez de primera
instancia como consecuencia de haber declarado la existencia de contrato realidad,
debió también acceder a las condenas de pago por despido indexada, el pago de
salarios en mora y la falta de consignación de cesantías correspondientes,
solicitando así que se revocara la sentencia en lo que resultó adverso a sus

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intereses y, en su lugar, se ordenara el pago en la forma en que fue peticionado en
la demanda.

En particular, consideró que pese a haberse declarado la existencia de un contrato
realidad, el juez omitió reconocer las indemnizaciones derivadas de dicha relación
laboral con efectos ex tunc. Sostuvo que, al develarse la verdadera naturaleza del
vínculo, debían aplicarse todas sus consecuencias jurídicas con efectos
retroactivos, de manera que la terminación del mismo debía entenderse como un
despido sin justa causa, lo que hacía procedente el reconocimiento de las
indemnizaciones correspondientes.

Frente a los salarios moratorios sostuvo que se configuraba la mala fe del
empleador, evidenciada en la utilización reiterada de figuras contractuales para
ocultar relaciones laborales reales, así como en antecedentes judiciales similares,
lo que obligaba a imponer la sanción por mora en el pago de prestaciones.

Finalmente, en relación con la indemnización por falta de consignación de
cesantías, argumentó que también se encontraba acreditada la mala fe contractual
de la entidad, por lo que no resultaba discrecional negar su reconocimiento, ya que
ello impedía el restablecimiento integral de los derechos del trabajador. De igual
modo, reprochó que el a quo no tuvo en cuenta elementos probatorios relevantes
para concluir la inexistencia de mala fe, al realizar un “incipiente juicio de valor” y
omitir la valoración de antecedentes judiciales, la reiteración de prácticas de
encubrimiento laboral y el contexto normativo y disciplinario aplicable, lo que
condujo a negar indebidamente las condenas.

El recurso de apelación fue desatado por la Subsección D de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 12 de febrero
de 2026, en la que se confirmó parcialmente la decisión del a quo y aclaró los
ordinales primero, segundo, cuarto y quinto de la parte resolutiva, con fundamento
en las siguientes consideraciones:

“(…) La apelación de la parte demandante

Solicitó la indemnización por despido injustificado, porque considera que la desvinculación del
trabajador oficial debe ser entendida como un despido sin justa causa. La Sala no accederá
al reconocimiento y pago de la indemnización por despido injusto, en razón a que no fue
trabajador oficial y no adquiere tal condición con la declaración de existencia de la relación
laboral que le fue reconocida.

También pidió el reconocimiento de los salarios en mora, en la forma establecida en el
artículo 1º del Decreto 797 de 1949. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia explicó:

Frente a tal temática, la jurisprudencia tiene sentado desde antaño, que la
sanción moratoria prevista en el artículo 1 del Decreto 797 de 1949 no es de
aplicación automática e inexorable, ya que el juez tiene el deber de estudiar
las pruebas incorporadas al proceso a fin de establecer si la conducta del
empleador estuvo o no justificada, al punto que el examen fáctico permitirá
establecer si la omisión o pago tardío de acreencias laborales, estuvo o no
asistido de la buena fe, pues de estar justificados en razones serias y
atendibles, debidamente acreditadas en el proceso, que indiquen, sin lugar a
dudas, que no hubo intención de defraudar al trabajador y que se obró con
buena fe, no procede la aplicación de la sanción contemplada en dicha norma.

En el presente caso, para la Sala no se demostró que Canal Capital hubiera actuado con la
intención de defraudar los derechos laborales del accionante. En efecto, como quedó
consignado en las justificaciones de cada contrato, la finalidad fue el cumplimiento de

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actividades propias del objeto social de la entidad y durante toda la vinculación le fueron
cancelados los honorarios pactados al actor. Asimismo, solamente hasta la presente sentencia
se tiene certeza en cuanto a la naturaleza laboral de la vinculación del actor, por lo que hasta
este momento surge la obligación de pagar las prestaciones y demás derechos, es decir, que
antes la parte demandada consideraba válidamente que solo debía cancelar los honorarios,
lo cual no fue negado ni reclamado por el actor. Finalmente, la condena por hechos similares
no demuestra mala fe de la entidad; además, los expedientes citados en el recurso no se
allegaron como prueba a este proceso. Por lo anterior, tampoco se accederá a esta solicitud.

Finalmente, no es posible acceder a la indemnización por falta de pago de cesantías,
porque a partir de la presente sentencia que reconoce la existencia de un vínculo laboral es
que se tiene claridad sobre la obligación debida, y por ende, no se puede afirmar que exista
mora en el cumplimiento de las obligaciones laborales, como lo pretende el accionante. De
ahí que a partir de su ejecutoria es que se cuenta el plazo legal para la consignación de las
prestaciones adeudadas.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, con ponencia de la Dra. SANDRA LISSET IBARRA
VÉLEZ, Radicado 41001-23-33-000-2012-00041-00(3308-13), en proveído del seis (6) de
octubre de dos mil dieciséis (2016), señaló:

(…) De otra parte, el actor manifiesta su inconformidad en cuanto a la negación
de la sanción moratoria, para lo cual, alega que si bien tal aspiración ha venido
siendo negada por esta jurisdicción con el argumento de que la exigibilidad de
tal derecho se da a partir de la sentencia que los reconoce, lo cierto es que esa
interpretación puede ser variada para beneficiar los intereses del trabajador en
virtud del principio de favorabilidad.

En ese sentido, la sanción se causa cuando existe mora en el pago de las
cesantías definitivas o parciales de los trabajadores, es decir, que tal
derecho prestacional no está en discusión. Dicho de otra manera, el aludido
auxilio no es objeto de controversia por existir certeza sobre su causación y
por ende, reconocimiento y pago, circunstancia que no se registra en asuntos
como el aquí debatido, en el que, precisamente, el demandante pretende le
sea reconocida bajo la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre
las formalidades, la existencia de una verdadera relación laboral, por lo que
es a partir de la presente sentencia que le surge al actor el derecho
prestacional a las cesantías (Destacado de la Sala). (…)”.

Conforme a lo anterior, la Sala advierte que los argumentos expuestos por la parte
accionante buscan reabrir y continuar el debate jurídico ya planteado y resuelto
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto de
lo que fue objeto de apelación por la parte actora, promovido para que se le
reconociera la existencia de una relación laboral entre el demandante y la sociedad
Canal Capital, así como sus correspondientes emolumentos prestacionales.

En efecto, del escrito de tutela se advierte que la parte accionante sostiene que la
autoridad judicial incurrió en defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del
precedente judicial.

Sin embargo, la Sala considera que desde la demanda el actor alegó que el
demandado -Canal Capital- actuó de mala fe para lo cual, adujo a lo largo del
proceso ordinario que ello se evidenciaba en condenas anteriores -de otros casos
en los que fungió como apoderado-, e insistió en el reconocimiento de efectos ex
tunc de la declaratoria de la relación laboral, aspectos que como se evidencia fueron
resueltos en ambas instancias por los jueces naturales. De ahí que, frente a estos
argumentos, la acción de tutela no supera el requisito de relevancia constitucional
pues se no puede convertirse en una instancia adicional para continuar con el
debate.

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Ahora bien, en lo atinente al alegado defecto fáctico por indebida valoración
probatoria, se advierte que el Tribunal confirmó la decisión del a quo en aquello que
resultó desfavorable al actor, acogiendo sustancialmente las mismas razones
expuestas por el juez de primera instancia. Sin embargo, al examinar el recurso de
apelación no se evidencia que el interesado hubiere solicitado de manera concreta
y específica la valoración de las pruebas que ahora invoca, con el propósito de
desvirtuar la decisión adoptada en el proceso ordinario. En consecuencia, resulta
improcedente que, en sede de tutela, se introduzcan argumentos o
cuestionamientos probatorios que no fueron oportunamente planteados en las
instancias ordinarias, pues ello desnaturaliza el carácter subsidiario y residual de
este mecanismo constitucional.

Finalmente, en lo que tiene que ver con la indebida aplicación de la sentencia de la
Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado
que rotuló bajo el defecto de desconocimiento del precedente judicial, la Sala
avizora que lo usa para insistir en el debate relativo al reconocimiento de los efectos
ex tunc de la relación laboral y el pago de las indemnizaciones que le fueron
negadas, razón por la cual no supera, tampoco, el requisito de relevancia
constitucional.

Así las cosas, se reitera que la vulneración que la accionante pretende alegar por la
vía constitucional no se enmarca en una verdadera afectación de derechos
fundamentales atribuible a la providencia judicial objeto de reproche, sino en su
insistencia por controvertir nuevamente la negativa al pago de indemnización por
despido, de salarios en mora y pago de cesantías, ya examinados por los jueces
naturales.

En ese orden de ideas, se evidencia que existen similitudes en los reproches que
se desarrollaron en el curso del proceso ordinario, particularmente en el recurso de
apelación que presentó la parte actora, y los argumentos que se plantean en el
escrito de tutela. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-573
de 20199, estableció que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber:
“(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en
una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces”10 (Negrilla de la Sala)

En la sentencia SU-215 de 202211, recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que
“la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que
“la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos (fundamentales) y no a problemas de carácter legal”.

9
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
10
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
11
M.P. Natalia Ángel Cabo.

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A su vez, en sentencia SU-451 de 202412, la Corte Constitucional enfatizó que la
“tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección
del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, igualdad, tutela judicial
efectiva y el principio de seguridad jurídica, en este caso, con claro desconocimiento
del presupuesto general de relevancia constitucional, por lo que procede declarar
su improcedencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Ángel
Yair Miranda Perdomo, quien actúa por conducto de apoderado judicial.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

12
M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.

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