Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02202-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02202-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02202-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
21 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02202-00
Demandante: Federico Guillermo Rodríguez Palomino y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02202-00
Demandante: Federico Guillermo Rodríguez Palomino y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C
Tema: Tutela contra providencia judicial – reparación directa. Requisitos
generales de procedencia. Inmediatez.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada, por conducto de apoderado, por los
señores Federico Guillermo Rodríguez Palomino, Irma Isabel Palomino Arteaga,
Paulino Rodríguez Palomino, María Carolina Rodríguez Palomino, Maribel Ibet de la
Rosa Vásquez – quien actúa además en representación del menor N.R.R. –; Layla
Marcela Rodríguez de la Rosa y Paula Andrea Rodríguez de la Rosa contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C, de conformidad con lo establecido en el
artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 17 de marzo de 2026, la parte actora interpuso acción de tutela contra la citada
autoridad judicial, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:
1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, conforme al artículo 29 de
la C.N.-
2. AMPARAR el derecho fundamental de acceso a la justicia conforme al artículo 229 de
la C.N.
3. Dejar sin efecto la providencia proferida en segunda instancia proferida (sic) por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – SECCIÓN “C”, en cuanto a que
revocó el fallo del 17 de junio del 2025 proferido por el juzgado SEXTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA y por ende negó las
pretensiones de la demanda.
4. Ordénese al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – SECCIÓN “C”, para
que en el término que el despacho estime necesario profiera nueva decisión.
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
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Demandante: Federico Guillermo Rodríguez Palomino y otros
La situación que da origen al medio de control
El 8 de diciembre de 2008, la SIJIN, en desarrollo de un operativo, el Aeropuerto
Internacional Ernesto Cortissoz decomisó unos estupefacientes encontrados en la
aeronave HK-1249, ubicada en el hangar.
En esa fecha, a las 18:00 horas, el señor Federico Guillermo Rodríguez Palomino llegó
a cumplir con su turno en el citado aeropuerto, como controlador de torre de la
Aeronáutica Civil.
El 6 de febrero de 2013, como consecuencia de un plan metodológico, la Fiscalía
capturó a varios presuntos implicados en los delitos de concierto para delinquir y
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravados, entre los que se encontraba
el señor Rodríguez Palomino. El juez penal con función de garantías le impuso a todos
los indiciados medida de aseguramiento de detención preventiva, en la penitenciaría
del Bosque en Barranquilla.
Posteriormente, el 23 de julio de 2013, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con
función de control de garantías, se celebró audiencia de revocatoria de medida de
aseguramiento, en la que se demostró que el señor Rodríguez Palomino no tenía
ninguna responsabilidad en los hechos y el juzgado revocó la medida y ordenó la
libertad el 25 de julio de 2013.
El 19 de noviembre de 2019, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de
Barranquilla celebró audiencia en la que decretó la preclusión de la investigación
iniciada contra el señor Rodríguez Palomino al no haberse desvirtuado la presunción
de inocencia.
El medio de control de reparación directa
El señor Federico Guillermo Rodríguez Palomino, junto con sus familiares cercanos,
(compañera permanente, hijas, madre y hermanos), promovió el medio de control de
reparación directa contra la Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se
declarara la responsabilidad por los daños y perjuicios materiales y morales causados
por la privación injusta de la libertad que sufrió entre el 6 de febrero y el 30 de julio de
2013.
Al proceso se le asignó el radicado 08001-33-33-006-2022-00045-00 y el Juzgado
Sexto Administrativo de Oralidad de Barranquilla, en sentencia de 17 de junio de 2025,
declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por el daño antijurídico ocasionado al
afectado directo y a sus familiares. En consecuencia, a título de indemnización,
condenó al pago de los daños morales y materiales.
El juez de primera instancia concluyó que el señor Federico Guillermo Rodríguez
Palomino no participó en los delitos imputados ni incurrió en conducta reprochable. Y,
que las pruebas demostraron que cumplió adecuadamente sus funciones como
servidor público el día de los hechos y no tuvo vínculos con la organización criminal,
por lo que se mantuvo su presunción de inocencia. En consecuencia, la privación de
la libertad fue injusta y le generó un daño antijurídico que el Estado no logró justificar.
Finalmente, determinó que la medida de aseguramiento, ordenada por un juez en
ejercicio legítimo de su función, ocasionó un daño especial y anormal al demandante.
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Demandante: Federico Guillermo Rodríguez Palomino y otros
Por ello, bajo el régimen de responsabilidad objetiva, declaró la responsabilidad
patrimonial del Estado (Rama Judicial).
La demandada apeló la anterior decisión porque, a su juicio, el a quo no realizó una
valoración adecuada de las pruebas y aplicó de manera indebida el título de
imputación al ignorar el contexto y las decisiones judiciales previas. Aseguró que la
autoridad judicial no actuó arbitrariamente al dictar la medida de aseguramiento, sino
con apego a la ley, a los elementos probatorios y a la evidencia presentada en ese
momento.
Agregó que no debía desconocerse el precedente jurisprudencial del Consejo de
Estado frente a la responsabilidad de la Rama Judicial cuando precluye el proceso
penal. Asimismo, se opuso a la condena de los perjuicios materiales y morales por no
haberse soportado con pruebas suficientes.
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, en sentencia de 29 de agosto de
2025, revocó la decisión apelada y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda
porque no se determinó la ilegalidad de la medida de aseguramiento impuesta al
demandante. En esa línea, sostuvo que la detención cumplió los requisitos formales y
materiales al tener en cuenta los elementos probatorios, evidencia física e información
legalmente obtenida, que llevó al juez de control de garantías a considerar que los
procesados, incluido el demandante, tenían la connotación de autores o partícipes de
las conductas punibles imputadas; comportamiento que respetó los criterios de
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.
Precisó que, aunque posteriormente se aceptó la revocatoria de esa medida, esa
decisión se adoptó precisamente porque el defensor del señor Rodríguez Palomino
aportó nuevo material probatorio, lo que no significa que la detención en su momento
fuera injusta.
Argumentos de la acción de tutela
La parte actora sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:
Consideró que se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, de manera que procede el estudio de fondo que permita verificar la
configuración de las causales específicas y la consecuente vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
En concreto, advirtió que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, al dictar
la sentencia de 29 de agosto de 2025, incurrió en defecto fáctico y en aplicación
indebida del precedente al convalidar la imposición de la medida de aseguramiento
bajo el entendido de que se cumplían los criterios de legalidad, razonabilidad y
proporcionalidad exigidos, a partir de una inferencia razonable sustentada en el
cumplimiento mínimo del requisito de tipicidad objetiva y en los presupuestos
subjetivos previstos en el numeral 2º del artículo 308 del CPP, desarrollado por el
artículo 310 ib.
Cuestionó que el Tribunal considerara equivocada la postura de la sentencia de primer
grado por declarar la responsabilidad del Estado desde la antijuridicidad del daño, así
como que el ad quem prescindiera del análisis de la culpa de quien fue privado de la
libertad y, en su lugar, estimó la calificación de tipicidad objetiva como criterio
determinante.
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Alegó que asistía razón al juez de primera instancia, en tanto que —a partir de una
valoración integral de las pruebas— llegó a la sana convicción de que, en el trámite
que dio lugar a la privación de la libertad, se configuró una falla del servicio atribuible
a las entidades demandadas en reparación directa. Explicó que dicha falla se
concreta, principalmente, en dos aspectos:
1. Inferencia indebida de participación del indiciado en los hechos investigados y
que sustentó la medida de aseguramiento, a pesar de que los elementos
mínimos de conocimiento disponibles indicaban falta de intervención del
accionante en el comportamiento delictivo.
2. Inobservancia del deber de investigar del ente investigador, al no desplegar el
mínimo de actividad investigativa exigible en la fase inicial para obtener
elementos básicos de convicción que permitieran soportar, de manera
razonable, la restricción del derecho fundamental a la libertad.
En relación con el precedente jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad, advirtió que el Tribunal admite que en esta materia no
existe un régimen único de responsabilidad, en tanto el caso concreto podría conducir
a un régimen objetivo o subjetivo, siempre que la medida supere los estándares
mencionados.
No obstante, observó que el Tribunal inclinó la decisión hacia la imputación objetiva
en un asunto en el cual no existía la contundencia probatoria mínima para sostener la
inferencia razonable de participación del demandante. De igual forma, sostuvo que el
fallador erró al considerar que los elementos que podrían ser leídos como indicios
carecían de veracidad o consistencia, en particular: (i) el informe de la SIJIN, y (ii) las
entrevistas rendidas por Sandra Milena Lugo y Sergio Castillo, por contener
afirmaciones contrarias a los manuales aplicables, al rol real de controlador aéreo o
de torre ejercido por el accionante y a las funciones que le correspondían
laboralmente, las cuales no se relacionarían con lo atribuido por dichos declarantes.
3. Trámite procesal de la acción de tutela
En auto del 27 de marzo de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la parte demandante, al Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sección C, en calidad de demandado, y al Juzgado Sexto Administrativo Oral de
Barranquilla y a la Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, en condición de terceros con interés.
4. Oposición
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, advirtió que en la sentencia
objeto de tutela se encuentran los fundamentos normativos y jurisprudenciales que
sustentaron la decisión, así como las pruebas que se valoraron para concluir que la
providencia apelada debía revocarse.
En este caso, señaló que la acción de tutela es improcedente porque busca
controvertir la sentencia de 29 de agosto de 2025, como si este mecanismo
constitucional fuera una instancia adicional para exponer los reproches sobre la
valoración probatoria realizada.
Aunado a que, observó que los actores no señalaron cómo presuntamente resultan
vulnerados los derechos invocados y solo se limitaron a hacer un relato contra la
valoración realizada por el juez de alzada.
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En ese orden, advirtió que la acción de tutela no supera los requisitos generales de
procedencia y, en concreto, el de inmediatez porque la decisión que se ataca se
notificó el 3 de septiembre de 2025 y la tutela se presentó hasta el 17 de marzo de
2026, esto es, seis meses y 14 días después de dicha notificación.
5. Intervención de los terceros con interés
El Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla pidió declarar la improcedencia
del amparo solicitado en lo que se refiere a ese despacho, pues con su actuar no
vulneró derecho alguno de los actores. Señaló que las razones en derecho pueden
consultarse en la providencia dictada en primera instancia en el proceso de reparación
directa.
De todas maneras, sostuvo que la acción de tutela no cumplió los requisitos generales
para que proceda el estudio de fondo.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) y la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, en escritos
independientes, solicitaron la desvinculación del presente trámite constitucional al
configurarse una falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que la acción de
tutela se dirige contra una autoridad judicial.
Con igual solicitud acudió la Fiscalía General de la Nación al considerar que no tiene
legitimación en la causa por pasiva porque no existe una relación de causalidad de
acción u omisión por parte de la entidad, ello, pues la actuación y/o omisión
cuestionada no está directamente relacionada con el ente instructor y la actuación
pretendida en procura del amparo de derechos reclamados, supera su competencia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
A la Sala le corresponde determinar si el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección
C, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de los actores con la expedición de la sentencia de 29 de
agosto de 2025, dictada en segunda instancia en el proceso de reparación directa
(rad. 08001-33-33-006-2022-00045-01), en la cual revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda promovida por los ahora
tutelantes.
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De acuerdo con lo anterior, la Sala deberá verificar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser
así, si se configura alguno de los defectos alegados.
La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo por no superar el
requisito general de inmediatez.
Para resolver la controversia, la Sala abordará los siguientes temas: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales; (ii) la inmediatez; y (iii) análisis del caso concreto.
Antes de realizar el correspondiente estudio, es necesario resolver unas solicitudes
de desvinculación.
Legitimación en la causa por pasiva
En el sub examine, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla solicitaron
que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva. Empero, la Sala no
accederá a esa solicitud porque en el presente trámite fueron vinculadas como
terceras interesadas, en tanto actuaron como parte demandada en el proceso de
reparación directa. En igual sentido debe decidirse frente a la Fiscalía General de la
Nación que también advierte falta de legitimación en la causa por pasiva; sin embargo,
actuó como demandada en el referido juicio ordinario.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional»1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Inmediatez
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con
el fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.
La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de
la acción de tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en
un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente,
la exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera
que el interesado la ejerza en un tiempo razonable, prudencial, sin demora.
Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha
señalado que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración
o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación
de la demanda4, en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa
judicial no solo tiene que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la
seguridad jurídica y a los derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.
Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos
previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas,
el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad»5.
Análisis del caso concreto
Se observa que los señores Federico Guillermo Rodríguez Palomino, Irma Isabel
Palomino Arteaga, Paulino Rodríguez Palomino, María Carolina Rodríguez Palomino,
Maribel Ibet de la Rosa Vásquez –en nombre propio y en representación del menor
N.R.R. –; Layla Marcela Rodríguez de la Rosa y Paula Andrea Rodríguez de la Rosa
dirigen la acción de tutela contra la sentencia de 29 de agosto de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, al considerar que incurre en defecto
fáctico y en aplicación indebida del precedente judicial.
El estudio de los referidos defectos es procedente siempre que se superen todos los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, lo que en este caso no
ocurre porque no se cumplió con el de inmediatez.
En efecto, al consultar el expediente con radicado 08001-33-33-006-2022-00045-01
en el aplicativo para la gestión judicial SAMAI, se advierte que la decisión de segunda
instancia que se pretende dejar sin efecto fue proferida el 29 de agosto de 2025 y
notificada en forma electrónica el 3 de septiembre de 2025, tal como consta en la
siguiente captura de pantalla:
4
Sentencia T- 123 de 2007.
5
Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina Productos
Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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De modo que la sentencia quedó notificada el 8 de septiembre de 20256, por lo que el
plazo razonable para presentar la acción de tutela se extendió hasta el 8 de marzo de
2026; sin embargo, fue presentada el 17 de marzo de 20267.
En consecuencia, entre la notificación de la providencia cuestionada y la presentación
de la solicitud de amparo transcurrieron 6 meses y 9 días, término que supera el plazo
razonable previsto por la Sala Plena de esta Corporación.
Sobre la flexibilización del requisito general de inmediatez, la Corte Constitucional en
la sentencia T-412 de 2018, aseguró:
En primer lugar, ha considerado como relevantes, los siguientes8: “(i) si el ejercicio inoportuno
de la acción implica una eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo
trascurrió entre la expedición de una sentencia de unificación novedosa de esta Corte sobre
una materia discutida y la presentación del amparo; (iii) cuánto tiempo pasó entre el momento
en el cual surgió el fundamento de la acción de tutela y la interposición de esta última; o (iv)
cuál ha sido el lapso que la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos
similares al que está por resolverse”9.
En segundo lugar, para los mismos fines, también ha considerado como relevantes, estos
otros: “(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad
justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;
(iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los
derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió
después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier
forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición” 10.
En tercer lugar, ha considerado, también, como relevantes, estos: “i) la pertenencia del actor
a un grupo vulnerable; ii) las situaciones personales o coyunturales que le hayan impedido
acudir de forma inmediata ante la jurisdicción constitucional; iii) el aislamiento geográfico; iv)
la vulnerabilidad económica, además de la persistencia o agravación de la situación del actor;
v) la eventual vulneración de derechos de terceros; vi) la ausencia absoluta de diligencia por
parte del afectado; y vii) la posibilidad de que el amparo represente una seria afectación a la
seguridad jurídica”11.
En cuarto lugar, ha considerado como relevantes, igualmente, los siguientes criterios: “(i) que
se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que
la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual[;] y (ii)
que la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a
un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros”12.
Los actores en la demanda de tutela consideraron que acudieron a esta vía en un
tiempo oportuno, teniendo en cuenta que debieron recopilar numerosas piezas
procesales del proceso penal para aportarlas como soporte a la acción de tutela.
Empero, esa explicación no constituye un motivo válido de inactividad, máxime si se
tiene en cuenta que las piezas referidas reposaban en el expediente del proceso de
6
Conforme con el inciso tercero del artículo 8 de la Ley 2213 de 2022: «La notificación personal se entenderá realizada una vez
transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuando el iniciador
recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.» La citada ley estableció
la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y adoptó medidas para implementar las tecnologías de la información
y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del
servicio de justicia y se dictan otras disposiciones.
7
Samai, índice 1 del expediente de primera instancia con radicado 11001-03-15-000-2026-02202-00.
8
SU-499 de 2016.
9
SU-407 de 2013.
10
Cfr. sentencias T-172 de 2013; T-743 de 2008; T-814 de 2004; SU-961 de 1999; T-043 de 2016; T-759 de 2015; y T-243 de
2008, entre otras.
11
T-069 de 2015.
12
SU-499 de 2016.
8
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Demandante: Federico Guillermo Rodríguez Palomino y otros
reparación directa, de manera que su consecución no escapaba a la diligencia
ordinaria de la parte, ni se trata de documentación sobreviniente o de difícil acceso.
Es decir, los actores no expusieron argumentos relevantes que justifiquen su
inactividad y tardanza en la interposición de la acción, por lo que no es posible
considerar la flexibilización del criterio de inmediatez.
Cabe señalar que, si la parte demandante estimaba que la providencia del 29 de
agosto de 2025 vulneraba sus derechos fundamentales, lo propio era que presentara
la acción de tutela en un plazo razonable contado desde la notificación. Cuando se
cuestionan providencias judiciales, la oportunidad de la solicitud de amparo se
determina a partir del momento en que se notifica la providencia acusada, pues la
notificación supone que las partes tienen conocimiento de las decisiones judiciales.
En consecuencia, dado que la acción de tutela no cumple con el requisito de
inmediatez, se declarará improcedente la solicitud de amparo promovida por los
actores.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ), la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Barranquilla y la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por los señores Federico
Guillermo Rodríguez Palomino, Irma Isabel Palomino Arteaga, Paulino Rodríguez
Palomino, María Carolina Rodríguez Palomino, Maribel Ibet de la Rosa Vásquez –en
nombre propio y en representación del menor N.R.R. –; Layla Marcela Rodríguez de
la Rosa y Paula Andrea Rodríguez de la Rosa, conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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